INFORME CONJUNTO DE SOCIEDAD CIVIL PARA EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, 132° PERIODO DE SESIONES

Julio 2018

La Coalición por el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Chile (en adelante la Coalición) es una agrupación de organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, pueblo afrodescendiente y personas migrantes que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos. Si bien esta Coalición se creó en mayo de 2018 con la finalidad de presentar un informe conjunto al Examen Periódico Universal que se realizará al Estado de Chile en enero de 2019, sus integrantes hemos venido trabajando por varios años en acciones conjuntas para el fortalecimiento de los derechos humanos en Chile. El presente informe ha sido elaborado a través de un proceso participativo, el que ha incluido actividades de formación, reuniones de trabajo y de sistematización de la información, actividades desarrolladas bajo la coordinación del Observatorio Ciudadano, entidad no gubernamental de promoción, documentación y
defensa de derechos humanos.

El presente Informe analiza el cumplimiento por parte del Estado de Chile de sus obligaciones y compromisos voluntarios en materia de derechos humanos en el período comprendido entre el último Examen Periódico Universal (EPU) que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) realizara de Chile en enero de 2014 y la fecha. Para su elaboración se han tomado en consideración las recomendaciones que le fueran hechas por el Grupo de Trabajo sobre el EPU en esa ocasión. En particular a lo referido al marco institucional del país en materia de derechos humanos, en relación a los derechos de los sectores más discriminados en el país, entre ellos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes chilenos y la población migrante, y en relación a las empresas y derechos humanos.

 

Número de páginas: 19

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Joint Civil Society Report to the Universal Periodic Review Human Rights Council 132° Session

July 2018

The Coalition for the Strengthening of Human Rights in Chile (hereinafter the Coalition) groups civil society organizations, indigenous peoples, people of African descent and migrant people that work in the promotion and advocacy of human rights. This Coalition was created in May 2018 with the aim of presenting a joint report to the Universal Periodic Review of the State of Chile that will be held in January 2019. However, its members have been working for several years on joint actions to strengthen human rights in Chile.

This report was prepared through a participatory process, which included workshops, meetings and systematization of the information. These activities were developed under the coordination of the Observatorio Ciudadano (Citizen Observatory), a non-governmental organization of promotion, documentation and advocacy of human rights.

This Report analyses the compliance by the Chilean State with its obligations and voluntary agreements on the field of human rights, since the last Universal Periodic Review (UPR) that the Human Rights Council (HRC) carried out in Chile in January of 2014 until now. For its preparation, it has been taken into consideration the recommendations made on that occasion by the Working Group on the UPR.  Specifically, in reference to the country’s institutional framework on human rights, in relation to the rights of the most discriminated sectors in the country, as indigenous peoples, Chilean African descent and migrant population, and in relation to business and human rights.

Number of pages: 17

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Seminario abordó problemática de las víctimas indígenas de la dictadura chilena

Los impactos de la dictadura en los derechos humanos de los pueblos indígenas siguen siendo escasamente abordados y reconocidos. Concientes de ello, el seminario «Justicia Transicional y Pueblos Indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura», organizado por el Observatorio Ciudadano, la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, tuvo como objetivo poner de relieve esta problemática aún vigente, promoviendo la discusión y reflexión en torno a las memorias indígenas. La actividad, que contempló además un conversatorio con el público asistente, se realizó el martes 24 de julio en el auditorio de dicho Museo.

Entre 1973 y 1990, durante la dictadura, los pueblos indígenas en Chile sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos. Sus miembros fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, privación arbitraria de libertad, tortura, exilio y exoneración política.

Durante esos años, la negación indígena fue parte de la política de Estado, de hecho, Augusto Pinochet, en un discurso enunciado en 1979 en la ciudad de Villarrica, afirmaba que ““hoy ya no existen mapuches, porque somos todos chilenos”. Esto justificó la creación de escuelas fronterizas en el extremo norte con motivo de la castellanización y chilenización de las poblaciones de frontera, en su mayoría Aymara.

Otras formas de violaciones a sus derechos humanos fueron canalizadas a través de códigos y decretos de ley, como el Código de Aguas de 1981, que separó el agua de la tierra como bienes distintos y entregó a terceros -en especial empresas del sector agrícola, minero, forestal e hídrico- en forma gratuita derechos sobre las aguas que los pueblos indígenas utilizaban desde tiempos inmemorables. O la legislación minera impuesta en dictadura y su política económica que significó la apropiación de los recursos naturales de las tierras indígenas o en tierras colindantes a ellas, por parte de personas no indígenas y empresas nacionales y transnacionales.

Estas y otras temáticas serán abordadas en el Seminario, en el cual participarán académicos, activistas y representantes de distintas comunidades indígenas. El historiador mapuche y presidente de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, Hernán Curiñir, será uno de ellos y expondrá sobre su trabajo realizado en el 2016, cuando participó en la investigación apoyada por INDH y la Unión Europea sobre mapuches asesinados en dictadura.

De esta manera, el panel recogerá voces de los distintos actores, incluyendo las voces indígenas, sobre los alcances de las violaciones de derechos humanos, los avances y desafíos para esclarecer estos hechos, hacer justicia, lograr la debida reparación y asegurar que no vuelvan a repetirse.

La jornada se extenderá desde las 09:00 a las 15:00 horas e incluirá tres paneles: 1) violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas, 2) las secuelas de la dictadura en derechos derechos humanos de pueblos indígenas, y 3) perspectivas de justicia y reparación. El encuentro incluirá, además, una visita guiada a la exposición Memorias Indígenas del Museo de la Memoria, la cual se presenta como un viaje por la diversidad cultural, los prejuicios y las memorias que han sido olvidadas y reprimidas, promoviendo la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Seminario ‹‹Justicia transicional y pueblos indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura›› es organizado por el Museo de la Memoria y los DDHH junto al Observatorio Ciudadano y la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche.

PROGRAMA

9. 00 INSCRIPCIONES

9.15 APERTURA

  • Intervenciones de apertura
  • Francisco Estévez, Director Museo de la Memoria
  • José Aylwin, Director Observatorio Ciudadano
  • Hernán Curiñir Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche

9.30. PANEL 1. Violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas en dictadura

  •  José Araya, Profesor de Historia, Observatorio Ciudadano
  • Ercilia Araya, Presidenta Comunidad Colla Pai Ote
  • Ariel León, Asesor Consultor de Comunidades Originarias

10.45 CAFÉ

11.15 PANEL 2.   Las secuelas de la dictadura en derechos humanos de pueblos indígenas

  • Hernán Curiñir, Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche
  • Sergio Campusano, Presidente de la Comunidad Diaguita de Huasco Altinos
  • Alihuen Antileo, abogado mapuche Santiago

12.30  Conversatorio sobre perspectivas de justicia y reparación

  • Participación de convocantes, panelistas y asistentes. Moderación José Araya Observatorio Ciudadano

13.30 horas Cierre y cocktail intercultural

14.00 Visita guiada exposición Memorias Indígenas Museo de la Memoria

15.00 Término de actividad

Seminario Justicia Transicional y pueblos indígenas
Martes 24 | 09:00 h
Auditorio Museo de la Memoria (Matucana 501)
Entrada liberada

Declaración Pública: Observatorio Ciudadano frente a alimentación forzosa de Machi Celestino Córdova

A través de los medios de comunicación se ha hecho público que el día de ayer, martes 24 de julio, el Machi Celestino Córdova, quien actualmente se encuentra en huelga de hambre exigiendo que se le permita acceder a una ceremonia de cambio de Rewe necesaria para recuperar su estado de salud, fue trasladado de manera urgente producto de su delicado estado desde la Cárcel de Temuco al Hospital Regional de la misma ciudad, en medio de un operativo incluyó un alto contingente policial del GOPE de Carabinero y de Gendarmería.

Cabe hacer presente que el Machi Celestino Córdova suspendió su huelga de hambre inicial al día 102 luego que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera manifestara su disposición a iniciar gestiones para acceder a su requerimiento, esto una vez que depusiera la huelga, circunstancia que hasta el día de hoy no se ha visto cumplida, lo que llevó al Machi a retomar la huelga de hambre que cumplía ya su día 55.

De acuerdo a lo informado por sus familiares, personal del Hospital le habría insertado una vía intravenosa mediante la cual se le estaría suministrando suero, y además le habrían extraído muestras de sangre, sin que el Machi haya entregado su consentimiento para ello. Ha trascendido incluso que se iniciaría un proceso de alimentación forzada, para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, instancia que acogió el recurso de protección interpuesto por Gendarmería que busca alimentar forzadamente al Machi. No obstante esta sentencia aún no se encuentra firme, ya que fue apelada y debe ser resuelta por la Corte Suprema.

Cabe hacer presente que la alimentación forzada de personas que se encuentren en huelga de hambre, ha sido seriamente cuestionada por la comunidad internacional. Es así como la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial sobre las Personas en Huelga de Hambre, en sus normas para el trato de las personas en huelga de hambre, numeral 13 establece: “La alimentación forzada nunca es éticamente aceptable. Incluso con la intención de beneficiar, la alimentación con amenazas, presión, fuerza o uso de restricción física es una forma de trato inhumano y degradante. Al igual que es inaceptable la alimentación forzada de algunos detenidos a fin de intimidar o presionar a otras personas en huelgas de hambre para que pongan término a su ayuno”. Desde esta perspectiva, avanzar en la alimentación forzosa del Machi en vez de dar respuesta a sus requerimientos de fondo, sería un grave error que iría en contra de los derechos humanos.

En lo relativo al requerimiento del Machi Celestino Córdova para que se le permita realizar su ceremonia de cambio de Rewe, éste encuentra fundamento en el derecho a la salud, que en este caso debe ser considerado con pertinencia cultural. Ello ya que de acuerdo a lo indicado desde la cultura mapuche, la enfermedad (Mapuche Kutran) que aqueja al Machi es una grave enfermedad mapuche que ataca a los machis cuando estos se alejan de su rewe y cuando dejan de cumplir con su deber de machi (mandato espiritual), cuestión que producto de su condición de privación de libertad se hace muy difícil de realizar, sin que Gendarmería facilite los medios necesarios para su materialización, lo que implicaría a su vez la vulneración de la libertad de culto.

Al respecto el INDH en su estudio sobre Condiciones Carcelarias en Chile, ha recomendado: “En el caso de las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos indígenas se debe velar por el derecho que a estos les asiste a acceder a una salud culturalmente apropiada, y a la práctica del culto religioso indígena ligada a ella. Las modalidades de dicho acceso deben incluir tanto el acceso a los servicios de salud intercultural del Estado como a las propias formas de salud impulsadas por los pueblos indígenas, debiendo desarrollarse un protocolo para su determinación”[1].

Instamos al Gobierno a enmendar el rumbo, y en lugar de buscar la alimentación forzada del Machi, encuentra vías que permitan acceder a su requerimiento y de esa forma permitir el pleno ejercicio de sus derechos culturales y en especial el derecho a la salud, dando muestras de disposición a un diálogo intercultural que revierta la incomprensión que actualmente impera en el gobierno, que hasta ahora solo ha generado mayor conflictividad.

  • [1] INDH; Estudio Condiciones Carcelarias en Chile, diciembre 2017, Recomendación 28

Más de 70 organizaciones denuncian ilegalidad en impedimento por parte de la PDI a Juntas de Vecinos para entregar certificados de residencia a extranjeros

  • Aun cuando se encuentra vigente la Ley N° 20.718 del 2014, que habilita a estas organizaciones a otorgar certificados de residencia sin hacer distinción alguna entre los requirentes nacionales y foráneos, diversas organizaciones denuncian que en una reunión sostenida con funcionarios de la PDI se infirmó el impedimento de realizar dicho trámite a estas entidades en el caso de personas migrantes.
  • “Al establecer diferencias en la entrega de este documento entre nacionales y extranjeros, se vulnera el derecho a la igualdad (de trato) consagrado en la Constitución Política y en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile, y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico”, manifestaron.

Todo comenzó el 18 de julio de este año, cuando en la Primera Compañía Cuerpos de Bomberos de Santiago se realizó una reunión informativa respecto a la emisión y entrega de certificados de residencia para extranjeros por parte de las Juntas de Vecinos de la comuna de Santiago, convocada por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la PDI.

En dicha instancia, según informaron los asistentes a la cita, el funcionario de la PDI, Juan Toledo, señaló que las Juntas Vecinales ya no están autorizadas ni facultadas para otorgar certificados de residencia a los extranjeros.

Esto, a pesar de que hoy se encuentra vigente la Ley N° 20.718 (2014), la que modificó la Ley N° 19.418 (1997), habilitando a las juntas de vecinos a otorgar certificados de residencia sin hacer distinción alguna entre los requirentes nacionales y foráneos.

Como manifestaron los firmantes, “si bien las Policías de Investigaciones de Chile y Carabineros deben controlar el ingreso y egreso de los extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan los requisitos de la Ley de Extranjería (D.L. 1.094/75), con esta última información, se están atribuyendo ilegalmente facultades que escapan de su mandato legal y competencias, buscando privar a las Juntas de Vecinos de atribuciones legales, con la sola finalidad de potenciar y fortalecer su rol persecutor y de control respecto a extranjeros en Chile, desviando su misión que es la investigación de delitos, y no prevención que es otorgada a Carabineros.

A continuación, la carta completa y sus adhesiones:

ACERCA DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA PARA EXTRANJEROS

El día martes 18 de julio de 2018 en dependencias de la Primera Compañía Cuerpos de Bomberos de Santiago, se llevó a cabo una reunión formal de entrega de información respecto a la emisión y entrega de certificados de residencia para extranjeros.

Estuvieron presentes los representantes de las Juntas de Vecinos de las Agrupaciones Vecinales N° 1 y 7, de la comuna de Santiago), el Coordinador Territorial de Seguridad, de la Dirección de Seguridad Vecinal, de la Ilte. Municipalidad de Santiago, y la institución convocante, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, representado por el funcionario de la PDI, Sr. Juan Toledo.

Al efecto, el funcionario de la PDI señaló que desde esta entrega de información, las Juntas Vecinales ya no están autorizadas ni facultadas para otorgar certificados de residencia a los extranjeros, a pesar de que hoy se encuentra vigente la Ley N° 20.718 (2014), la que modificó la Ley N° 19.418 (1997), habilitando a las juntas de vecinos a otorgar certificados de residencia sin hacer distinción alguna entre los requirentes nacionales y foráneos.

Por otro lado, indicó que esta facultad recae en la Policía de Investigaciones, invocando como sustento legal el Decreto Ley N° 2.460 de 1979 (Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones), en específico el artículo 5°, el cual no prescribe de forma expresa el mandato de otorgar este tipo de certificados, haciendo sólo alusión a preceptos de carácter general como “contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales”, entre otras disposiciones.

Advirtió que este certificado no será entregado a aquellos migrantes que se encuentren de forma irregular, es decir, sin posesión de un visado, o la certificación de visa en trámite. Es más, señaló que en estos casos, además de no otorgarles el documento en cuestión, serán denunciados de forma inmediata a la autoridad administrativa, al igual que a los extranjeros que otorguen una dirección, y que la PDI en “controles aleatorios”, se percaten de que efectivamente ya no residen en la dirección indicada.

Cabe destacar además que en el momento de solicitud del certificado de residencia, se debe indicar el motivo o fines de la petición y/o señalar a la institución u organismo en el que será presentado.

Como Juntas de Vecinos, Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, Organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos, debemos señalar que si bien las Policías de Investigaciones de Chile y Carabineros deben controlar el ingreso y egreso de los extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan los requisitos de la Ley de Extranjería (D.L. 1.094/75), con esta última información, se están atribuyendo ilegalmente facultades que escapan de su mandato legal y competencias, buscando privar a las Juntas de Vecinos de atribuciones legales, con la sola finalidad de potenciar y fortalecer su rol persecutor y de control respecto a extranjeros en Chile, desviando su misión que es la investigación de delitos, y no prevención que es otorgada a Carabineros.

Al establecer diferencias en la entrega de este documento entre nacionales y extranjeros, se vulnera el derecho a la igualdad (de trato) consagrado en la Constitución Política y en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile, y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. También se vulnera el artículo 7º de la Constitución Política, toda vez que la PDI se está atribuyendo autoridad o derechos distintos de aquellos que expresamente se les han conferido en virtud de la Constitución y las leyes.

Hasta hace unos días (6 de junio de 2018), los requisitos para acceder a este certificado eran documento que acredite identidad -cédula de identidad, cédula de conducir o pasaporte-, dos testigos mayores de 18 años y/o algún documento que certifique domicilio, que podían ser requeridos en su conjunto o bastar sólo uno. Por tanto, no cabe argumento alguno para hacer distinción si todos habitan el mismo territorio nacional.

Establecer esta diferenciación, sólo acarreará problemas; como una sobre carga a la entidad policial que en estos días se encuentra colapsada, exponiendo en riesgo a la población de los delitos de crimen organizado y narcotráfico, cibercrimen, delitos ambientales, económicos y funcionarios, para los cuales está destinada esta entidad especial. Cabe recordar que antiguamente los certificados de residencia los emitían Carabineros, lo cual constituía una recarga de trabajo, que los distraía de funciones relevantes como la prevención de delitos, razón por la cual se otorgó este cometido a las Juntas de Vecinos, por lo que la medida significa un retroceso.

Además, creará un ambiente hostil entre las juntas vecinales -compuestas principalmente de nacionales-, y migrantes que concurran a solicitar el documento, toda vez que esta información no se ha divulgado oportunamente, y no existe precepto legal que lo avale.

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*El trámite en Santiago, debe ser solicitado en dependencias de la PDI, en calle Eleuterio Ramírez 852, Santiago (de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 hrs. con un costo de $800). El documento será entregado de forma inmediata, a excepción de aquellos que deban ser validados por la División de Investigaciones para ser presentados ante representaciones consulares, que demorará 15 días hábiles. En Regiones, debe ser solicitado en el Departamento o Sección de Extranjería de la PDI más cercana al domicilio del solicitante.

*El certificado de residencia se puede solicitar con la cédula de identidad para extranjeros; Pasaporte; Título de residencia; o con certificado de Permanencia definitiva. 

Adhieren:

  • Movimiento Acción Migrante
  • Observatorio Ciudadano
  • La Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile
  • Francisca Vargas Rivas, Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP.
  • Sindicato de trabajadoras de casa particular SINDUCAP
  • Warmipura, Mujeres Migrantes
  • Comisión Etica Contra la Tortura
  • Ciudadano Inteligente
  • Clínica de Atención a Migrantes de Universidad Alberto Hurtado
  • Denisse Araya Castelli Directora Ejecutiva  Corporación ONG Raíces
  • Pablo Rojas Varas ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL Antofagasta
  • AMPRO TARAPACA
  • Anmistía internacional
  • Fundación Helmut Frenz
  • Núcleo de Investigación Sociología del Cuerpo y Emociones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
  • Comisión de migración de Revolución Democrática
  • Frente de Migrantes del Movimiento Autonomista
  • Juventud Radical Metropolitana.
  • Fundación 1367. Casa de Memoria José Domingo Cañas
  • PRIEM
  • Junta de Vecinos El Progreso
  • Junta de Vecinos Blas Cañas
  • Junta de Vecinos de Barrio República
  • Junta de Vecinos Barrio Yungay
  • Junta de Vecinos Adelanto y Progreso
  • Junta de Vecinos Plaza Bogotá
  • Fundación Juan Bosch en Chile
  • Fundación Promigrar
  • Taller de Español Pataje.
  • Migramigos
  • Comité Habitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile.
  • Comité de Vivienda Por un Santiago Multicolor
  • Movimiento de Pobladoras- es Vivienda Digna
  • Departamento de la Mujer de Quilicura
  • Comité de Defensa Barrio Matta Sur
  • Diputado Giorgio Jackson, Diputado de la República, Frente Amplio
  • Catalina Pérez, Diputada de la República, Frente Amplio.
  • Gonzalo Winter, Diputado de la Republica, Frente Amplio
  • Carolina Araya, Presidenta Comunal Santiago Partido Socialista
  • Fundación Avina
  • FASIC  Antofagasta
  • Unidad Atención a Migrantes UCN
  • Observatorio de Derechos Humanos y Legislación
  • Corporación de Inmigrantes Unidos de Los Lagos
  • Revista Marx Intervenciones
  • Fundación Down21
  • Centro de Estudios de la Mujer
  • Observatorio de Violencia Institucional en Chile, OVIC
  • Colectivo haitiano: “LAKAY SE LAKAY”
  • Corporación Cimunidis
  • ONG Migrantes en Los Ríos
  • Fundación DIVERSIFICA
  • Agrupación Social y Cultural Colombianos por Siempre (Temuco)
  • Colectivo Sin Fronteras
  • Coordinadora Nacional de Inmigrantes
  • Instituto de la Mujer
  • Urracas Emaús Chile
  • ONG Tierra Unida. Por la interculturalidad e inclusión social 
  • Liliana Galdámez, Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile
  • Daniel Quinteros, Núcleos de Estudios Criminológicos de la Frontera.
  • Romina Ramos, Núcleos de Estudios Criminológicos de la Frontera.
  • Andrés Ignacio Rivera Duarte, Investigador y Académico
  • Rosario Carvajal, Concejala
  • Iraci Hassler, Concejala
  • Patricia Pino,  consejera del COSOC de la Municipalidad de Santiago
  • Leonardo Poloni Agar, sociólogo especialista en migración.
  • Lucía Toscano Viteri, Psicóloga infanto juvenil
  • Leonora Beniscelli, estudiante Doctorado en Sociología UAH, docente electivo de interculturalidad, migraciones y antirracismo, activista por los derechos migratorios
  • Fernanda Stang investigadora en migraciones internacionales
  • Ana Sugranyes Arquitecta , defensora del derecho a la vivienda
  • Elisa Beniscelli fotográfa y gestora cultural.
  • William Pierre, vocero haitiano de la IV Región
  • Gisela Valenzuela, Magister en Sociología, Universidad Alberto Hurtado
  • Carla Gatica Garay Psicóloga magister en intervención psicosocial
  • Helena Carvacho Becerra Diplomada en Migración

Desde el sur de América Latina estamos conmovidos con la partida de nuestro querido Taghi Farvar

Presidente y uno de los fundadores del Consorcio TICCA, miembro de la tribu indígena pastoralista Shahsavan de Irán, científico destacado, Taghi Favar comprometió su vida con la conservación de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Fue un ejemplo de intelectual orgánico, que combinaba su acción por el cambio social y ambiental con la práctica de su cultura ancestral y una visión de mundo de profundo respeto y valoración por la diversidad cultural.

Para quienes lo conocimos, un ejemplo de sabiduría, horizontalidad, solidaridad, alegría, y por lo mismo una fuente de inspiración. Tuvo siempre una conexión muy especial con los hispano parlantes, dado su conocimiento y vivencia en América Latina, lo que nos hacía sentirnos cercanos y hermanados con él.

Por todo ello no solo lo recordaremos, sino que daremos lo mejor de nosotros para honrarlo y seguir su ejemplo en los momentos difíciles que vive el planeta y la humanidad, en que las transformaciones estructurales y vivenciales que Taghi propuso en vida son cada vez más necesarias.

Hasta siempre Taghi.

Consorcio TICCA Cono Sur de América Latina

Taghi Farvar, sa Jemmá arlai keso afqat, kius afsekta sa tou jemma haper jetakualok qei. Čauks os sa  æskiuk čačar Kejena sekué

[Taghi Farvar es y seguirá siendo un gran hombre, su voz y su enseñanza fue entregado a mucha gente. Su espiritu y se escencia estará siempre con cada uno de nosotros quienes como pueblos indígenas defendemos nuestros derechos]

Comunidad Kawésqar de Puerto Edén, Chile
Miembro del Consorcio TICCA

Kiñe chalin poyen kom pu reima tañi wenuy Taghi, taiñ peñi pewen mapu che kume yeneaiñ taiñ rakifduam kizu, ka kume ngülalgueai ta wilguiñ

[Un cariñoso saludo para los familiares de nuestro amigo Taghi, de sus hermanos mapuche del territorio pewenche de Chile]

Comunidad de Quinquén, Lonquimay, Chile
Miembro del Consorcio TICCA

La zanahoria y el garrote de Piñera en La Araucanía

«Las palabras del presidente Piñera en La Araucanía, lejos de acercar una salida constructiva al conflicto interétnico existente entre el pueblo mapuche y el Estado, auguran una mayor confrontación», asegura en esta columna José Aylwin, del Observatorio Ciudadano.

La presencia el pasado 28 de junio del presidente Piñera en la Araucanía y el delineamiento de su política en relación a la región en general y al pueblo mapuche en particular, no ha pasado desapercibida.

El hito que marcó su visita, pocos días después del We Xipantu, año nuevo mapuche, fue el discurso que pronunciara teniendo como telón de fondo el nuevo contingente de carabineros –denominado “Comando Jungla”– y vehículos blindados para combatir el “terrorismo” en la región. A juicio del Presidente se trata de un terrorismo que no es imputable al pueblo mapuche, sino a sectores que lo integran. Al hacer esta precisión el Presidente mantiene la distinción que ha sido reiterativa en gobiernos anteriores; la del mapuche o “indio bueno”, para el cual ofrece zanahoria, y el mapuche o “indio malo”, para el que propone garrote.

La zanahoria anunciada en la ocasión fue el “Plan de la Araucanía”, el que encuentra su origen en las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía que formó la ex Presidenta Bachelet, integrada por personeros de los gremios, académicos, y representantes mapuche designados por los convocantes. Por lo mismo, su legitimidad, es por decir lo menos, precaria.

De acuerdo a lo señalado por Piñera en la oportunidad, el Plan, al cual se destinarían importantes recursos públicos y privados en un período de ocho años –cuatro más allá de su período de gobierno–, tiene como ejes fundamentales la inversión en tres áreas prioritarias, aunque no exclusivas: la agricultura, la energía y el turismo. Aunque no prioriza la forestación exótica, que con casi dos millones de hectáreas al sur del Biobio está a la base de muchos de los conflictos propietarios y ambientales con el pueblo mapuche y sus comunidades, sí incorpora la inversión en energía hidroeléctrica y eólica, energía que a pesar de su rótulo de limpia y renovable, es resistida por muchas comunidades, en particular en la zona cordillerana de la región, por sus fuertes impactos en sus hábitats tradicionales.

En cuanto a la estrategia del garrote, a la cual estuvo dedicada gran parte de su intervención, el presidente Piñera destacó la formación del contingente policial a su espalda compuesto por 80 carabineros que integrarían cuatro unidades, ello con tecnología de vanguardia, incluyendo blindados, drones, visores, comunicaciones, entre otros elementos.

Cabe detenerse, por las implicancias que estas tienen desde la perspectiva de los derechos humanos, en las afirmaciones del Presidente referidas al terrorismo, a sus cómplices y a su combate. Sobre el particular Piñera señaló: “Todos los que somos amantes y estamos comprometidos con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos y con el Estado de Derecho, tenemos que unir nuestras fuerzas para combatir al terrorismo, que es un enemigo de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho”.

Y luego agregó: “Y, por tanto, tenemos que también aprender a combatir a los enemigos pasivos o cómplices del terrorismo, que son todos aquellos que siempre encuentran una excusa para no combatirlos con decisión y con fuerza; que siempre están justificando sus acciones y que al final son más colaboradores del terrorismo que defensores de la paz y de la libertad de esta región”.

Al respecto cabe hacer varias precisiones:

1- Sobre la violencia y el terrorismo

Nadie desconoce que en la Araucanía y regiones aledañas existe un conflicto histórico que se expresa de múltiples formas, entre ellas, de maneras violentas. Como los organismos de derechos humanos hemos señalado, la violencia se expresa en el desconocimiento por parte del Estado de la existencia y de los derechos de los pueblos indígenas en su carta fundamental; en la exclusión del pueblo mapuche de los espacios de toma de decisión del país y la región; en la negativa del Estado a restituirles sus tierras de ocupación tradicional de las que han sido desposeídos; en la imposición de proyectos de “desarrollo”, como el forestal, que lejos de beneficiales empobrecen sus tierras y sus comunidades; y en la brutal represión –con resultado de muerte y prácticas de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes– frente a su protesta social, la más de las veces pacífica, frente a la realidad descrita.

Si bien también es efectivo que hay una protesta mapuche que se expresa ocasionalmente en hechos de fuerza en contra de bienes –algunos de los cuales son reivindicados por organizaciones mapuche, otros como lo demuestran la Operación Huracán 1 y 2, parecen más bien tener otro origen–, y muy excepcionalmente en contra de personas, se trata de hechos por cierto reprochables y constitutivos de delitos, pero cuya calificación como terrorista es altamente debatible. Ello puesto a que no reúnen los requisitos internacionalmente aceptados para calificarlos como tales, los que incluyen afectación de la vida o integridad de las personas y su realización con la intención de intimidar a la población y de obligar a la autoridad a adoptar o abstenerse de una decisión. Por lo mismo la utilización selectiva de esta legislación en contra de integrantes del pueblo mapuche –cerca de un centenar de 2010 a la fecha– con solo cuatro condenados, uno de ellos un infiltrado y otros tres en un juicio con serias irregularidades y que por lo mismo ha sido impugnado por la vía judicial, resulta abiertamente arbitraria y discriminatoria como lo han señalado diversas instancias de Naciones Unidas.

2- Sobre los cómplices pasivos

Resulta grave que el Presidente Piñera califique a quienes cuestionamos la violencia del Estado y la persecución que sufren los integrantes del pueblo mapuche como “enemigos pasivos o cómplices del terrorismo”. Se equivoca Piñera cuando afirma que las organizaciones de derechos humanos no condenamos los hechos de violencia que provienen de integrantes del pueblo mapuche. La desinformación del Presidente a esta respecto es manifiesta, puesto a que los organismos de derechos humanos hemos manifestado nuestro reproche a hechos delictivos como el que resultó en la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Ello no nos ha impedido, como ha ocurrido con sus partidarios y adherentes, reprochar el homicidio de integrantes del pueblo mapuche, como lo han sido Alex Lemun, Mendoza Collío, y Matías Catrileo, todos ellos muertos a manos de la policía, y el uso abusivo de las fuerzas policiales en contra de integrantes de comunidades, incluyendo a niños y niñas.

La denuncia de estos hechos de violencia, así como de la violencia institucional del Estado en contra del pueblo mapuche, lejos de convertirnos en enemigos o cómplices pasivos del terrorismo como señala el Presidente, nos enaltece, ya que nos convierten en lo que las propias Naciones Unidas ha reconocido como defensores de derechos humanos, labor digna que el Estado de Chile, al suscribir la Declaración de los defensores de derechos humanos, se ha comprometido a promover y a proteger.

Al respecto, además, cabe recordarle al Presidente Piñera que la lógica de los enemigos fue la que en dictadura llevó a justificar la muerte, el desaparecimiento y el encarcelamiento de miles de personas, la conculcación de los derechos políticos, y la imposición de un régimen de terror. Por lo mismo, su réplica bajo su administración es peligrosa y debe ser repudiada con energía.

3- Sobre la concepción de derechos humanos

En su intervención el Piñera nos insta a unir fuerzas en contra del terrorismo para la defensa, de entre otros valores “los derechos humanos”. Cabe analizar la concepción de derechos humanos que subyace a las palabras del Presidente. Evidentemente se refiere al derecho a la vida y a la integridad de las personas, cuestión que, por cierto, nadie podría impugnar. Se trata sin embargo, de la vida e integridad de todas las personas, incluyendo por cierto la de los mapuche, que la política represiva del Estado ha vulnerado reiteradamente, y que la estrategia policial anunciada sin duda afectará con mayor intensidad.

No hay en las palabras del Presidente ninguna referencia a los derechos del pueblo mapuche, derechos a los que el Estado de Chile se ha comprometido a respetar y promover al ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y al adherir a la Declaración de Naciones Unidas y Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Nos referimos a entre otros el derecho a la libre determinación y a la autonomía en sus cuestiones internas, al derecho a  definir sus prioridades en materia de desarrollo, a la consulta y en algunos casos al consentimiento frente a medidas administrativas como lo son los proyectos de inversión que afectan sus tierras, a la participación política en igualdad de condiciones que otros sectores de la población, al reconocimiento y restitución de sus tierras territorios y recursos naturales de ocupación tradicional. Se trata de derechos que asisten a todos los pueblos indígenas, incluyendo por cierto al pueblo mapuche, respecto a los cuales el Estado chileno tiene una deuda histórica por todos reconocida, que están a la base de la situación de conflicto que se vive en la Araucanía y regiones aledañas, y que el presidente Piñera ignora en su intervención.

4- Sobre la viabilidad de la estrategia propuesta

Estrechamente relacionado con ello cabe una reflexión final sobre la viabilidad de la estrategia de la zanahoria y el garrote anunciada por el Presidente Piñera para superar la situación de conflictividad entre el Estado y el pueblo mapuche. La abundante experiencia internacional existente sobre en materia de relaciones interétnicas nos indica que dicha estrategia no es viable, que la violencia solo genera violencia, que las posibilidades de una salida pacífica al conflicto interétnico que aquí existe se alejarán más que acercarse con su implementación.

En efecto, conflictos étnicos que involucran a “estados-nación” con pueblos indígenas existen muchos en el mundo, y han sido de diversa intensidad. El análisis de dichas experiencias da cuenta que estos conflictos lejos de superarse por la vía de la represión, que no hace sino prolongar la conflictividad,  solo han podido superarse a través de su abordaje político, esto es del dialogo, de la palabra. Los ejemplos de los conflictos de los miskito con el estado nicaragüense, de los kuna con Panamá, de los cree con el estado de Canadá, de los maorí con Nueva Zelanda, y hablando de Colombia, de los propios pueblos indígenas de ese país con su Estado, son ilustrativos a este respecto. En todos estos casos ha sido a través de la negociación, y no del garrote, que se ha logrado salir del enfrentamiento y avanzar hacia caminos de entendimiento, basados en el reconocimiento del otro y de sus derechos.

El pueblo mapuche tiene una larga trayectoria de diálogo. Demostración de ellos son los parlamentos a través de los cuales se logró establecer una convivencia armoniosa entre la colonia española y este pueblo, convivencia que con intervalos de enfrentamiento, duró hasta que el Estado chileno decidió incursionar por la fuerza en el territorio mapuche.

Por todo lo anterior es que las palabras del presidente Piñera en la Araucanía, lejos de acercar una salida constructiva al conflicto interétnico existente entre el pueblo mapuche y el Estado, auguran una mayor confrontación. Mala noticia para la región, para el pueblo mapuche, y para el país en su conjunto.

Por José Aylwin.

Chile: Actos de hostigamiento contra la abogada y defensora de derechos humanos Karina Riquelme

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Chile.Descripción de la situación:El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Observatorio Ciudadano (OC) sobre actos de hostigamiento en contra de la abogada y defensora de derechos humanos Sra. Karina Riquelme.

De acuerdo con las informaciones recibidas, los 9 y 10 de julio de 2018, en la ciudad de Temuco, la Sra. Karina Riquelme fue hostigada por parte de funcionarios de civil de Carabineros de Chile, en el contexto de la realización de las Audiencias de Formalización del ex General Director de Inteligencia de Carabineros y otros miembros de la institución, por el delito de “Asociación Ilícita destinada a Obstruir la investigación” y “Falsificar documentos” en relación con la denominada “operación Huracán” [1].

Durante la realización de la mencionada audiencia, la Sra. Riquelme fue fotografiada en reiteradas ocasiones por funcionarios de Inteligencia de Carabineros, quiénes la increparon al momento en que ella les preguntó porque la fotografiaban. Incluso durante la audiencia del 10 de julio, la Jueza del Juzgado de Garantía de Temuco le preguntó al funcionario porque fotografiaba a la abogada Riquelme, éste respondió con evasivas y se retiró de la sala. Durante la noche de ese mismo día la Sra. Riquelme fue hostigada en su propio hogar, mientras se encontraba con su hija de 6 años, cuando dos sujetos desconocidos apuntaban con una luz laser directamente la ventana de su casa durante un prolongado período de tiempo, tras lo cual la abogada Riquelme intentó hacer uso de su teléfono celular y éste se encontraba misteriosamente bloqueado.

El hostigamiento a la Sra. Karina Riquelme da cuenta de la precaria situación de los defensores de derechos humanos y de derechos de pueblos indígenas en el país, en que las intromisiones, amedrentamientos, interceptaciones telefónicas, y otras modalidades se han hecho frecuentes, dificultando su labor, todo lo cual afecta que se haga justicia en los numerosos casos de persecución en contra de líderes mapuche que hoy se verifica en el sur de Chile. El Observatorio subraya que el año 2017, la Sra. Karina Riquelme había sido objeto de una persecución similar, y que la acción judicial que interpuso para su protección no encontró acogida.

Por todo lo anterior, el Observatorio expresa su gran preocupación por la integridad física y psicológica de la Sra. Karina Riquelme y exige a las autoridades realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los autores de esta persecución y tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Karina Riquelme.

El Observatorio denuncia mas generalmente el hostigamiento por parte de funcionarios policiales en contra de abogados que ejercen libremente su profesión en busca de la verdad judicial respecto de montajes judiciales que significan una seria vulneración al estado de derecho en Chile.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Chile instándolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Karina Riquelme, así como de todas las personas defensores de derechos humanos en el país.

ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los actos de hostigamiento mencionadas arriba, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento, intimidación y criminalización contra la Sra. Karina Riquelme así como todas las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en Chile y asegurar que puedan desarrollar sus actividades sin obstáculos;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al Artículo 1 así como al Artículo 12.2;

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile.

Direcciones:

Sr. Sebastián Piñera, Presidente de la República. Fax: (+562) 690 958, E-mail: opinion@presidencia.cl; internet@presidencia.cl; mhansen@presidencia.cl
Sr. Gonzalo Blumel, Ministro Secretaría General de la Presidencia. Fax: + 562.69.04.329, E-mail: tcostas@minsegpres.gob.cl
Sr. Andrés Chadwick, Ministro de Interior y Seguridad Pública. Fax: +562 269 04 000
Sr. Hernan Larrain, Ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Fax: (+562) 698 70 98, E-mail: minju@reuna.cl; minju@minjusticia.cl; e.apariz@minjusticia.cl
Sr. Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores. Fax: (+562) 696 87 96, E-mail: minrel@minrel.cl
Sra. Consuelo Contreras, Directora, Instituto Nacional de Derechos Humanos; Teléfono: (+562) 288 78 826; E-mail: ccontreras@indh.cl
Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra. Fax: + 41 (22) 919 88 00, misginchile@minrel.gob.cl
Misión de Chile ante la Unión Europea. Fax.: +32 (02) 743 36 60. E-mail: echilebelgica@minrel.gob.cl

Se ruega escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.

***
Paris-Ginebra, 17 de julio de 2018

Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
· E-mail:Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
· Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

 

Declaración Pública: Coordinadora de Comunidades Mapuche Williche por la Defensa Del Territorio Willi Lafken Weychan

Archipiélago de Chiloé, Wetripantu 2018.

La Coordinadora de Comunidades Mapuche Williche por la Defensa Del Territorio Willi Lafken Weychan, es una organización autónoma que reúne a comunidades y asociaciones de comunidades mapuche del gran territorio marítimo que se extiende entre Reloncaví y Taitao. Nuestro objetivo es proteger nuestro territorio y cosmovisión ancestral, asumiendo su defensa y promoviendo el kume felen (buen vivir) en este territorio.

Con motivo de nuestro último encuentro realizado en la isla de Quinchao, en junio de 2018, y luego de analizar una serie de situaciones que vulneran nuestros derechos,queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:

Las comunidades de los territorios mencionados hemos vivido un fuerte proceso colonizador, por esta razón muchos de nosotros recién en este momento de la historiaestamos reconectándonos con nuestra espiritualidad ancestral, cuyo fundamento es la reciprocidad entre la comunidad y el itrofill mongen o biodiversidad, y por ende el habitar con respeto para asegurar a las futuras generaciones que puedan seguir disfrutando de ella en nuestros territorios.

La ley 20.249 que crea los Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), permite a nuestro pueblo administrar los espacios costeros y marinos que hemos utilizado ancestralmente, y muchas comunidades mapuche williche del territorio estamos solicitando la protección de nuestros espacios marinos y costeros a través de esta ley, que en su artículo 3°, señala:

“Créase el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades”.

La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, señala en su artículo 26, que “Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización (…) Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos”.El convenio 169 de la OIT, por su parte, indica que “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos” (Artículo 15 -1); y obliga a los gobiernos a adoptar “…las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio
ambiente de los pueblos interesados.” (Artículo 4 -1).

Lamentablemente, desde la promulgación de la ley 20.249, los diferentes gobiernos han puesto una serie de trabas para su correcta y oportuna aplicación, lo que ha resultado en que, al día de hoy, sólo existen siete espacios costeros ECMPO otorgados en las regiones de Los lagos y Aysén, mientras que otros 50 se encuentran injustificadamente detenidos en diversas etapas de su tramitación.

Sumado a esto, una serie de medidas legislativas y/o administrativas amenazan hoy el principal derecho que se pretendía resguardar con los ECMPO: el uso consuetudinario por parte de las comunidades.

Nos referimos a las siguientes medidas que se encuentran en trámite, o que han sido anunciadas:

La modificación de la ley de pesca se está realizando sin consulta indígena. La ley de pesca 20.657, fue aprobada sobre múltiples actos de corrupción conocidos por toda la ciudadanía, por lo tanto exigimos su anulación y el diseño de una nueva ley, acorde especialmente a las necesidades de los pescadores artesanales, y que aborde seriamente la sustentabilidad de esta actividad. Este diseño debe contemplar la consulta indígena, ya que obviamente afecta directamente uno de nuestros principales medios de vida.

Ley de Modernización de Sernapesca, que pretende obligar a todos los recolectores de orilla a registrarse en el registro de pescadores artesanales, lo que claramente vulnera el derecho de uso ancestral del marisqueo por parte de los pueblos originarios. Con esta ley, Sernapesca podrá multar a cualquier persona que se encuentre mariscando si no porta el carnet de RPA. Las comunidades convocadas en esta coordinadora, nos oponemos tajantemente a esta medida, y exigimos que nuestras costumbres sean respetadas, así como nuestro derecho a los recursos de nuestros territorios.

Ley de Traspaso del borde costero a Bienes Nacionales. Esta ley permitiría al Estado vender espacios costeros correspondientes a terrenos de playa a privados, impidiendo así el desarrollo del uso consuetudinario en estos espacios, y profundizaría el problema del acceso al borde costero. Por otra parte, Bienes Nacionales se encuentra ya vendiendo terrenos que han sido reivindicados por comunidades, como es el caso de las Islas Traiguen y Verdugo en la región de Aysén. Las comunidades nos oponemos a cualquier traspaso de bienes nacionales a privados, hasta que el Estado no determine, de manera participativa, los territorios ancestrales de nuestras comunidades.

Consulta ciudadana para el reglamento de Caladeros de Pesca. Durante el año 2017 y 2018, Subpesca realizó una convocatoria para hacer observaciones y propuestas al establecimiento de caladeros de pesca, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Se busca con ello determinar los caladeros de pesca utilizados por los pescadores artesanales, con el fin de poder declarar los espacios libres como áreas aptas para la acuicultura (AAA), proceso en el que identificamos varias irregularidades y transgresiones:

  • La determinación de los caladeros se realizó sin consulta indígena.
  • La consulta ciudadana a estereglamento se realizó por medios no pertinentes a la realidad de muchos pescadores artesanales (por internet y por medio de mapas muy pesados para descargar).
  • Según el conocimiento ancestral de nuestras comunidades, las especies no necesariamente se mantienen fijas en un espacio determinado, pudiendo cambiar los caladeros con el paso de los años.
  • El impacto de la salmonicultura se extiende por decenas de kilómetros, dependiendo de muchas variables en las condiciones oceanográficas, por lo que el concepto de caladero versus AAA, no resulta adecuado para la protección del ecosistema marítimo en la ecorregión chiloense.

Es por ello que:

  • Las comunidades indígenas exigimos que no se aprueben nuevas AAA, ni se autoricen nuevas concesiones ni relocalizaciones salmoneras, mientras no se realicen estudios serios de capacidad de carga e impacto medioambiental de esta industria.

Con el fin de salvaguardar nuestro territorio marino y costero, así como los usos ancestrales sobre él, exigimos que los ECMPO puedan contar con planes de manejo especiales, realizados sobre estudios de línea base integrales, y no estar afectos a cuotas regionales ni otro tipo de criterios ajenos al equilibrio biocultural de cada comunidad o asociación de comunidades en su territorio.

Denunciamos aquí la grave irregularidad en que cae Subpesca al demorar la admisión de las Solicitudes de ECMPO presentadas por comunidades de Queilen, Carelmapu, Costa de Valdivia, y comunidad Kawesqar de Puerto Natales. Con esto se acentúa la estrategia de entorpecer la tramitación de estos espacios, generando además un conflicto artificial entre las comunidades y otros usuarios del borde costero.

En esta misma línea, hacemos presente que la autoridad marítima está haciendo una interpretación errada o al menos antojadiza, del artículo 10° de la ley 20.249, al suspender la entrega de Permisos de Escasa Importancia para la captación de semillas de mitílidos, en áreas solicitadas como ECMPOs. Esta situación afecta negativamente la relación de nuestras comunidades con los mitilicultores, creando un nuevo conflicto artificial, ya que estos permisos temporales no están considerados en la dicha ley, y además las comunidades están dispuestas en la mayoría de los casos a incorporar la captación de semillas dentro de los planes de administración de los ECMPOs.

En otro orden de cosas, repudiamos la iniciativa del gobierno de realizar cambios en la ley y/o reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), que pretende restringir el derecho a la participación ciudadana, y que no contempla la participación indígena en la evaluación de proyectos que puedan afectar a comunidades. Recordamos que las leyes que se creen o modifiquen deben adecuarse a los estándares de derechos indígenas de los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, como el convenio 169 de la OIT, el Convenio de Biodiversidad Biológica(CBD) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Los Pueblos Indígenas, cosa que evidentemente aquí no está ocurriendo.

Las comunidades agrupadas en esta Coordinadora apoyamos la demanda territorial de la comunidad Alto Fundo Gamboa, que busca proteger un espacio de alto valor cultural y natural para las futuras generaciones, amenazado hoy en día por el proyecto de instalación de una subestación eléctrica de SAESA.

Manifestamos también nuestro máximos apoyo a la demanda del Machi Celestino Córdova, que se encuentra en huelga de hambre por más de 100 días, exigiendo se respete su derecho a la salud, pidiendo sólo dos días para poder realizar su Ngeykurewen, ceremonia esencial en la vida de todo machi.

Las comunidades mapuche williche aquí reunidas, reivindicamos nuestra relación espiritual con el territorio, y reiteramos nuestro compromiso por defenderlo de la depredación y el extractivismo desmedido propiciado por el actual modelo económico, y por trabajar en pos del bienestar, el küme mongen de nuestra gente y de todos los habitantes del territorio.

Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, así como al mundo político y empresarial, a comprender que nuestra motivación es el derecho a la vida y vivir en una naturaleza sana, que nos brinda alimentación de calidad, medicina, cobijo y belleza. Hacemos un llamado a que como sociedad emprendamos el viaje a la evolución del pensamiento. Nosotros, los habitantes ancestrales de estas islas y canales, nos resistimos a desaparecer y defenderemos nuestros espacios hasta las últimas consecuencias.

¡Marichiwew!

Coordinadora de Comunidades Mapuche Williche por la Defensa Del Territorio

WILLI LAFKEN WEYCHAN

 

Comunidades que suscriben:

  • Pewmayen – Puerto Aguirre
  • Antunen Raín – Puerto Aguirre
  • Foten Mapu – Caleta Andrade
  • Altos de Gamboa – Castro
  • Cheuqueman isla Marimelly – Cochamó
  • Lafken Mapuche – Hualaihué
  • Amutuy Ruka – Hualaihué
  • Tremo Wapi – Hualaihué
  • Rupu Lafken – Hualaihué
  • Ayulen Mapu – Hualaihué
  • Río La Arena Hualaihué
  • Mañihueico – Hualaihué
  • Fotum Lafken Mapu – Hualaihué
  • Isla Llanchid – Hualaihué
  • Pu Wapi Melinka – Melinka
  • Pepiukelen – Pargua
  • Puchaye de Pido – Quemchi
  • Kechalen de – Queilen
  • Apeche de Apeche – Queilen
  • El Kacike de Apeche – Queilen
  • Los Avellanos Apeche – Queilen
  • Piedra Blanca de Aulen – Queilen
  • El Eden de Paildad – Queilen
  • Huilliche de Lelbun – Queilen
  • Tahue de Aituy – Queilen
  • Lago Pio-Pio – Queilen
  • Cruce Los Canelos de Contuy – Queilen
  • Barrio Costero Huildad – Quellón
  • Cocauque – Quellón
  • Fundo Yaldad Mon Fen – Quellón
  • Isla Cailín – Quellón
  • Lafkenmapu, San Juan de Chadmo – Quellón
  • Rayen Mapu de Laitec – Quellón
  • Comunidad Autónoma Playa de Rauco
  • Inkopulli – Quellón
  • Piedra Blanca – Quellón
  • Asociación Weñu Petu Taiñ Kimun – Achao
  • Asociación Recuperando Nuestras Raíces – Achao
  • Comunidada Choin Wapi Che – Achao
  • Asociación Weñu Petu Taiñ Kimun – Achao
  • Asociación Recuperando Nuestras Raíces – Achao
  • Comunidada Choin Wapi Che – Achao
  • Colectiva Chonke Mapu
  • Consorcio TICCA
  • Movimiento Defendamos Chiloé

Estados acuerdan un pacto mundial por los derechos de los migrantes

Los Estados miembros de la ONU han logrado el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados.  El documento consta de 23 objetivos, entre los que se encuentran medidas contra la trata o la separación de las familias. El embajador de México, que ha liderado la negociación, asegura que, aunque no es vinculante jurídicamente, es “poderosísimo políticamente”

Gobiernos de todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos, se han comprometido a aumentar las vías para la migración regular, a mejorar la protección de los migrantes y a garantizarles servicios básicos.

El primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ha sido acordado este viernes en la sede de Naciones Unidas. Se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional. “Refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”, apuntó el Secretario General, António Guterres.

La adopción oficial del documento tendrá lugar a finales de este año en una cumbre que se celebrará en Marruecos.

El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas como la cooperación para abordar las casusas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter «exclusivamente humanitario».

Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso «seguro y digno» a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un «riesgo real y previsible» de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.

Los países de origen deberán readmitir siempre a sus nacionales y ofrecerles documentación de identificación adecuados.

No es jurídicamente vinculante, pero es poderosísimo políticamente. No tenemos ninguna duda de que todos los Estados miembros se van a sentir políticamente comprometidos por él y en la práctica totalmente beneficiados

El acuerdo no es vinculante y deja claro que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito.

“No es jurídicamente vinculante, pero es poderosísimo políticamente. No tenemos ninguna duda de que todos los Estados miembros se van a sentir políticamente comprometidos por él y en la práctica totalmente beneficiados”, explica a Noticias ONU, Juan José Gómez Camacho, el embajador de México ante la ONU, que ha liderado la negociación junto a su homólogo suizo.

La migración ha sido un asunto tradicionalmente reservado a la esfera nacional.  El embajador admite que, “un gran número de Estados” se rehusaban a “negociar su derecho soberano” a determinar su política migratoria. “Eso no ha cambiado”, puntualiza. “Pero hemos entendido todos que la única forma de abordar este fenómeno es a través de la cooperación.  Para que funcione tiene que haber coherencia y armonía ente las políticas impuestas por un país de origen de destino. Eso es lo que le da sentido al pacto”.

UNICEF/Adriana Zehbrauskas
El puesto fronterizo sobre el río Bravo, que conecta Reynosa, en México, y McAllen, en Texas, Estados Unidos.

Retirada de Estados Unidos

La adopción oficial del documento tendrá lugar en una cumbre que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech.

En las negociaciones, que arrancaron el pasado febrero tras una extensa fase de consultas, han participado todos los Estados miembros de la ONU, excepto Estados Unidos. Washington anunció su salida el pasado diciembre al considerar que el pacto es «incoherente» con sus políticas migratorias. El embajador espera que se puedan incorporar en un futuro. “Nos encantaría que lo hicieran porque es un instrumento que ofrece soluciones, no impone obligaciones”, señala.

El embajador mexicano, junto a su homólogo suizo, han liderado un proceso que ha requerido “mucho trabajo y diplomacia fina” para lograr “reducir la tendencia a la discusión adversarial” en un tema “complejo, polarizado y politizado y con un entorno de opinión pública muy desfavorable”.

El embajador cree que uno de los primeros efectos del pacto será “comenzar una nueva narrativa sobre la migración no basada en percepciones y prejuicios, sino en evidencias”.

ACNUR/Reynesson Damasceno
Venezolanos en Pacaraima, ciudad fronteriza con Venezuela, esperando en las dependencias de la Policía Federal, encargada de recibir a los solicitantes de asilo o permisos especiales de residencia en Brasil, el 16 de febrero de 2018.

Los mitos sobre los migrantes

Durante el proceso de negociación se llevó a cabo un debate técnico “casi de descubrimiento de la verdad de la migración” que según el diplomático ayudarán a “derrumbar mitos muy importantes en el imaginario colectivo”.

Por ejemplo, la creencia de que la migración es un fenómeno del sur al norte, de países pobres hacia los ricos. “En realidad la mayor parte de la migración es sur-sur, intrarregional”, dice el embajador. “En América Latina un 60% de la migración se produce dentro de la región, en África es un 75%”, especifica.

Otro mito es que los países de origen de los migrantes son los que se benefician más de su trabajo en el extranjero. “Los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria en los países donde están trabajando. Las remesas, tan importantes como son para algunos países, solo representan un 15% de los ingresos del migrante; el otro 85% se queda en el país de destino”, aclara.

En el mundo, existen 250 millones de migrantes, que representan un 3,3% de la población mundial. Sin embargo, contribuyen un 9% del PIB mundial, con casi 7 trillones de dólares al año.

“Los migrante tienen que ser reconocidos no solo porque son seres humanos y sus derechos tienen que ser respetados en todas partes, sino porque además son contribuyentes centrales en el desarrollo internacional”, concluye Gómez Camacho.

Así se vivió la aprobación en la ONU

Los fotógrafos de la ONU han tomado esta imagen del momento en el que los embajadores de México y Suiza, que han liderado la negociación, junto con el presidente de la Asamblea General, daban por cerrado el acuerdo.

La Organización Internacional de las Migraciones califica el acuerdo de «histórico».

«Después de 18 meses de proceso, la ONU acuerda el primer Pacto Mundial para la Migración. Es un momento histórico y el potencial es enorme», decía el presidente de la Asamblea General.

También se ha pronunciado sobre el pacto Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la CEPAL.

  • Producción: Beatriz Barral