Las indicaciones son una construcción colectiva, basada en estándares internacionales de derechos humanos, indígenas y de conservación, que buscan sean incorporados a la normativa en discusión parlamentaria.

El pasado lunes el Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a representantes de comunidades indígenas, presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente del senado un conjunto de observaciones y propuestas de modificación a introducir al Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº 9.404-12), que esta tramita actualmente.

Las indicaciones que se formulan al proyecto, se basan en estándares internacionales de derechos humanos, de pueblos indígenas y de conservación, proponiendo redacciones alternativas a su texto en temas relativos al principio participativo, el reconocimiento adecuado de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, la participación en la gestión, la modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado, la elaboración de informes de aspectos culturales previo a la creación de un área protegida, el procedimiento para la elaboración de planes de manejo de área protegidas, la creación de áreas protegidas de propiedad privada y las infracciones a los instrumentos de conservación de la biodiversidad.

En la sesión participaron Lorena Arce, coordinadora del Consorcio TICCA para el Cono Sur, y José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, exponiendo estos estándares y sobre los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA). Además se realizaron exposiciones de experiencias de conservación de biodiversidad indígenas en Chile, por parte de Leciticia González, quien dio cuenta de la experiencia de comanejo -o gestión compartida de áreas protegidas- del pueblo atacameño; Joaquín Miliñir, en el caso de la Comunidad de Quinquén, y Carolina Huenucoy, de la comunidad kawésqar de Puerto Edén, respecto de los problemas de superposición del Parque Nacional Bernando O’ Higgins sobre las tierras y mares de uso tradicional de este pueblo.

Tras la reunión Lorena Arce señaló que “las propuestas que presentamos en esta sesión son el resultado de un largo proceso en el que hemos estado trabajando con representantes de diversas comunidades para que este proyecto de ley logre reconocer de manera apropiada los aportes que hacen las comunidadedes, tanto indígenas como locales, a la conservación de la biodiversidad. Agregó que “es importante que entendamos que la conservación no se logra sólo a través de las áreas protegidas del estado o recientemente de privados, sino que existen otros medios, como las prácticas, los usos consuetudinarios y los conocimientos tradicionales, que han demostrado ser efectivos para la protección y conservación de la naturaleza”.

Por su parte José Aylwin sostuvo que “a través de estas propuestas las organizaciones que las suscribimos queremos poner énfasis en que la conservación de la biodiversidad no se puede seguir haciendo de espaldas a los pueblos indígenas y comunidades locales y vulnerando sus derechos”.

Aylwin agregó que “si bien el proyecto en debate reconocía la figura de las áreas de conservación indígena, inicialmente no considerada, esta es muy insuficiente por cuanto considera solo las tierras de propiedad legal de las comunidades. En consonancia con las directrices internacionales se propone la inclusión de la figura de los territorios indígenas de conservación y areas conservadas por comunidades locales, las que abarcan tanto areas terrestres como marítimas, tanto de propiedad legal como de uso tradicional”.

París-Ginebra-Temuco, 18 de octubre de 2017 – El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, concluye que las graves irregularidades observadas en el proceso Lucksinger-Mackay en contra de la defensora de derechos humanos la Machi Francisca Linconao y de los diez comuneros mapuches, debe impedir su condena.

El día de hoy el Observatorio, publica una nota con las principales constataciones realizadas luego de la Misión de Observación Judicial, que realizó del 2 al 6 de octubre 2017, en la que se concluye que hay una indebida aplicación de la Ley Antiterrorista contra las 11 personas, así como graves irregularidades a lo largo del Proceso penal. Destaca por ejemplo el hecho de que la acusación contra los comuneros mapuches no contiene una descripción clara, detallada y circunstanciada sobre las condiciones de tiempo y lugar de los hechos y las conductas atribuidas a cada uno de ellos. Igualmente, resulta preocupante que la acusación se realizó casi exclusivamente a través de un único testimonio, que, según manifestaciones realizadas en el proceso judicial, habría sido obtenido bajo coacción por parte de miembros de fuerzas de seguridad a una persona, al parecer con algún grado de discapacidad cognitiva. Finalmente, destaca el hecho de que la acusación se dirigió en contra de un grupo de personas que a la fecha de los hechos no se conocían entre sí.

“Constatamos que leyes de excepción antiterroristas y de inteligencia están siendo aplicadas para perseguir a personas defensoras del pueblo mapuche, en particular a sus líderes, teniendo como consecuencia el debilitamiento de las demandas territoriales de los mapuches y el estancamiento de las medidas necesarias para garantizar el goce de sus derechos internacionalmente reconocidos”, señaló Diana Murcia, abogada penalista colombiana experta en Derechos Humanos y miembro de la Misión.

Las fallas en el sistema, las prácticas del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones y la demora legislativa y ejecutiva para tomar cartas en el asunto, producen múltiples víctimas de estos procedimientos. En primer lugar, se victimiza al  pueblo mapuche bajo la etiqueta de terrorista, debilitando sus estructuras y reforzando un contexto general de impunidad. En segundo lugar, las víctimas de los delitos investigados y sus familiares no acceden a la garantía de justicia, pues se investiga y juzga a quienes no son autores de las infracciones penales. En tercer lugar, a la sociedad en su conjunto no encuentra salvaguarda en los organismos de investigación judicial. Finalmente, el conjunto del Estado se ve afectado al involucrarse ingentes recursos en acciones judiciales desgastantes y fallidas.

El documento contiene recomendaciones para asegurar plenas garantías para las actividades de las personas defensoras de derechos humanos del pueblo mapuche y garantizar los derechos del pueblo mapuche, así como de las personas sometidas a procesos penales bajo la Ley Antiterrorista.

“El encuentro con otros comuneros mapuches afectados en otros procesos por terrorismo y de miembros de la comunidad, nos permite afirmar que existe un patrón institucional de persecución penal bajo las leyes de excepción que ha vinculado indebidamente al pueblo mapuche y las y los defensores de sus derechos con el terrorismo penetrando el imaginario de la opinión pública y de la sociedad civil sobre este pueblo indígena”, señaló Matias Duarte, abogado penalista argentino experto en Derechos Humanos y miembro de la Misión.

La Misión durante su estancia en Temuco se entrevistó con la defensora de derechos humanos, la Machi Francisca Linconao y los comuneros mapuches acusados en este y otros casos, con sus abogados, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, la Intendencia Regional que representa al Poder Ejecutivo Nacional como querellante en el juicio y con el jefe de los Fiscales de la Región de la Araucania.

Contexto

El juicio se origina por hechos ocurridos el día 4 de enero del año 2013 en los que Werner Luchsinger y Vivianne Mackay fallecieron como consecuencia del ataque incendiario de su vivienda ubicada en el Fundo Granja Lumahue, predio que se encuentra dentro del territorio de ocupación tradicional indígena. Los once mapuches fueron acusados por el hecho en un proceso judicial en el que se invocó la Ley Antiterrorista utilizando como argumento la supuesta finalidad de “compeler a los agricultores de la región a hacer abandono de sus predios”.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Se adjunta informe

Para obtener más información, por favor contacten con:

• FIDH: Audrey Couprie/ Samuel Hanryon: (+ 33) 1 43 55 25 18; José Carlos Thissen: +51 95 41 31 650
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui (+41) 22 809 49 39

Integrantes de la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria (CSCP), se reunieron con el Ministro de Medio Ambiente para entregarle el documento “Diagnóstico y Propuestas para una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. En la reunión los distintos participantes de la comisión, expusieron a grandes rasgos las propuestas del documento y sus principales preocupaciones ante una reforma al SEIA.

En la instancia el parlamentario Daniel Melo (PS), le manifestó al Ministro Marcelo Mena, que la CSCP, nació como una comisión paralela a la comisión creada por la Presidenta, debido a la mínima representación del mundo ambiental, ciudadano y del trabajo, así como la sobre representación del mundo empresarial en dicha instancia presidencial, Sobre las propuestas, el parlamentario indicó, la necesidad de una reforma que equilibre los desbalances del sistema y que evalué los proyectos de mejor manera, elevando los estándares de la participación ciudadana.

En la misma línea Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable, manifestó que” la reciente crisis de desempeño del SEIA en los casos de Til Til y Dominga , debido a la concentracion territorial de cargas ambientales, y el intervencionismo de los superiores jerarquicos del SEA respectivamente, constituyen un llamado urgente  a la presidenta  para avanzar hacia un Sistema de Evaluacion Ambiental   con un estantar OECD, que incluya criterios de ordenamiento territorial, y participacion ciudadana  incidente y vinculante. Chile no puede perpetuar un sistema que  impone proyectos  contra la voluntad de las comunidades y sin trasparentar como se evitaran los impactos ambientales”

Por su parte Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señaló “Nuestro principal interés es que los proyectos que ingresan al SEIA sean evaluados incorporando todas las visiones necesarias, pero con especial vista a la necesidad de prevenir daños ambientale. Por eso, nos parece que si vamos a reformular esta instancia, el proceso debe considerar las propuestas de todos y no solo aquellas representativas de los titulares de los proyectos. En ese sentido, el trabajo de esta mesa ha sido muy abierto y esperamos que nuestras propuestas sean acogidas, así como que se haga un proceso abierto de participación ciudadana respecto de las mismas”.

Así mismo, Doris Sandoval y Carlos Sierralta, representantes de los trabajadores y dirigentes de FENATRAMA, indicaron que una reforma al SEIA requiere de la participación activa de los trabajadores, esto porque son ellos quienes conocen las falencias del sistema, así como el dónde se pueden mejorar los procesos.

 “Entendemos que nuestro rol dirigencial considera también, la capacidad de ejercer la crítica y autocrítica responsable, respecto de los procesos en los que participamos directamente como funcionarios/as; y desarrollar opinión sobre el perfeccionamiento de la evaluación ambiental en Chile. De igual forma, nuestro norte es la defensa del rol técnico de nuestro accionar, el respeto de las decisiones técnicas tomadas en las regiones y la profundización de la participación ciudadana”,  indicó la Directora de FENATRAMA Doris Sandoval.

Tras escuchar a los comisionados, el Ministro de Medio Ambiente señaló que las mejoras al SEIA se harían en tres líneas de trabajo, la primera en relación a un instructivo presidencial que permita ordenar la tramitación de los proyectos: en una segunda línea la modificación del reglamento en cuanto a la agilización de proyectos y mejoras a la participación ciudadana;  y una tercera línea sería un proyecto de ley que mejore procedimientos, entre ellos la participación ciudadana.

Por último, como resultado de la reunión, el Ministro abrió la posibilidad de realizar un proceso de participación ciudadana para las reformas reglamentarias, así como se planteó la posibilidad de un trabajo conjunto, con el fin de hacer un cruce entre las propuestas planteadas por la CSCP y la Comisión Presidencial, que permitan realizar una reforma equilibrada con la representación de los diversos mundos que son afectados por los proyectos de inversión a evaluar.

Con el lema “Por un sistema de reparto solidario”, la Coordinadora No más AFP se prepara para concretar el plebiscito nacional convocado para este 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, que permitirá a los participantes elegir entre dos opciones: el actual sistema de capitalización individual, o un modelo solidario y tripartito.

Los organizadores informaron que se utilizará como base de datos el padrón del Servicio Electoral (SERVEL), el mismo que servirá para el sufragio presidencial del próximo 19 de noviembre; por tanto, las condiciones de quienes pueden votar serán similares a las que se exigen en elecciones legales.

Es decir, podrán ejercer su derecho a votar chilenas y chilenos mayores de 18 años, las y los extranjeras(os) residentes que cuenten con cédula de identidad, además de las y los chilenas(os) residentes en el extranjero inscritos en el SERVEL.

La votación tendrá dos modalidades: votación en línea (o remota) y votación presencial.

En caso de optar por la vía Internet, se debe ingresar a la plataforma www.plebiscitopensiones.cl, donde deberá ingresar RUT y correo electrónico para, luego, recibir una notificación con el enlace a su voto virtual.

En caso de optar por la forma presencial, se debe acercar con su cédula de identidad a un lugar de votación y sufragar en la urna preparada para ello.

Gabriela Farías, presidenta de FENPRUSS e integrante ejecutiva de la Coordinadora No+AFP, indicó que un conjunto de expertos han ideado unsoftware base para aglutinar información y que cuenta con un sistema de seguridad para evitar la duplicidad de votos.

“Tenemos el apoyo de ingenieros informáticos y expertos en el área, quienes desarrollaron una plataforma para el proceso; esta tiene ingresado el padrón electoral auditado y nosotros ya hemos hecho pruebas; por ejemplo, si sufragué en la página y pretendo ir a votar a la mesa, aparecerá un mensaje advirtiendo que la persona ya votó, con información detallada, a fin de evitar que haya duplicidades”, explicó.

La integrante de la Coordinadora No+AFP agregó que los lugares de votación estarán operativos en casi todas la comunas del País, de Arica a Punta Arenas, establecidos en hospitales públicos, cesfam, universidades, sindicatos, y en diversos otros puntos, tales como plazas públicas, ferias, supermercados, escuelas, estaciones del Metro, etcétera.

Gabriela Farías precisó que los resultados sólo se darán conocer al final del último día de votación, es decir, el lunes uno de octubre.

“En los días intermedios, nosotros tendremos un registro de cantidad de votantes y mesas constituidas, pero no de resultados. El sistema computacional permite el acceso autorizado a esa información de manera rápida, con el fin de ir confeccionando reportes que lleguen desde las diferentes regiones y los mismos que arroje el sistema”, subrayó.

La presidenta de FENPRUSS agregó que contarán con coordinadores comunales, apoderados y vocales de mesa en todos los lugares de votación presencial, más veedores, quienes estarán dirigidos por el presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza, todo con el fin de asegurar transparencia y correcto desarrollo del proceso.

Cómo votar por Internet

1. Ingresa a la página www.plebiscitopensiones.cl
2. Una vez en el sitio, ingresa tu RUT personal y dirección de correo electrónico.
3. En tu casilla [mail] recibirás un enlace, enviado por el sistema.
4. Al pinchar el enlace, se abrirá automáticamente el voto, en el que podrás marcar tu preferencia:

Sí más AFP

o bien…

No+AFP

Fuentes:

• Cómo votar en el plebiscito nacional convocado por la Coordinadora No más AFP
• Vote en el plebiscito sobre las AFP

París, Temuco 27 de septiembre de 2017.- La FIDH y el Observatorio Ciudadano manifiestan su preocupación y condena por la intensificación del uso de la ley sobre conductas terroristas por parte del Estado de Chile para perseguir a integrantes del pueblo mapuche, varios de ellos defensores de derechos humanos. Asimismo, por el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas policiales en contra de personas mapuche, afectando en varios casos a niños y niñas. Frente a esta situación la FIDH enviará una misión de urgencia a Chile del 2 al 6 de octubre de 2017.

En la actualidad la legislación antiterrorista está siendo utilizada contra 23 mapuches en distintos casos en que se les imputa la comisión de delitos terroristas, entre ellos los delitos de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, el delito de incendio terrorista, y el delito de asociación ilícita terrorista. Un caso emblemático es el que se sigue por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay donde el Ministerio Público ha solicitado para 10 de los imputados mapuche, incluyendo la machi y autoridad tradicional del pueblo mapuche, Francisca Linconao, una pena de presidio perpetuo. Cabe señalar que en este proceso que se sustancia por el Tribunal Oral en lo Penal en Temuco, y en el cual actúa como querellante el Ministerio del Interior, la mayoría de los imputados lleva un año y seis meses de prisión preventiva, sin pruebas serias, y en abierta violación del derecho a la presunción de inocencia.

Otro caso es el del procesamiento de Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trolcol, todos ellos integrantes del pueblo mapuche, quienes fueron detenidos en junio de 2016 bajo acusación por parte del Ministerio Público y del gobierno de haber cometido un delito de incendio con carácter terrorista. Dichas detenciones fueron resultado de la apertura de una investigación como consecuencia del ataque ocurrido contra una iglesia evangélica en la localidad Padre Las Casas ese mismo mes. Desde entonces, los acusados se encuentran sometidos a prisión preventiva en el marco de un proceso que ha superado 15 meses de duración.

En protesta ante esta situación, los comuneros mapuche iniciaron hace 112 días una huelga de hambre para visibilidad a su caso y exigir el reconocimiento de su derecho a un juicio justo, celebrado en plazo razonable, la no aplicación de la ley sobre conductas terroristas y no utilización de testigos de identidad protegida, así como la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva a que se encuentran sometidos en la actualidad. Informes del Colegio Médico de Chile dan cuenta de la perdida sostenida de peso por parte de los huelguistas, y del deterioro de sus funciones vitales, todo lo cual hace temer por sus vidas. No obstante, el gobierno hasta ahora no ha depuesto su querella, y persiste en su procesamiento por la ley sobre conductas terroristas.

La situación se ha agudizado desde el 23 de septiembre pasado, razón por la cual la FIDH ha decidido organizar esta misión de observación de urgencia, cuando en una operación policial y de inteligencia denominada “huracán”, se detuvo a ocho dirigentes y autoridades tradicionales mapuche acusados de los delitos de incendio y asociación ilícita terrorista considerados en la legislación referida. La detención, que se realiza luego de una reunión de coordinación de las policías, Ministerio Público, Ministerio del Interior e incluso jueces, se hizo sobre la base de una orden verbal y no escrita, con fuertes contingencias que ejercieron violencia desproporcionada. En tres de los casos de detención estaban presentes niños y niñas, los que en algunos casos fueron encañonados, en otros huyeron buscando refugio en lugares aledaños. Como parte de este operativo se allanó un hogar estudiantil y se desalojó un campamento pacífico que se había establecido frente a la cárcel pública de Temuco, en solidaridad con los presos mapuche en huelga de hambre.

El comportamiento abusivo de las policías chilenas en operativos que involucran a comunidades mapuche ha sido una práctica reiterada. Por lo mismo ha sido representado al Estado de Chile por entre otros órganos, por el Comité Contra la Tortura (2009), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2013), y el Comité de Derechos Humanos (2014). Es preciso recordar que el Estado de Chile fue condenado por la CIDH en el marco del caso “Norin Catriman y otros vs la República de Chile” por violaciones del principio de igualdad y no discriminación y del derecho de defensa, como consecuencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista contra 8 activistas y líderes mapuche, ley calificada por el propio Tribunal como violatoria del principio de legalidad y del principio a la presunción de inocencia.

La FIDH y el Observatorio Ciudadano solicitan al Estado de Chile que desista en su voluntad de calificar como terroristas los actos enjuiciados en estos casos y garantice el respeto de los derechos de los acusados a la presunción de inocencia y a un juicio justo. La FIDH solicita también la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas que resulten acordes a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a dicha jurisprudencia, los Estados al interpretar y aplicar su normativa interna deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural, añadiendo que la duración prolongada de la prisión preventiva puede afectar de manera diferenciada a los miembros de los pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales.

Finalmente solicitamos al gobierno de Chile que, en vez de privilegiar la política criminal y policial para perseguir presuntos delitos que puedan cometerse en el contexto de la protesta social mapuche, asuma las obligaciones que ha contraído al ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígena y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y de pasos ciertos hacia el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche, hasta ahora denegados, única manera de garantizar una paz estable en esta parte del país.

CHILE: Estado chileno debe abstenerse de utilizar la Ley Antiterrorista en juicio a Machi Linconao y Mapuches

París-Temuco-Ginebra, 22 de agosto de 2017 – El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y la organización miembro de la FIDH y de la OMCT en Chile, el Observatorio Ciudadano, manifiestan su preocupación por el juicio oral por delitos de carácter terrorista que comenzó ayer en contra de diez comuneros mapuche y la Machi Francisca Linconao (autoridad espiritual tradicional del pueblo mapuche), reconocida defensora de derechos humanos del pueblo mapuche y de su territorio.

“Nos preocupa que se esté utilizando nuevamente la Ley Antiterrorista contra miembros del pueblo Mapuche, sus líderes y defensores como forma de estigmatizar y amedrentar las reivindicaciones de esta comunidad a sus territorios ancestrales”, señalaron las organizaciones.

Además de la utilización de la ley antiterrorista contra los acusados, desde la detención de la Machi Linconao^[1], han sido denunciadas por la comunidad y por sus abogados una serie de irregularidades, en torno del proceso. Es por ello que el Observatorio realizará una misión internacional de Observación judicial para presenciar directamente el juicio, documentarlo y denunciar las eventuales vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales que amparan a los acusados.

El Observatorio espera  que los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, que lideran el proceso, incluyan en su análisis la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado chileno el 29 de mayo de 2014, por haber violado los derechos fundamentales garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos a ocho miembros del pueblo Mapuche, a causa de la utilización de la Ley Antiterrorista en su contra. En la misma sentencia la Corte concluyó que al aplicarla a integrantes del pueblo mapuche el Estado de Chile violó, entre otros derechos,  la legalidad y presunción de inocencia, las garantías judiciales, y la libertad personal.^[2].

Igualmente el Observatorio exhorta a los jueces a tener en cuenta las Observaciones del Comité de Derechos Humanos, así como del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas^[3], los cuales han llamado a la reforma de la Ley antiterrorista chilena para que se abstenga de aplicarla en contra del pueblo Mapuche y para que adopte una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo para asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden en el marco de la lucha contra el terrorismo no estén dirigidos a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural.

En enero de este año el Observatorio ya había solicitado a las autoridades chilenas la libertad inmediata de la Machi Linconao, dado el grave estado de salud en que se encontraba, a causa de la huelga de hambre iniciada por ella para protestar por la decisión de la Corte de Apelaciones de mantenerla en prisión a pesar que el Juzgado de garantías de Temuco había accedido cuatro veces a su detención domiciliaria. Finalmente, la Machi se encuentra en detención domiciliaria.

Además de la acusación contra la defensora de derechos humanos, hay otros 10 acusados en este proceso judicial. El resto de acusados, todos miembros del Pueblo Mapuche, son José Arturo Cordova Tránsito, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef y Eliseo Catrilaf Romero, José Peralino Huinca. La mayoría de ellos llevan cerca de 18 meses de prisión preventiva, a pesar de que su libertad provisional fue solicitada en reiteradas oportunidades por los abogados defensores. Ello constituye una clara vulneración del derecho a la presunción de inocencia que les asiste de acuerdo al derecho internacional e interno referido a las garantías procesales.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para más información, por favor, contacten con:

• FIDH: Samuel Hanryon (Frances, Ingles): + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen (Español): + 51 95 41 31 650
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39

 

[1]                 La Sra. Francisca Linconao, de 59 años de edad, es Machi del sector Rahue, comunidad Pedro Linconao II, comuna del Padre de Las Casas, Región de la Araucanía, Chile.

[2]                https://www.fidh.org/es/region/americas/chile/15839-corte-interamericana-de-derechos-humanos-condena-a-chile-en-caso-mapuche

[3]                Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile, 13 de agosto de 2014, (CCPR/CHL/CO/6), Párr. 7 y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, Observaciones finales sobre los informes periódicos 19^o a 21^o de Chile, 30 de agosto de 2013, (CERD/C/CHL/CO/19-21), párr.14.

Frente a las puertas de la Cancillería, y entregando una declaración, la plataforma Chile Mejor sin TLC realizó el lanzamiento de su campaña “Moratoria a los Tratados de Libre Comercio” en el país. La iniciativa, que tiene como objetivo poner el tema en el debate de las candidaturas presidenciales y parlamentarias, es apoyada por las 120 organizaciones integrantes de la plataforma junto a otros actores sociales y políticos destacados.

Según indicaron sus voceros, la campaña busca principalmente hacer un llamado a detener la firma compulsiva de tratados de libre comercio por parte de Chile, lo cual implica no impulsar, firmar ni ratificar nuevos TLC mientras no se hagan estudios serios para evaluar los efectos de los ya implementados. Esto, en el marco de que el actual gobierno ha realizado una serie de negociaciones sin el conocimiento de la opinión pública y que la presidenta Michelle Bachelet pretende radicalizar este camino durante los meses que le restan de mandato.

Esteban Silva, de Fundación Constituyente XXI y miembro también de Chile Mejor sin TLC, comentó “que los candidatos presidenciales se pronuncien por la moratoria a los tratados de libre comercio es fundamental pues estos están muy vinculados al modelo de desarrollo que tiene Chile, a la generación de desigualdades y pasa desapercibido entre los ciudadanos respecto de su relación con el desarrollo, la pobreza, la productividad y el empleo”.

Haciendo un llamado a los actores políticos, el diputado Giorgio Jackson afirmó que “yo he sido muy crítico de poder firmar nuevos tratados de libre comercio, que de libre tienen muy poco, y por lo mismo apoyo esta idea de que se haga una moratoria a los tratados de libre comercio, es decir, que no haya nuevos tratados por parte de Chile hasta que no se haga una evaluación completa de los pros y los contras que esto ha traído para la economía en sus distintos niveles”, señaló Jackson.

Respecto a la falta de participación ciudadana en estas materias, Paulina Acevedo, de Observatorio Ciudadano y miembro de la plataforma Chile Mejor sin TLC, comentó que “el problema es que estos tratados son tramitados en completo secreto sin la posibilidad de hacer modificaciones una vez que el texto está ya acordado, y lo que es más importante, sin la participación de la ciudadanía y de otros actores relevantes para que puedan participar de forma incidente en la determinación de estos textos”. Acevedo propuso que “la decisión recaiga en todos y todas con una participación efectiva y por qué no, como ha ocurrido por ejemplo en el caso de Costa Rica, con plebiscitos nacionales para poder determinar su adopción”.

De igual manera, respecto a la urgente necesidad de evaluación de impacto, el ex candidato presidencial Alberto Mayol afirmó que “los tratados de libre comercio han sido pan para hoy y hambre para mañana, y mañana ya está muy cerca. En este momento tenemos que apoyar los requerimientos de terminar con toda firma de tratados de libre comercio mientras no se hayan hecho las evaluaciones correspondientes a los anteriores tratados”. Mayol hizo un llamado a establecer futuros criterios: “El modelo neoliberal es una cuna de problemas medioambientales, sociales, políticos, económicos y culturales, y en ese sentido es fundamental que se establezca un criterio: no más tratados de libre comercio mientras no se haya investigado si efectivamente cumplen con un rol relevante para el desarrollo integral de Chile”.

Por su parte, Carlos Figueroa de Revolución Democrática, comentó que “fortalecer hoy los acuerdos de libre comercio significa dar una señal clara de potenciar el modelo económico neoliberal que por años ha regido la politica internacional de Chile. Y por lo mismo, el trabajo que hemos venido haciendo desde las organizaciones sociales va en la dirección de hacer una reflexión y una pausa en el empuje a este libremercadismo extremo”.

Además, el senador Alejandro Navarro afirmó que “Chile no requiere más tratados de libre comercio, ni tampoco requiere una Cancillería abogando por el TPP. Aquí hay que hacer participar a la ciudadanía. Estos dos elementos han sido dañinos para la economía nacional y para la ciudadanía”.

Durante el lanzamiento de esta campaña, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) declaró que “hemos visto a lo largo de 20 años de tratados de libre comercio, que esto ha significado en realidad mejores condiciones y garantías para la operación de las empresas transnacionales en nuestro país y ha redundado en más privatización y más apropiación de los bienes comunes”. Cuenca alertó que estos tratados “van a ser un obstáculo para recuperar y ejercer políticas soberanas en materias de recuperación de bienes comunes de subsuelo, como los minerales y la recuperación del agua”.

Flavia Liberona, de Fundación Terram y miembro de Chile Mejor sin TLC planteó que “en el marco de transparencia y democracia que tenemos, hoy resulta imprescindible hacer una evaluación de los tratados y saber si éstos realmente han aportado al país o han generado más trabas para el desarrollo económico local de las personas, o han generado impactos ambientales”.

Desde RAP-Chile, Lucía Sepúlveda, también miembro de la plataforma, resalta la preocupación frente al Protocolo de Nagoya sobre recursos genéticos y repartición equitativa de beneficios. “Nuestra petición de moratoria incluye también el tema del Protocolo de Nagoya que es otro proyecto, otro tipo de convenio que el gobierno está tratando de impulsar sin consulta indígena tal como lo hizo con el TPP en su momento o con los otros tratados. Queremos que eso se detenga porque no ha habido participación de los sectores afectados”, afirma.

 

Contacto de prensa:

• Alejandra Petrasic
• +56988340468

La Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía, mediante declaración pública, dio a conocer su parecer ante la querrella por el delito de injurias, ante la difusión en dicho medio electrónico de un comunicado de  comunidades williche de Rupumeica en Lago Ranco y Maihue en Futrono, cuestionando la intervención de dicho territorio por parte de consultores del Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En la declaración, que entre otras organizaciones es suscrita por el Observatorio Ciudadano, se hace reconocimiento de la labor de Mapuexpress, condenando tajantemente el uso de la herramienta penal en su contra por el solo hecho de informar sobre la realidad que afecta a comunidades mapuche e instan a los tribunales de justicia a realizar una investigación imparcial y seria de los hechos denunciados.

A continuación reproducimos esta declaración:

Declaración Pública

Coordinación Organizaciones de Derechos Humanos Región de La Araucanía

Ante querella por el delito de Injurias presentada en contra del Colectivo Informativo Mapuexpress

Las organizaciones firmantes de esta declaración, miembros de la coordinación de organizaciones de derechos humanos de Temuco, deseamos mediante la presente declaración pública, comunicar nuestra preocupación ante la información relativa a la presentación de una querella por injurias graves interpuesta en contra del Colectivo Informativo Mapuexpress por parte de un particular, producto de la difusión en dicho medio de un comunicado público de comunidades williche de Rupumeica en Lago Ranco y Maihue en Futrono, cuestionando la intervención de dicho territorio por parte de consultores del Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo. Al respecto declaramos:

1.- Reconocemos y valoramos el trabajo realizado por Mapuexpress como medio de comunicación que desde sus inicios ha entregado y difundido información autónoma  respecto a los procesos vinculados a la lucha del Pueblo Mapuche por la reivindicación de sus derechos. Desde esa perspectiva es importante destacar el rol de Mapuexpress para hacer frente al cerco informativo que los medios de comunicación masiva han generado para informar de manea parcial respecto a la realidad de las reivindicaciones del Pueblo Mapuche. Además es necesario recalcar el constante compromiso de Mapuexpress con los Derechos Humanos y los Movimientos Sociales.

2.- Condenamos tajantemente la utilización del derecho penal como herramienta para perseguir a quiénes sólo ha cumplido con su rol de informar respecto de la realidad que viven Territorios y Comunidades Mapuche que reivindican sus derechos y se oponen a la imposición de “modelos de desarrollo” surgidos desde la hegemonía. Creemos que dicho acto de persecución penal es una forma de censura, y como tal, una seria vulneración al derecho a informar y a la libertad de expresión.

3.- Instamos a los Tribunales de Justicia a realizar una investigación imparcial y seria respecto a los hechos denunciados, para a través de ésta evidenciar la inocencia de los miembros del Colectivo Mapuexpress de los hechos que se les imputan, ya que ellas y ellos solo han cumplido con su rol de informar.

Temuco, 27 de julio de 2017.

 

Coordinación Organizaciones de Derechos Humanos Región de La Araucanía

• Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía
• Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche
• Centro de Investigación y Defensa del Sur (CID Sur)
• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH)
• Comisión Ética contra la Tortura – Temuco
• Observatorio Ciudadano
• Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA)

Las respuestas estatales que buscan restringir las protestas a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática.

Santiago, París, 12 de julio de 2017.- La FIDH y su liga miembro en Chile el Observatorio Ciudadano, hacen un llamado a los senadores y senadoras chilenas a que en la discusión particular que tendrá lugar ante el pleno del Senado de la República, respalden con decisión el proyecto de ley que regula la despenalización del aborto por tres causales, como un primer paso hacia la garantía de los derechos de las mujeres en Chile conforme las recomendaciones y decisiones de los órganos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El largo tiempo de discusión del proyecto de ley ante el Congreso Nacional y el texto que han aprobado las comisiones de trabajo legislativo, deja serias preocupaciones sobre lo que será la aplicación real de esta Ley, pues hubo importantes modificaciones y nuevos requisitos que se alejan de la proposición inicialmente presentada. Sin embargo es un avance que como mínimo se pueda permitir el aborto en los tres casos extremos previstos: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad letal del feto y en caso de violación.

Lamentando el carácter incompleto de este avance, el Vicepresidente de la FIDH Juan Francisco Soto declaró «El levantamiento de la prohibición del aborto en estos tres casos, obviamente, sería preferible a la prohibición heredada de la dictadura de Pinochet. Pero no es suficiente para proteger los derechos humanos de las mujeres! Chile debe garantizar el acceso de todas las mujeres y niñas al aborto legal y seguro, así como su derecho pleno a decidir”.

Además, es fundamental que el Parlamento en su conjunto envíe una señal directa y clara a la sociedad chilena y a la comunidad internacional sobre su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y rechacen las graves modificaciones realizadas al proyecto de ley inicial presentado por el gobierno de Bachelet, como por ejemplo, la extensión de la objeción de conciencia a cualquier miembro del equipo médico, pues ella debe ser sólo para el médico y su uso estrictamente regulado. Tal modificación, iniciada por fuerzas conservadoras  y religiosas, aleja la Ley de lo que debería ser su primera prioridad, es decir la necesidad fundamental de garantizar el acceso libre de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva.

“Este proyecto está lejos de ser ideal, pero ya es hora de que Chile salga de la lista de los 7 países de América Latina (1) que prohíben totalmente el aborto y que el Congreso y la sociedad chilena empiecen a trazar el camino para garantizar a las mujeres, que son más de la mitad de la población, el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la no-discriminación, a la igualdad sustancial, a la intimidad y al más alto nivel posible de salud física y mental.” Señaló Elsie Monge, Vicepresidenta de la FIDH.

Cómo se señaló durante la misión de la FIDH a Chile en enero de este año, la criminalización del aborto en Chile constituye una violación grave a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que deberían ser promovidos y protegidos por el Estado chileno como todos los derechos humanos. En la realidad, la criminalización impone graves riesgos a la salud y la vida de las mujeres y niñas que deciden abortar, especialmente cuando no cuentan con los recursos y la información para acceder a un aborto legal y seguro. Además, se ven expuestas a ser denunciadas por médicos y personal de salud y a enfrentar riesgos de persecución penal, que vulneran particularmente a las mujeres pobres, a las jóvenes, a las mujeres migrantes y a las mujeres indígenas.

La FIDH espera que la aprobación de este proyecto de ley, vaya acompañado de otro tipo de medidas como la ratificación por Chile del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, principal instrumento jurídico internacional relativo a los derechos de las mujeres, del cual Chile es parte desde 1989 y cuyo trámite se encuentra en el Senado para aprobación desde 2001. La aplicación de este Protocolo permitiría que individuos puedan acudir directamente ante el Comité que vigila la CEDAW en caso de violaciones graves o sistemáticas de Chile de las obligaciones contenidas en el tratado.

(1) Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haiti, Honduras y Surinam.

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