Como Observatorio Ciudadano, organización de la sociedad civil que promueve la defensa de los derechos humanos en el país, queremos expresar nuestra profunda preocupación por las políticas de militarización que se vienen implementando en distintas partes del país; tanto en el sur, vulnerando derechos de integrantes del pueblo mapuche; como en el norte, vulnerando derechos de población migrante proveniente de contextos políticos de alta conflictividad o económicos de suma precariedad.
En el caso del sur del país preocupa la utilización prolongada de los estados de excepción constitucional, y como consecuencia, la presencia militar en la zona, como mecanismo para establecer un control sobre los territorios de comunidades mapuche. Reconociendo la existencia de una situación de alta conflictividad y de creciente violencia en la zona, estamos convencidos de que la única forma de asegurar la paz en esta parte del país es a través de mecanismos de diálogo y no por medio de la presencia militar en dichos territorios.
Nos preocupa igualmente el actuar represivo y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros en su actuación en comunidades mapuche. Es así como el 23 de febrero en el sector Carimallin, comuna de Río Bueno, agentes policiales de carabineros utilizaron escopetas antidisturbios y perdigones de plomo disparando a integrantes de comunidades, entre ellos mujeres, que se manifestaban frente a la construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos, proyecto que afecta los derechos culturales y espirituales del pueblo mapuche. Como resultado, cinco de los manifestantes se encuentran con heridas de gravedad y uno de ellos con trauma ocular. En tanto, el 2 de marzo, tanquetas y personas del GOPE hostigaron, sin motivo alguno, a la Machi Millaray Huichalaf, al rodear su domicilio particular. Ello mientras se encontraba realizando su trabajo de machi junto a otras mujeres y menores de edad.
Del mismo modo, nos preocupan los hechos acaecidos el 3 de marzo durante una intervención con la incautación de cosecha en Temucuicui por parte de Carabineros, quienes actuaron con fuerza desmedida. Cualquiera sea la circunstancia que dio origen a dicha incautación, lamentamos la violencia utilizada, la que terminó con una veintena de heridos por perdigones y un comunero en la Unidad de Tratamiento Intensivo en el Hospital de Victoria.
Por otro lado, consideramos que la militarización de la frontera norte a través de la promulgación del DFL 1 2023 que responde a políticas de seguridad adoptadas por el gobierno, no se ajustan a los estándares de derechos humanos. Más aún, tal como la evidencia internacional lo indica, la militarización de las fronteras no aminora el flujo de personas migrantes. Al contrario, dicha política lo que produce es un aumento del tránsito irregular y la ampliación de las redes de trata y tráfico de personas. Resulta aún más preocupante el posible uso de armas letales en contra de personas que están siendo desplazadas, víctimas de crisis humanitarias en sus países de origen.
Es menester destacar que durante el cierre de fronteras producto de la pandemia por COVID-19, durante el mandato de Sebastián Piñera, los flujos migratorios irregulares aumentaron a máximos históricos y con ello también, las muertes en la frontera. Vemos con preocupación que continúe la mirada criminalizadora a la migración, y que permanezca y se profundice el enfoque securitista para abordar la movilidad humana.
Ante lo anterior queremos manifestar que:
Denunciamos la militarización en el sur y norte del país, que generan un actuar desproporcionado de las fuerzas policiales y militares, atentando contra la vida y la integridad física y psíquica de las personas y comunidades.
Rechazamos la represión y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales o militares hacia pueblos indígenas, en particular contra el pueblo mapuche, sus mujeres y niñxs, en contextos de protesta.
Exhortamos a que la respuesta estatal frente a temas de alta conflictividad respete los derechos fundamentales de las personas y comunidades y atienda las recomendaciones que los diversos órganos del sistema internacional de derechos humanos han realizado al Estado de Chile, en relación a la no militarización y la adecuación del actuar de carabineros a los estándares de derechos humanos.
Instamos al gobierno a que, tal como prometió en su programa de gobierno, impulse urgentemente políticas basadas en el diálogo para buscar soluciones a las complejidades del contexto mapuche garantizando sus derechos territoriales. Del mismo modo, instamos a que se aborde los desafíos actuales en el ámbito migratorio desde un enfoque de derechos, intercultural y territorial, de acuerdo al compromiso asumido de “avanzar hacia una política migratoria regular, ordenada y segura, alineada con los pactos internacionales, que reconozca los beneficios de la interculturalidad y promueva una real inclusión y reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas en la sociedad” (P. 189-191), y a firmar el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular o Pacto de Marrakech.
No existe excusa ni fundamento que justifique el uso de la represión y la violencia para enfrentar un conflicto, ya sea en temas de seguridad o de movilidad humana, debido a los grandes riesgos que la militarización y el uso de armas conlleva para el respeto y garantía de los derechos humanos.
Observatorio Ciudadano
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
