Legisladores deberán resolver si se permite a la minería seguir usando los recursos hídricos, solo informando y sin solicitar autorización, como sí es la obligación de otros sectores productivos.

Dos figuras fundamentales para avanzar hacia un estatus de bienes públicos en el acceso y la gestión de las aguas se votarán este martes 13 de junio en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que integran Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Francisco Charran (RN), Víctor  Pérez (UDI), Isabel Allende (PS) y Jorge Pizarro (DC).

Esto, luego que durante la última sesión se confirmara la extinción de los derechos de agua en caso de que sus tenedores no los utilicen por un tiempo determinado.  Una variación a lo aprobado por la Cámara de Diputados lo introdujo vía indicación el Ejecutivo, que en respuesta al lobby empresarial amplió el período para aplicar la causal de cuatro a cinco años para los consuntivos y de ocho a diez para los no consuntivos.

En la votación de mañana se abordará el artículo 6º, que instaura la temporalidad de los nuevos derechos de agua y pone fin al otorgamiento a perpetuidad instituido por el Código de Aguas de 1981.  De avanzarse en este articulado las autorizaciones que otorgue la autoridad serán, en la práctica, concesiones de 30 años con posibilidad de prórroga.

El carácter indefinido sí se mantendría para los derechos ya otorgados, por poseer estos protección constitucional bajo el artículo 19 Nº 24.  Si el Estado quisiera recuperarlos tendría que proceder a su expropiación (con el consiguiente pago), aunque estos fueron otorgados a los particulares gratuitamente.   La temporalidad debía resolverse en la sesión del 6 de junio, pero fue postergada a solicitud de los senadores Chahuan e Iván Moreira (en reemplazo de Víctor Pérez), quienes anunciaron reserva de constitucionalidad por afectarse, según ellos, el sentido de propiedad de las aguas.

Otro de los temas a abordar será el de las “aguas del minero”, uno de los más críticos de la reforma.  El término del principal privilegio de este sector sobre los recursos hídricos, conocido también como “aguas halladas”, ha sido defendido por el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería.  Este les permite usar las aguas sin la obligación de informar ni solicitar autorización a la Dirección General de Aguas (DGA), en el área de sus exploraciones y faenas, lo que sí se exige a todos los otros sectores productivos.

Se trata del artículo 56 del Código de Aguas, que durante su discusión en la Cámara de Diputados fue motivo de controversia producto del apoyo que entregara el diputado Jorge Insunza (PPD), junto a la derecha, a la mantención de dicha prerrogativa de las mineras.

Aunque el tema fue posteriormente revertido por los propios diputados, en términos de establecer la obligación de informar sobre las “aguas halladas” y de solicitar autorización en caso de utilizarlas (pudiendo la DGA negar el permiso cuando se pusiera en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros), el comportamiento del ex legislador fue cuestionado por apoyar iniciativas legales pro minería durante su participación en la respectiva comisión, mientras en paralelo vendía informes a Antofagasta Minerals, de Andrónico Luksic.

Hoy el Ejecutivo, mediante una indicación, busca eliminar la obligación de las mineras de solicitar la autorización para el uso de estos recursos hídricos.

• La sesión será transmitida en vivo desde las 10:30 horas por www.tv.senado.cl

En el año del décimo aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) le preguntamos a José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano de Chile, sobre su impacto en América Latina. Los invitamos a leer su análisis y recomendaciones para su uso estratégico.

IWGIA: ¿ Cuáles han sido los mayores avances que la Declaración ha propiciado en América Latina?
José Aylwin: El impacto de la Declaración se ha manifestado de diversas maneras. Sus disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas referidas a la propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional, han influenciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos. De la misma manera la Declaracion ha incidido de manera determinante en la jurisprudencia de esta Corte  referida al derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado frente a planes de desarrollo que afecten sus tierras, territorios  y recursos (Saramaka vs. Surinam (2007); Sarayaku vs Ecuador, 2012). Igualmente ha incidido en el reconocimiento constitucional de los derechos que esta establece en las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).  En esta ultimo caso se ha reconocido el derecho que estos pueblos  tienen a la libre determinación. Tambien ha sido invocada en fallos de tribunales domesticos en diversos estados de la región. Aunque el rezago en la política pública sigue siendo muy grave, la Declaración ha incidido en las políticas de demarcación y titulación de tierras indígenas.

IWGIA:  ¿Recuerdas cuál fue tu reacción personal cuando 10 años atrás se aprobaba en la ONU la Declaración?
José Aylwin: Al igual que en el caso de muchos representantes de pueblos indígenas en la región que se involucraron en el proceso de su aprobación, mi reacción fue de mucha satisfacción. Fueron muchos años los dedicados por organizaciones de pueblos indígenas de todo el mundo , incluyendo América Latina, para sacar la Declaración. Ello desde la creación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas a comienzos de la década de los 80. Fue una demostración de la efectividad de la actoría indígena en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos que les es aplicable.

IWGIA: ¿Qué significa la Declaración para el futuro de los pueblos indígenas en América Latina?
La Declaración debería orientar la relación entre los pueblos indígenas y los estados de la región a futuro. Ella debe orientar la deconstrucción del llamado “Estado-Nación”, para dar paso a nuevos estados plurinacionales, que, más allá de la retorica, permitan nuevas formas de relacionamiento. Ello en particular   en el plano político, a  través de mecanismos que permitan ejercer la libre determinación indígena,   y de participación en el Estado cuando así los pueblos indígenas lo decidan. También en materia cultural, de sistemas de justicia propios, de definición de prioridades en materia de desarrollo.

IWGIA: ¿En tu opinión cuáles son los casos judiciales más representativos que sirven como guía y precedente en relación a la Declaración?
José Aylwin: Además de los casos antes referidos que han sido resueltos por la Corte IDH acogiendo disposiciones de la Declaracion, también podemos referir a la jurisprudencia domestica de los Estados.De especial importancia en este sentido es la jurisprudencia constitucional de Colombia relativa a consulta de proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas. Así por ejemplo, la Corte Constitucional de ese país dispuso que, tratándose de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto en los territorios indígenas,   el Estado no debe solo consultar sino también obtener su consentimiento previo, libre e informado (Corte Constitucional, Sentencia T-769/09 recaída en el caso Álvaro Bailarín y otros.)  Más recientemente, una sentencia de la misma Corte Constitucional ha reafirmado esta jurisprudencia al ordenar realizar en forma debida la consulta buscando obtener el consentimiento previo, libre e informado en torno a tres proyectos que afectaban al pueblo indígena embera katío: la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá y una concesión minera.  La sentencia ordenó también detener la ejecución de tales proyectos en tanto no se realicen las consultas correspondientes a los pueblos indígenas afectados. (Corte Constitucional Colombia, Sentencia número T-129, de 3 de marzo del 2011).

IWGIA: ¿Cuáles son los desafíos presentes para cerrar las brechas de implementación en América Latina?
José Aylwin: Uno de los ámbitos más críticos para la plena vigencia de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Declaración es el referido a  la imposición  a los pueblos indígenas por parte de los Estados  de su visión y  planes de desarrollo, los que se imponen sobre los planes de vida de los pueblos indígenas, generando conflictividad y protesta. Se trata de  planes generalmente basados en la explotación de los recursos naturales ubicados en las tierras y territorios de ocupación tradicional indígena y que afectan gravemente sus formas de vida y costumbres. La principal brecha de implementación en la región es la referida a la protección de los territorios indígenas de esta actividad extractiva, así como de su derecho a definir prioridades en materia de desarrollo.

IWGIA: ¿Cuáles son tus recomendaciones a las comunidades locales, abogados y defensores de los derechos de los pueblos indígenas para el uso estratégico de la Declaración a nivel local?
José Aylwin: Mi principal  recomendación es en primer termino la difusión y la enseñanza de sus contenidos fundamentales, asi como de su valor jurídico. Junto a ello se recomienda su utilización e invocación ante todas las instancias estatales, teniendo presente que estos, y por lo mismo sus órganos, se comprometieron a promover su plena aplicación (artículo 42).

• “La desigualdad es uno de los rasgos distintivos de la sociedad chilena y esto es claramente en la situación de la vivienda en el país”, agregó la Relatora en su diagnóstico.

• Sobre la situación de pueblos indígenas, destacó los desafíos que existen en reparación y restitución, donde Chile evidencia retrasos respecto de otros países, y la discriminación que evidencian casos como el vertedero Boyeco en Temuco, colindante a comunidades indígenas.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 28 abril 2017

La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, ofreció hoy una conferencia de prensa para entregar las impresiones preliminares de su misión a oficial a Chile para conocer en terreno el estado de la implementación de este derecho, la que incluyó actividades en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta, sosteniendo reuniones con autoridades, organizaciones y afectados durante los diez días que consideró su visita.

Farha fue destacó entre sus principales conclusiones, que “es claro que en Chile, desde la dictadura hasta ahora, la vivienda es vista básicamente entendida como un commodity y no como un derecho humano. Es esto lo que hay que cambiar de modo urgente. La commodificación de la vivienda […], tiene importantes efectos sobre los grupos vulnerables, generando una realidad segregada en Chile donde los ricos y pobres no se mezclan. Es esta prominencia de una industria de la construcción e inmobiliaria, la que produce desplazamientos a ghettos”, sostuvo.

“Esta discriminación socioeconómica que se ha mezclado además con la migración, que ha tenido un aumento del 200% aumento en los últimos años. He escuchado historias muy conmovedoras, sobre las situaciones a las que se ven expuestos para poder acceder a una vivienda. Además enfrentan un tratamiento discriminatorio, basado en estereotipos y estigmatización, algo similar a lo que experimentan y ocurre con los pueblos indígenas”. A modo de ejemplo citó el caso del vertedero Boyeco en Temuco, construido en forma colindante a comunidades mapuche que vive en esos terrenos, por decisión municipal. “Los trataron como desechos”, destacó.

Entre las poblaciones vulnerables, la relatora se refirió también a la población en situación de calle, “quienes no se ven como poseedores de derechos, como es el derecho a acceder a una vivienda, sino como destinatario asistencia en condición de indigencia”. En la misma línea, se refirió a la situación de campamentos y asentamientos humanos, como Arenales en Antofagasta o en la periferia de Viña del Mar, donde no hay acceso a servicios básicos, como luz y agua, no acceso a programas sociales de ninguna naturaleza”.

En cuanto a las recomendaciones, Farha destacó entre los cambios estructurales urgentes, una reforma constitucional que incorpore el derecho a la vivienda y los DESC de acuerdo a los estándares internacionales. Asimismo, que esta reconozca a los pueblos indígenas, y su condición de tenedores de derechos humanos particulares”.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, relevó de las observaciones de la Relatora precisamente este aspecto Especial, señalando que “este derecho al que Chile se comprometió a dar cumplimiento al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, no solo no se encuentra protegido jurídicamente, sino tampoco en su política pública”.

Aylwin destaca también que si bien se valora como aspecto positivo los recursos destinados al sector vivienda en las últimas dos décadas, “la Relatora cuestiona el que lo haga desde una perspectiva de mercado y no de derecho humanos. También rescata el elevado porcentaje de propietarios de vivienda. Sin embargo, identifica aspectos muy preocupantes en relación al acceso de la población a la vivienda adecuada, incluyendo cuestiones como la ubicación de las viviendas, para sectores pobres, lo que genera marginación. Además del déficit que existe en garantizar el acceso a los servicios e infraestructura de vivienda para los mismos sectores”.

Aylwin también se refirió al llamado de atención de la Relatora sobre la situación de discriminación que afecta a la población migrante, “la que no puede acceder a los programas habitaciones del estado y se encuentra viviendo en campamentos donde viven cotidianamente la violencia».

Finalmente, otra situación que preocupa “y que pudimos observar durante su visita a Temuco, es la de los problemas asociados a la falta de pertinencia cultural de los programas de vivienda para la población mapuche, la de la limitantes en el acceso a la vivienda generados por la falta de seguridad en la población mapuche en la tenencia de la tierra. En relación a la población mapuche, también preocupa a la Relatora la masividad del problema de la falta de acceso al agua potable que la población rural de la Araucanía, en su mayoría mapuche, como consecuencia de los impactos de las plantaciones forestales apoyadas económicamente por el Estado. También la operación de vertederos como Boyeco en tierras de comunidades mapuche”, añadió.

“Todo lo anterior debería llevar al Estado, y a los órganos legisladores, a reconocer y proteger de un modo efectivo este derecho humano fundamental, terminando con la visión de mercado que hasta ahora ha prevalecido en materia de vivienda, haciéndolo exigible como tal. También debería llevar a un rediseño su política de vivienda, para asegurar el acceso efectivo a la vivienda y a los servicios asociados por parte de los sectores hasta ahora excluidos”, concluyó Aylwin.

Informe de conclusiones preliminares de la Relatora Especial, disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21544&LangID=S

Relatora Especial durante su vista a comunidades de Temuco

Reunión con organizaciones en Temuco

Relatora Especial tras conferencia de prensa en CEPAL

• Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo  difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes  avances logrados en la Cámara de Diputados.
• “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).

En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.

“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado.

Los cambios

Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.

Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.

Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.

Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.

Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.

“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó Larraín.

Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto creado en 1997 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para prevenir o remediar situaciones de represión contra personas que defienden derechos humanos o de las comunidades de las que forman parte, evacuó un llamado internacional solicitando intervención urgente ante las autoridades chilenas, frente a las amenazas de muerte y persecución penal que afecta al Secretario General y vocero del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), Rodrigo Mundaca.

Dichas amenazas, formuladas mediante llamadas telefónicas anónimas, se produjeron con posterioridad al reportaje publicado por el medio danés Danwatch, denominado “Las paltas y el gran robo”, basado en investigaciones de la organización MODATIMA. En dicho reportaje “se constata la sobreexplotación de los suelos para cultivar la palta o aguacate, causando que grandes cadenas de supermercados como Lidl, Aldi y Supermarket, tomaran la decisión de cancelar todo tipo de contrato comercial con los productores de palta provenientes de Chile”, aclara la solicitud de intervención urgente, lo que habría motivado a modo de represalia las amenazas en contra del dirigente.

A continuación reproducimos en la comunicación difundida. Esta puede ser compartida también, a través de los siguientes enlaces:

• https://twitter.com/OBS_defenders/status/851434867531423744
• https://twitter.com/fidh_es/status/851449816202727424

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

• CHL 001 / 0417 / OBS 038
• Amenazas de muerte
• Chile
• 10 de abril de 2017

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Chile.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Observatorio Ciudadano (OC) sobre amenazas de muerte contra defensores del derecho al agua pertenecientes al Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), entre los cuales se encuentra su Secretario General, el Sr. Rodrigo Mundaca.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el día 20 de marzo de 2017, miembros de la organización MODATIMA recibieron amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. En una de estas, dirigida contra el Sr. Mundaca, Secretario General de esta organización, se le comunicaba que le iba a ser entregado un traje de madera de acuerdo a su talla, haciendo referencia a un ataúd.

Estas amenazas parecen estar relacionadas con el reportaje publicado por el medio danés Danwatch a través de un reportaje denominado “Las paltas y el gran robo”, basado en las investigaciones de la organización MODATIMA. En este reportaje se constata la sobreexplotación de los suelos para cultivar la palta o aguacate, causando que grandes cadenas de supermercados como Lidl, Aldi y Supermarket, tomaran la decisión de cancelar todo tipo de contrato comercial con los productores de palta provenientes de Chile.

En el reportaje el Sr. Mundaca denuncia también que los defensores de MODATIMA son señalados como “eco terroristas” y se les acusa de querer acabar con puestos de trabajo en el país, deslegitimando su actividad de defensa del derecho al agua.

Según las mismas informaciones, no se trata de un hecho aislado sino que se suma a números actos de hostigamiento, criminalización y persecución de integrantes de MODATIMA en el pasado reciente.

Así, el Sr. Mundaca también ha sido objeto en el pasado de hostigamientos y criminalización. El Sr. Mundaca fue denunciado cuatro veces por el delito de injurias graves, como consecuencia de una protesta pacífica realizada en la plaza de Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, en marzo de 2012 en contra de la apropiación ilegal de agua por parte de particulares, entre los cuales se encontrarían personas de la esfera política chilena, y la posterior documentación por parte de medios de comunicación nacionales de la actividad.

Estas denuncias conllevaron la apertura de cuatro juicios distintos contra el Sr. Mundaca que lo llevaron a comparecer 15 veces ante Tribunales de la Ligua, Quillota y Santiago de Chile, recibiendo una condena en abril de 2014 de 541 días de cárcel y el pago de 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a 230 dólares. Este tipo de condenas y persecuciones judiciales evidencian la criminalización y persecución contra el Sr. Mundaca y la organización MODATIMA por sus actividades en defensa de los derechos humanos.

El Observatorio condena rotundamente las amenazas de muerte en contra del Sr. Rodrigo Mundaca y demás miembros del MODATIMA, las cuales parecen tener origen en su activa defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y exige que las autoridades chilenas adopten todas las medidas oportunas y apropiadas para asegurar la integridad física y psicológica de estas personas.

De manera general, el Observatorio manifiesta su absoluto rechazo frente a este tipo de hostigamientos, persecuciones judiciales y estigmatización de la defensa de los derechos humanos y urge a las autoridades gubernamentales a que emprendan una investigación inmediata y exhaustiva sobre los hechos aquí denunciados.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Chile instándolas a:

1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Rodrigo Mundaca, y de los demás miembros de MODATIMA, así como de todas las personas defensores de derechos humanos en el país;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas mencionadas arriba, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
3. Poner fin a todo tipo de agresión, hostigamiento, violencia y criminalización contra todos los defensores y defensoras y organizaciones de derechos humanos en Chile y asegurar que puedan desarrollar sus actividades sin obstáculos;
4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al Artículo 1 así como al Artículo 12.2);
5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile.

Direcciones:

• Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Fax: (+562) 690 958, E-mail: opinion@presidencia.cl; internet@presidencia.cl; mhansen@presidencia.cl
• Sr. Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretaría General de la Presidencia. Fax: + 562.69.04.329, E-mail: tcostas@minsegpres.gob.cl
• Sr. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Fax: (+562) 269 04 000, E-mail:
• Sr. Jaime Campos Quiroga, Ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Fax: (+562) 698 70 98, E-mail: minju@reuna.cl; minju@minjusticia.cl; e.apariz@minjusticia.cl
• Sr. Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores. Fax: (+562) 696 87 96, E-mail: minrel@minrel.cl
• Sra. Lorena Fríes Monleón, Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Fax: (+562) 267 43 100; E-mail: l.valdez@minjusticia.cl; minju@minjusticia.cl
• Sr. Branislav Marelic Rojov, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Teléfono: (+562) 288 78 826; E-mail: alanda@indh.cl; direccion@indh.cl
• Diputado Segio Ojeda Uribe, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Teléfono: (+56 32) 250 5961; E-mail: sojeda@congreso.cl
• Senador Sr. Juan Pablo Letelier Morel, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, E-mail: ddhhsen@senado.cl
• Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra. Fax: + 41 (22) 919 88 00, misginchile@minrel.gob.cl
• Misión de Chile ante la Unión Europea. Fax.: +32 (02) 743 36 60. E-mail: echilebelgica@minrel.gob.cl

Se ruega escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.

***

Paris-Ginebra, 10 de abril de 2017

Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

• José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, y Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos, en cuyo territorio ancestral y legal se emplazan los proyectos, expusieron ante Ministerio de Asuntos Globales de Canadá y le entregaron estudio recientemente publicado con antecedentes y recomendaciones.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

Hasta Ottawa viajaron José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, y Sergio Campusano, Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos (CADHA), para presentar el Estudio de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) «Proyectos mineros canadienses en territorio de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos», publicado por el Observatorio Ciudadano, y denunciar ante autoridades de ese país las afectaciones a derechos humanos de los proyectos mineros Pascua Lama, de Barrick Gold Corporation, y El Morro – Corredor (hoy Nueva Unión), de Gold Corp y Teck Resources Limited, que se emplazan en el territorio ancestral y legal de dicha Comunidad, situada en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, siendo todos ellas empresas canadienses.

Utilizando la herramienta metodológica denominada “Todo Derecho” -diseñada por la organización Derechos y Democracia de Canadá y promovida por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)-, los autores del Estudio, José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, con la participación activa de las comunidades afectadas, identifican y analizan los impactos reales y potenciales provocados por dichos proyectos extractivos, así como normativa interna y estándares internacionales de derechos humanos e indígenas aplicables, haciendo además recomendaciones a los distintos actores involucrados.

Una de las primeras actividades realizadas por Aylwin y Campusano, junto a Sarah Zoen, de Oxfam América, e Ian Thomson, de Oxfam Canadá, fue la reunión que sostenida con el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, donde expusieron las principales afectaciones a derechos humanos verificadas y entregaron copia en inglés del informe.

Tras la reunión, Aylwin se refirió a las responsabilidades del Estado de Canadá frente a la afectación a derechos humanos de los diaguita Huasco Altinos producidos por estos proyectos, afirmando que “el Estado canadiense ha promovido activamente las inversiones de la industria extractiva domiciliada en su territorio fuera de sus fronteras. Ello a través de la suscripción de numerosos acuerdos comerciales con diferentes estados, entre estos con el Estado chileno, a fin de fomentar y proteger las inversiones en el exterior de empresas con domicilio en Canadá, o mediante el otorgamiento de créditos a las mismas empresas (Barrick Gold en proyecto Veladero) por parte de agencias estatales, sin salvaguardar los derechos humanos debido a los impactos de las inversiones apoyadas.

Aylwin agrega que “la responsabilidad de Canadá también es resultante de la negativa de su gobierno a acoger las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, las que le instan a adoptar medidas legislativas y políticas para asumir sus obligaciones extraterritoriales por la violación de derechos humanos por empresas domiciliadas en Canadá que actúan fuera de ese país, que permitan prevenir, reparar y sancionar dichas violaciones”. Asimismo, “a Canadá le cabe responsabilidad por el apoyo otorgado a los proyectos mineros objeto del informe sin haber escuchado las reclamaciones de las comunidades afectadas y organizaciones de sociedad civil”, destacó.

Recomendaciones del EIDH al Estado de Canadá

• Asumir sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, asegurando, a través de la adopción de legislación y de medidas administrativas, que las empresas domiciliadas en Canadá que operan en el exterior, no impacten negativamente los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus proyectos de inversión, en particular los derechos de los pueblos indígenas;
• Establecer mecanismos judiciales y administrativos, incluyendo un Ombudsman especializado en las obligaciones extraterritoriales de Canadá en materia de derechos humanos, para la reclamación de la responsabilidad de las empresas domiciliadas en Canadá que violan los derechos humanos fuere de ese país, cuando ello ocurra, garantizar la justicia y la reparación;
• Asegurar que los acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, que suscriban con otros Estados, no contengan disposiciones que pueden resultar en la restricción de los derechos humanos de los pueblos indígenas;
• Abstenerse de otorgar apoyo a través de sus agencias de financiamiento (Export Development Canadá), así como de su Embajada en Chile a los proyectos mineros que han sido objeto de este EIDH.

Se adjuntan resumen ejecutivo y texto completo del EIDH (versiones en inglés)

• Realizado por los abogados José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, da cuenta de las afectaciones presentes y potenciales derivadas de la irrupción de los proyectos Pascua Lama y El Morro en territorio ancestral de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos.

• Tras su lanzamiento en Santiago, uno de sus autores y el presidente de la Comunidad viajaron a Canadá para su presentación a autoridades de ese país y sociedad civil.

• El informe formula recomendaciones a los estados de Chile y Canadá, las empresas involucradas, y los sistemas de protección de derechos de la OEA y Naciones Unidas, con especial atención a la condición indígena de la comunidad directamente afectada.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

En la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, fueron presentadas las conclusiones del informe «Proyectos mineros canadienses en territorio de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos», publicado por el Observatorio Ciudadano, donde se identifican los impactos en derechos humanos generados por los proyectos mineros Pascua Lama, de Barrick Gold Corporation y El Morro – Corredor (hoy Nueva Unión) de Gold Corp y Teck Resources Limited, todas empresas canadienses emplazadas en el territorio de la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos, en la Provincia de Huasco, Región de Atacama.

Para el desarrollo del informe sus autores, José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, utilizaron la metodología de Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH), basada en la participación activa de las comunidades afectadas en la identificación y análisis de los principales impactos reales y potenciales en provocados por los proyectos de inversión en sus territorios, con el uso de la herramienta “Todo Derecho”, diseñada por Derechos y Democracia de Canadá para estos fines específicos y promovida por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La que ha sido utilizada desde hace más de una década por diversas entidades, incluyendo organizaciones de derechos humanos, financieras y por las propias empresas.

El estudio considera además recomendaciones a los distintos actores involucrados. En el caso del Estado chileno, asumir un rol activo en la protección de los derechos la comunidad afectada ante los violaciones y abusos cometidos por las empresa que detentan los proyectos, entre ellos su derecho a la tierra y el territorio, y a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; así como revisar y adecuar los mecanismos judiciales y administrativos existentes en el ordenamiento jurídico interno, asegurar la coherencia de su política pública e incorporar en el Plan Nacional sobre empresas y Derechos Humanos, en desarrollo por el actual gobierno, un análisis sobre los factores jurídicos y políticos que posibilitan la afectación de derechos indígenas por proyectos de inversión, por mencionar algunos.

Al Estado de Canadá, entre otras recomendaciones, le conmina a asumir sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, respectos de las empresas domiciliadas en ese país que operan en el exterior, adoptando las medidas administrativas y legislativas que garantice no se impacten los derechos de las comunidades, en particular indígenas, donde estas invierten, sugiriendo la figura de un Ombudsman especializado en cautelar estas obligaciones.

A las empresas involucradas a respetar la voluntad de la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huasco Altinos (CADHA) en relación a los proyectos que estas pretenden llevar adelante, a reparar por medios efectivos los impactos adversos, a impulsar procesos de debida diligencia en forma previa a sus inversiones, y a establecer mecanismos internos para atender y procesar reclamaciones.

Finalmente, instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a requerir del Estado chileno información sobre la situación de los derechos de la CADHA, a instarle a que realice nuevos procesos de consulta y a elaborar el informe de fondo sobre el caso Pascua Lama que tiene bajo su jurisdicción. Asimismo, a los órganos de tratado de Naciones Unidas que se han pronunciado sobre la necesidad de que Canadá adopte legislación y medidas que protejan de la afectación a derechos de sus empresas en el exterior, hagan monitoreo del nivel de cumplimiento, a la relatora de pueblos indígenas que incorpore en el informe que elabora sobre los impactos de los acuerdos comerciales en estos pueblos, el TLC entre Chile y Canadá, entre otros.

Estudio disponible para descarga, en sus versiones en español e inglés:

https://observatorio.cl/proyectos-mineros-canadienses-en-territorio-de-la-comunidad-agricola-diaguita-de-los-huasco-altinos/

La resolución del máximo tribunal estable la arbitrariedad en que incurrió el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) al no abrir un proceso de participación ciudadana en el proyecto «Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en mina Invierno».

El Mostrador, 17 de marzo de 2017