• Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo  difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes  avances logrados en la Cámara de Diputados.
• “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).

En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.

“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado.

Los cambios

Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.

Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.

Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.

Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.

Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.

“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó Larraín.

Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto creado en 1997 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para prevenir o remediar situaciones de represión contra personas que defienden derechos humanos o de las comunidades de las que forman parte, evacuó un llamado internacional solicitando intervención urgente ante las autoridades chilenas, frente a las amenazas de muerte y persecución penal que afecta al Secretario General y vocero del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), Rodrigo Mundaca.

Dichas amenazas, formuladas mediante llamadas telefónicas anónimas, se produjeron con posterioridad al reportaje publicado por el medio danés Danwatch, denominado “Las paltas y el gran robo”, basado en investigaciones de la organización MODATIMA. En dicho reportaje “se constata la sobreexplotación de los suelos para cultivar la palta o aguacate, causando que grandes cadenas de supermercados como Lidl, Aldi y Supermarket, tomaran la decisión de cancelar todo tipo de contrato comercial con los productores de palta provenientes de Chile”, aclara la solicitud de intervención urgente, lo que habría motivado a modo de represalia las amenazas en contra del dirigente.

A continuación reproducimos en la comunicación difundida. Esta puede ser compartida también, a través de los siguientes enlaces:

• https://twitter.com/OBS_defenders/status/851434867531423744
• https://twitter.com/fidh_es/status/851449816202727424

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

• CHL 001 / 0417 / OBS 038
• Amenazas de muerte
• Chile
• 10 de abril de 2017

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Chile.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Observatorio Ciudadano (OC) sobre amenazas de muerte contra defensores del derecho al agua pertenecientes al Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), entre los cuales se encuentra su Secretario General, el Sr. Rodrigo Mundaca.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el día 20 de marzo de 2017, miembros de la organización MODATIMA recibieron amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. En una de estas, dirigida contra el Sr. Mundaca, Secretario General de esta organización, se le comunicaba que le iba a ser entregado un traje de madera de acuerdo a su talla, haciendo referencia a un ataúd.

Estas amenazas parecen estar relacionadas con el reportaje publicado por el medio danés Danwatch a través de un reportaje denominado “Las paltas y el gran robo”, basado en las investigaciones de la organización MODATIMA. En este reportaje se constata la sobreexplotación de los suelos para cultivar la palta o aguacate, causando que grandes cadenas de supermercados como Lidl, Aldi y Supermarket, tomaran la decisión de cancelar todo tipo de contrato comercial con los productores de palta provenientes de Chile.

En el reportaje el Sr. Mundaca denuncia también que los defensores de MODATIMA son señalados como “eco terroristas” y se les acusa de querer acabar con puestos de trabajo en el país, deslegitimando su actividad de defensa del derecho al agua.

Según las mismas informaciones, no se trata de un hecho aislado sino que se suma a números actos de hostigamiento, criminalización y persecución de integrantes de MODATIMA en el pasado reciente.

Así, el Sr. Mundaca también ha sido objeto en el pasado de hostigamientos y criminalización. El Sr. Mundaca fue denunciado cuatro veces por el delito de injurias graves, como consecuencia de una protesta pacífica realizada en la plaza de Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, en marzo de 2012 en contra de la apropiación ilegal de agua por parte de particulares, entre los cuales se encontrarían personas de la esfera política chilena, y la posterior documentación por parte de medios de comunicación nacionales de la actividad.

Estas denuncias conllevaron la apertura de cuatro juicios distintos contra el Sr. Mundaca que lo llevaron a comparecer 15 veces ante Tribunales de la Ligua, Quillota y Santiago de Chile, recibiendo una condena en abril de 2014 de 541 días de cárcel y el pago de 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a 230 dólares. Este tipo de condenas y persecuciones judiciales evidencian la criminalización y persecución contra el Sr. Mundaca y la organización MODATIMA por sus actividades en defensa de los derechos humanos.

El Observatorio condena rotundamente las amenazas de muerte en contra del Sr. Rodrigo Mundaca y demás miembros del MODATIMA, las cuales parecen tener origen en su activa defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y exige que las autoridades chilenas adopten todas las medidas oportunas y apropiadas para asegurar la integridad física y psicológica de estas personas.

De manera general, el Observatorio manifiesta su absoluto rechazo frente a este tipo de hostigamientos, persecuciones judiciales y estigmatización de la defensa de los derechos humanos y urge a las autoridades gubernamentales a que emprendan una investigación inmediata y exhaustiva sobre los hechos aquí denunciados.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Chile instándolas a:

1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Rodrigo Mundaca, y de los demás miembros de MODATIMA, así como de todas las personas defensores de derechos humanos en el país;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas mencionadas arriba, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
3. Poner fin a todo tipo de agresión, hostigamiento, violencia y criminalización contra todos los defensores y defensoras y organizaciones de derechos humanos en Chile y asegurar que puedan desarrollar sus actividades sin obstáculos;
4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al Artículo 1 así como al Artículo 12.2);
5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile.

Direcciones:

• Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Fax: (+562) 690 958, E-mail: opinion@presidencia.cl; internet@presidencia.cl; mhansen@presidencia.cl
• Sr. Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretaría General de la Presidencia. Fax: + 562.69.04.329, E-mail: tcostas@minsegpres.gob.cl
• Sr. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Fax: (+562) 269 04 000, E-mail:
• Sr. Jaime Campos Quiroga, Ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Fax: (+562) 698 70 98, E-mail: minju@reuna.cl; minju@minjusticia.cl; e.apariz@minjusticia.cl
• Sr. Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores. Fax: (+562) 696 87 96, E-mail: minrel@minrel.cl
• Sra. Lorena Fríes Monleón, Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Fax: (+562) 267 43 100; E-mail: l.valdez@minjusticia.cl; minju@minjusticia.cl
• Sr. Branislav Marelic Rojov, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Teléfono: (+562) 288 78 826; E-mail: alanda@indh.cl; direccion@indh.cl
• Diputado Segio Ojeda Uribe, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Teléfono: (+56 32) 250 5961; E-mail: sojeda@congreso.cl
• Senador Sr. Juan Pablo Letelier Morel, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, E-mail: ddhhsen@senado.cl
• Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra. Fax: + 41 (22) 919 88 00, misginchile@minrel.gob.cl
• Misión de Chile ante la Unión Europea. Fax.: +32 (02) 743 36 60. E-mail: echilebelgica@minrel.gob.cl

Se ruega escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.

***

Paris-Ginebra, 10 de abril de 2017

Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

• José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, y Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos, en cuyo territorio ancestral y legal se emplazan los proyectos, expusieron ante Ministerio de Asuntos Globales de Canadá y le entregaron estudio recientemente publicado con antecedentes y recomendaciones.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

Hasta Ottawa viajaron José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, y Sergio Campusano, Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos (CADHA), para presentar el Estudio de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) «Proyectos mineros canadienses en territorio de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos», publicado por el Observatorio Ciudadano, y denunciar ante autoridades de ese país las afectaciones a derechos humanos de los proyectos mineros Pascua Lama, de Barrick Gold Corporation, y El Morro – Corredor (hoy Nueva Unión), de Gold Corp y Teck Resources Limited, que se emplazan en el territorio ancestral y legal de dicha Comunidad, situada en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, siendo todos ellas empresas canadienses.

Utilizando la herramienta metodológica denominada “Todo Derecho” -diseñada por la organización Derechos y Democracia de Canadá y promovida por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)-, los autores del Estudio, José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, con la participación activa de las comunidades afectadas, identifican y analizan los impactos reales y potenciales provocados por dichos proyectos extractivos, así como normativa interna y estándares internacionales de derechos humanos e indígenas aplicables, haciendo además recomendaciones a los distintos actores involucrados.

Una de las primeras actividades realizadas por Aylwin y Campusano, junto a Sarah Zoen, de Oxfam América, e Ian Thomson, de Oxfam Canadá, fue la reunión que sostenida con el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, donde expusieron las principales afectaciones a derechos humanos verificadas y entregaron copia en inglés del informe.

Tras la reunión, Aylwin se refirió a las responsabilidades del Estado de Canadá frente a la afectación a derechos humanos de los diaguita Huasco Altinos producidos por estos proyectos, afirmando que “el Estado canadiense ha promovido activamente las inversiones de la industria extractiva domiciliada en su territorio fuera de sus fronteras. Ello a través de la suscripción de numerosos acuerdos comerciales con diferentes estados, entre estos con el Estado chileno, a fin de fomentar y proteger las inversiones en el exterior de empresas con domicilio en Canadá, o mediante el otorgamiento de créditos a las mismas empresas (Barrick Gold en proyecto Veladero) por parte de agencias estatales, sin salvaguardar los derechos humanos debido a los impactos de las inversiones apoyadas.

Aylwin agrega que “la responsabilidad de Canadá también es resultante de la negativa de su gobierno a acoger las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, las que le instan a adoptar medidas legislativas y políticas para asumir sus obligaciones extraterritoriales por la violación de derechos humanos por empresas domiciliadas en Canadá que actúan fuera de ese país, que permitan prevenir, reparar y sancionar dichas violaciones”. Asimismo, “a Canadá le cabe responsabilidad por el apoyo otorgado a los proyectos mineros objeto del informe sin haber escuchado las reclamaciones de las comunidades afectadas y organizaciones de sociedad civil”, destacó.

Recomendaciones del EIDH al Estado de Canadá

• Asumir sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, asegurando, a través de la adopción de legislación y de medidas administrativas, que las empresas domiciliadas en Canadá que operan en el exterior, no impacten negativamente los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus proyectos de inversión, en particular los derechos de los pueblos indígenas;
• Establecer mecanismos judiciales y administrativos, incluyendo un Ombudsman especializado en las obligaciones extraterritoriales de Canadá en materia de derechos humanos, para la reclamación de la responsabilidad de las empresas domiciliadas en Canadá que violan los derechos humanos fuere de ese país, cuando ello ocurra, garantizar la justicia y la reparación;
• Asegurar que los acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, que suscriban con otros Estados, no contengan disposiciones que pueden resultar en la restricción de los derechos humanos de los pueblos indígenas;
• Abstenerse de otorgar apoyo a través de sus agencias de financiamiento (Export Development Canadá), así como de su Embajada en Chile a los proyectos mineros que han sido objeto de este EIDH.

Se adjuntan resumen ejecutivo y texto completo del EIDH (versiones en inglés)

• Realizado por los abogados José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, da cuenta de las afectaciones presentes y potenciales derivadas de la irrupción de los proyectos Pascua Lama y El Morro en territorio ancestral de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos.

• Tras su lanzamiento en Santiago, uno de sus autores y el presidente de la Comunidad viajaron a Canadá para su presentación a autoridades de ese país y sociedad civil.

• El informe formula recomendaciones a los estados de Chile y Canadá, las empresas involucradas, y los sistemas de protección de derechos de la OEA y Naciones Unidas, con especial atención a la condición indígena de la comunidad directamente afectada.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

En la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, fueron presentadas las conclusiones del informe «Proyectos mineros canadienses en territorio de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos», publicado por el Observatorio Ciudadano, donde se identifican los impactos en derechos humanos generados por los proyectos mineros Pascua Lama, de Barrick Gold Corporation y El Morro – Corredor (hoy Nueva Unión) de Gold Corp y Teck Resources Limited, todas empresas canadienses emplazadas en el territorio de la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos, en la Provincia de Huasco, Región de Atacama.

Para el desarrollo del informe sus autores, José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, utilizaron la metodología de Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH), basada en la participación activa de las comunidades afectadas en la identificación y análisis de los principales impactos reales y potenciales en provocados por los proyectos de inversión en sus territorios, con el uso de la herramienta “Todo Derecho”, diseñada por Derechos y Democracia de Canadá para estos fines específicos y promovida por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La que ha sido utilizada desde hace más de una década por diversas entidades, incluyendo organizaciones de derechos humanos, financieras y por las propias empresas.

El estudio considera además recomendaciones a los distintos actores involucrados. En el caso del Estado chileno, asumir un rol activo en la protección de los derechos la comunidad afectada ante los violaciones y abusos cometidos por las empresa que detentan los proyectos, entre ellos su derecho a la tierra y el territorio, y a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; así como revisar y adecuar los mecanismos judiciales y administrativos existentes en el ordenamiento jurídico interno, asegurar la coherencia de su política pública e incorporar en el Plan Nacional sobre empresas y Derechos Humanos, en desarrollo por el actual gobierno, un análisis sobre los factores jurídicos y políticos que posibilitan la afectación de derechos indígenas por proyectos de inversión, por mencionar algunos.

Al Estado de Canadá, entre otras recomendaciones, le conmina a asumir sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, respectos de las empresas domiciliadas en ese país que operan en el exterior, adoptando las medidas administrativas y legislativas que garantice no se impacten los derechos de las comunidades, en particular indígenas, donde estas invierten, sugiriendo la figura de un Ombudsman especializado en cautelar estas obligaciones.

A las empresas involucradas a respetar la voluntad de la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huasco Altinos (CADHA) en relación a los proyectos que estas pretenden llevar adelante, a reparar por medios efectivos los impactos adversos, a impulsar procesos de debida diligencia en forma previa a sus inversiones, y a establecer mecanismos internos para atender y procesar reclamaciones.

Finalmente, instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a requerir del Estado chileno información sobre la situación de los derechos de la CADHA, a instarle a que realice nuevos procesos de consulta y a elaborar el informe de fondo sobre el caso Pascua Lama que tiene bajo su jurisdicción. Asimismo, a los órganos de tratado de Naciones Unidas que se han pronunciado sobre la necesidad de que Canadá adopte legislación y medidas que protejan de la afectación a derechos de sus empresas en el exterior, hagan monitoreo del nivel de cumplimiento, a la relatora de pueblos indígenas que incorpore en el informe que elabora sobre los impactos de los acuerdos comerciales en estos pueblos, el TLC entre Chile y Canadá, entre otros.

Estudio disponible para descarga, en sus versiones en español e inglés:

https://observatorio.cl/proyectos-mineros-canadienses-en-territorio-de-la-comunidad-agricola-diaguita-de-los-huasco-altinos/

La resolución del máximo tribunal estable la arbitrariedad en que incurrió el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) al no abrir un proceso de participación ciudadana en el proyecto «Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en mina Invierno».

El Mostrador, 17 de marzo de 2017

9 de marzo de 2017

Mientras los ministros de Comercio de los países del Pacífico se preparan para discutir el futuro de la Asociación Transpacífica (TPP por su sigla en inglés) en Chile la próxima semana, más de 200 organizaciones que representan a los ciudadanos de los países que participarán instan a sus gobiernos a aceptar que el modelo del TPP ha fracasado y participar en un proceso más abierto y democrático para desarrollar alternativas genuinas que confronten los retos económicos, sociales y ambientales del siglo XXI.

Cuando Donald Trump dio aviso oficial del retiro de Estados Unidos del proceso TPP, reconoció lo obvio: que el acuerdo murió bajo el peso de sus propios términos y no pudo obtener suficiente apoyo en el Congreso de Estados Unidos para ser ratificado. Las organizaciones de la sociedad civil unidas a través de los países del TPP habían hecho campaña durante años contra el acuerdo, retrasando su conclusion después de su fecha límite de 2012 y finalmente llevando a su desaparición.

Ahora que el TPP ha muerto, las 200 organizaciones – incluyendo organizaciones internacionales como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Amigos de la Tierra Internacional, así como decenas de organizaciones nacionales de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam – creen que los ciudadanos están mejor sin el TPP. Los grupos instan a sus ministros de comercio a resistir cualquier intento de reactivar el TPP mismo o insertar sus reglas en futuras negociaciones comerciales, ya sean bilaterales, regionales o multilaterales.

“Tal como señalamos en su oportunidad, el TPP vulneraba los derechos fundamentales de diversas maneras, incluyendo derechos de propiedad intelectual, derecho a la salud, al medio ambiente, y los derechos de pueblos indígenas, entre otros. También otorgaba derechos a los inversores que deterioraban la capacidad de los estados para asegurar que estos pudiesen garantizar el interés público y la vigencia efectiva de estos derechos,” dijo José Aylwin, abogado y director del Observatorio Ciudadano de Chile. “Por lo mismo rechazamos todo intento de reponer iniciativas análogas, luego de su muerte como consecuencia de la posición del gobierno de Trump en relación a él, con consecuencias adversas similares a los derechos humanos. Lamentamos que el gobierno de Chile tome la iniciativa para convocar a una reunión de los Ministros de Comercio del Pacífico con tal objetivo.”

«Muerto o no, seguiremos vigilando al TPP y cualquier acuerdo de asociación económica basado en el TPP, y lucharemos contra cualquier expansión de la globalización corporativa», dijo Yasuo Kondo de la Acción Popular contra el  TPP en Japón.

 «Estos ministros están en un estado de negación. En lugar de conspirar para resucitar su modelo fracasado en nuevas formas, deberían comprometerse con su gente para desarrollar alternativas reales que puedan satisfacer las necesidades de sus naciones y reclamar alguna legitimidad genuina «, dijo la profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda.

«El TPP fracasó porque puso los derechos corporativos por delante de los derechos de las personas y generó tanta oposición que el parlamento australiano no lo aprobó», dijo la Dra. Patricia Ranald, Coordinadora de la Red Australiana de Comercio Justo e Inversiones. «Desafortunadamente algunos gobiernos, incluyendo Australia – están tratando de revivirlo. Instamos a los ministros de Comercio a no repetir la agenda fracasada del TPP en futuros acuerdos comerciales».

“La amplia oposición pública a través de las fronteras derrotó la toma de poder corporativa del TPP. Cualquier propuesta comercial similar diseñada para beneficiar a las élites corporativas a expensas de las mayorías tendrá el mismo destino,” dijo Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Citizens Trade Campaign, con sede en los Estados Unidos. “Es hora de que los acuerdos comerciales apoyen realmente los empleos bien remunerados, el acceso a la medicina, un medio ambiente sano y los derechos humanos en todo el mundo. Un paso vital es traer la formulación de políticas comerciales a la luz del día e involucrar al público en un proceso transparente del comienzo al fin.»

«El TPP constituía una amenaza para los derechos humanos tanto de las personas que viven en los países negociadores del mismo, como del resto del planeta, al ser proyectado como un modelo ejemplar para el crecimiento del mundo, cuando en realidad contenía disposiciones muy peligrosas en áreas sensibles como la salud, la educación, el acceso al conocimiento y el medio ambiente, entre otras,” dijo Andrea Carolina Reyes Rojas de Misión Salud de Colombia. “Celebramos la caída de este nocivo modelo y urgimos a los países de la Región del Pacífico a asegurar que cualquier negociación comercial que se propongan priorice la protección de los derechos humanos por encima del lucro de actores privados.”

Lea la declaración y vea la lista completa de los signatorios organizacionales.

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More than 200 organizations over the world demand no reinstatement of TPP in Chile

9 March 2017

For Immediate Release–As trade ministers from across the Pacific rim prepare to discuss the future of the Trans-Pacific Partnership (TPP) in Chile next week, more than 200 organizations representing citizens across the Pacific Rim urged their governments to accept that the TPP model has failed and to engage in a more open and democratic process to develop genuine alternatives that confront the economic, social and environmental challenges of the 21st century.

When Donald Trump gave official notice of the U.S. withdrawal from the TPP process, he acknowledged the obvious: that the deal died under the weight of its own terms and could not achieve sufficient support in the U.S. Congress to be ratified. Civil society organizations united across the TPP countries had campaigned for years against the deal – delaying its conclusion past its 2012 deadline and ultimately leading to its demise.

Now that the TPP is dead, the 200 organizations – including international organizations such as the International Trade Union Confederation (ITUC) and Friends of the Earth International, as well scores of national organizations from Australia, Canada, Chile, Colombia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, South Korea, United States, and Vietnam – believe that citizens are better off without the TPP.  The groups urged their trade ministers to resist any attempt to revive the TPP itself or insert its rules into future trade negotiations, whether bilateral, regional or multilateral.

“As we have stated previously, the TPP violated fundamental rights in a variety of ways, including intellectual property rights, the right to health, the environment, and the rights of indigenous peoples, among others. It also granted rights to investors that impaired states’ ability to guarantee the public interest and effectively enforce these rights,” said José Aylwin, a lawyer and director of the Citizens’ Observatory in Chile. “We therefore reject any attempt to recreate similar initiatives after the TPP’s demise in the wake of the Trump administration’s withdrawal, which would have similarly adverse consequences for human rights. We regret that the government of Chile has taken the initiative to convene a Pacific trade ministers’ meeting with such an objective.”

“Dead or not, we will keep watching TPP and any economic partnership agreements (EPAs) based on TPP, and will fight against any expansion of corporate globalization,” said Yasuo Kondo from the People’s Action Against TPP in Japan.

“These ministers are in a state of denial. Instead of plotting to resuscitate their failed model in new forms, they should be engaging with their people to develop real alternatives that can meet their nations’ needs and claim some genuine legitimacy,” said Professor Jane Kelsey from the University of Auckland in New Zealand.

“The TPP failed because it put corporate rights ahead of people’s rights and generated so much opposition that the Australian Parliament has not endorsed it,” said Dr Patricia Ranald, Convener of the Australian Fair Trade and Investment Network. “Unfortunately some governments –including Australia – are trying to revive it. We urge trade ministers not to repeat the TPP’s failed agenda in future trade agreements.”

“Broad public opposition across borders defeated the TPP corporate power grab.  Any similar trade proposals designed to benefit corporate elites at the expense of majorities will meet the same fate,” said Arthur Stamoulis, executive director of the U.S.-based Citizens Trade Campaign. “It’s time for trade agreements to actually support good-paying jobs, access to medicine, a healthy environment and human rights around the globe.  A vital first step is bringing trade policymaking into the light of day and involving the public in a transparent process from start to finish.”

“The TPP constituted a threat to the human rights for the people living in the negotiating countries and also for the rest of the world, as it was designed as an exemplary model for the global growth, when in fact it contained very dangerous provisions in areas such as health, education, access to knowledge and the environment, among others,” said Andrea Carolina Reyes Rojas of Misión Salud from Colombia. “We welcome the fall of this toxic model and urge the countries of the Pacific region to ensure that any proposed trade negotiations prioritize the protection of human rights over the profit of private actors.”

Read the full letter and list of organizational signatories.

El estudio, coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), considera información de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela, lo que permite obtener una panorámica regional sobre el tema.

Hoy fue lanzado a nivel internacional el informe “Los estados latinoamericanos frente a la protesta social”, estudio coordinado Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, y que considera la participación de organizaciones de derechos humanos de ese país, además de Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

Teniendo presente que el derecho a la protesta constituye un derecho fundamental para el ejercicio y exigibilidad de otros derechos, y que éste se encuentra configurado por los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, la investigación logra constatar que, “con distintos niveles de gravedad, la respuesta estatal violenta, la criminalización de los militantes y activistas, las políticas públicas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son características comunes a todos los países analizados”.

Asimismo, se perciben “patrones históricos que persisten -entre ellos, el uso abusivo de la fuerza y la criminalización-, y nuevas tendencias -entre ellas, las regulaciones para limitar las protestas-”, que restringen el ejercicio de este derecho. Donde si bien existen algunas experiencias que “muestran la voluntad de desarrollar mecanismos democráticos de gestión de los conflictos; sin embargo, en muchos casos tuvieron dificultades para transformarse en políticas públicas con continuidad”, agrega.

Temas observados y la situación de Chile

Con el propósito de permitir una visión comparada entre los ocho países en estudios, la investigación aborda aspectos normativos –restricciones legales y administrativas-, así como disposiciones y legislaciones especiales utilizadas en algunos de ellos, como son la necesidad de aviso previo para manifestarse y el uso de leyes antiterroristas.

En el caso de Chile, el estudio contó con la participación del Observatorio Ciudadano y la Corporación Humanas, donde se constata uno de los casos más graves de aplicación de este tipo de leyes especiales, “que prevé las penas más altas del ordenamiento jurídico, opera bajo normas procesales que no se adecuan a los estándares de derechos humanos, como el uso de testigos de la acusación anónimos o “sin rostro” y la extensión de la detención preventiva. En una sentencia sobre el uso de esta ley en contra de referentes del pueblo mapuche, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  concluyó que esta norma vulnera garantías procesales básicas como la presunción de inocencia y el derecho a responder en libertad, además de que su aplicación se basaba en estereotipos y prejuicios relacionados al origen étnico de los involucrados”.

Al respecto, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, destacó que “el informe aborda uno de los déficit más graves de nuestro país en materia de derechos humanos, toda vez que la protesta social, que es expresión de derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, sigue estando limitada de múltiples maneras. Una de ellas es la permanencia del Decreto Supremo 1.086 de 1983, que establece la necesidad de obtener autorización previa para el ejercicio del derecho de reunión en lugares de uso público. Ello constituye una  paradoja, dado que la propia Constitución garantiza el derecho a reñirse pacíficamente sin permiso previo·”, racalcó.

Otra aspecto “es el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales del Estado, el que se ha pasado a constituir una práctica, en particular en la represión de manifestaciones públicas, y que ha resultado en casos de muerte, tortura y tratos crueles y degradantes, que han sido documentadas por entidades como el INDH. Dicha fuerza ha tenido particular gravedad tratándose de mujeres, niños e integrantes de pueblos indígenas, lo que denota un trato discriminatorio en su contra”. A ello se agrega, “la impunidad generada por la vigencia, hasta hace poco, de legislación que permitía a la justicia militar conocer de estos delitos, lo que sin duda contribuía a la persistencia de esta realidad”. Finalmente, “la criminalización, a través de la ultilización de figuras penales como la ley sobre conductas terroristas, de defensores de derechos humanos en el ejercicio de la protesta social, sigue constituyéndose en un hecho crítico para el ejercicio de este derecho. Por todo lo anterior, es que consideramos de la mayor importancia el conocimiento de este informe por las distintas instancias del Estado, a fin de que se adopten las reformas necesarias para garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica en el país”, concluyó.

Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano y también parte del equipo de investigadores del informe, Felipe Guerra, sostiene que “este estudio presenta una gran cantidad de información actualizada sobre las tendencias en el tratamiento del derecho a la protesta en los diversos Estados Latino Americanos en los últimos años. Sin embargo, la realidad común a los países latinoamericanos es que los Estados suelen responder utilizando la fuerza para contener y controlar las manifestaciones, expresiones políticas y demandas de grupos marginados de los canales formales de diálogo. En este sentido, el caso de Chile es paradigmático. El marco jurídico nacional presenta graves deficiencias respecto a la regulación que hace del ejercicio de los derechos vinculados a la protesta social. Algunas de estas deficiencias se encuentran inscritas en la regulación constitucional. Otras, vienen dadas a nivel de desarrollo legal o reglamentario, pero que arrancan de las faltas de regulación constitucional. Frente a esta situación, las responsabilidades del Ejecutivo y el Congreso al no adoptar normas internas para adecuar la regulación nacional del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión son evidentes”, denunció.

Sin perjuicio de lo anterior, añade Guerra “se observar un cambio positivo en la jurisprudencia reciente de las Cortes y el Tribunal Constitucional en orden a sostener, sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos, la competencia de la justicia ordinaria para conocer de los asuntos que involucran funcionarios policiales como imputados. Por lo mismo, es recomendable que los tribunales ordinarios apliquen estos importantes precedentes y sostengan su competencia en estos asuntos”.

El estudio es el resultado del trabajo colectivo de las siguientes organizaciones: Justiça Global, Brasil; Corporación Humanas, Chile; Observatorio Ciudadano, Chile; CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia; Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México; Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México; Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México; Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Paraguay; APRODEH- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú; Provea- Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos, Venezuela y CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.

Las versiones en inglés y español del estudio, pueden ser descargadas desde los siguientes enlaces:

• ESPAÑOL: http://www.cels.org.ar/protestasocial_AL/index.html
• INGLÉS: http://www.cels.org.ar/protestasocial_AL/en.html

En estos días se cumplen 10 años desde que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General de la ONU (13 de septiembre de 2007).

En este contexto damos a conocer el análisis de José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano, sobre «El impacto de la Declaración en América Latina: 10 años después», que fuera publicado este año por IWGIA, en «El mundo indígena 2017».