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Hasta el llamado «estallido social» del 18 de octubre de 2019, la agenda sobre un Proceso Constituyente, incluyendo aquella referida a los derechos de los pueblos indígenas, se encontraba paralizada. Dicha situación hacía muy complejo el avance en la generación de transformaciones constitucionales y legislativas que permitiera avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Tras el estallido social, se hizo evidente la profunda crisis política que atraviesa Chile, caracterizada por la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, la exclusión de importantes sectores, incluyendo los pueblos indígenas, de los espacios de toma de decisión, la desprotección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que había resultado en una enorme brecha económica y social entre la población, entre otras realidades. Al centro de esa pérdida de credibilidad está la actual Constitución Política vigente, la que mantiene desde la perspectiva de derechos humanos, como lo han señalado diversos organismos internacionales, adolece de serias deficiencias en materia de participación política, igualdad y no discriminación, reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, y
por lo mismo dificulta la convivencia y desarrollo democrático en el país. Esta asimetría en la distribución del poder y en las consecuencias que ello conlleva, se expresa de manera acentuada con relación a los pueblos indígenas.

Esta publicación revisa el marco normativo sobre pueblos indígenas en Chile, así como las demandas de las naciones originarias en el proceso constituyente que se lleva adelante, el que contempla 17 escaños reservados para pueblos indígenas en condición paritaria.

Autor: José Aylwin, coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

 

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