En días pasados el presidente Boric dio a conocer las líneas centrales de la Estrategia Nacional del Litio que su gobierno pretende impulsar. Ello en momentos en que la demanda global por el litio crece exponencialmente –lo mismo que los precios de este mineral no metálico, del cual Chile posee una de las mayores reservas del mundo– en el contexto de la búsqueda de alternativas de transición energética gatillada por la grave crisis climática que estamos enfrentando.

Entre las principales acciones que la Estrategia presentada por Boric se propone desarrollar se encuentran la creación de una Empresa Nacional del Litio y de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. A ello se agrega la incorporación del Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama; la prospección de otros salares que no sean declarados como protegidos, promoviendo en ellos un régimen de explotación que considere el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. Según lo señalado en la página web de la Estrategia, esta tendría como objetivos centrales “incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor al sector productivo en armonía con las comunidades”.

Un elemento central de la Estrategia anunciada por Boric es la creación de una Empresa Nacional del Litio, la que estaría sujeta a un proyecto de ley a ser presentado próximamente al Congreso Nacional para su análisis, proyecto que deberá establecer el marco institucional para la gobernanza del litio.

Lo anterior es consistente con el objetivo promovido por este gobierno de que el Estado asuma un rol de liderazgo en el desarrollo del litio, rol que, como sabemos, hasta ahora no ha tenido.

Ello toda vez que, no obstante ser Corfo el dueño de las pertenencias mineras de litio en el Salar de Atacama, donde hasta ahora se ha concentrado su explotación, dicha explotación ha sido impulsada por empresas privadas. Es así como hasta ahora han sido dos las empresas que han explotado el litio en este Salar: SQM (controlada por el Grupo Pampa, de Julio Ponce Lerou) y, desde el 2018, Tianqi Lithium, empresa de capitales chinos, y Albemarle, de capitales estadounidenses.

La inclusión del Estado en el desarrollo del litio es más que justificable. Con la creciente demanda y precio del litio en los mercados globales, las ganancias de dichas empresas se han elevado sustancialmente. Solo SQM reportó ganancias por US$ 3.906 millones en 2022. Tales recursos podrían financiar políticas en salud, educación, vivienda y tantos otros ámbitos sociales deficitarios en el país.

Con todo, y a pesar de que la Estrategia presentada por Boric considera explícitamente el involucramiento del sector privado en todo el proceso productivo, esta ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte del mundo empresarial, incluyendo a sus asociaciones gremiales (CPC, Sofofa, Sonami). Tales cuestionamientos parecen ignorar la lamentable trayectoria de incumplimiento de compromisos contractuales contraídas con Corfo por los privados, como SQM, involucrados en el desarrollo del litio. A ello se agregan las estrategias impulsadas por los directores de esta empresa, abiertamente reñidos con la legislación nacional y extranjera aplicable, así como con la más mínima ética, los que tanto daño causaron a la credibilidad de las instituciones, incluyendo por cierto los partidos políticos, descrédito que fue uno de los factores que gatilló el estallido social de 2019.

Más allá de dichas críticas, las que no pueden entenderse sino por la codicia insaciable y cortoplacista que caracteriza el empresariado chileno (que ve afectadas sus posibilidades de acumular mayores riquezas que las que ya han acumulado al perder el liderazgo absoluto que han tenido en el desarrollo del litio), no podemos sino llamar la atención a los límites que la Estrategia anunciada tiene desde la perspectiva de derechos humanos.

Así, aunque en sus anuncios el Presidente señaló la importancia del diálogo y participación de los diversos actores relacionados con el litio, la necesidad del involucramiento de territorios y comunidades, incluyendo su participación en los beneficios generados por el litio, identificando como un primer hito en la implementación de esta Estrategia la conversación con el Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay del Salar de Atacama, lo que hubiese correspondido desde la perspectiva de las obligaciones internacionales que Chile ha adquirido en materia de derechos humanos es que el involucramiento y diálogo con las comunidades indígenas hubiese tenido lugar antes y no después del anuncio de esta Estrategia.

En efecto, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, ratificado por Chile, establece que estos pueblos deben ser consultados cada vez que se adopten medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. En este caso, no cabe duda que la Estrategia Nacional del Litio, como política pública, afecta directamente no solo al pueblo lickanantay que habita el Salar de Atacama, sino también al pueblo colla que habita el Salar de Maricunga, en el cual el Estado ha autorizado la exploración y explotación de litio por Salar Blanco, empresa de capitales australianos.

Se debe señalar que, hasta la fecha, ninguna de las autorizaciones estatales para la explotación del litio, tanto en el Salar de Atacama como en el Salar de Maricunga, ha sido consultada con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados en forma directa por dichas autorizaciones. Tampoco lo han sido los convenios que Corfo ha suscrito en años recientes con las empresas que explotan el litio en el Salar de Atacama, autorizando sus operaciones allí hasta el año 2030, en el caso de SQM, y hasta el año 2040, en el caso de Albemarle.

Igualmente paradójico para un gobierno como el de Boric, que destrabó el año pasado las dificultades que el gobierno de Piñera puso para la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina (conocido como Acuerdo de Escazú), es el no haber seguido las directrices que este establece en relación a los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, cuando estos se ven afectados en sus derechos ambientales.

En dicho acuerdo se dispone que los Estados “facilitarán el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones” (Artículo 5.3).

El mismo Acuerdo de Escazú dispone que “las autoridades públicas realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación” (Artículo 7.14).

Toda la evidencia indica que la definición de la Estrategia anunciada por el Presidente sobre el futuro del litio fue adoptada sin la debida información, y menos con la participación de los pueblos que han habitado ancestralmente los salares en que este es explotado.

Lo anterior es especialmente preocupante teniendo en cuenta los serios impactos socioambientales que la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta ahora ha tenido en el pueblo lickanantay, los que han sido extensamente documentados tanto por entidades científicas y académicas como por organizaciones de la sociedad civil y de las propias organizaciones de pueblos indígenas que allí habitan.

En un reciente informe de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos de SQM, realizado por el Observatorio Ciudadano junto al Consejo de Pueblos Atacameños, se identifican entre otras consecuencias adversas generadas por la actividad de esta empresa en las comunidades lickanantay del Salar de Atacama, la afectación de los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupación tradicional; los severos impactos sobre las aguas y frágil ecosistema del Salar; y, como consecuencia de ello, de su derecho al desarrollo de sus actividades tradicionales vinculadas a la agricultura y a la crianza de animales. También se constata en dicho estudio la ausencia de procesos de consulta de las autorizaciones estatales de las operaciones de dicha empresa en el Salar y, como otra consecuencia de ello, la afectación de su derecho a determinar sus prioridades en materia de desarrollo, así como de su derecho a participar de los beneficios, no menores como veíamos, que la explotación del litio por hasta ahora ha generado.

Por todo lo anterior es que resulta fundamental que el proyecto de ley para materializar la Estrategia del Litio y su gobernabilidad futura sea consultado con los pueblos indígenas que habitan los salares donde este se encuentra. Más allá del cumplimiento de esta obligación básica contraída por el Estado de Chile ante la comunidad internacional, el oscuro historial de las empresas (en particular SQM) que han explotado el litio en el Salar de Atacama, y los intereses económicos, sociales y ambientales en juego en el desarrollo futuro –tanto por empresas públicas como privadas– de este mineral no metálico en el país, hacen pensar en la urgencia de contar, más allá de una Estrategia Nacional como la anunciada por el presidente Boric, de una estrategia país de igual relevancia sobre las empresas y los derechos humanos.

Como lo hemos señalado en columnas anteriores, Chile tiene un rezago enorme en esta materia. Ello, toda vez que no obstante haber adherido a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia, y haber aprobado en los últimos años dos Planes de Acción Nacional de Derechos Humanos –con precaria participación ciudadana el primero y con nula participación el segundo– las empresas tanto privadas como públicas en nuestro país tienen serios déficit en su performance en materia de derechos humanos.

Es importante en este sentido llamar la atención que empresas públicas como Codelco, la que de acuerdo a la Estrategia presentada por Boric tendría un rol destacado el desarrollo del litio, si bien no tiene la trayectoria de SQM antes referida, tampoco tiene un historial incontaminado en materia de impactos en derechos humanos en sus operaciones.

De acuerdo al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Codelco tiene 18 alegaciones por afectación de derechos humanos en sus operaciones tanto en Chile como en el exterior. La última de ellas refiere al proyecto minero a cielo abierto de Llurimagua, el que junto a Enami-EP, empresa estatal ecuatoriana, intenta impulsar en Cotocachi (Intag), en Ecuador, alegaciones por la afectación al medioambiente y al agua el mes pasado fueron acogidas por la justicia de ese país.

Por todo lo anterior es que sería altamente deseable que el presidente Boric cumpliese con el compromiso contraído en su Programa de Gobierno enviando al Congreso Nacional, además del proyecto referido a la institucionalidad y gobernabilidad del litio, un proyecto para ley para regular la debida diligencia en derechos humanos de las empresas que operen en Chile, así como también para las empresas domiciliadas en Chile que operan en el exterior.

Ello permitiría seguir la senda que diversos Estados europeos (como Francia, Reino Unido, Noruega, entre otros, y Unión Europea) están desarrollando para asegurar que las empresas de esos países prevean, mitiguen y respondan por la afectación de los derechos humanos generadas por sus operaciones, incluyendo en toda su cadena de valor, tanto dentro como fuera de ellos.

Se trata de una tendencia que se ha impuesto en muchos Estados del norte global. Ellos han comprobado que, sin una normatividad vinculante, los principios voluntarios hoy existentes no aseguran por sí solo que actores tan poderosos como las empresas, más allá del lucro, pongan los derechos de las personas y de los pueblos al centro de su quehacer. ¿Es ello mucho pedir para Chile? Pienso que no.

José Aylwin Oyarzún
Abogado. Integrante del Observatorio Ciudadano.

En días pasados escuchaba una antigua canción de Silvio Rodríguez cuya letra daba cuenta de los vientos de cambio que soplaban en América Latina en los años 80.  Refiriendo a los procesos políticos y sociales en favor de los sectores más desposeídos y marginados, entonces presentes en varios países de la región, la canción decía: “El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados…”.

Lejos de idealizar a Rodríguez, a quien como muchos en mi generación escuché apasionada y clandestinamente en dictadura, pero cuya posición respecto a políticas reñidas con los derechos humanos del régimen autoritario cubano no siempre ha sido coherente, la letra de su canción me llamó la atención e hizo reflexionar sobre los recientes vaivenes del tiempo político y sus implicancias para los pueblos, tanto a nivel global como en Chile.

Efectivamente, lejos parecen estar aquellos días en que los énfasis de los procesos políticos y sociales estaban puestos en los desprotegidos, los desfavorecidos, en los excluidos de cualquier tipo. Por el contario, la balanza se inclina brutalmente a favor de los poderosos, de aquellos que creen en el poder del dinero, y lo usan de cualquier forma –legal e ilegal– para mantenerlo; de aquellos que se niegan a cualquier transformación que pueda amenazar sus privilegios; de quienes creen, y de diferentes maneras, usan el poder de las armas –o a las fuerzas que las detentan– para defender dichos privilegios; de aquellos que viven encerrados en sus guetos asustados de los pobres; de quienes se niegan a cambiar sus formas de vida aun a sabiendas que son inconsistentes con la vida.

Se trata, lamentablemente, de un fenómeno global. En efecto, valiéndose de sus influencias, de sus partidos políticos, sus asociaciones gremiales, sus corporaciones, sus medios de comunicación, quienes detentan el poder económico han pasado a controlar la agenda política en muchos estados en las distintas regiones del planeta.

Así, han pasado a gobernar en no pocos países de Europa, intentado desde allí deconstruir los estados sociales de la segunda mitad del siglo XX que posibilitaron niveles de equidad y bienestar sin precedentes. Estados Unidos, a pesar de su gobierno demócrata, impulsa una estrategia político militar no muy diferente de la de gobiernos anteriores a objeto de mantener su hegemonía global; política que, lejos de favorecer a los millones de pobres y migrantes que allí viven, favorece la industria bélica de los poderosos de ese país. Putin y sus corruptos amigos empresarios gobiernan Rusia de manera despótica, aplacando cualquier rebelión interna. La mantención o recuperación las antiguas hegemonías rusas y/o soviéticas, a cualquier costo, parece ser su preocupación central.

En el caso de América Latina, y como consecuencia del cansancio de las últimas décadas con los gobiernos conservadores, autoritarios y excluyentes, controlados por las élites económicas, los que en muchos casos resultaron en la “captura corporativa de los estados”, han emergido gobiernos progresistas que se han propuesto transformaciones que apuntan en la perspectiva de lograr mayor justicia social, el respeto por la diversidad étnica y cultural, desafiando de paso las estructuras de clase arraigadas desde nuestro pasado colonial.

Un fenómeno común a todos estos gobiernos, sin embargo, ha sido el de los obstáculos que las élites económicas han puesto a todo intento de cambio social y de construcción de sociedades más igualitarias. Haciendo usos de su poder de lobby, de los medios de comunicación de los que son propietarios, y de otros mecanismos más primarios –como golpes de Estado como el de Bolivia– dichas élites han boicoteado toda posibilidad de materializar los proyectos de cambio institucional o político que promuevan mayores niveles de igualdad.

Chile es un dramático ejemplo de ello. Como sabemos, el hastío con las desigualdades, los abusos corporativos, la corrupción, la apropiación de los bienes comunes, gatilló el estallido social de 2019, una de cuyas consecuencias más relevantes fue el impulso a un proceso para dotarnos de una nueva Constitución que pusiera fin a la de 1980 y estableciera reglas de convivencia social más justas y democráticas.

En paralelo, la ciudadanía eligió a un gobierno de centroizquierda liderado por un Presidente que se propuso avanzar en una agenda de cambio político, económico y social que permitiese revertir las inequidades hasta ahora existentes, establecer las bases de nuevas formas de convivencia más respetuosas de la diversidad, y hacer posible una vida buena para tod@s. A poco camino de ello, sin embargo, hemos visto cómo el poder de la élite conservadora que concentra la riqueza del país se ha vuelto a apropiar de la agenda pública torpedeando toda iniciativa gubernamental que apunte en la dirección antes señalada.

Demostrativo de ello ha sido el rechazo por parte de los partidos que representan sus intereses a la idea de legislar en el Congreso Nacional una Reforma Tributaria propuesta por el gobierno. Dicha propuesta consideraba la reestructuración del impuesto a la renta, el combate a la elusión y evasión fiscal –al oponerse a esta última reforma de paso se delatan– y consideraba un impuesto a la riqueza.

Con la reforma se pretendía financiar políticas sociales para reducir las abismantes brechas socioeconómicas hasta hoy existentes en el país. En la misma línea, dichos partidos han dilatado y obstaculizado la iniciativa de gobierno para la reforma del sistema de pensiones de capitalización individual vigente, proponiendo la creación de un sistema mixto de pensiones, con la participación del sector público y privado, en que las personas –a diferencia de ahora– tendríamos la libertad de elegir quien gestiona nuestros ahorros.

A ello se agregaba el aumento de la Pensión Garantizada Universal con financiamiento de cargo de recursos de la Reforma Tributaria, el otorgamiento de un nuevo seguro social con financiamiento de empleadores, y la regulación de las comisiones del sistema de capitalización individual.

La necesidad de la reforma se hace evidente si se tiene presente que, mientras las AFP hoy acumulan nuestros ahorros previsionales cautivos equivalentes a US$ 235 mil millones, que representan el 74% del PIB (y desde su creación a la fecha han acumulado ganancias por US $ 12 mil millones). En contraste con ello, el 72% de las pensiones emanadas de estas entidades son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados y jubiladas recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza.

A ello se agrega la negativa de los mismos partidos y de los gremios de los empresarios de la salud a avanzar en una legislación que permita profundizar el sistema de salud público –en parte sub financiado por el sistema de salud privado de salud hoy también en crisis por cobros excesivos y por establecer aranceles discriminatorios–, sistema público que atiende a casi el 80% de la población, y cuyas listas de espera son aberrantes.

No puede dejar de mencionarse, por último, la reciente imposición por los mismos sectores de legislación (Ley Nain-Retamal) y de una agenda de seguridad que, aunque necesaria de abordar ante los nuevos fenómenos de inseguridad comunes a la región latinoamericana hoy presente en Chile, fortalece el uso de las armas por las fuerzas policiales, poniendo en peligro estándares internacionales de uso proporcional de las armas, en desmedro de la seguridad humana.

No son pocos los factores que explican esta lamentable realidad.

Determinante en ello fue la derrota que los sectores progresistas sufrimos en la etapa anterior del proceso constituyente en el plebiscito de septiembre pasado. Los errores que en dicho proceso cometimos, al confiarnos en nuestra mayoría en la Convención Constitucional y al no comprender que las constituciones no son el espacio para plasmar utopías (en este caso las nuestras) sino para establecer las bases consensuales de una convivencia democrática que nos permita transitar institucionalmente hacia ellas, permitieron a los grupos de poder conservadores mantener vigente las reglas de la Constitución del 80.

Ello no solo les ha permitido imponer las reglas de la nueva etapa del proceso constituyente, hoy en desarrollo, con bordes temáticos y mecanismos de elaboración constitucional reñidos con derechos humanos básicos (como la libre determinación y la participación política), sino además mantener plenamente vigente el poder de veto que por décadas la derecha ha ejercido para impedir transformaciones jurídico-políticas que amenacen sus privilegios.

Si a esta realidad agregamos otros fenómenos como la manipulación de los medios de comunicación por los grupos empresariales, la inexperiencia política de nuestras jóvenes autoridades, el temor que estas tienen en entorpecer las inversiones de los mismos grupos en el contexto de una economía en lento proceso de recuperación luego de la pandemia, y ante la crisis global generada por la guerra de Ucrania, tenemos la combinación perfecta que explica el actual escenario de grotesco control de la agenda pública por parte de la derecha política y empresarial.

No podemos, sin embargo, dejar de identificar, lecciones frente al desalentador contexto aquí descrito. Si hay algo que la historia nos demuestra es que ella no es lineal, que permanentemente tiene vaivenes, oscilaciones, ciclos, avances y retrocesos.

No obstante ello, en la perspectiva del tiempo avanza nítidamente en una dirección. Como lo señalan autores tan reconocidos como Thomas Piketty, Noah Harari, entre otros, a pesar de los muchos y críticos problemas que hoy enfrenta la humanidad, la historia apunta claramente, en particular en las últimas décadas más que en cualquier otra etapa de la historia, hacia el logro de mayores niveles de igualdad entre los seres humanos. Como señalan los mismos autores, ello no ha sido una dádiva de los sectores que detentan el poder económico y político, sino consecuencia de las luchas de los sectores oprimidos por los primeros.

Quienes pensamos que ello no es suficiente, y que se requiere avanzar mucho más sostenidamente para poner término a las marginaciones y discriminaciones de todo tipo que aún persisten en nuestras sociedades, debemos aprender de nuestros errores, evitando dar pasos en falso.

En el caso de Chile, tales errores han permitido a quienes buscan la defensa de sus intereses por sobre el bien común, mantener y fortalecer sus posiciones de poder, haciéndonos retroceder décadas en nuestra historia.

Los sectores conservadores relacionados a los grupos empresariales que hoy parecen estar embobados con la posición de poder que han recuperado, por su parte, no pueden tampoco dejar de mirar la historia. Ellos no pueden sino saber que la mantención de sus privilegios a toda costa (además de insustentables en un mundo en crisis ambiental como aquel en que vivimos) no se prolongará a perpetuidad en el tiempo.

Pese a que hoy estén triunfantes, la persistencia de sociedades desiguales con certeza generará nuevos procesos políticos y sociales, nuevos estallidos sociales, posiblemente con más fuerza que en 2019, en que los excluidos del poder volverán a exigir la dignidad y los derechos que les corresponden.

Aunque quienes creemos que la legitimidad de la democracia está en la igualdad, en la justicia, y no en el poder del dinero, hoy en Chile estemos pesimistas, aunque veamos el panorama de color gris, aunque las tendencias globales por el momento no nos favorecen, no podemos perder la esperanza.

Tengamos la certeza de que, si aprendemos de las experiencias vividas en los últimos años, al menos en el limitado contexto de nuestro país, más temprano que tarde el tiempo volverá a estar a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados…

José Aylwin Oyarzún
Abogado. Integrante del Observatorio Ciudadano.