Con el lema “Por un sistema de reparto solidario”, la Coordinadora No más AFP se prepara para concretar el plebiscito nacional convocado para este 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, que permitirá a los participantes elegir entre dos opciones: el actual sistema de capitalización individual, o un modelo solidario y tripartito.

Los organizadores informaron que se utilizará como base de datos el padrón del Servicio Electoral (SERVEL), el mismo que servirá para el sufragio presidencial del próximo 19 de noviembre; por tanto, las condiciones de quienes pueden votar serán similares a las que se exigen en elecciones legales.

Es decir, podrán ejercer su derecho a votar chilenas y chilenos mayores de 18 años, las y los extranjeras(os) residentes que cuenten con cédula de identidad, además de las y los chilenas(os) residentes en el extranjero inscritos en el SERVEL.

La votación tendrá dos modalidades: votación en línea (o remota) y votación presencial.

En caso de optar por la vía Internet, se debe ingresar a la plataforma www.plebiscitopensiones.cl, donde deberá ingresar RUT y correo electrónico para, luego, recibir una notificación con el enlace a su voto virtual.

En caso de optar por la forma presencial, se debe acercar con su cédula de identidad a un lugar de votación y sufragar en la urna preparada para ello.

Gabriela Farías, presidenta de FENPRUSS e integrante ejecutiva de la Coordinadora No+AFP, indicó que un conjunto de expertos han ideado unsoftware base para aglutinar información y que cuenta con un sistema de seguridad para evitar la duplicidad de votos.

“Tenemos el apoyo de ingenieros informáticos y expertos en el área, quienes desarrollaron una plataforma para el proceso; esta tiene ingresado el padrón electoral auditado y nosotros ya hemos hecho pruebas; por ejemplo, si sufragué en la página y pretendo ir a votar a la mesa, aparecerá un mensaje advirtiendo que la persona ya votó, con información detallada, a fin de evitar que haya duplicidades”, explicó.

La integrante de la Coordinadora No+AFP agregó que los lugares de votación estarán operativos en casi todas la comunas del País, de Arica a Punta Arenas, establecidos en hospitales públicos, cesfam, universidades, sindicatos, y en diversos otros puntos, tales como plazas públicas, ferias, supermercados, escuelas, estaciones del Metro, etcétera.

Gabriela Farías precisó que los resultados sólo se darán conocer al final del último día de votación, es decir, el lunes uno de octubre.

“En los días intermedios, nosotros tendremos un registro de cantidad de votantes y mesas constituidas, pero no de resultados. El sistema computacional permite el acceso autorizado a esa información de manera rápida, con el fin de ir confeccionando reportes que lleguen desde las diferentes regiones y los mismos que arroje el sistema”, subrayó.

La presidenta de FENPRUSS agregó que contarán con coordinadores comunales, apoderados y vocales de mesa en todos los lugares de votación presencial, más veedores, quienes estarán dirigidos por el presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza, todo con el fin de asegurar transparencia y correcto desarrollo del proceso.

Cómo votar por Internet

1. Ingresa a la página www.plebiscitopensiones.cl
2. Una vez en el sitio, ingresa tu RUT personal y dirección de correo electrónico.
3. En tu casilla [mail] recibirás un enlace, enviado por el sistema.
4. Al pinchar el enlace, se abrirá automáticamente el voto, en el que podrás marcar tu preferencia:

Sí más AFP

o bien…

No+AFP

Fuentes:

• Cómo votar en el plebiscito nacional convocado por la Coordinadora No más AFP
• Vote en el plebiscito sobre las AFP

París, Temuco 27 de septiembre de 2017.- La FIDH y el Observatorio Ciudadano manifiestan su preocupación y condena por la intensificación del uso de la ley sobre conductas terroristas por parte del Estado de Chile para perseguir a integrantes del pueblo mapuche, varios de ellos defensores de derechos humanos. Asimismo, por el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas policiales en contra de personas mapuche, afectando en varios casos a niños y niñas. Frente a esta situación la FIDH enviará una misión de urgencia a Chile del 2 al 6 de octubre de 2017.

En la actualidad la legislación antiterrorista está siendo utilizada contra 23 mapuches en distintos casos en que se les imputa la comisión de delitos terroristas, entre ellos los delitos de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, el delito de incendio terrorista, y el delito de asociación ilícita terrorista. Un caso emblemático es el que se sigue por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay donde el Ministerio Público ha solicitado para 10 de los imputados mapuche, incluyendo la machi y autoridad tradicional del pueblo mapuche, Francisca Linconao, una pena de presidio perpetuo. Cabe señalar que en este proceso que se sustancia por el Tribunal Oral en lo Penal en Temuco, y en el cual actúa como querellante el Ministerio del Interior, la mayoría de los imputados lleva un año y seis meses de prisión preventiva, sin pruebas serias, y en abierta violación del derecho a la presunción de inocencia.

Otro caso es el del procesamiento de Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trolcol, todos ellos integrantes del pueblo mapuche, quienes fueron detenidos en junio de 2016 bajo acusación por parte del Ministerio Público y del gobierno de haber cometido un delito de incendio con carácter terrorista. Dichas detenciones fueron resultado de la apertura de una investigación como consecuencia del ataque ocurrido contra una iglesia evangélica en la localidad Padre Las Casas ese mismo mes. Desde entonces, los acusados se encuentran sometidos a prisión preventiva en el marco de un proceso que ha superado 15 meses de duración.

En protesta ante esta situación, los comuneros mapuche iniciaron hace 112 días una huelga de hambre para visibilidad a su caso y exigir el reconocimiento de su derecho a un juicio justo, celebrado en plazo razonable, la no aplicación de la ley sobre conductas terroristas y no utilización de testigos de identidad protegida, así como la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva a que se encuentran sometidos en la actualidad. Informes del Colegio Médico de Chile dan cuenta de la perdida sostenida de peso por parte de los huelguistas, y del deterioro de sus funciones vitales, todo lo cual hace temer por sus vidas. No obstante, el gobierno hasta ahora no ha depuesto su querella, y persiste en su procesamiento por la ley sobre conductas terroristas.

La situación se ha agudizado desde el 23 de septiembre pasado, razón por la cual la FIDH ha decidido organizar esta misión de observación de urgencia, cuando en una operación policial y de inteligencia denominada “huracán”, se detuvo a ocho dirigentes y autoridades tradicionales mapuche acusados de los delitos de incendio y asociación ilícita terrorista considerados en la legislación referida. La detención, que se realiza luego de una reunión de coordinación de las policías, Ministerio Público, Ministerio del Interior e incluso jueces, se hizo sobre la base de una orden verbal y no escrita, con fuertes contingencias que ejercieron violencia desproporcionada. En tres de los casos de detención estaban presentes niños y niñas, los que en algunos casos fueron encañonados, en otros huyeron buscando refugio en lugares aledaños. Como parte de este operativo se allanó un hogar estudiantil y se desalojó un campamento pacífico que se había establecido frente a la cárcel pública de Temuco, en solidaridad con los presos mapuche en huelga de hambre.

El comportamiento abusivo de las policías chilenas en operativos que involucran a comunidades mapuche ha sido una práctica reiterada. Por lo mismo ha sido representado al Estado de Chile por entre otros órganos, por el Comité Contra la Tortura (2009), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2013), y el Comité de Derechos Humanos (2014). Es preciso recordar que el Estado de Chile fue condenado por la CIDH en el marco del caso “Norin Catriman y otros vs la República de Chile” por violaciones del principio de igualdad y no discriminación y del derecho de defensa, como consecuencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista contra 8 activistas y líderes mapuche, ley calificada por el propio Tribunal como violatoria del principio de legalidad y del principio a la presunción de inocencia.

La FIDH y el Observatorio Ciudadano solicitan al Estado de Chile que desista en su voluntad de calificar como terroristas los actos enjuiciados en estos casos y garantice el respeto de los derechos de los acusados a la presunción de inocencia y a un juicio justo. La FIDH solicita también la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas que resulten acordes a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a dicha jurisprudencia, los Estados al interpretar y aplicar su normativa interna deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural, añadiendo que la duración prolongada de la prisión preventiva puede afectar de manera diferenciada a los miembros de los pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales.

Finalmente solicitamos al gobierno de Chile que, en vez de privilegiar la política criminal y policial para perseguir presuntos delitos que puedan cometerse en el contexto de la protesta social mapuche, asuma las obligaciones que ha contraído al ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígena y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y de pasos ciertos hacia el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche, hasta ahora denegados, única manera de garantizar una paz estable en esta parte del país.

CHILE: Estado chileno debe abstenerse de utilizar la Ley Antiterrorista en juicio a Machi Linconao y Mapuches

París-Temuco-Ginebra, 22 de agosto de 2017 – El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y la organización miembro de la FIDH y de la OMCT en Chile, el Observatorio Ciudadano, manifiestan su preocupación por el juicio oral por delitos de carácter terrorista que comenzó ayer en contra de diez comuneros mapuche y la Machi Francisca Linconao (autoridad espiritual tradicional del pueblo mapuche), reconocida defensora de derechos humanos del pueblo mapuche y de su territorio.

“Nos preocupa que se esté utilizando nuevamente la Ley Antiterrorista contra miembros del pueblo Mapuche, sus líderes y defensores como forma de estigmatizar y amedrentar las reivindicaciones de esta comunidad a sus territorios ancestrales”, señalaron las organizaciones.

Además de la utilización de la ley antiterrorista contra los acusados, desde la detención de la Machi Linconao^[1], han sido denunciadas por la comunidad y por sus abogados una serie de irregularidades, en torno del proceso. Es por ello que el Observatorio realizará una misión internacional de Observación judicial para presenciar directamente el juicio, documentarlo y denunciar las eventuales vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales que amparan a los acusados.

El Observatorio espera  que los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, que lideran el proceso, incluyan en su análisis la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado chileno el 29 de mayo de 2014, por haber violado los derechos fundamentales garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos a ocho miembros del pueblo Mapuche, a causa de la utilización de la Ley Antiterrorista en su contra. En la misma sentencia la Corte concluyó que al aplicarla a integrantes del pueblo mapuche el Estado de Chile violó, entre otros derechos,  la legalidad y presunción de inocencia, las garantías judiciales, y la libertad personal.^[2].

Igualmente el Observatorio exhorta a los jueces a tener en cuenta las Observaciones del Comité de Derechos Humanos, así como del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas^[3], los cuales han llamado a la reforma de la Ley antiterrorista chilena para que se abstenga de aplicarla en contra del pueblo Mapuche y para que adopte una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo para asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden en el marco de la lucha contra el terrorismo no estén dirigidos a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural.

En enero de este año el Observatorio ya había solicitado a las autoridades chilenas la libertad inmediata de la Machi Linconao, dado el grave estado de salud en que se encontraba, a causa de la huelga de hambre iniciada por ella para protestar por la decisión de la Corte de Apelaciones de mantenerla en prisión a pesar que el Juzgado de garantías de Temuco había accedido cuatro veces a su detención domiciliaria. Finalmente, la Machi se encuentra en detención domiciliaria.

Además de la acusación contra la defensora de derechos humanos, hay otros 10 acusados en este proceso judicial. El resto de acusados, todos miembros del Pueblo Mapuche, son José Arturo Cordova Tránsito, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef y Eliseo Catrilaf Romero, José Peralino Huinca. La mayoría de ellos llevan cerca de 18 meses de prisión preventiva, a pesar de que su libertad provisional fue solicitada en reiteradas oportunidades por los abogados defensores. Ello constituye una clara vulneración del derecho a la presunción de inocencia que les asiste de acuerdo al derecho internacional e interno referido a las garantías procesales.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para más información, por favor, contacten con:

• FIDH: Samuel Hanryon (Frances, Ingles): + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen (Español): + 51 95 41 31 650
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39

 

[1]                 La Sra. Francisca Linconao, de 59 años de edad, es Machi del sector Rahue, comunidad Pedro Linconao II, comuna del Padre de Las Casas, Región de la Araucanía, Chile.

[2]                https://www.fidh.org/es/region/americas/chile/15839-corte-interamericana-de-derechos-humanos-condena-a-chile-en-caso-mapuche

[3]                Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile, 13 de agosto de 2014, (CCPR/CHL/CO/6), Párr. 7 y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, Observaciones finales sobre los informes periódicos 19^o a 21^o de Chile, 30 de agosto de 2013, (CERD/C/CHL/CO/19-21), párr.14.

Frente a las puertas de la Cancillería, y entregando una declaración, la plataforma Chile Mejor sin TLC realizó el lanzamiento de su campaña “Moratoria a los Tratados de Libre Comercio” en el país. La iniciativa, que tiene como objetivo poner el tema en el debate de las candidaturas presidenciales y parlamentarias, es apoyada por las 120 organizaciones integrantes de la plataforma junto a otros actores sociales y políticos destacados.

Según indicaron sus voceros, la campaña busca principalmente hacer un llamado a detener la firma compulsiva de tratados de libre comercio por parte de Chile, lo cual implica no impulsar, firmar ni ratificar nuevos TLC mientras no se hagan estudios serios para evaluar los efectos de los ya implementados. Esto, en el marco de que el actual gobierno ha realizado una serie de negociaciones sin el conocimiento de la opinión pública y que la presidenta Michelle Bachelet pretende radicalizar este camino durante los meses que le restan de mandato.

Esteban Silva, de Fundación Constituyente XXI y miembro también de Chile Mejor sin TLC, comentó “que los candidatos presidenciales se pronuncien por la moratoria a los tratados de libre comercio es fundamental pues estos están muy vinculados al modelo de desarrollo que tiene Chile, a la generación de desigualdades y pasa desapercibido entre los ciudadanos respecto de su relación con el desarrollo, la pobreza, la productividad y el empleo”.

Haciendo un llamado a los actores políticos, el diputado Giorgio Jackson afirmó que “yo he sido muy crítico de poder firmar nuevos tratados de libre comercio, que de libre tienen muy poco, y por lo mismo apoyo esta idea de que se haga una moratoria a los tratados de libre comercio, es decir, que no haya nuevos tratados por parte de Chile hasta que no se haga una evaluación completa de los pros y los contras que esto ha traído para la economía en sus distintos niveles”, señaló Jackson.

Respecto a la falta de participación ciudadana en estas materias, Paulina Acevedo, de Observatorio Ciudadano y miembro de la plataforma Chile Mejor sin TLC, comentó que “el problema es que estos tratados son tramitados en completo secreto sin la posibilidad de hacer modificaciones una vez que el texto está ya acordado, y lo que es más importante, sin la participación de la ciudadanía y de otros actores relevantes para que puedan participar de forma incidente en la determinación de estos textos”. Acevedo propuso que “la decisión recaiga en todos y todas con una participación efectiva y por qué no, como ha ocurrido por ejemplo en el caso de Costa Rica, con plebiscitos nacionales para poder determinar su adopción”.

De igual manera, respecto a la urgente necesidad de evaluación de impacto, el ex candidato presidencial Alberto Mayol afirmó que “los tratados de libre comercio han sido pan para hoy y hambre para mañana, y mañana ya está muy cerca. En este momento tenemos que apoyar los requerimientos de terminar con toda firma de tratados de libre comercio mientras no se hayan hecho las evaluaciones correspondientes a los anteriores tratados”. Mayol hizo un llamado a establecer futuros criterios: “El modelo neoliberal es una cuna de problemas medioambientales, sociales, políticos, económicos y culturales, y en ese sentido es fundamental que se establezca un criterio: no más tratados de libre comercio mientras no se haya investigado si efectivamente cumplen con un rol relevante para el desarrollo integral de Chile”.

Por su parte, Carlos Figueroa de Revolución Democrática, comentó que “fortalecer hoy los acuerdos de libre comercio significa dar una señal clara de potenciar el modelo económico neoliberal que por años ha regido la politica internacional de Chile. Y por lo mismo, el trabajo que hemos venido haciendo desde las organizaciones sociales va en la dirección de hacer una reflexión y una pausa en el empuje a este libremercadismo extremo”.

Además, el senador Alejandro Navarro afirmó que “Chile no requiere más tratados de libre comercio, ni tampoco requiere una Cancillería abogando por el TPP. Aquí hay que hacer participar a la ciudadanía. Estos dos elementos han sido dañinos para la economía nacional y para la ciudadanía”.

Durante el lanzamiento de esta campaña, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) declaró que “hemos visto a lo largo de 20 años de tratados de libre comercio, que esto ha significado en realidad mejores condiciones y garantías para la operación de las empresas transnacionales en nuestro país y ha redundado en más privatización y más apropiación de los bienes comunes”. Cuenca alertó que estos tratados “van a ser un obstáculo para recuperar y ejercer políticas soberanas en materias de recuperación de bienes comunes de subsuelo, como los minerales y la recuperación del agua”.

Flavia Liberona, de Fundación Terram y miembro de Chile Mejor sin TLC planteó que “en el marco de transparencia y democracia que tenemos, hoy resulta imprescindible hacer una evaluación de los tratados y saber si éstos realmente han aportado al país o han generado más trabas para el desarrollo económico local de las personas, o han generado impactos ambientales”.

Desde RAP-Chile, Lucía Sepúlveda, también miembro de la plataforma, resalta la preocupación frente al Protocolo de Nagoya sobre recursos genéticos y repartición equitativa de beneficios. “Nuestra petición de moratoria incluye también el tema del Protocolo de Nagoya que es otro proyecto, otro tipo de convenio que el gobierno está tratando de impulsar sin consulta indígena tal como lo hizo con el TPP en su momento o con los otros tratados. Queremos que eso se detenga porque no ha habido participación de los sectores afectados”, afirma.

 

Contacto de prensa:

• Alejandra Petrasic
• +56988340468

La Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía, mediante declaración pública, dio a conocer su parecer ante la querrella por el delito de injurias, ante la difusión en dicho medio electrónico de un comunicado de  comunidades williche de Rupumeica en Lago Ranco y Maihue en Futrono, cuestionando la intervención de dicho territorio por parte de consultores del Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En la declaración, que entre otras organizaciones es suscrita por el Observatorio Ciudadano, se hace reconocimiento de la labor de Mapuexpress, condenando tajantemente el uso de la herramienta penal en su contra por el solo hecho de informar sobre la realidad que afecta a comunidades mapuche e instan a los tribunales de justicia a realizar una investigación imparcial y seria de los hechos denunciados.

A continuación reproducimos esta declaración:

Declaración Pública

Coordinación Organizaciones de Derechos Humanos Región de La Araucanía

Ante querella por el delito de Injurias presentada en contra del Colectivo Informativo Mapuexpress

Las organizaciones firmantes de esta declaración, miembros de la coordinación de organizaciones de derechos humanos de Temuco, deseamos mediante la presente declaración pública, comunicar nuestra preocupación ante la información relativa a la presentación de una querella por injurias graves interpuesta en contra del Colectivo Informativo Mapuexpress por parte de un particular, producto de la difusión en dicho medio de un comunicado público de comunidades williche de Rupumeica en Lago Ranco y Maihue en Futrono, cuestionando la intervención de dicho territorio por parte de consultores del Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo. Al respecto declaramos:

1.- Reconocemos y valoramos el trabajo realizado por Mapuexpress como medio de comunicación que desde sus inicios ha entregado y difundido información autónoma  respecto a los procesos vinculados a la lucha del Pueblo Mapuche por la reivindicación de sus derechos. Desde esa perspectiva es importante destacar el rol de Mapuexpress para hacer frente al cerco informativo que los medios de comunicación masiva han generado para informar de manea parcial respecto a la realidad de las reivindicaciones del Pueblo Mapuche. Además es necesario recalcar el constante compromiso de Mapuexpress con los Derechos Humanos y los Movimientos Sociales.

2.- Condenamos tajantemente la utilización del derecho penal como herramienta para perseguir a quiénes sólo ha cumplido con su rol de informar respecto de la realidad que viven Territorios y Comunidades Mapuche que reivindican sus derechos y se oponen a la imposición de “modelos de desarrollo” surgidos desde la hegemonía. Creemos que dicho acto de persecución penal es una forma de censura, y como tal, una seria vulneración al derecho a informar y a la libertad de expresión.

3.- Instamos a los Tribunales de Justicia a realizar una investigación imparcial y seria respecto a los hechos denunciados, para a través de ésta evidenciar la inocencia de los miembros del Colectivo Mapuexpress de los hechos que se les imputan, ya que ellas y ellos solo han cumplido con su rol de informar.

Temuco, 27 de julio de 2017.

 

Coordinación Organizaciones de Derechos Humanos Región de La Araucanía

• Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía
• Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche
• Centro de Investigación y Defensa del Sur (CID Sur)
• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH)
• Comisión Ética contra la Tortura – Temuco
• Observatorio Ciudadano
• Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA)

Las respuestas estatales que buscan restringir las protestas a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática.

Santiago, París, 12 de julio de 2017.- La FIDH y su liga miembro en Chile el Observatorio Ciudadano, hacen un llamado a los senadores y senadoras chilenas a que en la discusión particular que tendrá lugar ante el pleno del Senado de la República, respalden con decisión el proyecto de ley que regula la despenalización del aborto por tres causales, como un primer paso hacia la garantía de los derechos de las mujeres en Chile conforme las recomendaciones y decisiones de los órganos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El largo tiempo de discusión del proyecto de ley ante el Congreso Nacional y el texto que han aprobado las comisiones de trabajo legislativo, deja serias preocupaciones sobre lo que será la aplicación real de esta Ley, pues hubo importantes modificaciones y nuevos requisitos que se alejan de la proposición inicialmente presentada. Sin embargo es un avance que como mínimo se pueda permitir el aborto en los tres casos extremos previstos: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad letal del feto y en caso de violación.

Lamentando el carácter incompleto de este avance, el Vicepresidente de la FIDH Juan Francisco Soto declaró «El levantamiento de la prohibición del aborto en estos tres casos, obviamente, sería preferible a la prohibición heredada de la dictadura de Pinochet. Pero no es suficiente para proteger los derechos humanos de las mujeres! Chile debe garantizar el acceso de todas las mujeres y niñas al aborto legal y seguro, así como su derecho pleno a decidir”.

Además, es fundamental que el Parlamento en su conjunto envíe una señal directa y clara a la sociedad chilena y a la comunidad internacional sobre su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y rechacen las graves modificaciones realizadas al proyecto de ley inicial presentado por el gobierno de Bachelet, como por ejemplo, la extensión de la objeción de conciencia a cualquier miembro del equipo médico, pues ella debe ser sólo para el médico y su uso estrictamente regulado. Tal modificación, iniciada por fuerzas conservadoras  y religiosas, aleja la Ley de lo que debería ser su primera prioridad, es decir la necesidad fundamental de garantizar el acceso libre de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva.

“Este proyecto está lejos de ser ideal, pero ya es hora de que Chile salga de la lista de los 7 países de América Latina (1) que prohíben totalmente el aborto y que el Congreso y la sociedad chilena empiecen a trazar el camino para garantizar a las mujeres, que son más de la mitad de la población, el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la no-discriminación, a la igualdad sustancial, a la intimidad y al más alto nivel posible de salud física y mental.” Señaló Elsie Monge, Vicepresidenta de la FIDH.

Cómo se señaló durante la misión de la FIDH a Chile en enero de este año, la criminalización del aborto en Chile constituye una violación grave a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que deberían ser promovidos y protegidos por el Estado chileno como todos los derechos humanos. En la realidad, la criminalización impone graves riesgos a la salud y la vida de las mujeres y niñas que deciden abortar, especialmente cuando no cuentan con los recursos y la información para acceder a un aborto legal y seguro. Además, se ven expuestas a ser denunciadas por médicos y personal de salud y a enfrentar riesgos de persecución penal, que vulneran particularmente a las mujeres pobres, a las jóvenes, a las mujeres migrantes y a las mujeres indígenas.

La FIDH espera que la aprobación de este proyecto de ley, vaya acompañado de otro tipo de medidas como la ratificación por Chile del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, principal instrumento jurídico internacional relativo a los derechos de las mujeres, del cual Chile es parte desde 1989 y cuyo trámite se encuentra en el Senado para aprobación desde 2001. La aplicación de este Protocolo permitiría que individuos puedan acudir directamente ante el Comité que vigila la CEDAW en caso de violaciones graves o sistemáticas de Chile de las obligaciones contenidas en el tratado.

(1) Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haiti, Honduras y Surinam.

Contacto prensa:

• Natalia YAYA
• nyaya@fidh.org / celular: +33649572501

Legisladores deberán resolver si se permite a la minería seguir usando los recursos hídricos, solo informando y sin solicitar autorización, como sí es la obligación de otros sectores productivos.

Dos figuras fundamentales para avanzar hacia un estatus de bienes públicos en el acceso y la gestión de las aguas se votarán este martes 13 de junio en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que integran Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Francisco Charran (RN), Víctor  Pérez (UDI), Isabel Allende (PS) y Jorge Pizarro (DC).

Esto, luego que durante la última sesión se confirmara la extinción de los derechos de agua en caso de que sus tenedores no los utilicen por un tiempo determinado.  Una variación a lo aprobado por la Cámara de Diputados lo introdujo vía indicación el Ejecutivo, que en respuesta al lobby empresarial amplió el período para aplicar la causal de cuatro a cinco años para los consuntivos y de ocho a diez para los no consuntivos.

En la votación de mañana se abordará el artículo 6º, que instaura la temporalidad de los nuevos derechos de agua y pone fin al otorgamiento a perpetuidad instituido por el Código de Aguas de 1981.  De avanzarse en este articulado las autorizaciones que otorgue la autoridad serán, en la práctica, concesiones de 30 años con posibilidad de prórroga.

El carácter indefinido sí se mantendría para los derechos ya otorgados, por poseer estos protección constitucional bajo el artículo 19 Nº 24.  Si el Estado quisiera recuperarlos tendría que proceder a su expropiación (con el consiguiente pago), aunque estos fueron otorgados a los particulares gratuitamente.   La temporalidad debía resolverse en la sesión del 6 de junio, pero fue postergada a solicitud de los senadores Chahuan e Iván Moreira (en reemplazo de Víctor Pérez), quienes anunciaron reserva de constitucionalidad por afectarse, según ellos, el sentido de propiedad de las aguas.

Otro de los temas a abordar será el de las “aguas del minero”, uno de los más críticos de la reforma.  El término del principal privilegio de este sector sobre los recursos hídricos, conocido también como “aguas halladas”, ha sido defendido por el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería.  Este les permite usar las aguas sin la obligación de informar ni solicitar autorización a la Dirección General de Aguas (DGA), en el área de sus exploraciones y faenas, lo que sí se exige a todos los otros sectores productivos.

Se trata del artículo 56 del Código de Aguas, que durante su discusión en la Cámara de Diputados fue motivo de controversia producto del apoyo que entregara el diputado Jorge Insunza (PPD), junto a la derecha, a la mantención de dicha prerrogativa de las mineras.

Aunque el tema fue posteriormente revertido por los propios diputados, en términos de establecer la obligación de informar sobre las “aguas halladas” y de solicitar autorización en caso de utilizarlas (pudiendo la DGA negar el permiso cuando se pusiera en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros), el comportamiento del ex legislador fue cuestionado por apoyar iniciativas legales pro minería durante su participación en la respectiva comisión, mientras en paralelo vendía informes a Antofagasta Minerals, de Andrónico Luksic.

Hoy el Ejecutivo, mediante una indicación, busca eliminar la obligación de las mineras de solicitar la autorización para el uso de estos recursos hídricos.

• La sesión será transmitida en vivo desde las 10:30 horas por www.tv.senado.cl

En el año del décimo aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) le preguntamos a José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano de Chile, sobre su impacto en América Latina. Los invitamos a leer su análisis y recomendaciones para su uso estratégico.

IWGIA: ¿ Cuáles han sido los mayores avances que la Declaración ha propiciado en América Latina?
José Aylwin: El impacto de la Declaración se ha manifestado de diversas maneras. Sus disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas referidas a la propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional, han influenciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos. De la misma manera la Declaracion ha incidido de manera determinante en la jurisprudencia de esta Corte  referida al derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado frente a planes de desarrollo que afecten sus tierras, territorios  y recursos (Saramaka vs. Surinam (2007); Sarayaku vs Ecuador, 2012). Igualmente ha incidido en el reconocimiento constitucional de los derechos que esta establece en las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).  En esta ultimo caso se ha reconocido el derecho que estos pueblos  tienen a la libre determinación. Tambien ha sido invocada en fallos de tribunales domesticos en diversos estados de la región. Aunque el rezago en la política pública sigue siendo muy grave, la Declaración ha incidido en las políticas de demarcación y titulación de tierras indígenas.

IWGIA:  ¿Recuerdas cuál fue tu reacción personal cuando 10 años atrás se aprobaba en la ONU la Declaración?
José Aylwin: Al igual que en el caso de muchos representantes de pueblos indígenas en la región que se involucraron en el proceso de su aprobación, mi reacción fue de mucha satisfacción. Fueron muchos años los dedicados por organizaciones de pueblos indígenas de todo el mundo , incluyendo América Latina, para sacar la Declaración. Ello desde la creación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas a comienzos de la década de los 80. Fue una demostración de la efectividad de la actoría indígena en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos que les es aplicable.

IWGIA: ¿Qué significa la Declaración para el futuro de los pueblos indígenas en América Latina?
La Declaración debería orientar la relación entre los pueblos indígenas y los estados de la región a futuro. Ella debe orientar la deconstrucción del llamado “Estado-Nación”, para dar paso a nuevos estados plurinacionales, que, más allá de la retorica, permitan nuevas formas de relacionamiento. Ello en particular   en el plano político, a  través de mecanismos que permitan ejercer la libre determinación indígena,   y de participación en el Estado cuando así los pueblos indígenas lo decidan. También en materia cultural, de sistemas de justicia propios, de definición de prioridades en materia de desarrollo.

IWGIA: ¿En tu opinión cuáles son los casos judiciales más representativos que sirven como guía y precedente en relación a la Declaración?
José Aylwin: Además de los casos antes referidos que han sido resueltos por la Corte IDH acogiendo disposiciones de la Declaracion, también podemos referir a la jurisprudencia domestica de los Estados.De especial importancia en este sentido es la jurisprudencia constitucional de Colombia relativa a consulta de proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas. Así por ejemplo, la Corte Constitucional de ese país dispuso que, tratándose de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto en los territorios indígenas,   el Estado no debe solo consultar sino también obtener su consentimiento previo, libre e informado (Corte Constitucional, Sentencia T-769/09 recaída en el caso Álvaro Bailarín y otros.)  Más recientemente, una sentencia de la misma Corte Constitucional ha reafirmado esta jurisprudencia al ordenar realizar en forma debida la consulta buscando obtener el consentimiento previo, libre e informado en torno a tres proyectos que afectaban al pueblo indígena embera katío: la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá y una concesión minera.  La sentencia ordenó también detener la ejecución de tales proyectos en tanto no se realicen las consultas correspondientes a los pueblos indígenas afectados. (Corte Constitucional Colombia, Sentencia número T-129, de 3 de marzo del 2011).

IWGIA: ¿Cuáles son los desafíos presentes para cerrar las brechas de implementación en América Latina?
José Aylwin: Uno de los ámbitos más críticos para la plena vigencia de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Declaración es el referido a  la imposición  a los pueblos indígenas por parte de los Estados  de su visión y  planes de desarrollo, los que se imponen sobre los planes de vida de los pueblos indígenas, generando conflictividad y protesta. Se trata de  planes generalmente basados en la explotación de los recursos naturales ubicados en las tierras y territorios de ocupación tradicional indígena y que afectan gravemente sus formas de vida y costumbres. La principal brecha de implementación en la región es la referida a la protección de los territorios indígenas de esta actividad extractiva, así como de su derecho a definir prioridades en materia de desarrollo.

IWGIA: ¿Cuáles son tus recomendaciones a las comunidades locales, abogados y defensores de los derechos de los pueblos indígenas para el uso estratégico de la Declaración a nivel local?
José Aylwin: Mi principal  recomendación es en primer termino la difusión y la enseñanza de sus contenidos fundamentales, asi como de su valor jurídico. Junto a ello se recomienda su utilización e invocación ante todas las instancias estatales, teniendo presente que estos, y por lo mismo sus órganos, se comprometieron a promover su plena aplicación (artículo 42).

• “La desigualdad es uno de los rasgos distintivos de la sociedad chilena y esto es claramente en la situación de la vivienda en el país”, agregó la Relatora en su diagnóstico.

• Sobre la situación de pueblos indígenas, destacó los desafíos que existen en reparación y restitución, donde Chile evidencia retrasos respecto de otros países, y la discriminación que evidencian casos como el vertedero Boyeco en Temuco, colindante a comunidades indígenas.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 28 abril 2017

La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, ofreció hoy una conferencia de prensa para entregar las impresiones preliminares de su misión a oficial a Chile para conocer en terreno el estado de la implementación de este derecho, la que incluyó actividades en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta, sosteniendo reuniones con autoridades, organizaciones y afectados durante los diez días que consideró su visita.

Farha fue destacó entre sus principales conclusiones, que “es claro que en Chile, desde la dictadura hasta ahora, la vivienda es vista básicamente entendida como un commodity y no como un derecho humano. Es esto lo que hay que cambiar de modo urgente. La commodificación de la vivienda […], tiene importantes efectos sobre los grupos vulnerables, generando una realidad segregada en Chile donde los ricos y pobres no se mezclan. Es esta prominencia de una industria de la construcción e inmobiliaria, la que produce desplazamientos a ghettos”, sostuvo.

“Esta discriminación socioeconómica que se ha mezclado además con la migración, que ha tenido un aumento del 200% aumento en los últimos años. He escuchado historias muy conmovedoras, sobre las situaciones a las que se ven expuestos para poder acceder a una vivienda. Además enfrentan un tratamiento discriminatorio, basado en estereotipos y estigmatización, algo similar a lo que experimentan y ocurre con los pueblos indígenas”. A modo de ejemplo citó el caso del vertedero Boyeco en Temuco, construido en forma colindante a comunidades mapuche que vive en esos terrenos, por decisión municipal. “Los trataron como desechos”, destacó.

Entre las poblaciones vulnerables, la relatora se refirió también a la población en situación de calle, “quienes no se ven como poseedores de derechos, como es el derecho a acceder a una vivienda, sino como destinatario asistencia en condición de indigencia”. En la misma línea, se refirió a la situación de campamentos y asentamientos humanos, como Arenales en Antofagasta o en la periferia de Viña del Mar, donde no hay acceso a servicios básicos, como luz y agua, no acceso a programas sociales de ninguna naturaleza”.

En cuanto a las recomendaciones, Farha destacó entre los cambios estructurales urgentes, una reforma constitucional que incorpore el derecho a la vivienda y los DESC de acuerdo a los estándares internacionales. Asimismo, que esta reconozca a los pueblos indígenas, y su condición de tenedores de derechos humanos particulares”.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, relevó de las observaciones de la Relatora precisamente este aspecto Especial, señalando que “este derecho al que Chile se comprometió a dar cumplimiento al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, no solo no se encuentra protegido jurídicamente, sino tampoco en su política pública”.

Aylwin destaca también que si bien se valora como aspecto positivo los recursos destinados al sector vivienda en las últimas dos décadas, “la Relatora cuestiona el que lo haga desde una perspectiva de mercado y no de derecho humanos. También rescata el elevado porcentaje de propietarios de vivienda. Sin embargo, identifica aspectos muy preocupantes en relación al acceso de la población a la vivienda adecuada, incluyendo cuestiones como la ubicación de las viviendas, para sectores pobres, lo que genera marginación. Además del déficit que existe en garantizar el acceso a los servicios e infraestructura de vivienda para los mismos sectores”.

Aylwin también se refirió al llamado de atención de la Relatora sobre la situación de discriminación que afecta a la población migrante, “la que no puede acceder a los programas habitaciones del estado y se encuentra viviendo en campamentos donde viven cotidianamente la violencia».

Finalmente, otra situación que preocupa “y que pudimos observar durante su visita a Temuco, es la de los problemas asociados a la falta de pertinencia cultural de los programas de vivienda para la población mapuche, la de la limitantes en el acceso a la vivienda generados por la falta de seguridad en la población mapuche en la tenencia de la tierra. En relación a la población mapuche, también preocupa a la Relatora la masividad del problema de la falta de acceso al agua potable que la población rural de la Araucanía, en su mayoría mapuche, como consecuencia de los impactos de las plantaciones forestales apoyadas económicamente por el Estado. También la operación de vertederos como Boyeco en tierras de comunidades mapuche”, añadió.

“Todo lo anterior debería llevar al Estado, y a los órganos legisladores, a reconocer y proteger de un modo efectivo este derecho humano fundamental, terminando con la visión de mercado que hasta ahora ha prevalecido en materia de vivienda, haciéndolo exigible como tal. También debería llevar a un rediseño su política de vivienda, para asegurar el acceso efectivo a la vivienda y a los servicios asociados por parte de los sectores hasta ahora excluidos”, concluyó Aylwin.

Informe de conclusiones preliminares de la Relatora Especial, disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21544&LangID=S

Relatora Especial durante su vista a comunidades de Temuco

Reunión con organizaciones en Temuco

Relatora Especial tras conferencia de prensa en CEPAL