Las 150 organizaciones que conforman la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) rechazan invitación del gobierno mientras este no dé soluciones inmediatas a las demandas ciudadanas vinculadas al fin de las Zonas de Sacrificio, modificación al Código de Aguas, firma del Acuerdo de Escazú y proyectos de inversión que no resguardan el medio ambiente.
El pasado viernes, tres organizaciones de la SCAC recibieron una invitación por parte de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para participar en una reunión a realizarse ayer
lunes en Cepal, sin embargo esta no sería coordinada por el estamento internacional, sino solo por el ministerio de Medio Ambiente.
Si bien la invitación llegó directamente a Chile Sustentable, Greenpeace y ONG FIMA, todas organizaciones que forman parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, estas decidieron someter la participación a la decisión de las 150 entidades del mundo social y ambiental que integran la red, quienes determinaron que, mientras no existan garantías para que la sociedad civil exprese sus demandas en un ambiente democrático y de respeto, a la vez que se clarifiquen las responsabilidades en cada una de las violaciones de derechos humanos ocurridos durante las semanas recién pasada, pero también a la que son sometidas constantemente las comunidades que viven en las denominadas zonas de sacrificio, no estarán dadas las condiciones para conversar.
“Hemos sido claros durante esta crisis social. Nosotros estamos para hablar, pero cuando veamos disposición del gobierno en avanzar con los conflictos medioambientales donde los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados y asegure acciones en incorporar estas demandas en la agenda antes de que comience la COP25. Esto, además de garantizar los derechos de quienes nos manifestamos pacíficamente y no ser reprimidos ni antes, durante o después de esta conferencia” , afirma Matías Asún, director de Greenpeace Chile.
Por otra parte, las organizaciones recordaron que desde el comienzo de la organización de la COP 25 han estado disponibles para plantear sus argumentos y aportes al gobierno, el cual optó por dialogar solo con algunas. Por esto mismo, las organizaciones decidieron unirse en la realización de Cumbre Social por la Acción Climática, instancia paralela e independiente del
gobierno, que busca generar el necesario espacio de reflexión que esta instancia necesita.
“Para nosotros es claro que esta crisis social también es ecológica, y por lo mismo, si nos llaman a dialogar, esperamos que sea con el propósito de presentar propuestas con soluciones reales y sistémicas y no una nueva evaluación de un problema que está más que claro” señala Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA.
Ante el llamado que, en el contexto de demandas sociales, diversas voces han levantado para cuestionar la realización de la COP 25 en nuestro país, desde la SCAC apelan a que se mantenga la decisión de realizarla en Chile, siempre que esto sea en un contexto de paz y democracia, que permita tener un diálogo participativo y en el que sean escuchadas las propuestas ciudadanas.
Hemos sido claros durante esta crisis social. Nosotros estamos para hablar, pero cuando veamos disposición del gobierno en avanzar con los conflictos medioambientales donde los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados y asegure acciones en incorporar estas demandas en la agenda antes de que comience la COP25. Esto, además de garantizar los derechos de quienes nos manifestamos pacíficamente y no ser reprimidos ni antes, durante o después de esta conferencia” , afirma Matías Asún, director de Greenpeace Chile.
“Nosotros hemos apoyado que la COP se haga en Chile y hemos aportado para poner fin al uso del carbón, terminar con las zonas de sacrificio y mejorar políticas para resolver la crisis hídrica. Es clave que el gobierno de señales concretas para resolver estas injusticias ambientales que también son los mayores desafíos en mitigación y adaptación”, destaca Sara
Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable.
Es así como las organizaciones civiles, plantean como condición mínima el avance y compromiso del gobierno en los siguientes temas:
– Fin a las zonas de sacrificio en forma inmediata con el cierre de las carboneras que operan vulnerando los derechos humanos obsoletas y cierre de las demás al 2030
– Enfrentar la crisis hídrica con reformas al Código de Aguas, la protección de glaciares y el acceso al agua como derecho humano y bien público.
– Firma y ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
– Retiro del Congreso de las iniciativas legales que priorizan la inversión a costa del medioambiente.
Finalmente, desde la ciudadanía destacaron que la crisis social también es ecológica y que resolverla requiere un proceso de Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
