Pueblo mapuche williche presenta queja en Noruega contra empresa Statkraft en Chile


Este jueves 14 de septiembre comunidades mapuche williche del territorio del Pilmayken, representados por su organización autónoma Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y autoridades ancestrales, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche, y el
consejo de lonkos, en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas, presentaron en Oslo una queja contra Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, por posibles violaciones a las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales (Directrices). Cabe destacar que Chile firmó el Convenio Constitutivo de la OCDE el 7 de mayo de 2010.

Se trata de la primera queja presentada por comunidades indígenas de América contra una empresa noruega, conforme a las recientes reformas de las Directrices, aprobadas en junio de este año. Las comunidades representan a miles de personas indígenas que
habitan y usan ancestralmente el territorio Pilmayken.


En 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos.
Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de
dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos.

Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a
reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado. Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes. Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento
de sus derechos ancestrales.


Antes, en 2021 representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas– a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche,
a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la
creación de grupos interés que favorecen a la empresa.


Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado Chileno para garantizar dicha inversión.


Las referidas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias.


“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señala Millaray Huichalaf Padrines, autoridad espiritual tradicional mapuche williche.


Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos. Por eso, las comunidades mapuche williche acuden al PNC de Noruega,
un mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en
consideración a la Ley noruega de Transparencia.


Las comunidades quejosas esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a
reconocer los derechos de las comunidades quejosas e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices.
Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras
–particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche.


En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de Manuela Royo Letelier, Andrea Pietrafesa, el Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una
organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos
económicos, sociales y culturales.

Organizaciones lanzan campaña gráfica colectiva por los 50 años del Golpe

La campaña convocada por el Observatorio Ciudadano y diseñada por Carlos Rodríguez, busca visibilizar el compromiso de las organizaciones en su defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente en los temas de  dictadura, migraciones, medioambiente, género, pueblos indígenas y medioambiente.

Con motivo de conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales lanzaron una campaña gráfica colectiva en el Parque Cultural Valparaíso Ex Cárcel, que representa su compromiso con la lucha por los derechos humanos y con la erradicación de las herencias de la dictadura en nuestro país. 

“A 50 años: Memorias Vivas” es el nombre de esta campaña que ha sido el resultado de un trabajo colaborativo de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y que cuentan con presencia en siete regiones del país (Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Ríos). 

Las ilustraciones a cargo del artista Carlos Roríguez Callejas, diseñador en comunicación visual, serigrafista e ilustrador, muestran las distintas líneas de trabajo de las organizaciones, destacando en cada una de ellas los elementos significativos para las temáticas que releva la campaña: migración y exilio, memoria y dictadura, género y diversidad, medioambiente, descentralización y pueblos indígenas. 

Desde el Observatorio Ciudadano, organización convocantede la campaña, se advierte el peligro de la regresión en derechos humanos que hoy, a 50 años del golpe y la instauración de la dictadura militar, se constata. Así en una reciente  alerta  difundida por esta entidad se manifiesta la necesidad de seguir “vigilantes del acontecer político nacional a objeto de impedir la profundización de las tendencias regresivas en derechos humanos que con preocupación constatamos, y de asegurar que se respeten los compromisos internacionales que Chile ha adquirido en la materia. Junto a ello hace un llamado “a los órganos del Estado, a los partidos políticos, y a quienes toman decisiones a tener presente dichos compromisos tanto en el desarrollo de la nueva carta fundamental para Chile, como en las políticas públicas de modo de evitar que la regresión que advertimos se consolide, con todos los peligros que ello involucra para la ya tensionada convivencia social e interétnica en el país”. 

“Es fundamental propiciar espacios colaborativos de reflexión y discusión en torno a la memoria, las políticas de olvido, el negacionismo, para buscar estrategias conjuntas que las desmientan, dando cuenta de las implicancias negativas que tienen para las presentes y futuras generaciones del país. Las comunicaciones deben ir dirigidas a construir puentes entre la memoria y el presente para garantizar la protección a los derechos humanos”, señala la coordinadora del Área de Comunicaciones de la organización, Natalia Figueroa.

El director ejecutivo (i) del Parque Cultural Ex- Cárcel de Valparaíso, Erick Fuentes, señaló sobre este sitio que, dada su condición de centro de detención e interrogatorio de la región de Valparaíso durante la dictadura cívico-militar, es valorable realizar una campaña colectiva que sensibilice sobre estos temas.

“Ejercemos cotidianamente la necesidad de rescatar, proteger y proyectar las memorias colectivas en función del presente y del futuro que esperamos, conscientes de la necesidad de aportar a una cultura de derechos humanos que enfrente el negacionismo y ofrezca nuevas utopías a las nuevas generaciones«, sostiene. 

Desde el Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), organización de derechos humanos que trabaja en temas jurídicos, esta conmemoración de los 50 años tiene múltiples dimensiones. “Primero, reconocemos el trabajo incesante y valiente de las y los familiares, sin cuyo esfuerzo esto no estaría ocurriendo. Luego, destacamos el avance en materias de justicia y reparación en causas de derechos humanos de la dictadura, que aún entendiendo que es una justicia tardía, valoramos la dictación de condenas significativas y trabajo dedicado de los ministros en visita, especialmente el trabajo serio y diligente del Ministro Álvaro Mesa en la región de la Araucanía”, señala la abogada. Pese a eso, reconoce que la búsqueda de justicia y respeto al debido proceso siguen siendo una deuda y un desafío para los grupos en situación de vulnerabilidad, debilitando con esto las garantías de no repetición. 

Para el artista Carlos Rodríguez, en tanto, ser parte de esta campaña conmemorativa trae consigo una importancia emotiva y una responsabilidad política significativa. “Es tomar la historia, deconstruirla y ponerla sobre la mesa. Es algo de lo que, como habitantes de este territorio, debemos hacernos cargo”, sostiene. 

Precisa, además, que trabajarlo desde el arte tiene un simbolismo particular. “Es a través del arte, y sus diversas expresiones, que se hace y se ha hecho resistencia a través de la historia. Hay una parte del arte que denuncia, inquieta, conmueve, molesta, resguarda la memoria. Lo hizo en la dictadura a través de textos, música, panfletos, murales, carteles. Trabajar en conjunto es necesario para conmemorar justamente un periodo en que se intentó anular las reuniones sociales y la organización grupal con pensamiento crítico”, agrega el artista. 

Las organizaciones y colectivos que se hicieron parte de esta campaña son: Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH), Observatorio Ciudadano,  FIMA, Organizando Trans Diversidades, CIDSUR, Brigada Migrante Feminista, Parque Cultural Ex Cárcel, Pájarxs entre púas, GeroZoom, AMPRO-Tarapacá, Amiga te recuerdo, Kolectiva Las Kabras, Coordinadora El Apañe, Coordinadora 18 de Octubre Tarapacá, ONG Marq’ay, ONG Migrantes de los Ríos.

Misión de observación internacional sobre derechos humanos en Jujuy: resultados preliminares

Los testimonios recibidos dan cuenta de la existencia de un clima de grave polarización y de diversas formas de violaciones a los derechos humanos tanto individuales como colectivos en la provincia.

Entre el 21 y 25 de agosto de 2023 se realizó una misión internacional de observación conformada por personas pertenecientes a ocho organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y derechos ambientales. Las representantes de la misión visitaron la provincia de Jujuy, Argentina, para conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación, en el marco de la reforma constitucional, aprobada el 16 de junio de 2023, en un breve tiempo que no permitió una amplia deliberación pública. Dicha reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia.


Durante el recorrido, la misión se detuvo en los principales focos de protesta de los últimos dos meses, tales como Abra Pampa, donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades, pasando por La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca. En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas “menos letales” para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios (multas cuantiosas).


La misión internacional dialogó con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y asociaciones campesinas, también con referentes sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, docentes, abogadas y personas que dieron cuenta de diversas formas de violación a los derechos humanos tanto individuales como colectivos. La misión también tuvo la oportunidad de reunirse con autoridades provinciales, incluyendo el Ministro de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía y diputadas provinciales en San Salvador de Jujuy. La misión internacional no enfrentó ningún impedimento ni obstaculización durante su estadía en Jujuy por lo cual agradece a todos los actores que brindaron diferentes puntos de vista sobre los hechos acaecidos en el contexto de la reforma.


Las integrantes de esta misión internacional están procesando la información recabada en Jujuy, que será empleada para la elaboración de un informe sobre los hallazgos de la compleja realidad de derechos humanos en la provincia. Sin embargo, la misión considera oportuno adelantar algunas observaciones preliminares, con ánimo de aportar a la construcción del diálogo social. Esta aproximación se realiza respetando la autonomía de las comunidades y el gobierno provincial, tomando como base las obligaciones del Estado argentino y la provincia que se desprenden de instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía legal y constitucional, así como de su legislación interna.

Una reforma constitucional sin participación

La misión internacional pudo constatar que, aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas. De la información obtenida, se desprenden preocupaciones sobre la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Entre otras, las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas, quienes ancestralmente ocupan estos territorios. La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados.


En el contexto de la crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. En ella parece que se favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos y se abren las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, que resulta vital para la existencia de las comunidades originarias. Por otro lado, la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho.


Aunado a ello, la misión recibió información que da cuenta de una aparente falta de independencia del poder judicial en Jujuy. Ello podría dificultar el control de constitucionalidad y convencionalidad de las reformas constitucionales provinciales, leyes o actos de autoridad arbitrarios. Se debe recordar la importancia que tiene el principio de división de poderes y el sistema de contrapesos para una sociedad democrática. Impacto ambiental y derechos de los pueblos preexistentes. Una reiterada preocupación manifestada por las comunidades indígenas es la relativa a los impactos perjudiciales de la actividad minera, en particular, los proyectos de extracción de litio que se desarrollan en sus territorios. Cabe señalar que estos proyectos requieren la utilización intensiva de productos químicos y agua en cantidades significativas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los humedales y salares andinos y en general de los acuíferos. Lo anterior, afecta profundamente las prácticas culturales y tradicionales de subsistencia, además del derecho al medio ambiente sano. Ello explica los numerosos conflictos y las tensiones territoriales existentes en los lugares de exploración y explotación minera en Jujuy.


Represión y criminalización de la protesta social


Finalmente, la misión internacional accedió a testimonios de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía en contra de personas de pueblos y comunidades indígenas, defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños. Así como del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de armas menos letales como balas de goma y gases lacrimógenos que produjeron daños y lesiones en el cuerpo de manifestantes, incluyendo cabezas y ojos. También se accedió a información sobre hechos de violencia que afectaron a agentes de la policía provincial.

La misión internacional pudo dar cuenta de actos del gobierno provincial y del poder judicial que han causado un efecto amedrentador del ejercicio del derecho a la protesta, que se ven convalidados con normas que limitan el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, se identificó un posible uso abusivo del sistema penal y contravencional para desincentivar las protestas, mediante la aplicación de figuras penales exageradas y aplicación de multas por sumas elevadas de dinero. En entrevistas se pudo percibir la desconfianza hacia las autoridades e instituciones del estado provincial, lo cual ha determinado que personas lesionadas con balas de goma no atiendan su salud ni les hayan sido retiradas las balas por temor a que les impongan una sanción administrativa o se inicie una investigación penal al momento de concurrir al sistema de salud.


Próximos pasos


En los siguientes días la misión se reunirá con autoridades nacionales y con representantes del Tercer Malón por la Paz convocado por autoridades indígenas, situado frente a los Tribunales de Justicia en Buenos Aires. En paralelo, se sistematizará la información recabada, con el fin de elaborar recomendaciones a todos los actores involucrados, en particular a las autoridades provinciales, nacionales e internacionales. Ello con el ánimo de visibilizar la compleja realidad de derechos humanos existente en la provincia de Jujuy y de contribuir al desarrollo de un diálogo entre los distintos actores para la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos.


Suscribimos,

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pan para el Mundo (PPM)
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx)
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Movement Law Lab (MLL)

“Yaldad, 200 años de resistencia”: el documental que muestra la lucha de la comunidad mapuche-huilliche de Chiloé

  • “El mensaje que queremos dejar con este tipo de piezas es la profunda convicción de que estas voces e historias son relevantes y son parte de nuestro pasado, presente y futuro”, señala uno de los realizadores.

En el marco de la 17° Muestra de Cine + Video Indígena que se está exhibiendo, fue lanzado el documental “Yaldad, 200 años de resistencia”, dirigido por los realizadores audiovisuales Rosario López y Sebastián Larraín, en el Museo Chileno de Arte Precolombino, en Santiago. La producción cuenta la historia de la comunidad mapuche – huilliche de Yaldad, en Chiloé, a 200 años desde que la corona española les entregara los títulos de Realengo, donde se establece el derecho que tienen sobre las tierras que históricamente han habitado. 

El proceso de este documental contó con el apoyo del Observatorio Ciudadano, organización dedicada a la defensa, promoción y documentación de los derechos humanos, y con la participación activa de la comunidad de Yaldad. De esta manera, los realizadores fueron recogiendo los testimonios que cuentan cómo desde la entrega de su título de Realengo, el Estado y las empresas extractivas, principalmente maderera, les han arrebatado el Fundo de Yaldad, lugar que han habitado durante muchas generaciones. Del equipo creativo también participó Sebastián Pinto, integrando la animación como recurso narrativo, además de pasar algunos días en la comunidad, para tener sus voces y testimonios.

“Nos pusimos en contacto con el lonko Cristian Chiguay, con quien entablamos una comunicación que me permitió, como documentalista, profundizar en la historia  y, a su vez, nos abrió las puertas de la comunidad, entendiendo también la importancia de contar su propia historia como testimonio de una reivindicación mucho más amplia”, señala Sebastián Larraín. 

Así también, detalla que, en marzo de este año, fueron invitados por el Lonko a la primera jineteada realizada en Yaldad, un evento organizado por la comunidad y que reúne la cultura patagónica y chilota en torno a la domadura de caballos. Este encuentro les permitió vincularse profundamente con la comunidad, pudiendo observar y relatar la multiculturalidad que existe en esta comunidad mapuche-huilliche presente en la Buta Wapi Chilwe o isla grande de Chiloé.

“Este tipo de historias y vivencias profundas, que no son tan visibles, con voces que muchas veces son ignoradas o hasta silenciadas, requieren de instituciones como el Observatorio Ciudadano para que puedan ver la luz. El mensaje que finalmente queremos dejar con este tipo de piezas es la profunda convicción de que estas voces e historias son relevantes y son parte de nuestro pasado, presente y futuro”, cierra el documentalista. 

Mientras que desde el Observatorio Ciudadano, su codirectora, Lorena Arce, asegura que la lucha por la reivindicación de las tierras de la comunidad Mon Fen de Yaldad, no puede ser indiferente para nadie. “Es reflejo de la deuda histórica que mantiene el estado de Chile con el pueblo mapuche y de la resistencia y fortaleza de muchas comunidades, que a través de generaciones no han renunciado a sus territorios ni a la búsqueda de justicia. Desde el Observatorio Ciudadano hemos apoyado la realización de este documental buscando que esta historia, que refleja la historia de muchos, no pase inadvertida”, sostiene.

En el contexto de esta muestra de cine indígena se presentan 86 audiovisuales realizados entre 2018 y 2022 que reflexionan sobre las realidades de los pueblos americanos: identidad, conocimiento ancestral,  procesos de resguardo, derechos humanos, protección y defensa de los territorios y lenguas indígenas.

Trailer documental

Las próximas fechas de lanzamiento serán: 

Museo Regional de Ancud

6 de octubre, 6:05 pm

Museo de Antofagasta

20 octubre, 7:05 pm

Centro Cultural Waldo Orellana de Victoria

10 de octubre, 12:05 pm 

Centro Cultural Tongariki 

5 septiembre, 7:00 pm

Revisa el conversatorio posterior al lanzamiento del documental:

Caso Suez/Chile: el tribunal desestima la demanda interpuesta – la Ley sobre el deber de vigilancia queda vacía de contenido

En una decisión hecha pública hoy en el marco del caso Suez, el tribunal de primera instancia de París ha declarado inadmisible la acción judicial de las asociaciones demandantes, negando así el recurso efectivo a las víctimas de la grave crisis sanitaria de Osorno (Chile) ocurrida en 2019. La FIDH y sus socios recurrirán esta decisión.

París, 1 de junio de 2023. “Nuestras asociaciones, actuando en nombre de las comunidades afectadas de la localidad de Osorno, se han visto privadas de cualquier recurso efectivo contra el grupo Suez”, ha declarado José Aylwin, coordinador del programa Empresas y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano y responsable de misión de la FIDH. “Con esta decisión, la Ley francesa sobre el deber de vigilancia sigue careciendo de eficacia para que las comunidades afectadas de todo el mundo puedan acceder a la justicia.”

El tribunal de primera instancia de París ha estimado las pretensiones de la defensa. Según su decisión, Vigie Groupe SAS, anteriormente denominada Suez Groupe SAS, no podía considerarse demandada en esta causa debido a que el plan de vigilancia al que se refería la acción judicial no mencionaba qué empresa del Grupo Suez lo había realizado.

“Según esta interpretación, en el futuro, cuando no se haya firmado un plan de diligencia debida, las asociaciones no podrán saber contra qué empresa interponer una demanda”, ha declarado Clémence Bectarte, coordinadora del Grupo de Acción Judicial de la FIDH.

El juez dictaminó asimismo la inadmisibilidad de la demanda interpuesta por las asociaciones demandantes, ya que no habían actuado contra a la empresa basándose en el mismo plan de diligencia debida en el que se fundamentaba el requerimiento.

“Esta decisión vacía de contenido la Ley sobre el deber de vigilancia”, ha declarado Maddalena Neglia, responsable de la Oficina de Mundialización de la FIDH. “Nuestras asociaciones habían llevado a la empresa a los tribunales, tras constatar el fracaso del diálogo que tuvo lugar tras el emplazamiento, precisamente porque el nuevo plan no tenía en cuenta en absoluto las reivindicaciones que habíamos presentado.”

Esta decisión ilustra una vez más la reticencia de los tribunales franceses a pronunciarse sobre el fondo de esta ley, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos humanos y el medio ambiente. En otros casos anteriores, como el relativo al megaproyecto petrolero EACOP de Total en África Oriental, han sido declarados inadmisibles por motivos procesales controvertidos.

Una demanda interpuesta en respuesta a una grave crisis sanitaria

La FIDH, el Observatorio Ciudadano, la asociación Red Ambiental Ciudadana de Osorno y la LDH habían llevado a Suez a los tribunales el 11 de junio de 2021 en virtud de la Ley sobre el deber de vigilancia, tras haber emplazado a la empresa en julio de 2020. En julio de 2019, la población de Osorno (Chile) permaneció privada de agua durante diez días y se declaró la alerta sanitaria, debido a la contaminación de la red de agua potable tras un nuevo incidente operativo en ESSAL, empresa controlada por Suez. Este hecho se produjo después de que se hubieran detectado continuas deficiencias y negligencias, que los organismos de control chilenos habían señalado en múltiples ocasiones anteriormente, al indicar que existía un “elevado riesgo”.

La empresa alegó que Vigie Groupe, como sucesora de Suez SAS, no estaba legitimada para defenderla, y que las asociaciones habían emplazado a la empresa refiriéndose al plan de vigilancia de 2020, mientras que la citación para comparecer ante el tribunal se refería al plan adoptado en 2021, después del fracaso del diálogo entre la empresa y las asociaciones.

Las asociaciones recurrirán

“Vamos a recurrir esta decisión, porque queremos hacer que se reconozca la plena aplicación de la Ley francesa sobre diligencia debida”, han declarado Julie Février y Florian Curral-Stephen, abogada y abogado de las asociaciones demandantes. “Más de cuatro años después de la entrada en vigor de la ley, lamentamos que no haya habido ninguna sentencia de fondo sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas.”

Esta decisión es aún más importante ya que se produce el día en que el Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre el proyecto de Directiva relativa a la sostenibilidad de las empresas. Frente a una Unión Europea que avanza hacia el establecimiento de un deber europeo de vigilancia, la jurisprudencia francesa parece ir en sentido contrario.

Por la defensa del Mar: encuentro y articulación de mujeres originarias de espacios costeros y marinos

A un año de la creación de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, mujeres originarias de diversos territorios del sur de Chile volvieron a reencontrarse en la isla de Kalfüko (Calbuco), entre el 24 y 26 de marzo de 2023, para reflexionar, compartir y articular sus procesos de lucha y trabajo territorial; así como para definir propuestas y líneas de acción que permitan fortalecer la gobernanza del mar y los espacios costeros marinos.

Durante dos días, más de 40 mujeres de diversas edades y territorios se reunieron en el sector de Caicaen, en círculo y rodeadas por pichikeches (niñas/os) y papay (ancianas) compartieron sus historias, las dificultades y amenazas que enfrentan por ser mujeres y de pueblos originarios, los procesos de lucha que impulsan en sus territorios, el duro trabajo que muchas de ellas realizan en el mar y la importancia de articularse entre mujeres.

La jornada del primer día se inició muy temprano con un llellipun a las orillas del mar. Durante ese día se analizó colectivamente, entre mates y tejidos, la situación actual de los Ecmpo y las mujeres del mar, coincidiendo en que constantemente se intentan recortar sus legítimos derechos territoriales y colectivos en los Ecmpo, derechos que permiten el resguardo de los usos consuetudinarios en sus territorios. Coincidieron también en que los oficios de las mujeres originarias del mar siguen sin reconocerse formalmente, pues sin una adecuada acreditación de estos oficios se restringe su acceso a los recursos y su relación con el mar. Resaltando las importantes contribuciones de las mujeres en los Ecmpo como su aporte a la soberanía alimentaria y a la economía local, entre otros. Abordaron también el contexto internacional, relacionado al nuevo Marco Global de Biodiversidad aprobado recientemente en diciembre 2022 en Montreal, que exige que en los marcos y políticas nacionales vinculados a biodiversidad, se reconozca la contribución y los derechos de los pueblos indígenas con la activa participación de las mujeres, reflexionando sobre cómo las contribuciones que realizan los pueblos originarios en los Ecmpo deben ser considerados una importante contribución a la conservación de la biodiversidad.

El segundo día del encuentro fue de trabajo interno de la Red, definiendo su agenda y ejes de trabajo conjunto, reconociendo las necesidades y aportes desde los diferentes territorios, además de priorizar sus propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de las Ecmpo desde la perspectiva de las mujeres. 

Entre los acuerdos a los que se arribaron de estas dos jornadas de trabajo, están:

  • Reafirmar el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo y gobernanza territorial de la Red; 
  • Avanzar en la formación comunitaria de mujeres de espacios costeros; 
  • Participar activamente, y con propuestas desde los territorios, en los procesos políticos y de incidencia vinculados a la garantía de sus derechos como mujeres de pueblos originarios y de espacios costeros; 
  • Continuar articulando alianzas con mujeres originarias de otros pueblos y territorios costeros marinos; y
  • Continuar firmes en su lucha por la defensa del mar.

El encuentro fue la oportunidad también para presentar junto a las mismas protagonistas el libro “Mujeres del Mar: Aproximaciones sobre los Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios”, libro que surge de diálogos y reflexiones entre mujeres que forman parte de la red, y que a través de testimonios nos brindan sus reflexiones sobre los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, la importancia que para ellas tienen estos espacios, los diversos roles y usos consuetudinarios que ahí ejercen, sus principales contribuciones, y las dificultades y brechas que enfrentan en su vida cotidiana por ser mujeres y pertenecer a pueblos originarios. Reflexionan también sobre la continuidad en la protección y defensa del mar, el traspaso generacional de sus procesos de lucha y conocimientos, y concluyen con recomendaciones al Estado y otros actores. La presentación se abrió con el ulkaltün (canto) de la lamgen Brigida Deumacan, narrando sus historias de mar, para luego seguir con los comentarios de las coordinadoras de la publicación: Lorena Arce, Andrea Coñuecar y Karina Vargas además de comentaristas de Débora De Fina de la Universidad de Los Lagos y Eglé Flores de la Fundación Packard.

Huneeus, Musante y Aylwin: Tres monólogos desconcertados sobre el proceso constituyente

No es un misterio que el nuevo proceso constituyente ha estado lejos de movilizar pasiones. Lo dicen las encuestas más recientes, confirmando apenas 30% de interés en un escenario donde lo que predomina es la desafección política.

Se dice también que el parlamento capturó el proceso. Que todo se hizo a puertas cerradas y que se echó de menos una mayor difusión, más actores y un sistema inclusivo que garantizara participación real. El mismo pecado capital que se le atribuyó al proceso anterior.

Eso sin desconocer la incapacidad que tuvieron las fuerzas progresistas de generar previamente una propuesta constitucional integradora. Un fracaso que todavía duele y que en este nuevo escenario ha generado discrepancias, dudas y reflexiones. Tantas, que algunos sectores incluso han llamado a votar nulo.

Aquí, tres voces críticas desmenuzan el proceso.

Camila Musante: “No quisieron escuchar a otros actores”

He sido crítica desde que se planteó un segundo proceso constituyente. A pesar que golpeamos las puertas para estar presente en la discusión, a poco andar nos dimos cuenta que era un diálogo a cuatro paredes. Siento que los partidos no han querido escuchar y terminaron tomándose este tema constitucional 2.0.

No quisieron abrir las puertas para escuchar a otros actores, ni tomarse los espacios para hacer un diagnóstico sobre lo que había significado el resultado del 4 de  septiembre. Y bueno, siempre supimos que desde el momento que se tomaron el proceso, las reglas iban a favorecer sólo a los partidos.

La verdad es que me parece tremendamente grave, porque el poder constituyente reside en el pueblo.  A todas luces me parece un proceso antidemocrático, pues radicó solo en los presidentes de los partidos políticos. La verdad es que yo veo que estamos retrocediendo.

Aunque creo que ha faltado mayor difusión, la gente no está muy receptiva a recibir la información disponible y hay mucha que no entiende porque estamos en un nuevo proceso constitucional. ¿Pero cómo se hizo algo si nunca le preguntaron a nadie?, me dicen. Al final a la ciudadanía esta elección le resulta completamente ajena.

Cada uno de  partidos está defendiendo su cuota, su espacio de poder con sus propios caballitos de batalla. Algunos hablan de la seguridad, otros de los derechos sociales y cada uno trata de sacar su propio rédito. A mí me parece que no haber sacado el borrador antes de la votación, para ver las bajadas de línea de los partidos, fue continuar con la manipulación. Hay un ocultamiento evidente que incluso puede llegar a ser doloso. Y esa es una demostración que este proceso no es democrático.

Me parece también que es una elección poco representativa, desde el momento en que renuncia a incorporar a la ciudadanía. Se nos ha criticado por la opción de votar nulo, cuando hubiese bastado con abrir un poquitito la puerta, invitando a más actores a construir los bordes.  Había muchas fórmulas, pero esa voluntad no existió. Por eso siento que el 7 de mayo va a ser un reflejo de esa desafección.

Yo no estoy para eso, por eso mi voto es nulo. Como en todas las elecciones hay buenos y malos candidatos, pero mi guerra es con el origen de este proceso y lo que se está planteando. No veo  una línea que busque avanzar hacia un país más justo, democrático o más equitativo. Me parece que es al contrario y que no va en la línea de las promesas de la nueva constitución.

Lo que me parece preocupante es el avance de un proceso así y quedarnos en silencio. Por eso decidí hablar, a pesar de que sabía que podía significar un golpe grande a mis colegas, a parte del mundo militante. Lo hice porque me parece que no podemos naturalizar situaciones como esta en nuestro país.

José Aylwin: “Es un proceso que carece de magia”

Al igual que gran parte de la gente, constato desmotivación en esta fase del proceso constituyente. Creo que el factor principal es que la participación de la ciudadanía es bastante limitada. Por otro lado, hay una serie de bordes constitucionales que han sido establecidos con anticipación por los partidos políticos, quienes tienen una muy baja credibilidad y confianza en la población.

Efectivamente creo que ha sido un proceso acotado respecto a quienes pueden participar y a ciertas temáticas que no van a poder transgredirse, debido a que existen instancias como el Comité de Expertos, el Consejo Constitucional y el Comité de Admisibilidad, destinados a que estos bordes no se sobrepasen.

Estamos entonces en un proceso que carece de magia, que no motiva a la ciudadanía, porque vuelve a una fase de la democracia en que el rol de la ciudadanía era el voto y esa es una concepción de democracia que está hoy superada.

Nos ha costado mucho aprender de nuestras  experiencias. No cabe duda que la constitución de 1980,  más allá de todas las  transformaciones que se le introdujeron, no permitió profundizar la democracia en cuanto al acceso de los derechos económicos, sociales y culturales, generando una sociedad fragmentada y desigual.

Los partidos políticos no fueron capaces de  transformar esa institucionalidad, siendo señalados durante el estallido como parte del mismo descrédito que permitió a las empresas y al poder económico capturar el Estado.  Pero también  hay que admitir que los sectores progresistas, independientes, indígenas, no fuimos capaces  de generar una propuesta  constitucional que fuese inclusiva a la mayor parte de la ciudadanía.

Faltó comprender que las constituciones no son necesariamente el espacio para  plasmar las utopías a las que uno aspira, sino que son espacios para construir acuerdos societarios, que permitan  avanzar hacia  esas utopías que uno  legítimamente tiene.

Y, en ese contexto, yo creo que el análisis autocrítico que hemos efectuado muchos es que una constitución maximalista, en un  contexto político adverso, crisis económica, procesos migratorios, incremento de la violencia y manipulación de la información, terminó en el rechazo a la anterior propuesta constitucional. Y eso nos llevó al escenario en el que estamos. 

Para entender cómo llegamos al estado actual debemos aprender de nuestros errores. Fue un cúmulo de circunstancias lo que permitió a los partidos políticos retomar el protagonismo, aunque no hayan aprendido la lección.

Mi mayor aprehensión tiene que ver con esta perspectiva de los aprendizajes.

Siento que los partidos políticos efectivamente tienen la sartén por el mango, porque han delineado este proceso constituyente, limitando el sentido de la participación y los temas que pueden ser  incluidos.  Mi mayor temor es que no se logre plasmar un sentir mayoritario de la ciudadanía. No lograr construir un acuerdo que tenga proyección y legitimidad en el tiempo.

Es muy posible que sea una carta constitucional que mantenga una institucionalidad que no concite la adhesión de la ciudadanía y mantenga  las inequidades que han causado tanto dolor y conflicto a este país, no logrando lo que una Constitución debe aspirar:  generar un pacto social  lo más inclusivo posible que permita establecer una convivencia democrática, pacífica y justa.

Carlos Huneeus: “Me parece normal que no exista interés”

Me parece normal que no exista interés en la Constitución porque el proceso anterior fue bochornoso. Además han pasado muchas cosas. La crisis económica, la inflación, la inseguridad. Hay una agenda bastante fuerte que desplaza la atención a otros lados.

Y por otra parte los partidos están tan debilitados como organización, sin temas sustantivos, que tampoco son una fuente de comunicación con la población para que manifiesten interés en opinar y participar.

Ahora el tema de los bordes y los expertos es fruto de la desconfianza que se generó con la estampida del primer proceso constituyente. Aunque la solución ahora no es lo mejor, hay un deterioro en la clase política y eso se refleja en el proceso constituyente y en esa forma tan dirigida a la que se ha llegado.

Se olvida que hubo una coyuntura, el gobierno estaba en el suelo, y Sebastián Piñera no sabía qué hacer.  Por eso se aprobó el proceso constituyente. Y en la democracia representativa los que tienen que conducir el proceso son los partidos. El problema es que eso ocurrió cuando estaban en un proceso de descomposición.

Fue una época convulsionada y los partidos no tuvieron la visión política de hacer un proceso constituyente bien armado, estaban debilitados y siguen así en este nuevo proceso. De ahí la importancia de esta elección en la nueva distribución de fuerzas. ¿Qué va a pasar en la derecha? ¿quién va a ser el principal partido? y ¿qué pasará en la actual coalición de gobierno?

El ambiente está crispado, no hay ningún partido que pueda decir yo soy el líder y cruzaré el Rubicón. El partido más votado no llega al 11%. Lo más esperable es que los republicanos pasen en primer lugar y por el lado del oficialismo hay una fragmentación brutal. La gente que se fue de la Democracia Cristiana está llamando a votar por la derecha.

No admito un juicio de valor sobre eso, pero siento que se está adecuando una competencia entre dos bloques. Y, bueno, lo que se siembra también se cosecha. La izquierda practicó durante muchos años esta cosa de que hay una sola derecha y todos contra la derecha. Y hoy día la derecha es la primera fuerza.

Ahora, ¿qué va a pasar con la Constitución? es un tema complejo porque hay que ponerse de acuerdo y en este país los acuerdos están muy desprestigiados, porque se practicó una política de consenso, como se dice por ahí, que en el fondo eran acuerdos entre un sector de la elite, la Concertación y la derecha, incluyendo el empresariado. Entonces, eso no era consenso, sino un acuerdo entre dos sectores que opinaban lo mismo respecto a la economía y la política.

Tiene que ser entonces en el sentido que se toman decisiones con una voluntad de ponerse de acuerdo y no con la voluntad de una mayoría tratando de aplastar a la minoría, imponiendo sus posiciones políticas y valores, como en el primer proceso constituyente.

Escuela Trenzando Territorios comienza su segundo ciclo en 2023

Luego de cuatro meses de participación de activistas, dirigentas y dirigentes de organizaciones migrantes y pro migrantes de distintas regiones de Chile, en la Escuela de formación de formadores en Derechos Humanos “Trenzando Territorios”, este espacio continuará su segundo ciclo, buscando que se repliquen las metodologías compartidas, respecto a derechos políticos y sociales que le competen a la población migrante.  

Con más detalles, el nuevo ciclo de la Escuela, consistirá en diversas actividades donde cada une de les participantes, deberá replicar en sus territorios y/o comunidades los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación sobre los módulo y temáticas vinculadas a los estándares internacionales y DDHH, racismo y antirracismo, feminismos, interseccionalidad, participación ciudadana e incidencia política interseccionada, en el contexto de movilidad humana en Chile.

Esta segunda etapa, se llevará a cabo durante los meses de enero a mayo del presente año, con más de 16 réplicas en diversos territorios a los largo de Chile; instalando la temática de la migración desde un enfoque de Derechos Humanos como tema principal en las actividades y talleres propuestos.

Es pertinente recordar que el primer ciclo de la escuela, se desarrolló en el 2022, con el apoyo del proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, cumpliendo con el propósito de ser un espacio de aprendizaje, empoderamiento y articulación de las personas migrantes.

Así, para el cierre de la primera fase, se realizó el Encuentro Nacional de la Escuela Trenzando Territorios, a finales del año pasado, instancia que sirvió para el fortalecimiento de las organizaciones participantes e intercambios de experiencias en torno a los derechos humanos en el contexto ya mencionado.

Durante el encuentro, que tuvo participación de activistas de distintas regiones, se desarrollaron pedagogías populares y comunitarias para el intercambio activo y propositivo de experiencias y saberes, así como se visibilizó el trabajo de las organizaciones sociales, y se construyó una reflexión colectiva sobre las luchas migrantes, considerando el autocuidado. 

Entre las participantes, estuvieron presentes dirigentas migrantes destacadas como Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapaca, y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile. “Los Derechos Humanos son para todos y todas. El trabajo colectivo ha dado resultados, pero hablar de DDHH en esta posición es que se nos reconozca la diversidad y el mismo estatus entre la población con nuestros derechos y deberes”, manifestó.

Para Jenn Piña, coordinadora docente de la escuela, esta tuvo un desempeño significativo: “Ha sido bastante gratificante, porque venimos de un contexto de pandemia y virtualidad, por dos años. Darle una continuidad online a temas importantes y atingentes como son los DDHH interseccionados con la migración, fue un desafío, así como unir territorios desde el norte, Arica, hasta Valdivia en el sur, pero igual da cuenta que hay una necesidad de seguir generando instancias de formación, y fortaleciendo a las organizaciones. En eso, la virtualidad ha permitido ser un aliado para seguir tejiendo y trenzando territorios”. 

La continuidad del segundo ciclo, de esta primera edición de la Escuela Trenzando Territorios, se anunció en dicho encuentro, y tendrá el acompañamiento del equipo interdisciplinario, durante este año, en el marco del proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos. 

Asamblea TICCA América Latina reunió representantes de Territorios de Vida de catorce países

La 3ª Asamblea TICCA América Latina fue un espacio de reencuentro e intercambio de experiencias. Después de
dos años de distanciamiento por la pandemia, se dieron cita en Costa Rica sesenta y tres lideresas, líderes,
dirigentes, especialistas, militantes, defensoras y defensores de DDHH y de la naturaleza de pueblos indígenas,
comunidades locales y organizaciones no gubernamentales de catorce países.

El Consorcio TICCA Global y TICCA América Latina, junto con COOPESOLIDAR organización sede en Costa Rica,
realizaron un importante esfuerzo, para reunir en la localidad de Garabito – Costa Rica, representantes de
pueblos indígenas, comunidades locales y ONG, miembros del Consorcio TICCA, que tienen compromiso con el
reconocimiento y apoyo adecuado a los Territorios de Vida en América Latina y el mundo.

Entre el 25 y 27 de enero de 2023 pusieron en común la situación actual que enfrentan los Territorios de Vida, la
consolidación de la Redes Nacionales de Territorios de Vida en la región, analizaron los resultados de la COP del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el nuevo marco de conservación al 2030, y los avances en los
Grupos de Trabajo: documentar, defender, sostener y comunicar, que son angulares en los postulados del
Consorcio TICCA, además las iniciativas globales en marcha.

Finalmente, el último día realizaron intercambios en grupos de trabajo, donde se analizó la situación de las
mujeres, los jóvenes, entre otros, que demandan la atención de quienes conforman los Territorios de Vida. La
Asamblea finalizó con la renovación de la directiva de TICCA Latinoamérica, y con un «Manifiesto» que recoge los
debates y conclusiones de la 3ª Asamblea.

La apertura de este evento, tuvo la calurosa bienvenida de David Chacón de COOPESOLIDAR; las palabras de
Wrays Pérez, presidente saliente de TICCA América Latina, y otros miembros de la directiva; Holly Jonas,
Coordinadora Global del Consorcio TICCA, se dio cita en este encuentro y manifestó:

«Estoy aquí para aprender de todos y todas ustedes. Las reuniones, las asambleas son un momento muy
importante para reconectar en función de los valores, los sentimientos, la información que tenemos para la
lucha por los Territorios de Vida. Es un momento clave porque no solo vamos a hacer una revisión sobre la
historia de nuestro movimiento, sino también una revisión de la historia de nuestra madre tierra.»

Recomendación sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas de CEDAW considera recomendación presentada por la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – GI-ESCR

En junio de 2021, el Observatorio Ciudadano, junto a la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – GI-ESCR,  y ProDESC de México, presentamos una contribución conjunta por escrito al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), ante la solicitud de aportaciones que contribuyeran al debate y a una nueva Recomendación General sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas.

La Recomendación General 39 aprobada a fines de Octubre de 2022, tiene como objetivo orientar a los Estados parte sobre medidas legislativas, políticas y otros, que permitan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Y se trata del primer instrumento internacional específico sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas.

La contribución conjunta que presentamos por escrito apunta a destacar la importancia crucial de la participación efectiva, la consulta y el consentimiento de las mujeres y niñas indígenas en las medidas y estrategias de mitigación del cambio climático, y como el hecho de no hacerlo afecta de manera desproporcionada a sus derechos en virtud de la Convención CEDAW.

La Observación General tuvo en cuenta nuestra presentación en el párrafo 77.

  1. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los estados deben adoptar medidas individuales y colectivas para hacer frente al cambio climático, incluidas las medidas para mitigar los daños previsibles de los derechos humanos relacionados con el cambio climático; para adaptarse eficazmente limitando los impactos negativos sobre los derechos humanos; y para reparar las pérdidas y los daños. Los estados deben adoptar medidas de mitigación y adaptación, incluso mediante la cooperación internacional, la solidaridad, y la financiación del cambio climático. El Comité subraya la importancia del Acuerdo Climático de París (adoptado en la COP21 el 12 de diciembre de 2015) al pedir una acción climática que respete, promueva y tenga una cuenta los derechos de los pueblos indígenas y la igualdad de género. Lamentablemente, las mujeres y las niñas indígenas suelen quedar excluidas de la toma de decisiones, las negociaciones y los debates relativos a la acción climática y las medidas de mitigación y adaptación, a pesar de sus conocimientos especializados sobre el cambio climático[1]. Los estados también deben tomar medidas para garantizar el acceso de las mujeres y las niñas indígenas a la energía limpia y renovable.      

El Comité recomiende a los estados:

  1. Garantizar que las leyes y políticas relacionadas con el medioambiente, el cambio climático, y la reducción del riesgo de catástrofes, reflejen los impactos específicos del cambio climático y otras formas de degradación y daño medioambiental, incluida la triple crisis planetaria.[2]
  2. Garantizar que las mujeres y niñas indígenas tengan las oportunidades iguales para participar de forma significativa y efectiva en la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente, la reducción del riesgo de catástrofes, y el cambio climático.[3] 
  3. Evitar que la degradación ambiental inducida por el hombre tenga un impacto negativo en los territorios, las tierras y los recursos naturales de las mujeres indígenas. 
  4. Garantizar la existencia de recursos efectivos y mecanismos de rendición de cuentas para responsabilizar a los autores de los daños medioambientales y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas indígenas en materia medioambiental.
  5. Adoptar medidas para mitigar el cambio climático y fomentar la capacidad de adaptación de las mujeres y las niñas indígenas.
  6. Garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres y niñas indígenas en los asuntos que afectan a su medio ambiente, sus tierras y sus recursos naturales. Esto incluye su participación en las evaluaciones de impacto ambiental y social; y
  7. Garantizar la seguridad y apoyar el trabajo de las mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos que defienden la protección del medio ambiente y la justicia climática.  

[1] Contribución del Observatorio Ciudadano, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ProDESC (junio de 2021), paginas 2-4, 15.

[2] Comité de la CEDAW, Recomendación General 37 sobre las dimensiones de la reducción del riesgo de catástrofes relacionadas con el género en el contexto del cambio climático, párr. 26

[3] Comité de la CEDAW, Recomendación General 37 sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de catástrofes en el contexto del cambio climático, párr. 36