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La Plataforma surge como espacio de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, indígenas, laborales y ambientales, para participar activamente en los procesos de elaboración de una Nueva Constitución y del Segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas en Chile. Se busca incidir en la adopción de instrumentos que regulen, promuevan y faciliten el pleno respeto a estos derechos por parte de los actores económicos, privados y públicos.

A las organizaciones les une una preocupación de larga data por las temáticas enunciadas, y por la defensa de comunidades, grupos y personas ante los impactos negativos de las actividades económicas en ejercicio de sus derechos humanos. Quieren hacer escuchar esa voz de manera coordinada en los procesos constituyente y de elaboración del Plan de Acción.

En particular, la Plataforma pretende trabajar en los siguientes aspectos en relación con el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas:

  • Acompañar críticamente el diseño del nuevo PAN, contrastándolo con los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos, particularmente, las obligaciones internacionales del Estado de Chile en relación con la prevención de violaciones a los derechos humanos y ambientales, la protección de los derechos humanos y del medioambiente, y el acceso a la justicia.
  • Velar por que el proceso cuente con una participación adecuada de sociedad civil y de comunidades y pueblos afectados por la actividad de empresas;
  • Incidir en los contenidos y metas del nuevo PAN y establecerse como instancia de sociedad civil de monitoreo de  la implementación del nuevo PAN.

En relación con la Nueva Constitución, la Plataforma busca incidir a favor de:

  • Concepción del Estado como Estado social y democrático de derechos.
  • Equidad, solidaridad, sustentabilidad y dignidad como principios de la economía, y el desarrollo humano, la vida digna, y el buen vivir de la población garantizando la sustentabilidad ambiental como objetivos de la actividad económica.
  • Actores económicos diversos.
  • Promoción de inclusión del trabajo en la nueva CP entendido como eje del desarrollo económico y social y consagración de los derechos laborales colectivos e individuales.
  • Límites a la actividad de las empresas, para garantizar el respeto a los derechos humanos, laborales, ambientales e indígenas.
  • Obligaciones estatales en materia de su propia actividad económica, y en relación con la negociación y adopción de los acuerdos económicos.

 

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