Pocos días después de concretarse las comentadas reuniones de ministros y empresarios salmoneros en casa del lobbyista Pablo Zalaquett, las partes anunciaron un acuerdo público-privado para relocalizar nueve concesiones que se encuentran dentro o cerca de tres parques nacionales. Un equipo del Observatorio Ciudadano* expone en la siguiente columna para CIPER cómo en varios puntos el acuerdo vulnera la normativa vigente, al tener procedimientos sancionatorios en curso en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) o con concesiones con causales para ser caducadas.
Desde el 29 de diciembre pasado una serie de notas en CIPER viene dando cuenta de reuniones entre autoridades de gobierno (los ministros Maisa Rojas y Nicolás Grau, entre otros) con empresarios salmoneros (Sady Delgado y José Guzmán, de AquaChile; Cristián Sweet y José Ramón Gutiérrez, de Multiexport; Andrés Santa Cruz y Rodrigo Sarquis, de Blumar) en casa del lobbysta Pablo Zalaquett. Ninguna de estas reuniones quedó registrada por ley de lobby. Además de las implicancias políticas e insuficientes explicaciones del gobierno al respecto, lo cierto es que se trata de reuniones que tuvieron efectos concretos en beneficio de los involucrados.
El 19 de diciembre pasado, el gobierno anunció un acuerdo con las empresas de la industria salmonera AquaChile y Cooke Aquaculture para relocalizar (o reubicar) nueve concesiones que se encuentran dentro o cerca de tres parques nacionales. Algunos celebraron la noticia, señalando que este era un importante avance en la «protección de los parques nacionales» y para un «desarrollo equilibrado y sostenible de esta industria»; aunque organizaciones de la sociedad civil expresaron duras críticas, haciendo un llamado «a la coherencia y a cumplir lo que se promete, a tener cuidado en no seguir cometiendo errores y a evitar seguir haciendo regalos a la industria, por más época navideña en que nos encontremos».
El acuerdo hecho público hace menos de un mes, precisamente por los ministros Maisa Rojas y Nicolás Grau (además de los subsecretarios para las Fuerzas Armadas, y de Pesca y Acuicultura) como representantes del gobierno [foto superior], parte de la base de que la industria de la salmonicultura «es un aporte relevante para el desarrollo económico a nivel regional y nacional». Si bien reconoce que esta ha estado vinculada a «diversos conflictos socioterritoriales, principalmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes», señala la importancia de generar compromisos público-privados, para lo cual se establecen cinco acciones concretas:
1. priorizar la relocalización de las nueve concesiones acuícolas que operan en o cerca de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins;
2. que estas relocalizaciones no impliquen el ingreso de tales concesiones a otras categorías de áreas protegidas;
3. que se entregan los códigos de las dos primeras concesiones a localizar (Nº110295 y 110225, no se informa sobre las otras);
4. se coordinarán los distintos entes del Estado para respetar los derechos adquiridos [de las empresas] y el desarrollo de la actividad dentro de la normativa vigente; y
5. se trabajará en una hoja de ruta que considere esta y otras materias específicas con el fin de seguir avanzando en el desarrollo y crecimiento sostenible de la industria.
El acuerdo concluye destacando que «tres de los cuatro parques nacionales y zonas adyacentes en la que existe actividad acuícola industrial, quedarán libres de salmonicultura, gracias al compromiso de dos de las tres empresas que realizan allí sus actividades».
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Si bien no es posible dar por hecho que el citado acuerdo corresponda efectivamente a los resultados de las hoy cuestionadas reuniones en casa del lobbysta Zalaquett, tampoco puede desestimarse la coincidencia temporal de ambos hechos; que, por lo demás, han quedado al margen de las indicaciones que para estos efectos establece la Ley de Lobby. Consideramos por eso legítimas las dudas y sospechas que entre las organizaciones ambientales y comunidades que conocen de cerca los conflictos socioterritoriales mencionados despierta este nuevo acuerdo público-privado.
Por una parte, al anunciar el acuerdo la ministra Maisa Rojas parecía darle demasiada importancia a un compromiso que en realidad era poco ambicioso y de bajo impacto desde la perspectiva socioambiental, considerando la relocalización de solo 9 de las 30 concesiones que se encuentran en parques nacionales (y las más de 400 que hay en áreas protegidas). No quedaba claro cuáles serían las nueve concesiones a relocalizar y a donde se reubicarían.
La falta de transparencia en la información ha sembrado dudas sobre si el acuerdo va a estar orientado a abrir la puerta para, por ejemplo, dar una salida a empresas salmoneras que están operando con incumplimientos a la normativa vigente, al tener procedimientos sancionatorios en curso en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) o con concesiones con causales para ser caducadas.
Por ello, realizamos un análisis del acuerdo a la luz de los datos disponibles y la legislación vigente, y encontramos lo siguiente:
La empresa canadiense Cooke Aquaculture mantiene 21 concesiones de salmones, todas ellas dentro o cerca del Parque Nacional Laguna San Rafael. Cuatro de ellas están incluidas en el acuerdo, dos se encuentran con procedimientos sancionatorios en curso en la SMA y las otras dos habrían incurrido en causal de caducidad, aunque finalmente contaron con una resolución que autoriza su fusión y relocalización en un sector aledaño. La empresa mantiene otra concesión más con un procedimiento sancionatorio y otras cinco con causal de caducidad [MAPA 1].
MAPA 1
•La empresa chilena AquaChile tiene cerca de 175 concesiones de salmones en las tres regiones mencionadas, de las cuales más de 60 se encuentran con causal de caducidad, siendo la empresa que mantiene la mayor cantidad de concesiones salmoneras en esa condición. 9 concesiones están dentro o cerca del Parque Nacional Isla Magdalena. El acuerdo prioriza relocalizar 3 de estas, una de las cuales se encuentra con causal de caducidad [MAPA 2]. La cuarta concesión a relocalizar es de la Exportadora Los Fiordos Ltda. que también se encuentra con causal de caducidad. Ambas empresas son subsidiarias de Agrosuper.
•Respecto al Parque Nacional Bernardo O’Higgins, no existe ninguna concesión actualmente dentro del parque. La (mal) referida en el acuerdo también es de AquaChile, y se encuentra cerca del límite sur, dentro de la colindante Reserva Nacional Kawésqar donde la empresa mantiene otras concesiones.
MAPA 2
En síntesis, de las nueve concesiones que prioriza este acuerdo, seis se mantienen vigentes incumpliendo la normativa actual, ya sea porque han incurrido en causales para ser caducadas o se encuentran con procedimiento sancionatorios abiertos.
Respecto a la legislación vigente, llama la atención que el gobierno presente como un acuerdo voluntario algo que está mandatado por ley. Tanto la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA, 18.892) como la nueva Ley de Biodiversidad (Ley 21.600) son claras en señalar que las concesiones salmoneras no están permitidas en parques nacionales y, si corresponde la relocalización, esta no puede darse en otras áreas protegidas.
Por lo tanto, expresar esto como un compromiso voluntario confunde a la opinión pública y evade la responsabilidad que le compete al Estado en dar cumplimiento a la ley.
Por último la ley señala (Nº 24.434) que toda relocalización de concesiones deberá someterse de manera obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y presentar un plan de abandono y cierre, lo que no menciona el acuerdo y es de esperar que se cumpla.
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En diversas consultas sobre sus reuniones con empresarios pesqueros en casa de Pablo Zalaquettt, el ministro Grau ha asegurado que el «tenor de la conversación fue general». Si así fuese, entonces de todos modos cabe preguntar: ¿cuáles fueron las reuniones sostenidas con los empresarios del rubro para discutir, en particular, los términos de este acuerdo?; y ¿por qué el gobierno sostiene este tipo de diálogos solo con un sector, cuando es de público conocimiento que existen diversas visiones e intereses en los territorios involucrados?
Son frágiles hoy las confianzas de la ciudadanía hacia empresas cuyas operaciones tienen altos impactos socioambientales. Dados sus evidentes vínculos con el mundo político, se esperaría que cualquier proceso de diálogo encaminado a llegar a un acuerdo fuese no solo amplio en su convocatoria, sino también transparente, y además implacable en cuanto a cumplimiento de la ley. Sin embargo, la situación que hoy se ha revelado en cuanto a contactos entre autoridades y empresarios, y su coincidencia con un acuerdo que aquí exponemos en sus muchas irregularidades, tiende un manto de sospechas que entre otras cosas contraviene los compromisos asumidos por el actual gobierno en el Acuerdo de Escazú, el cual busca garantizar el derecho al acceso a información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo que claramente acá no se ha visto materializado.
(*)Firman esta columna: Lorena Arce, Fernando Pardo, Vicente Díaz, Simón Crisóstomo y Macarena Lladser, del Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras (iniciativa del Observatorio Ciudadano).
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