Sociedad civil se prepara para la COP25: Comienzan los preparativos de Cumbre paralela que reunirá la visión y propuestas ciudadanas contra el cambio climático

Más de 60 representantes de organizaciones de la sociedad civil, se reunieron para aunar criterios, planificar acciones e iniciar un trabajo conjunto para implementar una cumbre social paralela a la próxima COP 25.

La masiva actividad, que convocó a organizaciones del mundo sindical, ambiental, territorial, las ciencias y la academia, se realizó al mismo tiempo que en La Moneda el Presidente Piñera hacia el lanzamiento oficial de la COP 25, en cuyo Comité ya se ha hecho presente la escaza participación de organizaciones de la sociedad civil en su composición.

En el encuentro, que incluyó trabajo en grupos y plenaria, quedó de manifiesto que la transparencia y la participación de las organizaciones en instancias como esta es un derecho y requisito mínimo que el gobierno debe garantizar; y por ello, aunque estos espacios no sean procurados desde la institucionalidad, la ciudadanía los creará de forma autónoma, amplia y horizontal.

En ese contexto, también se abordó la importancia de sensibilizar respecto de las acciones urgentes que deben desplegarse en la lucha contra el cambio climático y levantar los temas que componen la agenda ciudadana y que son indispensables para frenar el calentamiento global.

Además, se estimó que este grupo debe convertirse en un referente de acción climática abierto a todas las organizaciones que deseen incorporarse, que no pertenezcan a la estructura del gobierno ni a los gremios empresariales, y cuya motivación sea velar por sostener soluciones verdaderas y defender los derechos humanos y el reguardo del medio ambiente. Los y las asistentes, expresaron también el interés de que la coordinación se dé con otras instancias similares que comienzan a estructurarse, a fin de que se creen sinergias que contribuyan a crear mejores acciones.

Organizaciones participantes:

ANEF
CAN
Caritas Chile
CECC
Centro de DDHH Universidad de Chile Chao Pescao
Chao Carbón
Chile Sustentable
Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
Codeff
CODESA
Colegio de Abogados
Colegio Ingenieros Recursos Naturales
Colegio Médico
Comunidad Kawesqar Nómades del Mar
CR2
Defensoría Ambiental
Ecosistemas
Equipo Latorre
Espacio Público
FENATRAMA
FES
Frente Ecológico Austral
Fridays for Future Santiago
Fundación Decide
Fundación Henrich Böll
Fundación Mar Adentro
Fundación Meri
Fundación Newenko
Fundación Nodo Social
Fundación Rompientes
Fundación Tantí
Futuro Renovable
Greenpeace
Guete
IDEA USACH
IEP
MODATIMA
Movimiento Autonomista
Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví
Núcleo Milenio Energía y Sociedad
Observatorio Ciudadano
OCEANA
Programa de Derecho Ambiental UDP
Revolución Democrática
Saberes Colectivos
Salvemos La Campana
Semillas de Cambio
TERRAM
Vigilante Costero Yanapanaku
Mesa Ciudadana Eº Magallanes

ONU Revela Multimillonaria Evasión Tributaria Minera en Africa y Chile

Miles de millones de dólares de Producción Minera, Petrolera y de otros Commodities salen de los países en desarrollo pagando menos impuestos de los que deberían, según una investigación de las Naciones Unidas. El estudio realizado involucró a cinco países: Sudáfrica, Costa de Marfil, Nigeria, Zambia y Chile.

La investigación de las Naciones Unidas indica que el monto de las exportaciones mineras ilegales supera la inversión directa extranjera que reciben los países y que el tráfico es facilitado por la existencia de compradores en Suiza y los Países Bajos.

Naciones Unidas no denunció a nadie en particular, indicando que se requiere más trabajo para identificar a los traficantes, según un reporte del Financial Times.

Sí se recomendó impulsar la transparencia para prevenir el tráfico ilícito de minerales y otros commodities.

El estudio realizado involucró a cinco países: Sudáfrica, Costa de Marfil, Nigeria, Zambia y Chile.

El único país latinoamericano incluido en el estudio es altamente dependiente de la actividad minera, en particular, del cobre, como el Perú.

En el caso de Chile, se indica que desde 1990 al 2014, Chile realizó exportaciones récord de cobre a los Países Bajos.

Salieron del país US$ 16 mil millones, pero esa cantidad no apareció en los registros de importaciones de los Países Bajos.

Las inconsistencias en facturación minera chilena suman US$ 44 mil millones y el informe apunta a evasión tributaria.

Si bien en el recuento neto existió una sobre facturación, solo para los envíos a Alemania, se declararon US$ 9.400 millones menos.

Igualmente, las exportaciones no declaradas de oro de Sudáfrica fueron entre 2000 y 2014 de 78,2 billones, el 67% del total de las exportaciones formales de oro, en tanto que 28.900 millones de ventas de cobre de Zambia (la mitad del total) fueron a Suiza, pero nunca se registro su llegada a ese país.

Léonce Ndikumana, líder del estudio y profesor en la Universidad de Massachucetts Amherst, dijo al Financial Times que estos montos no pueden atribuirse a errores administrativos.

“La implicancia es que los operadores están explícitamente manipulando las facturas. Más bien, implica que hay operadores manipulando las estadísticas. Tiene que haber complicidad en ambos lados. Hay una falta de transparencia seria en ambos lados”. Hay complicidad en ambos lados”, indicó.

Agregó:

“Las discrepancias no se pueden atribuir a errores administrativos. Los errores estadísticos normalmente no tienen una tendencia y no crecen con el tiempo”.

Los commodities (minerales, petróleo, etc) dejan los países en desarrollo, frecuentemente a precios muy bajos, y son comprados por traders en los países desarrollados, pero luego los envíos desaparecen”, señaló al Financial Times Alex Cobham, de la Tax Justice network, un grupo con sede en el Reino Unido.

Al salir subvaluados, el margen entre el precio de venta en los países en desarrollo y el precio de venta en los mercados internacionales es inmenso. Si las ventas saliesen de los países en desarrollo a precios normales, se deberían pagar más impuestos que ayudarían a esos países.

“El secretismo reinante en Suiza y otros países permite que esto suceda”, concluyó.

Christine Clough, del grupo Global Financial Integrity, dijo que los resultados sospechosos que involucraban a núcleos financieros como Suiza, especialmente en relación con el cobre de Zambia, eran comúnmente porque las materias primas nunca fueron hacia allá.

“En el papel, la mayor parte del cobre va a Suiza, pero en realidad la mayoría va directamente a compradores en otros países”, dijo.

Mukhisa Kituyi, secretaria general de Unctad, señaló:

“Los gobiernos deberían repensar sus políticas de desarrollo. Si el nivel de pérdida es cercano a lo que estas cifras indican, entonces la narrativa del desarrollo no es sobre más inversión, sino sobre frenar el saqueo. Esto es más de todo el flujo de inversión extranjera directa hacia África, por ejemplo”.

Alex Cobham, del grupo Red de Justicia en Impuestos, llamó a los gobiernos a pedir más transparencia, especialmente de los centros comerciales como Suiza, que describió como un “hoyo negro de datos”:

“Podemos ver que las materias primas salen de los países en desarrollo, muchas veces con precios anormalmente bajos, con destino a comerciantes en algún lugar y luego el rastro desaparece. El riesgo claro es que el secreto del comercio suizo y otros cubre mala facturación incluso mayor a la que vemos en los datos”.

Descargue el estudio
Fuente: Red de Justicia Fiscal de Américica Latina y el Caribe

Anuncian comisión investigadora por venta de tierras indígenas y el caso del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla

Un grupo de diputados de la oposición, encabezados por la parlamentaria, Emilia Nuyado, presentó un requerimiento para crear una comisión investigadora sobre ventas irregulares de tierras indígenas, en especial la del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

«Junto a diputados de oposición presentamos la solicitud para investigar la venta de tierras indígenas, en especial la situación del subsecretario Rodrigo Ubilla. La Ley Indígena debe cumplirse y no buscar resquicios para adquirirlas», dijo la diputada del PS.

Nuyado, quien asumió ayer la presidencia de la comisión de DD.HH y Pueblos Originarios, fue crítica del caso de compra y venta de un terreno -supuestamente bajo la Ley Indígena- adquirido por el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, situación que debe clarificarse, dijo.

La petición para conformar esta comisión fue respaldada además por los diputados, Carmen Hertz, Ricardo Celis, Miguel Crispi, Leonardo Soto, entre otros.

Respecto a esta información sumamos la siguiente declaración de la Comunidad Mariano Millahual de la comuna de Pucón.

En conocimiento del oficio N º 280 de fecha 25 de marzo de 2009 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en relación a la solicitud de “remisión de un Informe Institucional, que sirva para la elaboración de los antecedentes solicitados por la Cámara de Diputados”,  requerido a través de oficio Nº 8074 de 2019, la Comunidad Mariano Millahual de la comuna de Pucón, manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

1 – Reiteramos nuestra disposición en relación a esperar el pronunciamiento de la Contraloría Regional respecto a la denuncia efectuada el pasado 15 de marzo de 2019, en la que se señala expresamente la “ILEGALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO DE DIRECTOR DE CONADI POR LA COMPRA DE TIERRAS INDÍGENAS, DEL CHILENO RODRIGO UBILLA MACKENNEY  EN LA COMUNA DE PUCÓN, SOLICITA SE INSTRUYA SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINE EVENTUALES IRREGULARIDADES, Y SE ORDENE A CONADI DEMANDAR DE NULIDAD EL CONTRATO DEL SR. UBILLA CON LA SRA. GUADALUPE MORIS”.

2 – Ante la defensa corporativa realizada por una institución del Estado a este caso en particular, respecto de un alto funcionario de Gobierno, no escatimando en recursos y no advirtiendo plazos para la generación de antecedentes para su defensa, y en atención al evidente abandono de deberes producidos por este tipo de acciones que vulneran abiertamente nuestros derechos y los de todas las comunidades constituidas al amparo de la Ley 19.253, y se escapan de las obligaciones inherentes que le asisten a la Corporación.

Solicitamos por este mismo acto, que la CONADI, elaboré en el más breve plazo un INFORME JURÍDICO ADMINISTRATIVO que dé cuenta de la pérdida territorial que hoy posee la Comunidad Mariano Millahual, incluida la venta generada al Sr. Ubilla. Dicha petición será presentada formalmente al Consejo Nacional de la Conadi, de manera que sea este espacio el lugar en que en lo sucesivo se resuelva la controversia generada por la deficiente, parcial y arbitraria interpretación generada por el Fiscal Nacional (S) de la Corporación.

3 – Con todos estos antecedentes y atendida la disposición de la Corporación por reconocer la pérdida de espacio territorial, hoy en posesión de personas no indígenas, declaramos a través de este acto el inicio de nuestro proceso de restitución territorial a través de los mecanismos que para este efecto ha dispuesto el Estado chileno, esperando que resuelva con la misma diligencia y recursos puestos a disposición del Sr. Rodrigo Ubilla en el más breve plazo, en favor de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad.

4 – Finalmente, reiterar nuestra disposición al diálogo, enmarcado en el respeto absoluto que para este efecto han delegado nuestras autoridades ancestrales en nuestro Werken Carlos Quiñenao.

A un año del ‘Ordenar la casa’: Organizaciones migrantes acusan desinformación, ineficiencia y fracaso del Gobierno en política migratoria

Al cumplirse un año de los anuncios y las acciones del Ejecutivo en relación a la migración en Chile -sumado a inminentes nuevas medidas administrativas enmarcadas en la misma línea, cuyo anuncio se espera para este martes 9 de abril-, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, junto a otras instancias y organismos afines, expresaron a través de una declaración su rechazo y denunciaron la desinformación y el fracaso de las medidas adoptadas y aplicadas por el Gobierno.

Esta política –que contempla el proceso de regularización, el proyecto de ley y el plan de retorno humanitario, entre otras medidas- fue catalogado por la instancia como “una política anti-migratoria que se ha estado llevando a cabo, basada en decretos, mala gestión, desinformación y sin reconocer pactos internacionales en la materia, erigiéndose aún más retrógrada que la política migratoria de la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo legado tenemos hasta hoy con el Decreto Ley de Extranjería de 1975”.

Nueve son los puntos denunciados por las organizaciones, entre los que se encuentran la desinformación y la entrega de cifras engañosas para validar el accionar del Gobierno, un fallido proceso de regularización, las visas por decreto y la criminalización de la migración, entre otras.

“El Ejecutivo tiene un discurso de ‘eficiencia’, ‘buena gestión’ y ‘conocimiento técnico’ sobre migraciones, sin embargo, en la práctica han demostrado todo lo contrario”, denunciaron. “Por la ineficiencia de estas medidas es que personas no han podido cumplir los plazos establecidos y están quedando irregulares. Es así como, en definitiva, el sistema propende a generar esta situación”, agregaron.

En este enlace puedes revisar en detalle la Declaración de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes respecto de la Política Anti-Migratoria del Gobierno de Chile.

Gran asistencia en conversatorio “Del Estado Nación al Estado Plurinacional” realizado en el ex Congreso

Un interesante y fortalecedor Conversatorio acerca de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios se vivió el martes 26 de marzo en el ex Congreso Nacional de Chile.

Inquietos por la injusticia permanente ejercida en contra de los Pueblos Originarios en Chile, surgió la necesidad de aportar bajo el alero de la Diputación del humanista Tomás Hirsch y del Observatorio Ciudadano, con José Aylwin a la cabeza, un espacio de reflexión en torno a la comprensión del mal llamado conflicto mapuche; de mostrar la cara oculta que ha existido desde la creación del Estado de Chile en asimilar, exterminar y demonizar al Pueblo Nación Mapuche, en un intento permanente por borrarlos de las páginas de la historia como nación chilena.

Según lo explica el equipo de la Diputación “…nos dispusimos a construir un ámbito en el que, desde distintas y diversas miradas se pudiera dialogar, exponer situaciones tangibles e intangibles y avanzar en posibles y múltiples respuestas a las legítimas demandas de los pueblos indígenas asentados en la República de Chile. Nos propusimos reflexionar sobre el marco jurídico de protección de los derechos de los Pueblos Originarios existente en Chile; analizar los avances y las demandas aún pendientes y contrastar estas reflexiones con las visiones que el Pueblo Mapuche tiene sobre el camino a seguir. Todo ello, a diez años desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT en Chile”.

El Conversatorio se inició con una charla a cargo de Fernando Pairican, Académico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), quien hizo un recorrido histórico en la relación que se fue estableciendo entre el pueblo mapuche, -originario en estas tierras-, y el chileno, desde la creación del estado de Chile.

En el primer panel, moderado por Alihuen Antileo, de la Plataforma Política Mapuche, se hizo hincapié en la relación actual del Estado con los Pueblos Originarios, haciendo énfasis en los aspectos positivos que han ido surgiendo como en los que limitan el avance de los cambios; colocando como telón de fondo la amenaza que significa la Iniciativa IIRSA. Expusieron sus puntos de vista Mylene Valenzuela, abogada y profesora en la Universidad Central de Chile y Lautaro Loncon, abogado y miembro de la Red de Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el segundo panel, moderado por Claudio Alvarado Lincopi, de la Comunidad de Historia Mapuche, se abordó el Sistema Normativo Internacional y los Instrumentos vigentes, poniendo la lupa sobre todo en los alcances y limitaciones que ha tenido el convenio 169, a diez años de su aplicación en Chile. Estas exposiciones estuvieron a cargo de Salvador Millaleo, abogado, y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y de José Aylwin, Director Observatorio Ciudadano y Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

Observatorio Ciudadano expone en Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados los impactos del TPP-11 en los derechos indígenas

Lugar: Comisión de Agricultura, Cámara Diputados

Hora: 15:00 a 18:00 horas

Tras el aplazamiento de la votación en la Sala de la Cámara de Diputados por la presión ciudadana y la decisión del paso de este controversial acuerdo por las comisiones de Agricultura y Trabajo, Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudananía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, organización que hace parte de la Plataforma Chile Mejor Sin TLC, expondrá sobre los graves impactos del régimen de inversiones y los tratados de libre comercio en los derechos de los pueblos indígenas.

En la oportunidad, la comunicadora en derechos humanos estará acompañada por la vice-presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Viviana Catrileo, para resaltar a su vez los efectos que el TPP-11 tiene en la cosmovisión de pueblos indígenas, sus manifestaciones culturales, la soberanía alimentaria y la conservación de la semilla.

Asimismo, se informará que el Observatorio Ciudadano junto con la Central Unitaria de Trabajadores estudian acciones ante los mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ausencia de consulta indígena del acuerdo durante la tramitación legislativa, en razón de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Mayores informaciones:

Paulina Acevedo +56989006510

 

ADJUNTA MINUTA COMISIÓN DE AGRICULTURA: IMPACTO DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES EN LOS DERECHOS DE HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DEBER ESTATAL DE CONSULTA

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Movimiento ciudadano “Aguas Libres Villarrica” ingresa sus demandas al Plan de Descontaminación del Lago Villarrica y se reune con SEREMI regional

  • A un año de la firma presidencial de histórico decreto que declara por primera vez como zona saturada por contaminación a un lago en Chile.
  • Este obliga a implementar un Plan de Descontaminación y abre la posibilidad de que cualquier persona entregue antecedentes, estableciendo como plazo máximo para ello este próximo 08 de marzo.

Con el propósito de entregar la visión y las demandas de la ciudadanía para la elaboración e implementación del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, el primero en ser establecido mediante decreto ley para un lago, debido a la grave contaminación de sus aguas, el Movimiento “Aguas Libres Villarrica” ingreso al Ministerio del Medio Ambiente un conjunto de propuestas avaladas por casi siete mil firmas ciudadanas recogidas en menos de dos meses.

Hoy representantes de este movimiento ciudadano se reunieron además con el Seremi de Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, Anselmo Rapiman, para entregarle copia del petitorio y exigir una participación ciudadana amplia y efectiva durante todo el proceso de formulación, implementación y desarrollo del Plan de Descontaminación.

Dicho decreto, firmado el 07 de marzo de 2018, declaró a la Cuenca del Lago Villarrica como “Zona Saturada”. Por un lado, esto da cuenta del uso excesivo, desregulado y acción contaminante de diversas actividades económicas en la zona. Por otro, pone de relieve el incumplimiento de las obligaciones de fiscalización por parte de los organismos estatales y la ausencia de educación ciudadana en materias medioambientales, esto último, a fin de generar conciencia sobre la necesidad de trabajar la sustentabilidad de este importante territorio lacustre y advertir sobre los riesgos de los actuales niveles de contaminación para la salud de la población.

Consciente de estas deficiencias y la severidad del problema, el Movimiento “Aguas Libres Villarrica” decidió configurar una serie de demandas y entregar sus propuestas antes del 8 de marzo, fecha establecida por la resolución exenta N°1066 -de noviembre de 2018- para que cualquier persona pueda entregar antecedentes técnicos, científicos, sociales y económicos sobre esta zona saturada para la elaboración del Plan de Descontaminación, con el fin de garantizar su efectividad y que se  incorporen las medidas urgentes presentadas, así como asegura que en el proceso se cuente con la participación y consulta permanente a la ciudadanía.

Las firmas que respaldan estas propuestas fueron recogidas en el marco de una campaña informativa realizada por el Movimiento durante los meses de enero y febrero de 2019. Entre sus objetivos, estaba además prevenir a los habitantes y turistas respecto al estado real de contaminación de la cuenca, hacer énfasis en el rol que cumple cada persona en fortalecer su protección e insistir en la urgencia de regular y fiscalizar a las actividades industriales contaminantes.

El movimiento ciudadano “Aguas Libres Villarrica” posee una vocación de cuidado de las personas y del medioambiente. Desde su creación hace dos años, ha desarrollado de manera independiente y colaborativa un trabajo serio y sistemático en torno a la Saturación del Lago. Ha sido protagonista en la gestación de instancias de participación e información a la comunidad,  siguiendo el objetivo compartido y visión común de una cuenca sustentable para las presentes y futuras generación.

Voceros:

Movimiento Aguas Libres:  www.aguaslimpiasvcamail.com

 

DEMANDAS CIUDADANAS A SER INCORPORADAS EN LA ELABORACIÓN  DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE LA CUENCA, LAGO VILLARRICA.

Aguas Libres Villarrica, movimiento ciudadano con una vocación del cuidado de las personas y del medioambiente, ha recogido diversas demandas que la ciudadanía manifiesta y requiere que se incorporen en el Plan de Descontaminación de la Cuenca  Lago Villarrica.  Estas demandas están avaladas por aproximadamente 7.000 firmas de ciudadanos y que han sido recogidas en la comuna de Villarrica durante el período estival 2019 (se adjunta a esta demanda).

DEMANDAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL  PLAN DE DESCONTAMINACIÓN (PD):

  1. A) Acciones inmediatas:

La Saturación de la Cuenca del Lago Villarrica afecta significativamente la vida de la ciudadanía usuaria, por lo que debieran tomarse medidas administrativas y técnicas inmediatas para palear algunos efectos en el ámbito de la salud primaria, anticipándose a daños mayores.

Debido a  que la ejecución de éste PD tardará dos temporadas veraniegas, a lo menos en ejecutarse,  es            urgente divulgar masivamente  la calidad de las aguas a la ciudadanía y que la autoridad actúe informando en caso de bloom de algas con un  sistema alerta temprana. Así mismo, se debe lograr la disminución de agentes patógenos, como los coliformes fecales y la Helicobacter Piloris, que han tenido significativo incremento en las aguas del Lago.

En consecuencia, se requiere implementar información cotidiana a la ciudadanía sobre la calidad sanitaria de las aguas de los balnearios de la cuenca.

  1. B) Enfoque conceptual del PD.

Visión sistémica. La Saturación de la Cuenca es efecto de un proceso complejo que requiere una visión sistémica para visibilizar y buscar soluciones al problema.  La Saturación del Lago afecta la calidad de vida de   las personas, en todas sus dimensiones.

Este enfoque, que es base de toda consideración respecto al problema, requiere una acción multisistémica, coordinada de los organismos, instituciones y ciudadanía en su conjunto.   Por lo tanto, se requiere de una proyección de los recursos en el corto, mediano y largo plazo, considerando     que es un proceso de larga duración. También hay que tener presente la       necesidad de generar  capacidades científicas, técnicas, de gestión e infraestructura que permita la coordinación, cooperación y complementación de las acciones, indispensables para la ejecución del  PD en conjunto con la ciudadanía.

No menos importante es la visión permanente de la diversidad étnica y la vocación turística del territorio, las que deberían enmarcar la selección de soluciones a implementar. La diversidad étnica obliga a respetar visiones culturales y espirituales diferentes a las cotidianas (especialmente referidas al uso y manejo de los recursos naturales).

La participación ciudadana activa es un factor determinante  en el avance     del proceso de descontaminación.  Experiencias internacionales muestran           que la participación e involucramiento de la población local,  resultan indispensables para el logro de los objetivos. El PD debe considerar en cada una de sus etapas, no sólo la información clara, comprensible, oportuna, si no también, la consulta ciudadana activa  que legitime las medidas de solución al problema.

  1. C) Demandas ciudadanas de acciones específicas a ser contenidas en el PD.

1.-  FUENTES PUNTUALES:

a.- Incrementar la exigencia de las normas de producción de    los procesos industriales que afecten directa o indirectamente el ecosistema de la Cuenca.  Homologar las normas de producción a los niveles que actualmente rigen en los países desarrollados de la OCDE y     que poseen producciones industriales semejantes, como son la norma Noruega para pisciculturas, o la norma suiza para el tratamiento de aguas servidas, etc.  Los procesos de tratamiento deben estar adaptados a la cantidad de población flotante máxima que presente el área en períodos de turismo y con una proyección  mínima de 10 años. Generar  regulaciones relativas al uso de hormonas y antibióticos.

2.- FUENTES DIFUSAS:

  1. a) Implementar sistemas de Tratamiento de aguas servidas, en los casos en que los efluentes no se traten. Debiendo cumplir con normas internacionalmente aceptables en toda  la cuenca.           Por             ejemplo: costa sur del Lago entre Pucón y Villarrica,  ciudad de Curarrehue y parte de la ciudad de Villarrica, etc.      .
  2. b) Implementación de políticas de producciones agroecológicas destinadas a explotaciones silvoagropecuarias con bajo uso de agroquímicos. Solicitamos además, detener la entrega subsidiada de agroquímicos de alto poder contaminante.
  3. c) Urgente Plan de Ordenamiento Territorial y actualización y puesta en vigencia de los planes reguladores intercomunales y comunales. Hoy se observa un explosivo desarrollo inmobiliario desregulado en la cuenca. El 75% del boom inmobiliario está en las áreas rurales, lo que los deja fuera de las regulaciones de los planes urbanos, quedando sin norma.

3.-  IMPLEMENTAR Y PLANIFICAR CONTROLES eficientes y oportunos de los efluentes parciales y globales que aseguren la sostenibilidad de la cuenca.  La fiscalización y los controles deben ser ejecutados por entes calificados, autónomos e independientes a las instituciones que se están fiscalizando.

4.- INVESTIGACIÓN EN LOS PROCESOS de contaminación (génesis) y de los procesos de descontaminación que se escojan. Esta       investigación debe ser rigurosa, científica, independiente, de largo plazo y ejecutada por un ente investigador autónomo y certificado, como por ejemplo alguna universidad. La ejecución del proceso de descontaminación y la investigación de sus efectos, deben estar obligatoriamente vinculados y normados para obtener la máxima sinergia.  Por parte de la ciudadanía,  la norma debe indicar la opción de demandar formalmente la  confirmación de los resultados por expertos independientes.

Como medida de recuperación de la calidad de las aguas y la estabilidad del sistema, se sugiere reintroducir peces nativos o naturalizados, cuando estén dadas las condiciones. Ello permitirá evaluar la calidad de las aguas y además recuperar el potencial turístico de la pesca deportiva, visibilizando  e incorporando a la ciudadanía en el  cuidado del Lago.

5.-  CAMPAÑA MASIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN a  toda la comunidad, con la finalidad que ésta se involucre y se haga parte de las soluciones y se reconozca como co-responsable del proceso de descontaminación.  La ciudadanía es un elemento estratégico fundamental en la recuperación de la cuenca. Los planes y programas del sistema educativo público, privado y educación parvularia  de la cuenca, deben incorporar en el curriculum permanente (planes y programas), todos los contenidos que guardan relación con el manejo sustentable de la cuenca y la descontaminación y cuidado  del ecosistema.

Villarrica, 06 de marzo de 2019

DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS BAJO PROCEDIMIENTOS ENGAÑOSOS E ILEGALES

El día jueves 21 de febrero de 2019 fueron expulsados del país un centenar de extranjeros, de nacionalidad colombiana, peruana y boliviana, por vía terrestre y aérea. Todos contaban con una orden de expulsión, judicial o administrativa. Sin embargo, una docena de ellos estaban inscritos en el proceso de regularización migratoria extraordinaria -impulsada por el Gobierno el año pasado-, encontrándose pendientes las respuestas por parte del Departamento de Extranjería y Migración. Es más, en algunos casos, el día lunes 18 de febrero, habían sido notificados por correo electrónico de la Subsecretaría del Interior, que debían “estar atentos a sus medios de contacto (teléfono móvil y/o correo electrónico) para recibir las instrucciones de su solicitud”.

Previo a ejecutar las órdenes de expulsión, y a fin de asegurar la comparecencia de los extranjeros a las dependencias de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional ubicado en calle Eleuterio Ramírez de la comuna y ciudad de Santiago, funcionarios de dicha institución tomaron contacto telefónico con algunos de ellos el día martes 19 de febrero, citándolos a distintas horas del día siguiente a fin de “corroborar información de datos personales”, tales como su domicilio.

A los extranjeros que se encontraban inscritos en el proceso de regularización extraordinario, y que debían estar “atentos a sus medios de contacto para recibir instrucciones de su solicitud”, y habiendo recibido posteriormente la citación por parte de la PDI, concurrieron de buena fe a regularizar su situación migratoria en el país, en horas de la mañana, al cuartel antes individualizado, quedando en ese momento retenidos y a la espera de una “comunicación por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Las personas que poseían órdenes de expulsión vigente, y aquellos que se las informaron en ese instante, fueron comunicados y notificados respectivamente pasadas las 14 horas. Este hecho es relevante para evidenciar la vulneración al acceso a la justicia de las personas migrantes y en movilidad humana en Chile, ya que las Corte de Apelaciones del país, tribunales ante los que se interponen las acciones de amparo o Habeas Corpus que eventualmente pueden suspender o dejar sin efecto las órdenes de expulsión, como reiteradamente lo constata la jurisprudencia en la materia, dejan de funcionar en dicho horario.

Así las cosas, al interponer una acción constitucional de amparo pasada las 14 horas, la resolución de admisibilidad y de la orden de no innovar -en el mejor de los casos- se conocería al día siguiente, teniendo respuesta formal por parte de los tribunales superiores de justicia posterior al medio día.

Conociendo el funcionamiento de tribunales, los vuelos aéreos para los deportados organizados entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones de Chile y la Fuerza Aérea de Chile, bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, son programados casualmente en horas de la madrugada, asunto que imposibilita que la Corte de Apelaciones tome conocimiento de los hechos y pueda pronunciarse respecto al procedimiento de expulsión, resultando de esta forma, ineficaz el recurso de amparo, toda vez que los extranjeros ya no se encuentran en territorio nacional, no existiendo por tanto medida alguna que pueda ser adoptada a fin de reestablecer el imperio del derecho.

Además de esta irregularidad, la Policía de Investigaciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, imposibilitan ejercer el derecho de que son titulares los extranjeros de interponer el recurso de reclamación contenido en el artículo 89 del Decreto Ley 1094 de 1975, o Ley de Extranjería, que concede un plazo de 24 horas para reclamar ante la Corte Suprema, aquellas expulsiones dispuestas por decreto supremo, el que desde interpuesto, suspende de forma inmediata la ejecución de la orden de expulsión.

Las Clínicas Jurídicas que brindan especial atención a personas migrantes y refugiadas y la Oficina Especializada en Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, tomaron conocimiento del procedimiento que se estaba llevando a cabo e informaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el entendido de que se estaban vulnerando los derechos de personas en movilidad. Todos concurrieron al Cuartel de la PDI en cuestión, y constataron la detención provisoria de una veintena de extranjeros.

El INDH interpuso una acción de amparo en favor de 8 personas residentes en la ciudad de Santiago que contaban con orden de expulsión administrativa del país en su contra, que por cierto son migrantes trabajadores, honrados, con familia en Chile, con arraigo, atendida su larga estadía en el territorio nacional, varios de ellos con contrato de trabajo y pagando sus cotizaciones previsionales, y que por diversas circunstancias se encontraban irregulares en el país. No son delincuentes como el Gobierno una y otra vez señala, sino que pareciera ser otra acción más de criminalización hacia las personas migrantes ante la opinión pública.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la orden de no innovar, lo que concretamente suspendía la orden y el procedimiento de expulsión, sin embargo, debido a que la resolución fue firmada pasadas las 13 horas, no se alcanzó a comunicar formalmente a funcionarios de la PDI que, en ese instante, se encontraban arriba del avión de la FACH en la ciudad de Iquique, donde se realizó la primera escala para recoger más pasajeros deportados. Finalmente, la aeronave inició su vuelo encontrándose la orden de no innovar acogida.

Lamentablemente estas personas pese a tener una resolución a su favor que les permitía continuar con su permanencia en Chile, mientras se resolviera a fondo sus casos, fueron ilegalmente expulsadas.

Estas prácticas a las que incurre el Gobierno, no son nuevas. Basta recordar el caso del ciudadano colombiano Edwin Caicedo, quien, en similar situación a la relatada -con arraigo y familia en Chile y a la espera de la respuesta del proceso de regularización- fue “invitado” por la PDI a sus dependencias el 15 de agosto de 2018, día que se conmemora la Asunción de la Virgen, y por tanto feriado, a fin de que “aportara antecedentes en sus trámites migratorios”. Edwin no alcanzó a salir de su casa, cuando funcionarios de la PDI lo esperaban fuera de ella. Fue subido a un vehículo y posteriormente incomunicado; y su detención fue negada a sus abogados en los distintos cuarteles. Finalmente fue deportado sin la posibilidad de que la Corte de Apelaciones se pronunciara, previo a su expulsión material.

Lo narrado lamentablemente hace rememorar los tiempos más oscuros vividos en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando personas eran detenidas en sus hogares, de forma violenta, llevados a centros de detención clandestinos, donde se negaba y escondía la presencia de prisioneros. Tal como Edwin, varios de ellos fueron engañados y llevados a comisarías para “corroborar antecedentes”, y nunca más se los volvió a ver. Hoy son nuestros hermanos peruanos, bolivianos y colombianos, muchos de ellos expulsados injustamente, los que están sufriendo esta dramática situación.

El Observatorio Ciudadano condena categóricamente estos hechos, y el reiterado proceder ilegal y arbitrario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asunto que contrasta rotundamente con lo sostenido por el Gobierno en el marco de la 32º sesión del Examen Periódico Universal (EPU) celebrada en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el pasado mes de enero, quienes sostuvieron que en Chile se respetan los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares.

Finalmente, instamos al Estado y al gobierno de Chile a que suspenda las expulsiones arbitrarias bajo procedimientos engañosos e ilegales y respete debidamente los estándares internacionales en materia de movilidad humana y derechos humanos.

Observatorio Ciudadano

Santiago, 21 de febrero de 2018

Sitios de memoria: blancos del negacionismo

Por Javiera Campos.

Durante los últimos años, Chile y el mundo ha sido testigo del resurgimiento de la derecha extrema. Una derecha que ya no teme, por ejemplo, decir que es homofóbica, antifeminista y partidaria de dictaduras que exterminaron y torturaron a miles de personas. Esto sería el resurgimiento de una derecha sin complejos: es mejor decir todo lo que se piensa, a pesar de ir en contra de los derechos humanos, sociales y políticos del sistema democrático. Una de las demostraciones de este movimiento en Chile han sido los ataques a varios sitios de memoria ligados a la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet. Entre abril de 2018 al 1 de febrero de este año se han registrado siete ataques:

  • 21 de abril del 2018: rayado al Memorial de los Detenidos Desaparecidos de Valparaíso con el mensaje “Viva Pinochet”.
  • 13 de agosto del 2018: atentados al Memorial de Neltume.
  • 29 de agosto del 2018: rayados de esvásticas y quema de ofrendas florales en el Memorial de Hualpén.
  • 30 de agosto del 2018: El Movimiento Social Patriota pone un cartel afuera del Parque por la Paz Villa Grimaldi que dice: “Aquí la izquierda lucra y adoctrina con la memoria de chilenos torturados”. Esto fue para el día de los Detenidos Desaparecidos.
  • 29 de octubre del 2018: desconocidos ingresaron a la Casa de Memoria José Domingo Cañas, donde dejaron excremento y destruyeron parte del sitio.
  • 10 de enero del 2019: El Movimiento Social Patriota puso, otra vez, un cartel afuera del Parque por la Paz Villa Grimaldi que decía “no lucren más con los Derechos Humanos”.
  • 1 de febrero del 2019: desconocidos dejaron papelógrafos afuera del Estadio Nacional, con la figura de un militar con un cartel con una foto de un hombre diciendo “Aquí Están”.

A pesar de que en años anteriores se han atacado otros sitios de memoria y memoriales, llama la atención que en menos de un año los ataques han aumentado considerablemente. El objetivo es claro: destruir lugares incómodos, que según los atacantes no debieran existir y que son, en su ideología, lugares donde “solo lucran” con el dinero de todos los chilenos.

Vincular estos sitios de memoria y memoriales con el lucro, como lo hizo el neofascista Movimiento Social Patriota, resulta al menos curioso. En la actualidad, los sitios de memoria y memoriales chilenos no tienen financiamiento estable.

Los sitios de memoria son parte del patrimonio, pero generan otras prácticas y necesidades que un inmueble patrimonial común. No hay ninguna institución estatal que se haya encargado de dar sustentabilidad a los sitios de memoria y memoriales. Por eso el Estado chileno, debido al trabajo de las organizaciones sociales, da financiamiento a algunos sitios de memoria: Parque por la Paz Villa Grimaldi, Londres 38, Estadio Nacional, Memorial de Paine y el Museo de Neltume. Este financiamiento es una glosa del Presupuesto de la Nación.

«Si bien esto ha sido importante para cada sitio, permitiéndoles desarrollar sus líneas de trabajo, es un presupuesto inestable, que se renueva cada año, que depende de una glosa presupuestaria y de las voluntades políticas de turno y no obedece a criterios claros para su obtención ni tampoco para el monto asignado, que en todos los casos es muy disímil, y no necesariamente guarda relación con el trabajo desarrollado y con las condiciones de cada sitio” , aseguró en una ponencia Shaíra Sepúlveda.

En el último Informe Anual 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hay un capítulo especial sobre los Sitios de Memoria y Memoriales. Entre las recomendaciones dadas por INDH, está dar un financiamiento basal a estos lugares. El grado de compromiso del Estado chileno con los sitios de memoria y memoriales ha sido insuficiente. Especialmente en la protección, reconocimiento, cuidado y financiamiento. De hecho, muchos sitios de memoria están en una situación precaria. No existe una normativa específica que tenga por objeto, precisamente, tal reconocimiento, protección, cuidado y financiamiento de los memoriales y sitios de memoria.

En el último ataque se dio en el Estadio Nacional la semana pasada, desconocidos pegaron figuras de un militar con un cartel que tiene una imagen de un hombre y dice “Aquí Están”. Según el comunicado de la Corporación «Estadio Nacional, Memoria Nacional», se hace “alusión y burla de la simbólica pregunta ¿Dónde Están?, consigna de la lucha de miles de familias por encontrar respuestas, verdad y justicia de sus detenidos desaparecidos”.

Además, esta Corporación repudió en un comunicado “este acto de violencia y sobre todo cuando se daña y se deshonra la memoria histórica del país. Por ese motivo, con más ímpetu seguiremos trabajando en la promoción y educación en Derechos Humanos y que nuestra labor sea un aporte de manera significativa a la consolidación de una sociedad democrática, desde la experiencia del campo de prisioneros Estadio Nacional”.

El negacionismo chileno ha sabido aprovechar la ausencia de legislación que sancione, precisamente, la incitación a la violencia y el negacionismo. Los sitios de memoria y memoriales no solo necesitan un compromiso estable del Estado en materia de financiamiento, también necesitan protección frente a grupos que no quieren reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

En 2018 se discutió en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre incitación a la violencia y sanción al negacionismo. Fue una iniciativa tratada en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. El oficialismo indicó su desacuerdo al proyecto de ley. El motivo es que limitaría la libertad de expresión.

Pero se ha confundido el derecho a decir “soy fascista y de extrema derecha”, con el derecho “soy fascista y me dedicaré a destruir y dañar todos los sitios de memoria, porque no fue un delito matar, torturar y desaparecer gente”.

Cabe indicar que esta iniciativa pasó a la Sala de la Cámara de Diputados, pero puede ser difícil su debate: el gobierno de Piñera retiró la urgencia que tenía el proyecto de ley en enero de este año.

*Javiera Campos es cientista política e investigadora de la organización Desclasificación Popular.

Chile ante la ONU por Derechos Humanos: Nuevo examen, viejas preocupaciones

Por José Aylwin. Por tercera vez desde que fue instituido el Examen Periódico Universal (EPU) por parte de Naciones Unidas, el 22 de enero pasado el Estado de Chile fue objeto de evaluación en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales y de los compromisos voluntarios suscritos en materia de derechos humanos ante  el Consejo de Derechos Humanos y los estados miembros de la ONU. El período en análisis en este EPU comprendió desde la última examinación de Chile en la materia el 2014, a la fecha, incluyendo por tanto no tan solo el período de gobierno del Presidente Piñera, sino también tres años de la ex Presidenta Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El examen tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Ginebra y contó con la asistencia de representantes de organizaciones de sociedad civil, de migrantes, del pueblo mapuche y aymara, entre otras, así como también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de la delegación del Estado de Chile, integrada por representantes de los sus tres poderes, y presidida por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En la ocasión intervinieron 101 estados, cuyos representantes efectuaron valoraciones, manifestaron preocupaciones e hicieron un total de 266 recomendaciones a Chile relativas al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En el plano de las valoraciones destaca la identificación de los avances logrados por Chile desde su última examinación en la materia, tales como la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y los avances en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura. La mayor parte de los estados intervinientes, sin embargo, manifestaron preocupación por el rezago de Chile en la materia como consecuencia de su demora en la ratificación de tratados internacionales, como el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OP DESC) y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (OP CEDAW). Junto a ello muchos estados identificaron como tarea pendiente la adecuación del marco normativo interno de derechos humanos a los lineamientos de los tratados internacionales y compromisos voluntarios suscritos por Chile, así como el impulso a una pública que asegure la vigencia efectiva de los mismos derechos en el país.

Entre las temáticas que emergieron con mayor fuerza en las recomendaciones efectuadas al Estado en el informe elaborado por el Grupo de Trabajo del EPU de Chile y aprobado el 25 de enero, se encuentran aquellas referidas a los derechos de pueblos indígenas (43 recomendaciones), a los derechos de la mujer (34 recomendaciones), a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (28 recomendaciones), a la protección de los derechos humanos frente al actuar abusivo de las fuerzas policiales (19 recomendaciones) y a la trata de personas y los derechos de los y las migrantes (17 recomendaciones). Otras temáticas en que se focalizaron las recomendaciones formuladas a Chile en el marco del EPU incluyeron la ratificación por el Estado de tratados internacionales (17 recomendaciones), aquellas referidas a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y a la despenalización del aborto (10 recomendaciones), a la investigación y sanción de los crímenes de la dictadura (8 recomendaciones), a los derechos de las personas con discapacidad (7 recomendaciones), a la protección y prevención de la tortura y la sobrepoblación en prisiones (7 recomendaciones), a la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad de empresas (7 recomendaciones), a los derechos de las personas afrodescendientes (5 recomendaciones), y a los derechos de la diversidad sexual (4 recomendaciones).

Llama la atención la importante preocupación que, a juzgar por el elevado número de recomendaciones formuladas, fue manifestada por los estados intervinientes en el EPU relacionadas a la situación de derechos de los pueblos indígenas en el país. Entre las recomendaciones formuladas a Chile en relación a estos pueblos destacaron la necesidad de que se les otorgue a estos un reconocimiento constitucional de sus derechos, que se garantice su adecuada participación en las instituciones del Estado así como la consulta previa frente a medidas que les afecten, se ponga término a la criminalización de sus integrantes, al uso discriminatorio de la legislación antiterrorista y al uso abusivo de las fuerzas policiales en su contra, y se garantice la restitución de sus tierras y el acceso y ejercicio a los derechos económicos sociales y culturales por parte de la población indígena.

Relacionado a ello, llama la atención la preocupación manifestada por los estados, posiblemente en conocimiento del reciente homicidio de Camilo Catrillanca a manos de carabineros, por el uso excesivo de la fuerza policial y su impacto en derechos humanos, en particular sobre los derechos humanos de defensores de derechos humanos, incluyendo a integrantes de pueblos indígenas, mujeres, estudiantes adolescentes y niños y niñas. Las recomendaciones en esta materia se concentraron en la investigación y sanción del uso excesivo de la fuerza policial que resulta en la violación de derechos humanos, en la adopción de medidas de formación en derechos humanos de las policías, y en el desarrollo de protocolos para prevenir estas prácticas abusivas.

De la misma manera, en las recomendaciones se instó al Estado a poner término a las distintas manifestaciones de discriminación persistentes en contra de las mujeres, a la erradicación de la violencia en su contra, a promover su participación en la vida política y a la despenalización del aborto en todos los casos. En el caso de los niños y niñas se recomendó la adopción de medidas para asegurar el respeto y la protección de la niñez, en especial aquella que está bajo cuidado de instituciones del Estado, así como la investigación de los abusos cometidos en el caso de los niños y niñas en residencia de SENAME.

En el caso de migrantes, se recomendó la adopción de medidas que permitan su acceso a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, así como en general la protección de sus derechos de acuerdo con el derecho internacional, la adopción de medidas legislativas y políticas para evitar la discriminación en su contra, así como aquellas orientadas a poner término a la trata de personas y a la protección de los refugiados. En cuanto a los afrodescendientes chilenos, que por primera vez emergen como preocupación en el EPU de Chile, las recomendaciones se centraron en instar al Estado a enfrentar, mediante acciones afirmativas, a la discriminación racial, y a su inclusión como categoría específica en el censo de 2022.

La delegación del Estado chileno intervino en el marco del EPU, manifestando su “compromiso irrestricto” con los derechos humanos, y reconociendo los desafíos que el país tiene en la materia. Más allá de la retórica y de los anuncios de iniciativas legislativas y políticas públicas, la intervención de la delegación chilena no se hizo cargo de manera sustantiva de las brechas que le fueron representadas por los estados intervinientes. Ejemplo de ello fue la alusión que hizo Plan Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora no implementado, para asumir los desafíos que en esta materia tiene el país. De la misma manera se hizo referencia al Plan Araucanía como política conducente al reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y al proyecto de ley sobre migración como una iniciativa acorde a los estándares internacionales. Cabe señalar que muchas de esta brechas en la materia le habían sido representadas al Estado en el marco de este EPU en los más de 60 informes alternativos enviados al EPU de Chile desde organizaciones de sociedad civil, de pueblos indígenas y migrantes, en el informe enviado al EPU por el INDH, así como también en la compilación hecha llegar al EPU conteniendo las observaciones y recomendaciones de órganos de tratado de la ONU y de los procedimientos especiales correspondientes al período examinado.

Al concluir el EPU en sesión de 25 de enero en Ginebra, el embajador de Chile ante Naciones Unidas, Sr. Juan Eguiguren, señaló que el gobierno analizaría dichas recomendaciones previo a su aceptación hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de junio próximo, ocasión en que los informes de esta sesión del EPU deben ser aprobados. Ello en contraste con la actitud asumida por el representante de Uruguay, Estado que también fue objeto de examinación en la misma sesión, quien que aceptó de inmediato la totalidad de las recomendaciones que le fueran realizadas en el marco del EPU.

Esperemos que, en consistencia con el “compromiso irrestricto” con los derechos humanos manifestado por los representantes del Estado chileno en Ginebra, el gobierno acepte la totalidad de las recomendaciones que le fueron hechas por la comunidad internacional en el marco del EPU. Junto a ello, es de esperar que el ejecutivo, junto al legislativo y el judicial se comprometan en el cumplimiento efectivo de dichas recomendaciones. Se trata de una tarea en la que a los defensores y defensoras de derechos humanos corresponde una tarea fundamental, tarea que lejos de ser aplacada y criminalizada, que como los estados miembros de la ONU observaron en el EPU ha ocurrido en Chile en los últimos años, debe ser respetada y alentada por el Estado.