Después de seis años de intenso trabajo y debate, en la noche de este sábado 3 de marzo, en el marco de la IX Reunión del Comité de Negociación en San José de Costa Rica, 25 países de América Latina y el Caribe adoptaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como LAC Principio 10.
El acuerdo es el primer tratado legalmente vinculante en derechos ambientales de América Latina diseñado para proteger a los defensores del medio ambiente, mejorar el acceso a la información ambiental y ampliar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Natalia Gómez, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad y representante de la sociedad civil en el proceso, dijo que la importancia del tratado no solo está en el reconocimiento de derechos sino también en que es “el primero en el mundo en el que se hace una mención específica a la labor de los defensores ambientales. Con este acuerdo, los países se comprometen a darles garantías para ejercer su labor”.
«Este Acuerdo es importante para generar un estándar en América Latina y el Caribe, por el contexto actual de corrupción y de impactos por proyectos extractivos y de infraestructura. Sobre todo para aquellos países que no cuentan con efectivos instrumentos nacionales sobre estos derechos y que organismos internacionales como CIDH y ONU han instado a los gobiernos a implementar. Asimismo, fortalece los avances que ha tenido Perú en políticas de protección de poblaciones vulnerables y defensores indígenas, pues la vulneración de estos derechos impacta en otros derechos como la consulta previa, salud, medio ambiente sano, y territorio”, agrega Aida Gamboa, especialista en la materia de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de Perú.
El acuerdo también reconoce la obligación de los Estados para garantizar estos derechos y promover una democracia ambiental.
Esto es importante para la región, teniendo en cuenta que es una de las más biodiversas del mundo, pero al mismo tiempo, con una de las mayores tasas de conflictos ambientales y de amenazas y ataques contra los defensores ambientales.
El periodo establecido para que todos los estados firmen el tratado es de dos años, entrando en vigor con la ratificación de 11 países. “Este tiempo se abre el próximo septiembre y va hasta septiembre del 2020. Después de la firma, los países tienen que ratificarlo. Este es un proceso que se dará en cada país y que luego tiene que enviarse a Naciones Unidas”, dijo Gómez.
Un minuto de silencio por Berta
La sesión de negociación cerró con un sentido homenaje a Berta Cáceres a exactamente dos años de su trágica muerte. La sociedad civil pidió un minuto de silencio en la sala. El acto sirvió para recordar a los representantes de los gobiernos, la importancia de lograr la total implementación del acuerdo y las consecuencias que ha traído a la región, el progresivo debilitamiento de la normativa ambiental y de las protecciones necesarias para aquellos que están en la primera línea de defensa cuando estallan conflictos por el uso de los recursos naturales en los territorio latinoamericanos.
La red EU-LAT, de la cual son organizaciones miembro tanto la OMCT como la FIDH, y CIDSE, redes internacionales de organizaciones que conforman 57 organizaciones europeas e internacionales, haciéndose eco de las solicitudes del COPINH respaldadas por representantes del Parlamento Europeo exigen justicia, memoria y garantía de no repetición para Berta Cáceres y para la defensa de los derechos humanos en Honduras y en toda América Latina.
El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su residencia en La Esperanza, Honduras. Según la información disponible hasta la fecha, dos años después, apenas se ha avanzado en la investigación del caso. Las audiencias judiciales públicas de los ocho sospechosos detenidos como actores materiales se han aplazado en numerosas ocasiones. El informe emitido en noviembre 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) ha revelado una falta de diligencia debida en las investigaciones, que incluye la ausencia de procesamiento de otras personas posibles autores intelectuales del asesinato.
Berta Cáceres vivió defendiendo los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. Era reconocida a nivel nacional e internacional como defensora de los derechos humanos y en esa calidad recibió en 2015 el Premio Goldman por su lucha en defensa del territorio, los bienes naturales y la Madre Tierra. En los últimos años fue víctima de persecución, intimidación, estigmatización y criminalización tanto por actores estatales como no-estatales, debido a su activismo en un contexto de oposición a las explotaciones hidroeléctricas y extractivas impuestas en sus territorios sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde 2009, Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, dichas medidas no sirvieron para protegerla de los numerosos ataques en su contra y, finalmente, de ser asesinada.
El caso de Berta refleja una realidad a la que se enfrentan las personas defensoras en América Latina, especialmente quienes actúan a favor del medio ambiente y el territorio. Otro caso emblemático lo encontramos en México, donde el 15 de enero de 2017 fue asesinado Isidro Baldenegro, un conocido activista ambiental indígena que luchó contra la explotación forestal ilegal del bosque antiguo de la Sierra Madre Occidental en territorio tarahumara/raramuri, en Chihuahua. Isidro Baldenegro ganó el premio medioambiental Goldman en 2005 y fue identificado como prisionero de consciencia por Amnistía Internacional.
Dos años después del crimen, la Red EU-LAT y CIDSE urgen a la UE y sus Estados Miembros a exija al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los actores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres sean debidamente procesados, en línea con el compromiso europeo asumido en materia de protección de la defensa de los derechos humanos.
Acusaciones cruzadas que incluyen intentos de manipulación de evidencia y montajes son algunos de los hitos de la trama que mantiene enfrentados a Carabineros y a la Fiscalía Regional de Temuco. CIPER contrastó documentos y conversó con dos de los protagonistas de esta historia: el capitán Leonardo Osses y el fiscal Luis Arroyo. El uniformado acusa al persecutor de querer alterar la evidencia que dio origen a la “Operación Huracán”. El fiscal denuncia una operación de revancha en su contra con la que Carabineros intentaría cubrir “la inoperancia y la falta de resultados” de sus investigaciones.
La denominada “Operación Huracán” ha puesto frente a frente a Carabineros y a la fiscalía de Temuco en una pedregosa pugna en cuyo centro –y de cara a la ciudadanía– está en juego la credibilidad de ambas instituciones.
CIPER reconstruyó la trama de ese quiebre, en cuyo origen se encuentra el Informe N°130 enviado por el director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Gonzalo Blu Rodríguez, a la fiscalía el 20 de septiembre de 2017.
Fue con ese informe, que puso en antecedentes al Ministerio Público sobre la posible comisión de hechos delictuales, con el que el Juzgado de Garantía de Temuco autorizó tres días después, el 23 de septiembre, la orden de registro e incautación de los domicilios de los ocho comuneros mapuche que ese mismo día quedaron detenidos.
Es ese mismo informe, que contiene el resultado de diligencias a cargo de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE), el que hoy está bajo severos cuestionamientos. En él se reproducen supuestas conversaciones entre algunos de esos dirigentes mapuche, sostenidas a través de distintos sistemas de mensajería instantánea, y que habrían sido interceptados por “Antorcha”, el software creado por el ingeniero forestal y funcionario civil de Carabineros, Alex Smith, alias el “profesor”.
Son esos mismos mensajes los que aparecieron en los equipos celulares incautados el 23 de septiembre a los comuneros mapuche en formato .txt y que, de acuerdo a tres peritajes encargados con posterioridad por la Fiscalía, pudieron haber sido implantados en esos teléfonos, pues no corresponden a archivos de mensajería instantánea, entre varias otras inconsistencias detectadas (ver reportaje de CIPER).
Uno de los protagonistas de esta intrincada trama –que tiene a Carabineros y a la Fiscalía en una guerra de declaraciones cruzadas– es el capitán Leonardo Osses Sandoval, miembro de la UIOE Araucanía, el mismo que supervisó cada una de las diligencias que esa unidad de Carabineros le solicitó al “profesor” Smith.
En conversación con CIPER, el capitán Osses descartó que los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuche hayan sido intervenidos o manipulados por Carabineros y aseguró que parte importante de la información contenida en el Informe N°130 remitido a la Fiscalía el 20 de septiembre, fue conocida por varios fiscales de Temuco –entre ellos el fiscal regional Cristián Paredes y el fiscal jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo– a partir de un “borrador” que les fue entregado con al menos dos semanas de antelación a su envío definitivo (20 de septiembre).
La acusación del capitán Osses se torna aún más grave pues según la versión que entregó a CIPER, en ese lapso de tiempo el fiscal Luis Arroyo habría “corregido” parte de la información contenida en ese supuesto borrador.
–Al menos dos semanas antes de la entrega oficial ya tenían conocimiento del borrador y sacaron a blancos (NdR: personas que iban a ser detenidas), al gusto de ellos. Yo lo único que quiero es que se esclarezca la verdad. Don Luis Arroyo tuvo acceso a ese borrador porque se le pidió asesoramiento. Él sacó a blancos, porque dijo que si tocábamos a esos blancos se iba a perder el foco de lo que es la violencia rural –dijo Osses a CIPER.
Según la versión del capitán Osses, el fiscal Luis Arroyo también habría solicitado que se eliminara del borrador del Informe N°130 antecedentes recabados por Carabineros relativos a una presunta filtración de información reservada desde la propia fiscalía (de la unidad que dirige Arroyo) a un tercero que mantendría contacto con miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), liderada por Héctor Llaitul, uno de los comuneros detenidos en el allanamiento del 23 de septiembre.
El fiscal Luis Arroyo también conversó en extenso con CIPER. El persecutor desmiente a Osses y asegura que recién se enteró de la existencia y los contenidos del Informe N° 130 cuando éste fue remitido oficialmente a la Fiscalía de Temuco.
Luis Arroyo.
–No tuve acceso antes a ese informe–señaló enfático el fiscal jefe de Alta Complejidad, Luis Arroyo, quien aclara que desde el 21 de agosto y hasta mediados de octubre estuvo concentrado en el proceso que investiga la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.
Arroyo, de hecho, cuestiona la existencia de un borrador del informe N°130, pues la ley (Ley 19.974) es clara en establecer la prohibición de entregar algún tipo de información preliminar al margen de los cursos legales que están establecido en la misma normativa.
–Me parece grave que un oficial de inteligencia de Carabineros aparezca señalando algo que de haber sido efectivo constituiría un delito, ya que la ley es bastante severa con los agentes de inteligencia al momento de entregar información. En su artículo 43, inciso primero, esa ley establece un delito con penas de privación de libertad para aquél que entregue información sin seguir los cursos legales establecidos (…) Me llama la atención que él mismo (se refiere al capitán Osses) reconozca participación en un delito de manera pública– indicó Arroyo.
Respecto de la supuesta filtración de información desde la unidad de Alta Complejidad que él dirige, el fiscal indicó a CIPER que recién el 26 de diciembre de 2017 –meses después de conocer el Informe N°130– fue notificado de la existencia de una investigación seguida en su contra como supuesto encubridor de su asistente, la abogada Mónica Palma. De acuerdo a la indagación de Carabineros, Palma habría sido la responsable de esa filtración y Arroyo se habría inhibido de denunciarla por mantener una relación sentimental con ella.
Para el fiscal Arroyo las acusaciones del capitán Leonardo Osses responden a las de “un imputado que se está viendo acorralado” y que los hechos que se le atribuyen intentan “cubrir la inoperancia y la falta de resultados de las investigaciones” que Carabineros realizaba en la zona. “Es la revancha de Carabineros a las dudas que estaba presentando la Fiscalía en relación con el trabajo que habían realizado”, asegura.
El 19 de enero pasado, el fiscal Arroyo –que accedió a conversar con CIPER en calidad de “víctima” y no en su rol de fiscal– presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Temuco contra quienes resulten responsables de “los delitos de falsificación de instrumento público, denuncia calumniosa; obstrucción a la investigación y violación de reserva”.
EL OFICIO DE CARABINEROS A ABBOTT
En la tensa y confusa trama que tiene hoy enfrentados a Carabineros y a la Fiscalía Regional de Temuco, el 11 de diciembre resulta un día clave. Fue entonces cuando la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, remitió al fiscal nacional, Jorge Abbott, el oficio N°202 informándole de supuestas filtraciones desde la fiscalía y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a un tercero conectado con la Coordinadora Arauco Malleco.
“Esto comenzó a contar del 11 de diciembre cuando nosotros denunciamos ante la Fiscalía Nacional la filtración de información desde la Fiscalía Regional de Temuco hacia otras personas”, asegura el capitán de Carabineros, Leonardo Osses, a CIPER.
Agrega que la supuesta filtración –que habría aludido a las identidades de las personas que iban a ser detenidas en la “Operación Huracán”– se produjo a mediados de septiembre y que concurrió a la fiscalía para comunicarle a Luis Arroyo que los responsables de esa entrega ilegal de información se hallarían en las propias dependencias del organismo. Las indagaciones y sospechas apuntaban a la abogada asistente de Arroyo, Mónica Palma.
El fiscal Arroyo indicó a CIPER que la Fiscalía tomó conocimiento de todos los detalles de la supuesta filtración a partir del oficio N°202 del 11 de diciembre, pero que antes de esa fecha un informe del Labocar de Carabineros, que incluía intervenciones al teléfono de uno de los comuneros detenidos, ya los había puesto en antecedentes de la existencia “de un sujeto que decía que iba a contactar a alguien de la Fiscalía” para obtener de manera subrepticia antecedentes reservados de la investigación.
Arroyo afirma que a propósito de lo anterior, el 3 de octubre se abrió una investigación a cargo de otros fiscales de la región. “Se le solicitó precisamente a Carabineros que entregara toda la información que tenía sobre la supuesta filtración. Ellos habrían indicado que era información de inteligencia, por lo tanto tenían que liberarla por el mecanismo que establece la ley (artículo 38 de la Ley 19.974), pero jamás la entregaron sabiendo que habían fiscales a cargo de esa investigación en la región”.
En vez de liberar la información solicitada por la fiscalía local, Carabineros optó por enviar toda la información a través del oficio N°202 directamente al fiscal nacional.
LAS DUDAS DE LA FISCALÍA
Para esa fecha, 11 de diciembre, en la Fiscalía de Temuco las dudas sobre la veracidad y calidad de las evidencias presentadas por Carabineros en el Informe N° 130 y que dieron origen a la denominada “Operación Huracán” habían tomado peso entre varios funcionarios del organismo persecutor.
Felipe González
Por esa razón, el mismo 11 de diciembre la fiscalía de Temuco solicitó a través del oficio N°1032 a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado(ULDDECO) del Ministerio Público, una serie de peritajes (extracción, revisión y análisis) de la mensajería digital que dio pie al informe con el que el 23 de septiembre se había autorizado el allanamiento de los domicilios y detención de los comuneros mapuche.
Las diligencias encargadas a las ULDDECO se instruyeron luego de que en el transcurso de octubre el fiscal adjunto Felipe González(de la misma unidad de la que Luis Arroyo es jefe), detectara inconsistencias en una serie de informes entregados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) a la Fiscalía.
Los resultados del informe pericial de la ULDDECO fueron remitidos a la fiscalía de Temuco el 28 de diciembre de 2017. En él se establecen varias incongruencias, entre ellas, que algunos archivos hallados en los teléfonos incautados de los comuneros mapuche no guardan relación “con la forma en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos”. En concreto “se hallaron cinco archivos de extensión .txt que no corresponden a archivos de mensajería sino que a archivos de texto plano, sin ningún formato” (no contienen Time Stamp –marca de tiempo–ni la estructura de un elemento exportado de la aplicación de mensajería). Además, se hallaron en el teléfono de uno de los comuneros detenidos, cuatro archivos de nombre similar con distintas ubicaciones en la memoria del aparato, lo que la ULDECCO estimó como irregular.
Producto de las anomalías reportadas por el perito del Ministerio Público, el fiscal Felipe González habría puesto los antecedentes a disposición del Fiscal Regional de la Araucanía, Cristián Paredes, para que se investigara la posible existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Otros dos peritajes encargados por la fiscalía, uno a un ingeniero en computación e informática de la Universidad de Santiago y otro al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), respaldarían con posterioridad las conclusiones del documento elaborado por la ULDDECO.
TRAICIONADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO
En conversación con CIPER, el capitán Leonardo Osses de la UIOE dice sentirse “traicionado” por la fiscalía.
–Nosotros nos hemos sacado la cresta trabajando, porque todos los métodos de inteligencia que existían hasta la fecha (refiere a la fecha de la entrega del Informe N°130) habían fallado. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a un profesional que tenía las competencias: el profesor Alex Smith (…) Lo importante para nosotros era obtener información para prevenir el terrorismo y la violencia rural en La Araucanía, pero lamentablemente nuestros fiscales la desaprovecharon. El país desaprovechó esta oportunidad porque ahora todas las personas que cometen ilícitos ya saben que si les llegan correos extraños, puede ser “Antorcha” (el software de Smith) –dijo Osses.
Héctor Llaitul es dejado en libertad junto a los otros siete comuneros mapuche el 19 de octubre.
Si para el capitán Leonardo Osses el origen del quiebre entre Carabineros y la fiscalía de Temuco dice relación con el oficio que la policía uniformada envió al fiscal nacional el 11 de diciembre de 2017 (oficio N°202) denunciando una supuesta filtración desde el Ministerio Público, para el fiscal Luis Arroyo las desavenencias solo tienen origen en los cuestionamientos que hizo la fiscalía a las evidencias existentes en el Informe N°130.
–En el marco del sistema procesal penal, nosotros nos preocupamos de recabar medios de prueba que luego van a ser presentados ante un tribunal. El informe N°130 lo que hace es entregarnos información, por lo tanto nosotros debemos corroborarla a través de las normas que establece el Código Procesal Penal y es a través de esa corroboración donde se tomó conocimiento de las irregularidades que estaban presentes en el trabajo que había realizado la policía y que vertió en el citado informe –señaló Arroyo a CIPER.
En la querella que presentó el 19 de enero pasado, el fiscal Arroyo atribuyó las acusaciones en su contra (vertidas en el informe N°202 ) a una supuesta intención de Carabineros de “hacerme a un lado de las investigaciones que dirijo y, a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas (…) Lo cierto es que no me caracterizo por ser un profesional llano a realizar cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas y medios a través de los cuales se obtiene la información en que estas se fundan”.
Versión similar entregó a CIPER al acusar a Carabineros de imputarle acusaciones “falsas y temerarias” como una manera de cobrar “revancha” frente a las dudas que levantó la fiscalía sobre el trabajo de la policía uniformada.
DILIGENCIAS INCONCLUSAS
Las primeras fisuras en la relación entre la fiscalía de la Novena Región y Carabineros comenzaron a manifestarse a mediados de noviembre. El 13 de ese mes, y mediante oficio N°933, la fiscalía remitió al jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), Marcelo Teuber, una orden de investigar solicitando 27 diligencias. El objetivo era establecer la existencia de la asociación ilícita de los ocho comuneros imputados denunciada en el Informe N°130 del 20 de septiembre.
La fiscalía otorgó a Carabineros un plazo de 20 días corridos para la entrega de los resultados de esa investigación. Entre las diligencias solicitadas figuraban indagar sobre el origen, fines y fundamentos filosóficos y políticos de la CAM y también de las organizaciones denominadas Weichan Auka Mapu (WAM) y Resistencia Territorial Mapuche Malleco (RMM). También determinar la existencia de otras organizaciones y personas; buscar sus fuentes de financiamiento; georreferenciar los sitios del suceso; tomar declaración a las víctimas de los hechos denunciados y empadronar a los testigos, entre varias otras.
El 12 de diciembre, y a casi diez días de que expirara el plazo para el término de las diligencias, el fiscal Felipe González recibió un correo del capitán de la UIOE, Cristián Pérez Mancilla, pidiéndole una prórroga de 30 días “toda vez que aún se están realizando diligencias para dar cumplimiento a todas las diligencias solicitadas”.
Al día siguiente, González accedió a aumentar el plazo pero en solo 20 días. La fecha límite se cumplió a principios de enero. El 22 de ese mes, y según denunció la fiscalía, Carabineros había enviado respuesta a solo tres de las 27 diligencias instruidas el 13 de noviembre.
CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN
Ese fue uno de los últimos capítulos de la trama de desencuentros entre ambas instituciones. El 25 de enero pasado, el fiscal a cargo de la causa, Felipe González, comunicó al Juzgado de Garantía de Temuco la decisión de no perseverar en la investigación, cuyo plazo inicial había sido fijada por el tribunal en cuatro meses (desde la formalización de los imputados el 24 de septiembre de 2017).
Carlos Palma.
“Al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros de Chile información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades en la forma que ya se ha expuesto, condiciones que permiten hacer dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público –producto del obrar ilícito de dichos empleados públicos– se ve impedido de continuar con la prosecución de esta investigación criminal de manera tal que viene en comunicar la adopción de la decisión de no perseverar en la presente investigación”, se lee en el escrito enviado por González al tribunal.El 9 de febrero pasado, el Juzgado de Garantía de Temuco ratificó el cierre definitivo de la investigación, rechazando la reapertura solicitada por el Gobierno. Ese mismo día, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, tras considerar que los antecedentes que fundamentaban la investigación presentaban anomalías.
El 12 de febrero, cinco de los comuneros imputados en la causa presentaron una querella en contra de siete funcionarios de Carabineros –entre ellos el capitán Leonardo Osses y el profesor Alex Smith– por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y presuntos delitos informáticos.
El mismo 12 de febrero, el Ministerio Público tomó la decisión de agrupar todas las investigaciones ligadas a la denominada “Operación Huracán”, designando al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, como responsable de las indagatorias. En sus manos quedó la delicada misión de investigar todas las hebras de la madeja que hoy tiene a la fiscalía de Temuco y a Carabineros bajo fuego cruzado.
La medida fue impuesta por la Gobernación Provincial fuera del ámbito de sus atribuciones y comunicada de forma intempestiva el pasado 12 de enero, sin publicación en el Diario Oficial como exige la ley, por lo que más de 80 personas interpusieron un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
CHILE: La anulación del juicio no implica culpabilidad de Defensora Machi Lincoano y comuneros mapuches
París-Ginebra-, 12 de enero de 2018. – El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, manifiesta su preocupación respecto a la resolución de 29 de diciembre de 2017 de la Corte de Apelaciones de Temuco, que anuló la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio Oral de Temuco en el caso Luchsinger-Mackay y ordenó la realización de un nuevo juicio oral.
El Observatorio urge a que el nuevo juicio oral que se desarrollará a partir del mes de febrero en Temuco, en el que se imputa a la defensora de derechos humanos, la Machi (autoridad espiritual Mapuche) Francisca Linconao y a 10 comuneros mapuche bajo la Ley Antiterrorista, así como la audiencia de medidas cautelares que se realizará el próximo lunes 15 de enero por el mismo tribunal en este caso, se lleven a cabo con respeto a todas las garantías del debido proceso. Igualmente el Observatorio solicita a los magistrados que no se impongan medidas de detención preventiva a los acusados, teniendo en cuenta que en el juicio anterior no se desvirtuó su presunción de inocencia y que la mayoría de ellos estuvieron detenidos aproximadamente durante 18 meses.
El Observatorio realizó en octubre pasado una Misión de Observación Judicial, para presenciar el desarrollo del juicio oral. De la Observación del juicio se publicó el documento “Proceso con irregularidades graves debe impedir condena de Defensora Machi Francisca Linconao y comuneros mapuches” en el que se detallan las constataciones y las irregularidades de la acusación, así como el patrón de criminalización y construcción de una imagen social distorsionada del pueblo Mapuche.
El Observatorio reconoce el derecho de la familia Luchsinger-Mackay de obtener justicia y respeta la independencia del poder judicial. Sin embargo, es muy preocupante que esta decisión de anulación implique repetir un juicio basado en una acusación irregular, como se constató durante la Misión, y que refuerce el patrón institucional de persecución penal, bajo las leyes de excepción. La aplicación de este patrón legal ha vinculado indebidamente al pueblo mapuche y las y los defensores de sus derechos con el terrorismo, penetrando el imaginario de la opinión pública y de la sociedad civil sobre este pueblo indígena.
Por todo lo anterior, el Observatorio hará seguimiento de manera atenta a este nuevo juicio oral y espera que el nuevo Tribunal garantice los derechos humanos de la Machi Linconao y los 10 comuneros mapuche durante este nuevo proceso.
Igualmente, y retomando lo manifestado por la Misión de observación, consideramos fundamental que el Estado chileno honre sus compromisos internacionales a fin de garantizar el goce, promoción y protección de los derechos humanos del pueblo Mapuche. En este sentido instamos al Ministerio Público a ejercer la labor de persecución penal que en este caso afecta a personas mapuche, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, así como al Tribunal que sustancia la causa, a actuar con imparcialidad, absteniéndose de impulsar actuaciones y razonamientos que denoten estereotipos y prejuicios, que resulten en la violación del principio de igualdad y no discriminación y del derecho a la igual protección de la ley.
Por último, y reconociendo la responsabilidad que cabe al Estado de Chile a mantener la paz y el orden público, instamos a las autoridades de gobierno a evitar la profundización de procesos de criminalización de los mapuche, y a establecer procesos de diálogo político orientados al reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos que como pueblo le corresponde de acuerdo a los compromisos internacionales que ha contraído, como única forma de superar un conflicto que se prolonga ya por largo tiempo en Chile.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para obtener más información, por favor contacten con:
FIDH: Audrey Couprie/ Samuel Hanryon: (+ 33) 1 43 55 25 18; José Carlos Thissen: +51 95 41 31 650
El director del Observatorio Ciudadano y Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió a las conclusiones del Informe Anual sobre la materia entregado por la institución y recalcó que Chile no cuenta con un marco normativo para resguardar los derechos de los sectores desfavorecidos.
Mediante carta conjunta dirigida a los Estados Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y las 184 organizaciones que la confirman, entre ellas el Observatorio Ciudadano, expresaron «gran preocupación la agudización de la crisis política en Honduras, a casi un mes de celebradas las elecciones municipales, presidenciales y legislativas el pasado 26 de noviembre de 2017», y solicitan «una respuesta firme y efectiva de la comunidad internacional, que exija el respeto de la seguridad de la población civil y la vigencia del Estado de derecho en el país».
Destacan, entre los hechos más graves «el asesinato de al menos 27 personas, la detención arbitraria de alrededor de 890 y los más de 200 heridos producto de la represión ejecutada en el marco de la aplicación del decreto de suspensión de garantías», que se dan en un contexto de «existencia de graves indicios de fraude electoral; la aprobación de la posibilidad de reelección del presidente Juan Orlando Hernández, en contravía de lo dispuesto en la Constitución Nacional; los estrechos vínculos de los magistrados del Tribunal Superior Electoral y el Partido Nacional, que ponen en tela de juicio la independencia e imparcialidad de este órgano; así como las numerosas irregularidades denunciadas durante y después del proceso de conteo de votos», señala la misiva.
La FIDH es una liga internacional de defensa de los derechos humanos, que agrupa a 184 organizaciones nacionales de derechos humanos de 112 países. Desde 1922, la FIDH está comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, según se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Su director José Aylwin expuso en el panel sobre Compromiso político de empresas con los derechos humanos, dando cuenta a través del análisis de la actividad de diferentes empresas tanto nacionales como transnacionales que cuentan con dichos compromisos, como tales compromisos son incumplidos.
Tanto José Aylwin, como Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Diaguita y Agrícola de los Huascoaltinos, participaron en un evento paralelo -dentro de la misma Consulta Regional- sobre experiencias de Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos de proyectos de inversión, dando cuenta de los impactos en los derechos del pueblo diaguita en Chile de proyectos mineros canadienses.
Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano
Con la participación de delegados estatales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, representanes del ámbito académico y empresarial, embajadas y organismos internacionales, se realizó del 12 al 14 de diciembre en dependencias de Cepal en Santiago la tercera versión de la Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos, organizada por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales de Naciones Unidas; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).
El objetivo de la reunión es contribuir al fortalecimiento de la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por parte de los Estados y las empresas, ello en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, además de generar un diálogo multi-actor para el intercambio de experiencias y estrategias que buscan garantizar el respeto de los derechos humanos en el ámbito corporativo.
La agenda de la reunión se estructuró sobre la base de los tres pilares que contienen los Principios Rectores, cuales son el deber de proteger, respetar y remediar. Por primera vez desde que se instituyó este espacio de intercambio por la ACNUDH el año 2015, se consideró la realización de eventos paralelos, a fin de permitir la difusión y debate de experiencias de trabajo en la materia en los distintos países de la región de América Latina y el Caribe.
Dichos eventos fueron organizados por entidades como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); International Corporate Accountability Roundtable (ICAR); Danish Institute for Human Rights; Unicef Chile; Programa de Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile LLM-UC; Tlex Institute; Asociación Internacional para los Valores Humanos (AIVH); Conectas Direitos Humanos; Instituto Ethos; OXFAM America; Observatorio Ciudadano, Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER); Grupo Temático FIO sobre Derechos Humanos y Minería; la Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais; Fundación Libera contra la Trata de Personas; ConSuma ConCiencia; y Fundación Honra, entre otros.
Asimismo, se contemplaron reuniones con representantes de estados, empresas y sociedad civil organizadas por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezadas por la Relatora Soledad García, que tuvieron como objetivo recabar información de parte de estos distintos actores para fortalecer el trabajo de la Relatoría en materia de DESCA, y en empresas y derechos humanos.
Tras concluir los tres días de debate y actividades, el director del Observatorio Ciudadano, valoró el espacio y destacó señalando que “este permite compartir los avances en la acción de los estados, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil en materia de empresas y derechos humanos, así como también identificar los numerosos desafíos que aún existen para garantizar que la actividad empresarial se desarrolle con respeto y protección de los mismos derechos.” Al respecto, identificó los retos que existen en Chile en la materia, destacando entre ellos “la debilidad del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos recientemente aprobado por el gobierno para que los diferentes actores involucrados en la actividad empresarial asuman sus responsabilidades establecidas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia, la ausencia de un marco normativo adecuado, y la falta de consistencia de los compromisos voluntarios de las empresas en la materia”.
Señalo además la importancia de avanzar hacia el desarrollo de estándares vinculantes en la materia, relevando “la importancia del proceso impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y otros empresas en materia de derechos humanos”. Finalmente, si bien valoró el espacio convocado por la Oficina Regional de la ACNUDH para reflexionar sobre esta materia, propuso en esta tercera versión “que las consultas a futuro sean desarrolladas con una temática más acotada, y que éstas tengan lugar luego del desarrollo de consultas a nivel de cada país en que puedan participar un mayor número de actores, en particular de comunidades locales e indígenas afectadas en sus derechos por la actividad de empresas”.
Por su parte el presidente de la Comunidad Diaguita y Agrícola de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, en cuyo territorio ancestral y legal se desarrollan distintos proyectos mineros canadienses, señaló que “si se ha avanzado en las exigencias teóricas a las que tienen que adecuarse los gobiernos y las empresas, en la práctica, sin embargo, es claro y se notó en esta tercera consulta que falta mucho por delante para poder alcanzar los indicadores proyectados y, me podría equivocar, pero también pareciera que sigue siendo la prioridad la rentabilidad a la antigua”.
Campusano destacó de esta versión de la consulta la realización de los eventos paralelos, pues en ellos fue posible informase en detalle de realidades que se producen en otros países de la región, y hablar con quienes están involucrados en estos procesos. “Quedé muy impactado con lo que pasó en Brasil, con el desastre minero dejado en río Doce, y de cómo la empresa y el gobierno ya transcurridos dos años, aún no muestran debido proceso, justicia a los responsables y un verdadero e integral Plan de Reconstrucción y acompañamiento a las víctimas”, finalizó.
Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Diaguita y Agrícola de los Huascoaltinos, expone en evento paralelo sobre experiencias de Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos de proyectos de inversión.
Reunión de la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García, con organizaciones de la sociedad civil.
En su octavo Informe Anual el INDH incluye también materias de interés público, tales como la situación de la niñez trans e interesex, las manifestaciones de racismo, la presencia de una cultura discriminatoria hacia las mujeres, además de mostrar una perspectiva general de los derechos humanos en el país.
Las autoridades de los tres poderes del Estado, en una ceremonia realizada este martes 19 de diciembre en el Espacio Matta encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, recibieron de manos del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, Branislav Marelic, el Informe Anual Situación de los derechos Humanos en Chile 2017 que da cuenta a la institucionalidad del país y a la población en general, sobre los progresos conseguidos en la situación de los derechos humanos durante en el año y los aspectos que son de preocupación a juicio del Consejo del Instituto, entre otros, los atropellos que viven niños, niñas y adolescentes en residencias y centros de reclusión bajo tutela estatal, las expresiones de racismo y discriminación a las mujeres y la población infantil trans e intersex.
El Informe 2017 valora como avance que el año culmine con el proceso de renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que desde la perspectiva del Estado de Derecho, es un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento de los mecanismos democráticos de ejercicio del poder. Al mismo tiempo el Instituto vuelve a ratificar la preocupación que genera la alta abstención en los comicios electorales, pues expresa el desinterés por los asuntos colectivos y la desconfianza ante sus representantes en organismos clave para la democracia y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, se observa que la implementación del sistema electoral proporcional podría ayudar positivamente en una ampliación del ejercicio del derecho a participar por parte de la ciudadanía.
Un avance sustantivo en materia de derechos humanos, dice el Informe, ha sido el fortalecimiento de su institucionalidad con la puesta en funcionamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha elaborado el Plan Nacional de Derechos Humanos. A este importante paso se suma el consenso y avance que ha tenido en el Congreso el proyecto de ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
La sistematización de los resultados de los diálogos constitucionales realizados el 2016 con la ciudadanía en general, y la culminación de la Consulta Indígena en ese contexto, son ponderados como progresos en los derechos humanos por parte del Instituto.
Pobreza y violencia
La situación que viven los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME) se ha mantenido en el debate público tanto por los nuevos casos que dan cuenta de vulneraciones a sus derechos, como por las necesarias iniciativas legales presentadas por el Ejecutivo y que se debaten en el Congreso. Frente a tal situación las autoridades dispusieron un aumento del presupuesto para este objetivo. Además han levantado una agenda legislativa por la niñez que contempla la creación de un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez; de un Defensor de la Niñez y una Subsecretaría de la Niñez; así como los Servicios Nacionales que reemplazarán a SENAME: de Protección Especializada para Niños y Niñas, y de Reinserción Social Juvenil.
El Informe 2017 incluye resultados de la Misión de Observación desarrollada en Centros de administración estatal destinados a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos; y concluye que la pobreza es el telón de fondo de las vulneraciones de derechos humanos a la niñez y adolescencia que permanecen en dichas residencias. En este sentido, recomienda que al Poder Ejecutivo que haga efectiva la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio de derechos fundamentales de la infancia y adolescencia institucionalizada.
De igual forma la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad es un asunto que debiera estar en la agenda de derechos humanos, a juicio del Instituto. El Informe 2017 incorpora el Estudio Exploratorio realizado por el INDH en los Centros de Internación Provisorias y Cerradas, que da cuenta de una serie de vulneraciones a derechos fundamentales. Entre sus conclusiones, el INDH, sostiene que es perentorio erradicar la naturalización del castigo y trato degradante e inhumano a adolescentes en centros de reclusión.
Racismo y discriminación
El Informe 2017 del INDH ahondó en la problemática de la discriminación racial y sus principales manifestaciones en Chile. Para ello realizó una encuesta nacional sobre las manifestaciones racistas en Chile, levantando información de primera fuente sobre el tema.
El capitulo pertinente sistematiza y analiza los resultados de la encuesta, mostrando que el racismo se manifiesta tanto de forma subjetiva —en las relaciones cotidianas, cara a cara— como de forma estructural, es decir, desde las prácticas institucionales y discursos del Estado. Esta situación requiere un esfuerzo estatal y cultural para impedir una legitimación de las ideas racistas, tanto simbólica como estructuralmente.
En cuanto a la cultura discriminatoria hacia las mujeres, el Informe realiza un interesante cruce entre medios de comunicación y publicidad, con las representaciones estereotipadas de género presentes en muchos contenidos de las noticias y los programas de entretenimiento, que reproduce aquello que la sociedad espera de mujeres y varones —específicamente los que reproducen la subordinación de la mujer y rearman la centralidad de sus roles domésticos.
El informe contiene información de primera fuente, obtenida en una observación exploratoria del INDH sobre las condiciones de vida en unidades psiquiátricas de larga estadía, además de la protección de la biodiversidad, cambio climático y derechos humanos, y justicia transicional y reparaciones.
“Más allá de lo condenable de los graves hechos que dieron origen a este segundo juicio en este caso, el veredicto deja en evidencia que la búsqueda de justicia frente a ellos no puede hacerse sin pruebas fundadas, y a través del uso de una legislación, como es la ley antiterrorista”, advierte su director, José Aylwin.
Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano, 26 de noviembre de 2016
El Observatorio Ciudadano valoró la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que este miércoles absolvió a 11 comuneros mapuche, entre ellos la defensora de derechos humanos, Machi Francisca Linconao, imputados por del delito de incendio con resultado de muerte en el denominado caso Luchsinger Mackay, hecho ocurrido la madrugada del 04 de enero de 2013 en el fundo La Granja Lumahue, de la comuna de Vilcún.
El juez José Ignacio Rau, al dar a conocer el veredicto del tribunal, señaló que la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público y los querellantes de la causa resultó insuficiente para demostrar el carácter terrorista del ilícito, así como para formar convicción en los jueces respecto de la participación que correspondió a los acusados en los hechos.
Tras conocerse la absolución de los comuneros, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, señaló: “valoramos el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en el caso Luchsinger Mackay. Más allá de lo condenable de los graves hechos que dieron origen a este segundo juicio en este caso, el veredicto deja en evidencia que la búsqueda de justicia frente a ellos no puede hacerse sin pruebas fundadas, y a través del uso de una legislación, como es la ley antiterrorista, que no garantiza el debido proceso; resultando esto en una prisión preventiva de un año y medio para las once personas mapuche imputadas, algunos de ellos defensores de derechos humanos, y en la vulneración de la presunción de inocencia, con un daño irreparable para su reputación, y en última instancia sus vidas”.
Asimismo, destacó que al margen de la “importante responsabilidad que en esta situación cabe al Ministerio Público, como entidad persecutora, cabe subrayar la responsabilidad del ejecutivo, que se hizo parte del proceso haciendo las mismas imputaciones del Ministerio Público. Por lo mismo, este veredicto absolutorio debería llevar al gobierno a revisar la estrategia de criminalización en contra de personas mapuche de la que hasta ahora se ha hecho parte, privilegiando el diálogo y el reconocimiento de los derechos colectivos de este pueblo como única manera de encontrar salidas al conflicto intercultural que se vive en la Araucanía y regiones aledañas”, sostuvo.
Por su parte, Hernando Silva, coordinador del Área Jurídica de la misma organización, agregó que “el veredicto nos parece ajustado a derecho, toda vez que durante el juicio el Ministerio Público no tuvo forma de acreditar la participación de los imputados en los hechos y que la acusación no podía sostenerse sobre la declaración de un coimputado que declaró producto de la coerción ejercida en su contra por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones”.
En efecto, la única fuente de información de la que derivan todas las demás pruebas de imputación, respecto de la participación de los acusados, está constituida por las dos declaraciones de José Peralino Huinca prestadas en fase de investigación. “Sin embargo, la declaración de fecha 08 de noviembre de 2013 a juicio de estos sentenciadores adolece de vicios de legalidad que impiden otorgarle mérito probatorio”, se planteó en la audiencia al dar lectura al acta de deliberación.
Lo anterior, a juicio de Silva, “viene una vez más a dejar en evidencia el mal actuar del Ministerio Público, el que levanta procesos penales amparados por la Ley Antiterorista en contra de personas mapuche con la finalidad de criminalizarlos y de mantenerlos en prolongadas prisiones preventivas, pese a que existe un consenso internacional y recomendaciones explícitas al Estado de Chile de que no haga uso de esta legislación especial. Es momento de que el Ministerio Público se haga cargo de su actuar deficiente y vulneratorio del debido proceso”, finalizó.
La lectura del fallo absolutorio de la machi Francisca Linconao Huircapán, y los comuneros José Peralino Huinca, José Tralcal Coche, Juan Segundo Tralcal Coche, Juan Segundo Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, José Arturo Córdoba Tránsito, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilef Quidel, se dará a conocer el 14 de noviembre a las 11:00 horas.
Información relacionada (incluyendo acta de deliberación y video de la audiencia):
El acuerdo es el primer tratado legalmente vinculante en derechos ambientales de América Latina diseñado para proteger a los defensores del medio ambiente, mejorar el acceso a la información ambiental y ampliar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Un minuto de silencio por Berta
La red EU-LAT, de la cual son organizaciones miembro tanto la OMCT como la FIDH, y CIDSE, redes internacionales de organizaciones que conforman 57 organizaciones europeas e internacionales, haciéndose eco de las solicitudes del 
