En el último tiempo, como nunca desde el término de la dictadura, el Estado chileno viene siendo observado en su cumplimiento de los derechos humanos que se ha comprometido a resguardar y promover. Una situación que debe llamar a la reflexión, y que evidencia que algo no anda bien en el país en estas fundamentales materias
A este monitoreo se suman los informes periódicos que debió presentar el gobierno, en mayo recién pasado, ante el Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismos que evacuaron sendas recomendaciones al Estado para eliminar prácticas violatorias de derechos y para adecuar su legislación a los estándares internacionales en la materia.