En nombre de las mujeres del Cónclave de Pueblos Indígena en la COP25, hemos preparado una declaración en honor al Día del Género. Hemos escrito esta declaración conjuntamente para representar los problemas de género únicos a los que nos enfrentamos como mujeres indígenas en la vanguardia del cambio climático. Varias perspectivas específicas de todo el mundo están representadas en esta declaración desde Panamá, Canadá, América y el Pacífico Sur, hacemos oír nuestras voces.

Las mujeres indígenas son poderosas: Las mujeres indígenas que trabajan juntas son poderosas.

Muchas de nuestras sociedades tradicionales estaban dirigidas por nuestras mujeres, y hoy en día muchos de nuestros movimientos sociales, y cada vez más nuestros gobiernos están siendo dirigidos por nuestras mujeres. Más notablemente, los movimientos indígenas de cambio climático en todo el mundo están siendo liderados por mujeres.

Las mujeres indígenas somos poderosas ya que dirigimos nuestras economías, nuestras familias, nuestras sociedades y nuestros territorios tradicionales. Nuestros hijos, nuestros hombres y nuestra tierra son equilibrados, sanos y fuertes cuando las mujeres son capaces de liderar.

Colonialismo y patriarcado:

El colonialismo, junto con el patriarcado, intentó desmantelar la poderosa femineidad indígena que una vez existió. A medida que se desarrollaron los estados-nación, nuestras mujeres fueron desplazadas y se volvieron vulnerables: los colonos minaron nuestras tierras, robaron nuestras tierras y destruyeron a nuestras mujeres, desmantelando las relaciones tradicionales de género donde alguna vez florecieron las matriarcas y las sociedades matrilineales.

Violencia de género y violencia contra la tierra: 

Actualmente vivimos una historia diferente, aunque los Pueblos Indígenas sólo representamos el 5% de la población mundial, el 15% de los pobres del mundo son indígenas, y una alta proporción de nuestros pobres son mujeres indígenas. La desigualdad de género entre las mujeres indígenas se ve magnificada por el cambio climático. El colonialismo, el capitalismo y el patriarcado han hecho de nuestras mujeres una de las más pobres del mundo. Asimismo, la violencia de género hacia las mujeres indígenas se ha normalizado en muchas naciones, debido a nuestras historias coloniales, nuestras mujeres son degradadas, sexualizadas, violadas y asesinadas a tasas más altas que las mujeres no indígenas. No sólo nuestras tierras han sido colonizadas, sino que nuestros cuerpos han sido colonizados a través del patriarcado impuesto a nuestras sociedades, y el sexismo racista que nuestras mujeres deben soportar a diario.

En Canadá, Estados Unidos y Australia, en comparación con las mujeres no indígenas, las mujeres indígenas tienen más probabilidades de ser asesinadas o de desaparecer. En América Latina, esta violencia se llama feminicidio, en otros lugares se llama violencia de género. En Canadá, esta cuestión ha dado lugar a una investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas. Hoy nuestras hermanas y hermanos de Acción Indígena por el Clima encabezaron una marcha e intentaron realizar una manifestación en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para llamar la atención sobre el tema de las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Estados Unidos, la violencia contra nuestras mujeres debe cesar y nuestros líderes deben tomar medidas. Nuestras mujeres continuarán este activismo interseccional, porque el sexismo y el racismo que nuestras mujeres experimentan están entrelazados con la violación de la Madre Tierra.

Sigue a nuestras madres y abuelas, ellas resolverán el cambio climático desde Te Huia (perspectiva del Pacífico)

En el Pacífico, todo el mundo sabe que la última palabra está siempre con nuestras madres, abuelas y bisabuelas. Su conexión con la gente y el lugar significa que sus decisiones son siempre en el mejor interés de todos y de todo. Esto lo entienden todas nuestras comunidades. Esto es algo que nuestros líderes indígenas masculinos entienden. Actualmente se les están asignando funciones de liderazgo para que encajen en el sistema patriarcal que se nos ha impuesto. Las necesitamos para empoderar a nuestras mujeres y hacer espacio para nuestras mujeres indígenas. Si nuestras madres y abuelas fueran las negociadoras de los Estados, habríamos resuelto los problemas climáticos hace mucho tiempo. Si vamos a tener alguna oportunidad para resolver el cambio climático y hacer las adaptaciones necesarias, tendremos que seguir el poderoso liderazgo desinteresado de nuestra madre y abuelas indígenas.

La extracción de recursos es violencia de género según Angele Alook (perspectiva de las Primeras Naciones):

Siendo del territorio del Tratado 8 en el norte de Alberta, Canadá, estoy muy preocupado por la destrucción de la Madre Tierra causada por la extracción de recursos. Mi gente es de la selva boreal, donde hemos cazado, cosechado y pescado desde tiempos inmemoriales. Mi comunidad está rodeada por la industria petrolíferas. Las investigaciones han demostrado que donde existe extracción de recursos, la violencia contra las mujeres indígenas se normaliza e intensifica. La extracción de recursos trae desequilibrio a nuestras familias y a nuestras comunidades, porque depender de un boom de combustibles fósiles y una economía en quiebra no es sostenible. La extracción de recursos está destruyendo a la Madre Tierra y envenenando nuestra agua. El aumento de las temperaturas en el norte de Canadá está quemando nuestros bosques a un ritmo alarmante, y causando traumas emocionales y culturales a las comunidades indígenas como la mía, donde somos evacuados cada año debido al aumento de los incendios forestales intensos. Nuestros bosques son los pulmones de la Madre Tierra, traen vida, equilibrio y enseñanzas a los Pueblos Indígenas y no indígenas. Nuestros bosques están siendo destruidos por la extracción de combustibles fósiles, la tala y el aumento de los incendios forestales debido al aumento de las temperaturas. Necesitamos la tierra, el agua y el bosque para mantener nuestras enseñanzas, nuestro idioma y nuestra forma de ser. La extracción de recursos está extrayendo nuestra humanidad y violando nuestros tratados y nuestros derechos humanos.

Las mujeres son el tejido de la vida, protegen a nuestros defensores de la tierra con Jocabed (perspectiva latinoamericana)

En la Nación Gunadule de Panamá, se cree que en cada hilo de la tela que tejemos, encontramos a nuestras ancestras, la tela tejida es una poderosa forma de comunicación para mi pueblo, dentro de ella encontramos el significado de la vida. En la vida diaria, las mujeres indígenas encuentran armonía con los Nabgwana, la Pachamama (Madre Tierra) y es desde su fuerza que creamos nuevos sueños y redefinimos nuestras sociedades. Creemos que la voz de la Tierra es femenina, y es desde esa voz que los pueblos indígenas han recibido el don de vivir en armonía con la tierra. Es por eso que hoy debemos concientizar las luchas de las mujeres indígenas, para que puedan seguir amando, cuidando, relacionándose y aprendiendo de la Tierra. Nuestros ríos, lagos, mares, territorios, árboles, animales y mujeres están siendo asesinados a manos de hombres que representan el desarrollo capitalista y los intereses del gobierno. Las defensoras de tierra son asesinadas para silenciar sus voces. Son mártires por defender los territorios sagrados. Este lamento que se une al cosmos es una canción que sacude a la Tierra. Al escuchar las voces de las mujeres indígenas de Abya Yala (América Latina), escuchamos una vez más el grito por una vida plena, que el buen vivir es el hilo que nos permite seguir tejiendo nuevos tejidos de esperanza. Y esas telas coloridas no se pueden crear sin las mujeres. Denunciamos el asesinato y la muerte de nuestras hermanas y exigimos que no se derrame ni una gota más de sangre de esta violencia. Cuando se derrama su sangre, la sangre de nuestro pueblo también se derrama. Con ellos nos unimos para decir no más muerte. Este es un llamado a la acción, les pedimos que apoyen la resistencia de las defensoras de la tierra y la vida en nuestras naciones. Les pedimos que trabajen para detener todas las formas de violencia de género contra las mujeres indígenas y permitir que los indígenas continúen con el importante trabajo de defender nuestra tierra.

Las mujeres indígenas se enfrentan a las mayores cargas del cambio climático:

Todos nosotros estamos siendo impactados negativamente por el cambio climático. Pero los pueblos indígenas soportan la carga más pesada debido a nuestra estrecha relación con la tierra, el bosque y los ríos. Y dentro de nuestros pueblos son las mujeres indígenas quienes reciben las cargas más pesadas del cambio climático.

No sólo proporcionamos comida en la mesa para nuestras familias, también les enseñamos cómo cuidar las áreas de dónde viene la comida, cuándo plantar, cómo cuidar las semillas para tener suficiente para la próxima temporada de siembra, cómo leer los patrones climáticos para tener el máximo rendimiento. También enseñamos cómo cuidar el bosque de donde vienen nuestras aguas, agua para beber, agua para nuestros animales, agua para los campos, agua para que los niños naden y agua como fuente de sustento. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas están vivos hoy en día debido a la transmisión de los mismos a la próxima generación por parte de las mujeres indígenas.

Nuestro conocimiento como mujeres indígenas está estrechamente entrelazado en la forma en que utilizamos y administramos nuestros recursos. Este conocimiento tradicional no sólo se ve amenazado por el cambio climático, sino también por la falta de acción climática de nuestros gobiernos. Los líderes hablan de las preocupaciones del mercado, pero no quieren hablar de nosotros. Las mujeres indígenas son las que menos contribuyen al cambio climático, sin embargo, sentimos la mayor carga del cambio climático porque somos dependientes de la tierra y vivimos en regiones del mundo donde el cambio climático tiene los mayores impactos negativos. Las acciones climáticas ocurren en nuestras comunidades, pero no vemos que nuestros derechos estén representados en los documentos de la COP que se están redactando. ¿Cómo podríamos hablar de tiempo para la acción y olvidarnos de aquellos que contribuyeron mucho a la mitigación y adaptación al cambio climático? ¿Cómo podemos hablar de equidad y participación, pero tú nos silencias con tu apatía? Este es nuestro desafío para los gobiernos, reunir sus acciones y asegurar que los derechos humanos y los derechos indígenas sean centrales en las discusiones de la COP 25. De lo contrario, ¿qué les enseñaremos a nuestros hijos dentro de siete generaciones?

1.- El día domingo 10 de noviembre, como Kona Rüpü Mapu Lof hemos realizado la reconstrucción del sayel que existió hasta hace 40 años en el sector Ruka Trewa en el Peweñentu, hoy conocido como Parque Nacional Villarrica. Esta acción es una forma de ejercer nuestros derechos sobre este lugar, relativos al uso y al control territorial de este espacio de vital importancia espiritual para todas las comunidades y que además es el lugar de nacimiento de los cursos de agua que permiten la vida en todos los territorios que rodean el Tafu Pillan (también conocido como Ruka Pillan).

2.- Los sayel, son construcciones que desde tiempos inmemoriales nuestros Kuifikeche, (antepasados), han levantado en los peweñentu con el fin de tener un refugio durante los periodos de recolección del niliu (piñón). Generalmente los sayel se ubican junto a espacios de uso ceremonial y los de esta zona, al igual que los de otros puntos del peweñentu, fueron destruidos a mediados de la década de 1980, por acción del Estado chileno y directamente por CONAF, como forma de borrar los vestigios de uso ancestral de las comunidades de este espacio. Desde esos tiempos, con diversas acciones han buscando restringir el acceso a este lugar donde se han realizado prácticas culturales propias de nuestro pueblo. Hoy, a 4 décadas de esta destrucción, volvemos a reconstruirlo y a levantar nuestro newen para continuar la defensa del territorio.

3.-En la actualidad el calentamiento global y el crítico cambio climático producido por el modelo cultural de occidente, sumado a la irrupción de sus proyectos extractivistas y colonizadores, están destruyendo nuestro territorio, afectando de manera irreversible el espacio del Pewñentu ka Ruka Pillan (nombrado por el Estado como Parque Nacional Villarrica). Para nosotros, este lugar es nuestro ancestral sustento espiritual, cultural y medicinal. Además, cabe señalar que es parte de la Reserva Mundial de la Biósfera, declarada por la UNESCO en 2007 y hoy pretenden intervenirlo y transformarlo en un polo de desarrollo turístico, incentivando la lógica invasiva de visitantes, fenómeno que inminentemente traerá la pérdida del Itrofill Moguen (biodiversidad desde lo mapunche), afectando esta fuente de vida y, por tanto, a todos los que habitan en el territorio aledaño.

4.-Hoy continuamos fortaleciendo nuestros espacios y levantando acciones en defensa de nuestro territorio. Por ello rechazamos la licitación que impulsa CONAF-ARAUCANÍA para intervenir con infraestructuras, acto que se realizó sin consulta a las comunidades como lo establece el Convenio 169, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la gobernanza de sus espacios de uso ancestral.

Continuaremos de diversas formas, en articulación con las comunidades del Inaltu Pillañ (Alrededor del Pillañ) en la defensa y resguardo del Pewñentu ka Ruka Pillan, entendiendo que nuestra lucha es, en lo fundamental, espiritual. Amulepe taiñ weichan.

KONA RÜPÜ MAPU LOF

Nos dirigimos a la opinión pública en nuestra calidad de ex consejer@s del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)  en el complejo contexto de derechos humanos que vive el país.

Las  masivas protestas sociales  que se han verificado a lo largo del país y se han prolongado ya por más de tres semanas han visibilizado las profundas fracturas existentes en la sociedad chilena, así como los enormes desafíos que Chile tiene en materia de derechos humanos.

En efecto, constatamos que las protestas sociales, con sus expresiones pacíficas y también manifestaciones de violencia,  son expresión  del malestar y cansancio de la población frente a las múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación existentes en el país  por largo tiempo. Ellas han develado los profundos déficit que nuestro país tiene  en materia de derechos humanos.  Por otro lado,  también constatamos que la respuesta del Estado a dichas protestas, la que ha incluido  la declaración del estado de emergencia, toque de queda,  la salida de los militares a la calles,  el uso abusivo de la fuerza pública, que ha resultado a la fecha en más  de 20 muertes, miles de detenidos, incluyendo a niños y niñas,  centenares de heridos, en hechos muchas veces constitutivos de tortura, ha sido de una violencia inusitada, la que no observábamos desde la dictadura cívico militar de décadas pasadas.

Muchos de los déficit que el país tiene en materia de derechos humanos, sin embargo, venían siendo identificados y representados por el INDH, como institución nacional de derechos humanos encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en Chile, a los distintos órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto.  Así, desde su creación,  hace ya casi una década,  sus informes  señalaban que estos déficit  no solo estaban determinados por la lentitud en el establecimiento de la verdad, la realización de justicia y reparación frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado, sino también estaban relacionados con la persistencia de un marco jurídico institucional constitucional y legal que no reconoce ni protege adecuadamente estos derechos.  Ello incluyendo en materias tan importantes como el derecho de participación política, el derecho a la manifestación pacífica, y en particular en lo referido a los derechos económicos sociales y culturales de la población.  También en lo referido a los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas que habitan en Chile y sus integrantes, así  como de sectores vulnerables como los niños y niñas,  adultos  mayores y  migrantes, entre otros.

Es en el complejo contexto que vivimos que consideramos  que al INDH le cabe un doble rol. Por una parte debe proteger y defender los derechos de las personas en toda circunstancia, y en particular, cuando los  derechos más elementales, como la vida y la integridad física y síquica, se ven vulnerados por el Estado y sus agentes. Valoramos enormemente en este sentido la labor que han desempeñado los equipos de trabajo del INDH a lo largo del país en las últimas semanas permitiendo la identificación  y prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social, así como desarrollando acciones administrativas y legales para la defensa  y  protección de estos derechos, en particular frente a la actuación abusiva de agentes del Estado.

No podemos dejar de manifestar, sin embargo, nuestra molestia  y preocupación frente a las afirmaciones de Sergio Micco como director institucional,  quien en relación al actuar de las fuerzas armadas y de orden y seguridad en el contexto de la protesta social, negó que estemos en presencia de violación sistemática de derechos humanos, agregando  que quien afirme lo contrario debe probarlo.

Dichas declaraciones resultan contradictorias no solo con el análisis del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a este tipo de situaciones, sino también con las cifras de hechos represivos imputables a agentes del Estado que han afectado  los derechos de las personas que el propio INDH ha visibilizado desde los inicios de la protesta social al momento, las que dan cuenta de su carácter masivo y sistemático.

No obstante las aclaraciones que el director Sergio Micco formulara a sus dichos con posterioridad reconociendo que estamos frente a violaciones graves de derechos humanos y que no se puede descartar su sistematicidad, sus declaraciones iniciales  nos resultan enormemente preocupantes, toda vez que minimizan la gravedad de las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo, así como la responsabilidad que en ellas cabe a las autoridades de gobierno de las que dependen las fuerzas armadas y de orden y seguridad que las han perpetrado.   Dichas declaraciones, además, debilitan el valioso trabajo que los equipos del INDH a lo largo del país viene realizando, desacreditándolo y poniéndoles en peligro,  en particular teniendo presente que algunos de ellos ya  han sido también víctimas del actuar abusivo y represivo de los agentes del Estado.

Junto a ello queremos llamar la atención  sobre lo que consideramos constituye una grave omisión del INDH y de su dirección  en el complejo contexto que hoy vive el país al no desempeñar un rol que vaya más allá de la mera denuncia de las violaciones de derechos humanos,  y al no asumir un rol de promotor de las transformaciones institucionales que sus propios informes identificaron como indispensables para una vigencia plena de los derechos humanos en el país y que hoy la población demanda con urgencia.

Nos referimos al rol que consideramos el INDH debería desarrollar en la activa promoción de un dialogo para avanzar hacia un  pacto social para la construcción de una nueva institucionalidad basada en derechos humanos, y expresado en una nueva constitución,  como es hoy demandada por una enorme mayoría de la población.  Igualmente relevante es a nuestro entender el rol que el INDH debería impulsar en la promoción de un debate que permita identificar mecanismos que sean acordes con los derechos humanos para materializar las transformaciones institucionales antes referidas.   Tal tarea, que es consustancial a una institución de derechos humanos, resulta aún más necesaria teniendo presente la evidente pérdida de credibilidad y de confianza de la población en las instituciones del Estado y de los partidos políticos.

Es por ello que llamamos al INDH y a su dirección a fortalecer el trabajo de   identificación  y prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social, así como a seguir desarrollando acciones administrativas y legales que sean necesarias para la  protección y defensa de  estos derechos frente a la actuación abusiva de agentes del Estado en el contexto de la protesta social.

De la misma manera llamamos al INDH y a su dirección a jugar un rol activo en la promoción de un dialogo para avanzar hacia la construcción de un pacto social e institucional  basado en derechos humanos que resulta fundamental para lograr la superación de la situación  de enfrentamiento que hoy vivimos  y  lograr una convivencia más justa, democrática y respetuosa de tod@s.

Solo así recobrara el prestigio que ha logrado como institución pública autónoma de promoción y defensa de derechos humanos tras casi una década de funcionamiento.

 

• José Aylwin
• Carolina Carrera
• Lorena Fries
• Roberto Garretón
• Claudio González
• Enrique Núñez

Ante los graves sucesos de estos días en Santiago y otras ciudades de Chile, donde la población ha desbordado las calles exigiendo la bajada de tarifas del transporte público y otros servicios, la
respuesta de su gobierno ha sido una dura represión militar, que al día de hoy cuenta con 18 muertes de civiles, cientos de heridos y miles de detenidos, la MESA manifiesta lo siguiente:

Chile no está en guerra, pero quieren llevarla a una guerra como la que declaró Pinochet a la población desarmada en 1973. La criminalización de la protesta social y los dichos destemplados del
presidente Sebastián Piñera no contribuyen al apaciguamiento de los ánimos ni el encuentro de los entendimientos necesarios.

Chile no es ni era el oasis de la región que sólo hace un par de semanas proclamaba Piñera. En forma gradual y asolapada se venían acumulando las tensiones y frustraciones de cuatro décadas de
imposición del modelo económico neoliberal impuesto en Dictadura sobre la población, con el que los gobiernos que le sucedieron fueron tolerantes e incapaces de desmontar.

Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde se privatizó la educación, el sistema previsional y hasta el agua para el enriquecimiento obsceno de unas pocas familias en desmedro de
la precarización de la vida de la población.

Con la declaración de Estado de Emergencia, el control de sus ciudades por los militares y el establecimiento del toque de queda, Chile volvió a vivir una de sus peores pesadillas desde el 19 de
octubre al día de hoy. La declaración de guerra que hiciese el presidente Piñera, no hizo más que encender los ánimos y revelar la decisión de su gobierno de no estar dispuesto a dialogar con la
oposición ni menos de responder a las demandas sociales que exige el pueblo en las calles.

La MESA rechaza todas las medidas de Excepción Constitucional impuestas en Chile y lamenta las pérdidas de vidas humanas y abusos cometidos en contra de su población. Hacemos el llamado a la restauración del orden democrático, basado en el diálogo y la urgente respuesta a las demandas de rebaja de precios a los servicios, incluyendo la investigación y sanción a todas las violaciones a los DDHH que ha cometido el Estado.

Finalmente, la MESA hace un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil de la región a denunciar los atropellos a los derechos de las personas y a solidarizar con los hermanos chilenos para poner pronto término a esta situación.

MESA de Articulación

Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática rechazamos la decisión del Presidente Sebastián Piñera de no realizar la COP 25 en Chile. Esta importantísima cumbre sobre cambio climático constituía una gran oportunidad para relevar los problemas socioambientales que afectan a muchísimos habitantes y zonas del territorio nacional, así
como para levantar algo del liderazgo perdido internacionalmente al restarse de importantes y necesarios acuerdos como la firma del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio.

Desde nuestra plataforma siempre hicimos un llamado a que la COP 25 se llevara a cabo en un contexto de democracia plena, con condiciones para el diálogo democrático y una participación ciudadana real, por eso todavía estamos comprometidos con esta instancia y aunque la autoridad nacional mantenga su conducta errática, nosotros mantendremos los esfuerzos que hemos puesto para levantar la Cumbre Social por la Acción Climática, instancia ciudadana que actuará de forma paralela a la COP 25, independiente del país en el que esta se realice.

Estamos convencidos y convencidas, y seguiremos trabajando para hacer ver al gobierno, de que la crisis social también es también una crisis ecológica. Chile lleva demasiados años “creciendo” a costa de las personas más vulnerables y del medio ambiente, obligando a comunidades enteras a cargar con el peso del mal llamado desarrollo. Las zonas de sacrificio, las comunidades que no tienen agua para consumo humano ni la producción de
sus terrenos, salmoneras que afectan el desarrollo de la pesca artesanal y contaminan los océanos, amenazas y asesinatos a defensores ambientales, son solo algunos de los casos que profundizan esta crisis.

Nos preocupa que el gobierno al cancelar esta instancia internacional, esté renunciando a dar respuesta a las legítimas demandas sociales que se han manifestado en las últimas semanas, y que exigen soluciones de nivel estructural, como es la creación de una asamblea constituyente para cambiar la actual constitución elaborada en dictadura, por una en la que la ciudadanía se sienta representada.

Por otra parte, es necesario recordar, que pese a esta lamentable decisión, Chile sigue siendo la presidencia entrante de la COP, así que como país continuamos teniendo la responsabilidad de que esta institución cumpla con sus objetivos. Aumentar la ambición climática y transformar radicalmente nuestra forma de vida, para mantener el aumento de la temperatura mundial bajo los 1,5°C, sigue siendo una prioridad. Es de suma urgencia entender que los procesos que se vienen gestionando a través de las COP, va más allá de la relación con la realidad local, sino con el futuro de la humanidad completa.

Esta decisión unilateral por parte del presidente, no puede retrasar las negociaciones globales para proteger la vida y los ecosistemas. Las consecuencias de la crisis Climática las estamos enfrentando en este momento, y quienes las sufren son quienes padecen todas las injusticias del modelo actual, y por esto es sumamente urgente tomar medidas acordes con el tamaño de la catástrofe.

Hacemos un llamado al gobierno a adoptar soluciones que nos lleven a superar el momento que vivimos como país, necesitamos reformas estructurales que al menos terminen con el modelo extractivista, hagan del agua un derecho humano asegurando su uso prioritario para consumo y mantención de los ecosistemas, se ponga fin a las zonas de sacrificio y se firme y ratifique el Acuerdo de Escazú.

Sociedad Civil por la Acción Climática

La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH), en el marco de las movilizaciones sociales en Chile a partir del pasado viernes 18 de octubre y que han implicado miles de personas a lo largo del territorio que se manifiestan exigiendo cambios estructurales y derechos sociales, declara:
1. Rechazamos todo tipo de violencia que no contribuye a la paz ni al reconocimiento de derechos. En especial, por la función y responsabilidad que les cabe, la violencia del Estado, el uso excesivo de la fuerza y la implementación deficiente de los protocolos institucionales de Carabineros de Chile. Hemos sido testigos de la impunidad y el dejar hacer ante la destrucción y saqueos en diversas ciudades del país.
2. Manifestamos nuestra preocupación por las agresiones y amenazas de las que han sido objeto funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que entorpecen las funciones a las que estamos mandatados por ley y también por nuestro compromiso ético con todos los habitantes del país. Necesitamos que el Estado establezca medidas para que podamos realizar nuestro trabajo de una forma segura y así velar por los derechos de quienes habitan el territorio nacional.
3. Miles de personas detenidas -incluidas quienes han sido sacadas de sus propios domicilios o lugares de trabajo- en procedimientos arbitrarios e ilegales, cientos de heridos(as) a balas, balines y perdigones (cuyo tránsito expedito a los centros de salud incluso se ha visto entorpecido por quienes les detienen), asesinatos atribuibles a agentes del Estado, además de torturas, vejámenes, abusos sexuales, violaciones y más de un centenar de personas con daños oculares, e incluso denuncias de desaparecidos, son parte de la información que manejamos. Hemos presenciado el ataque de Fuerzas Especiales a los puestos de atención de primeros auxilios que se han instalado en las calles, sobre todo en la capital del país, agravando aún más la crítica situación.
4. Hacemos un llamado enérgico al Gobierno, y en especial a Carabineros de Chile, a detener la violencia institucional en las calles, la represión generalizada y a ajustarse a sus propios protocolos de mantenimiento del orden público. Llamamos también a la comunidad internacional a hacerse parte de nuestras denuncias y observar lo que está ocurriendo en nuestro país en miras a detener las graves vulneraciones a los derechos humanos que se están cometiendo por parte de funcionarios y agentes del propio Estado de Chile. Solicitamos a las autoridades de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) su intervención en el ámbito de su actuar a objeto de detener la crítica situación descrita precedentemente, y a fortalecer la institucionalidad de derechos humanos que no da abasto ante la crisis social que se presenta en todo el territorio nacional.

PRIMERO: Su enérgico repudio por las graves decisiones adoptadas por el Gobierno de Piñera en la República de Chile para contener y limitar las protestas sociales, en respuesta a las mismas políticas de recesión, ajuste y crisis política, social, económica, cultural e institucional desarrollada  por el Primer Mandatario, quien solo ha respondido violando todos los derechos humanos teniendo como consecuencia directa de la salvaje y represiva intervención y persecución política llevada adelante por el brazo armado los carabineros,  generando una dictadura que se propone eliminar al pueblo en vez de escuchar sus reclamos

SEGUNDO: El  Cese URGENTE  al toque de queda y militarización en las calles de toda la República de Chile; Fin del Estado de Emergencia; Fin de la Represión Criminal, y que se aclaren las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos; Investigación  a las acciones represivas, presencia en Chile con EXTREMA URGENCIA, de Organismos y Observadores Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU;  Convocatoria al dialogo a Gremios, Sindicatos, Centro de estudiantes y organizaciones política para salir de manera ordenada y pacífica del caos y crisis que ha generado el actual gobierno y que se encuentra toda la sociedad de Chile.-

 TERCERO: Comuníquese al Poder Ejecutivo; al Poder Ejecutivo Nacional; a los Parlamentos de las Provincias; A los Legisladores por la Provincia de Misiones; a la Embajada de Chile en Argentina; al Servicio Paz y
Justicia-SERPAJ-; Al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones; al Ministerio de justicia y Derechos Humanos de la Nación; Embajada de Chile en Argentina; al Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina; Al Parlamento del Mercosur;

FUNDAMENTOS

El jueves 17 de octubre por la mañana los estudiantes secundarios sorpresivamente comenzaron una masiva evasión al Metro de Santiago, Republica de Chile, por el alza de 30 pesos recién anunciada por las autoridades. Esos estudiantes son hijos de la gran población, jóvenes de colegios públicos que el sistema educacional chileno ha dejado abandonados para que se vuelvan parte de la maquinaría de la pobreza del sistema neoliberal operada por la clase política hace ya 30 años, que con más o menos reformas vienen administrando como un modelo exitoso y diferenciado en la región.

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera un empresario de derechas en su segundo mandato acaba de comentar en un foro internacional hace dos semanas, que Chile se levanta como una isla próspera y sin los conflictos sociales que vive la región. Anuncio que se le devolvería como un fatídico viaje sin retorno por estos días: Chile, la isla que publicitaba Piñera como si fuese una de sus exitosas empresas, comenzaba a hundirse sin que ningún actor de la clase política chilena tuviese la capacidad de contener ni explicar la revuelta social en curso.

Desde ese jueves, el paisaje público y social de la demanda específica fue tomando un carácter masivo y nacional constituyéndose como catalizador inorgánico de las desigualdades de Chile expresadas en diversos temas no resueltos: salud, salarios, educación, transporte público, previsión social, todas ellas y más, esferas de vida de los chilenxs que no coincide con el relato del progreso y bienestar que el modelo neo-liberal narra con tanto éxito fuera y dentro de Chile.

La ineptitud, indiferencia y la prepotencia de las autoridades ya había comenzado con un relato irritante y torpe lanzado públicamente hacia los usuarios del sistema de transporte público de Santiago: Monkeberg, El Ministro del Trabajo del Presidente Piñera recomendaba inéditamente a los santiaguinos que se levantaran más temprano de lo habitual, es decir que madrugaran para viajar en el Metro, recomendación para usar el rango tarifario más económico desde las 7 de la mañana. La torpeza de esas declaraciones quedará como antecedente histórico de la poca sensibilidad hacia la población más pobre y masiva, usuarios del sistema junto a las capas medias empobrecidas. Un día de evasión por el boleto del metro se había transformando en una revuelta social que nadie había imaginado. El Metro comenzó a ser suspendido gradualmente por las protestas que tenían finalmente el carácter de desobediencia civil y que fueron violentamente reprimidas por la policía. En unas horas toda la población de Santiago caminaba sin transporte público llenando Alameda como si camináramos a una gran manifestación o si hubiese ocurrido un terremoto. El desastre no era natural, sino represivo y fue ampliándose cada vez más con la respuesta del gobierno el viernes 18 de octubre sentenciando que no cambiaría un ápice las medidas respecto al alza del boleto del Metro.

Para el viernes 18 en la noche Santiago ardía. Estaciones de Metro, supermercados comenzaron a iluminar una noche histórica de la revuelta en distintos lugares de la ciudad; desde el momento que comenzó el conflicto, la violencia de los carabineros se desato y dejo a una semana de comenzar la revuelta, 11 muertos contados hasta la fecha.

Con luz de día y a cara descubierta la población comenzó a protestar en un masivo ruido de cacerolas que invadió toda la Región Metropolitana del Gran Santiago y la suma del resto del país gradualmente. Para profundizar el conflicto, gran parte de los medios de comunicación y el gobierno comenzaron a calificar la protesta social como violenta, vandálica, narrativa de criminalización de la demanda, ubicando a los ciudadanos como delincuentes. Los medios alternativos y algunos pocos reconocidos se apartaron de dicha narrativa vacía que solo ve la violencia desde sus intereses y esconde la mayor de todas, la violencia del propio modelo.

Hay multitudes que protestan pacíficamente, la policía corre detrás de la gente reprimiendo como si la historia volviera a retroceder. Los militares están la calle y los helicópteros sobrevuelan la ciudad buscando al enemigo interno. Llevan una semana del Estado Emergencia declarado por las autoridades políticas, las garantías constitucionales están suspendidas. Todo este ordenamiento represivo es el mismo de la constitución del 80 instalada por la dictadura de Pinochet y sus civiles. El mismo sector de la sociedad que vuelve aplicar las mismas y únicas formas que tienen para gobernar. La democracia que pensamos que habíamos ganado diluye sus garantías de protección cuando los pobres sin ciudadanía exigen una nueva vida. La democracia es un relato robado. La excepcionalidad de la violencia hoy aplicada a las multitudes corre como la verdadera política, nunca hubo diferencia. La excepcionalidad es en realidad la regla.

Toda ésta revuelta, retrae a procesos tristes y dictatoriales de años pre democracia y que aun perduraron hasta la fecha, con desactivación aparente pero con las mismas recetas que esos años oscuros.

En muchas regiones del país están con el toque de queda; las manifestaciones son cada vez más convocadas, con la consigna de “Chile despertó”, una manifestación multitudinaria y cotidiana en Plaza Italia en el centro de Santiago, se concentran diariamente miles de personas, jóvenes, mujeres, gays, travestis, lesbianas, estudiantes, trans, trabajadores, maricas, activistas disidentes, universitarixs, profesores, artistas, todxs las comunidades posibles que con solo cacerolas en sus manos repetían un mantra colectivo: No sabemos lo que va a pasar los próximos días. El gobierno ha renunciado al mandato de representar el sentimiento del país; a través del Decreto Exento 958 del 21 de Octubre del corriente año, el gobierno chileno de Piñera, llamo al Ejército de reserva en post del Estado de excepción constitucional de Emergencia, en un lapso de 13 trece días;

Chile se alza, el pueblo de antaño que gritaba en las calles ha vuelto con rostro joven en un nuevo ciclo. La crítica del modelo es transversal sin la retórica anterior. Más bien este desborde de multitudes tocando cacerolas, invadiendo la ciudad vuelve a plantear algo tan básico y primordial que la política tradicional abandonó por el pacto con el poder económico: queremos vivir con dignidad y no como esclavos.

Una multitud con miles de ojos y bocas que se mueve sin miedo desafiando la fuerza militar y policial. Esta revuelta solo grita a partir de la rabia y contra el abuso. Su fuerza es tan brutal y desbordantemente inorgánica que ya aparecerá alguna estrategia para aplacar esa furia.

El último balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló que 243 menores de edad (142 niños y 41 niñas), y más de 2.410 personas han sido detenidos durante las protestas sociales registradas en la República de Chile; un total de 535 personas heridas por armas de fuego y más de 80 acciones judiciales y 12 muertos;

Tras el estallido social, en redes sociales han circulado videos y denuncias de ciudadanos que acusan abuso de poder contra menores por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Hasta las 12:00 horas de este miércoles 23 del corriente mes y año, el INDH ha presentado 39 acciones judiciales en favor de niños, niñas y adolescentes que han sufrido golpes, malos tratos físicos y verbales, desnudamientos y heridas por balines.

Además han podido constatar que, en la región Metropolitana, 24 niños han sido ingresados a hospitales públicos por diferentes lesiones; por este motivo, el organismo ha presentado 35 querellas criminales, de las cuales, varias involucran a menores de edad que fueron golpeados u obligados a desnudarse y hacer sentadillas.

Una vez más Latinoamérica se levanta contra las medidas económicas injustas de un gobierno neoliberal; Así como en Haití, Ecuador, ahora es Chile, y en todos los casos la furia represiva causó muertos, heridos y encarcelados por protestar.

Desde el Bloque del partido Agrario y Social Rechazamos las violencias policiales de los carabineros enviados por el mandatario Piñera, y exigimos el cese de la represión al pueblo de Chile y, el cese de la militarización en todo el territorio de la República de Chile; asimismo convocamos a un llamamiento al estado del hermano país de Chile, para que se convoque al  dialogo para obtener una salida pacífica del caos del modelo económico que sólo provoca desigualdad. El pueblo chileno debe soportar las alzas de precios, las injustas tarifas que se deben pagar para educarse, para tener acceso a la salud y en general para desarrollarse como personas y como pueblo; asimismo instamos a las autoridades pertinentes que se realice una investigación  a las acciones represivas, presencia en Chile, con EXTREMA URGENCIA de Organismos y Observadores Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU; Convocatoria al dialogo a Gremios, Sindicatos, Centro de estudiantes y organizaciones política para salir de manera ordenada y pacífica del caos y crisis que ha generado el actual gobierno y que se encuentra toda la sociedad de Chile.

A casi una semana de iniciado el Estado de Excepción Constitucional al que ha apelado el gobierno para la militarización de Chile, hacemos énfasis en que esta crisis está sustentada en una injusticia basal, que ha significado una limitación de los derechos de la ciudadanía de manera permanente.

Un ejemplo claro de esta injusticia, es la existencia de “zonas de sacrificio”, donde se ha sometido a comunidades completas a vivir bajo altos niveles de contaminación, vulnerando su derecho constitucional a la vida. Constituye también un abuso invisibilizar a la ciudadanía, poniendo barreras a la participación, al acceso a la justicia y la información, negar derechos básicos como el derecho humano al agua, y mercantilizar la naturaleza como objeto de extractivismo.

El mundo está mirando a Chile como epicentro de la actual crisis socioambiental y del próximo debate climático en la COP 25. No es viable discutir el futuro del planeta, la justicia climática y los compromisos de cada país a través de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), en un Chile que ha roto el Estado de Derecho y en que se ha enviado a los militares a contener las manifestaciones de malestar social, generando pánico, asesinatos y torturas documentadas.

La ciudadanía organizada se ha preparado intensamente para participar en los debates de la COP 25 a través de la Cumbre Social por la Acción Climática, y otras instancias de organización paralela como la Cumbre de los Pueblos, y el Foro Social Cop 25, pero estamos convencidos de que la COP no puede realizarse en un contexto de Estado de Excepción Constitucional, con presencia de militares en las calles.

Chile debe restablecer cuanto antes el Estado de Derecho e iniciar un diálogo inclusivo para la unidad nacional mediante un nuevo pacto social que incluya: una asamblea constituyente para una nueva constitución, en la cual el cuidado de la sociedad y del medio ambiente sean centrales para el bienestar y desarrollo nacional.

Por todo ello, como Sociedad Civil por la Acción Climática, llamamos a la comunidad nacional e internacional a presionar al Gobierno de Chile para que la COP 25 se realice en un Chile donde se respete la democracia y las garantías constitucionales. Ello requiere sacar a los militares de las calles y justicia plena ante las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en estos días.

Estos días hemos asistido al estallido de un malestar social muy profundo.

Estos hechos simbolizan el cierre definitivo de una trascendental etapa de la historia de Chile que se inició en 1990 con un pacto social que significó importantes cambios pero que evidencian su agotamiento.

El país exige hoy un nuevo pacto social, que sea capaz de terminar con los abusos y desigualdades que hasta ahora no han sido derrotados.

Esta crisis social y política no es por los $30 del Metro. Es por el abandono de la educación y salud pública, por las miserables pensiones, es por las expectativas de progreso familiar que se alejan, es por un Chile que excluyó a las mayorías.

Se requiere entonces nuevas soluciones. Esto no se resuelve con discursos presidenciales, ni menos con militares en la calle ni con toques de queda que restringen nuestras libertades.

Su solución requiere empezar a realizar nuevas y profundas transformaciones que permitan cambiar el individualismo, el lucro con las prestaciones sociales y que empiecen a terminarse los abusos.

El país se debate entre un modelo que profundiza el individualismo y la competencia como motor de su desarrollo y otro, el que proponemos, que debe avanzar en solidaridad y colaboración como motores fundamentales de un desarrollo inclusivo, sin abusos y con mayores grados de participación de la ciudadanía.

En una sociedad en que el individualismo ha calado tan profundo, las movilizaciones de estos días se transforman en un aire de esperanza para la reconstrucción de una sociedad en que los distintos humanismos sean capaces de converger en un camino unitario que sea capaz de proponerle al país una alternativa de conducción mayoritaria y responsable.

Este camino es también de más participación y más diálogo, más conversación entre los múltiples actores políticos y sociales hoy fragmentados.
Por eso el Parlamento debiera ser el lugar institucional donde se puede empezar a resolver esta crisis.

Debemos por lo mismo reivindicar la política como el espacio principal, no el único, de debate y búsqueda de soluciones a las demandas de la ciudadanía. Renunciar a la política, es renunciar a la democracia.

Por lo mismo, queremos ser claros con el país. En esta crisis las responsabilidades no son iguales. La actual oposición, el progresismo y la centro-izquierda del país no tienen la misma responsabilidad que el actual gobierno y la derecha. No somos todos iguales. Gran parte de los cambios que el país hoy demanda no fueron posible por un bloqueo permanente de la derecha, que por 30 años impidió mayores avances políticos y sociales. La verdad histórica necesita claridad.

Aun así, estamos convencidos que los cambios que el país requiere y demanda, necesitan superar la crisis actual de manera que la ciudadanía pueda en paz resolver entre las distintas alternativas porque proyectos opta.

Es nuestro deber histórico contribuir a que como país construyamos más y mejor democracia, pasemos de una economía de los commodities a una sofisticada y diversificada, a una esfera pública más fuerte que facilite la inclusión social y eso requiere un nuevo Pacto o Acuerdo Social que permita ese desarrollo de todas y todos.

En esta coyuntura reiteramos al gobierno con claridad que no estamos disponibles para su burdo intento de intentar aprovechar la actual crisis para aprobar “su agenda legislativa original” sobre la que ha sido incapaz de construir acuerdos mínimos que le den viabilidad.

No seremos buzón legislativo para aprobar malos proyectos de ley, que profundicen modelos privatizadores, soluciones de mercado que debilitan la construcción de bienes públicos de calidad que nivelen la cancha social, y que no reúnen los consensos transversales que requiere esta hora presente.

Asimismo, llamamos al Gobierno a que re-diseñe sus prioridades del Presupuesto 2020 y efectivamente se asignen más recursos para atender las demandas sociales que pide la mayoría del país. Un incremento presupuestario del 3% para el año 2020 es completamente insuficiente.

I) PROPUESTA DE REFORMAS ESTRUCTURALES

a) Se requiere retomar el diálogo social sobre la Nueva Constitución para que el país tenga este nuevo Pacto Social

b) Es urgente legislar para que haya más participación democrática reponiendo el voto obligatorio, la iniciativa popular de ley y un plebiscito que abra paso a una nueva Constitución.

c) Reforma Constitucional sobre aguas que Garantice constitucionalmente el agua como bien nacional de uso público.

d) Debemos avanzar en solucionar las inequidades territoriales y fortalecer los gobiernos regionales y locales ya sea con más recursos (por eso es urgente mayores recursos para las regiones y un rediseño más equitativo del Fondo Común Municipal) pero también con más participación de los ciudadanos potenciando los roles de los Consejos Regionales y Consejos Municipales en su rol de representantes democráticos de la ciudadanía.

e) Reforma al modelo tarifario de los servicios básicos en agua, luz, transporte público apuntando a rebajar tarifas, generando mecanismos de estabilización, subsidios a los más vulnerables, participación de la comunidad dejando atrás el esquema vigente de “empresa modelo” y de abusivas rentabilidades para las empresas.

f) Se requiere avanzar hacia un sistema tributario más progresivo -donde los que más tienen deben pagar más impuestos- que permita incrementar la recaudación fiscal que financie responsablemente la provisión de mejores bienes públicos de calidad

g) En materia de pensiones se debe avanzar hacia un modelo mixto donde haya solidaridad intra e intergeneracional, principios de seguridad social y un ente público que administre la nueva cotización previsional.

II) MEDIDAS LEGISLATIVAS INMEDIATAS.
1. Retirar proyecto de reforma tributaria
• Reemplazo por un proyecto de ley que signifique un aumento significativo de los impuestos al 1% más rico proveniente de las utilidades de las empresas para financiar una real agenda social y que tenga un régimen especial para las pequeñas empresas.

2. Retirar reforma previsional
• Aprobar en lo inmediato el reajuste a PBS y APBS mediante una ley corta
• Constituir una mesa transversal y amplia para proponer una reforma profunda y estructural al sistema de pensiones que implique introducir la solidaridad intra e intergeneracional para mejorar las pensiones autofinanciadas, modificar la tabla de expectativas de vida, perfeccionar el funcionamiento del ente público que administrará la nueva cotización previsional.

3. Plan de inversión para reactivar economía
• En presupuesto 2020 debe financiarse un potente Plan de infraestructura en obras públicas, conectividad, transporte y servicios públicos, que permita dinamizar la inversión y mejorar el crecimiento potencial.
• Mayor endeudamiento del sector público, vía uso de fondos soberanos o colocando instrumentos de deuda en el mercado.

4. Retiro de proyecto de control preventivo de identidad a menores de edad.

5. Tramitación del nuevo Código de Aguas que permita tenerlo como ley en 1er trimestre del 2020

6. Retiro del proyecto de Flexibilidad laboral.

III) ES URGENTE RE-DISEÑAR PRESUPUESTO 2020 PARA ATENDER LAS SIGUIENTES DEMANDAS SOCIALES.
1. Adultos Mayores
a) Tarifa de transporte público liberada para adultos mayores.
b) Canasta gratuita de medicamentos especializados para adultos mayores.

2. Mejor Educación Pública
a) Recursos para fortalecimiento de educación universitaria pública.
b) Más recursos y oportunidad en la entrega para los Servicios Locales de Educación
c) Más recursos para construir salas cunas y jardines infantiles.
d) Condonación –al menos parcial- de deudores CAE
e) Comenzar a implementar una solución para la deuda histórica de los profesores

3. Sequía y escasez hídrica
a) Creación de un fondo de provisión para financiar nuevos de proyectos de infraestructura para enfrentar la sequía y más recursos para los proyectos APR

4. Salud
a) Elevar el per cápita de salud primaria.
b) Financiar la ley del cáncer.
c) Debe flexibilizarse la aplicación del nuevo modelo de financiamiento de los hospitales públicos (GRD)
d) Reponer recursos en fondo para ley Ricarte Soto

5. Vivienda
a) Duplicar recursos para vivienda social.
b) Programa de control del precio y condiciones de los arriendos.
c) Regular el precio de las viviendas.
d) Fin de las EGIS.
e) Fomento de cooperativas de vivienda.

6. Medio Ambiente
a) Incrementar recursos para programas de recuperación medio ambiental y social en las llamadas zonas de sacrificio ambiental (Huasco, Quintero, Coronel)
b) Una agenda efectiva de descarbonizacion de la matriz energética

7. Cultura
a) Incremento del presupuesto sectorial en al menos el mismo porcentaje de crecimiento del sector público.
b) Reponer recursos recortados en los Centros Culturales y museo de la memoria y del Museo de la Memoria
c) Crecimiento efectivo de fondos concursables y sectoriales
d) Reponer fondos del CNTV
e) Rechazo a la idea de un Museo de la Democracia

8.- Innovación Productiva
a) Para enfrentar estancamiento se requiere aumentar inversión en I&D –que hoy está en 0,35% y debe implementarse un programa 2020-2023 que permita llegar al 1% del PIB- ya sea a través de CORFO; Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) como del nuevo Ministerio de las Ciencias

IV) SOBRE LA AGENDA SOCIAL DEL PRESIDENTE PIÑERA
Es más mercado y mayor desigualdad.

Anuncia medidas que NO tienen acuerdo con Parlamento como la mal llamada Sala cuna Universal –que privatiza la provisión de ese servicio educativo-, un seguro catastrófico que potencia al sector privado y debilita al sector público y otras que debe aclarar como el Ingreso Mínimo Garantizado (ya que debe ser focalizada en las pequeñas empresas y no debe ampliarse a grandes empresas).

No nos parece razonable aceptar la presión gubernamental para aprobar “su agenda legislativa” con marcado acento privatizador y que tiene un exiguo gasto fiscal (sólo 0,4% del PIB cuesta paquete fiscal).

El Parlamento debe ser un lugar institucional para debatir, dialogar y no imponer; donde se mejoran los proyectos de ley para que efectivamente beneficien a las familias vulnerables y de la emergente clase media.

Por tanto, llamamos al Gobierno a abandonar el camino de la imposición legislativa y sentarse a dialogar sobre los proyectos de ley de la llamada agenda social.

No queremos más lucro, ni más letra chica en los proyectos de ley del Gobierno. Chile quiere solidaridad e inclusión social y ese seguirá siendo nuestro compromiso con los 18 millones de chilenas y chilenos.

Si bien el aumento del pasaje del metro en Santiago de Chile fue el factor que dio inicio a las protestas a lo largo de todo el país del sur; sin embargo, estas protestas tienen como base una situación de desigualdad estructural en salud, educación, pensiones, acceso al agua y muchos derechos más. Recordemos que Chile está entre los países con mayores índices de desigualdad en el mundo.

Lamentablemente, las protestas de la ciudadanía organizada contra el modelo económico –el cual se vendió desde los años de la dictadura como el modelo exitoso de la economía de mercado en América Latina- han desatado la respuesta violenta contra la población por parte del Estado chileno. El gobierno de Piñera decretó el toque de queda y la militarización en varias ciudades, suspendiendo así los derechos de reunión y asociación, y permitiendo una serie de violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones de sociedad civil y prensa independiente. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y de funcionarios chilenos, al 23 de octubre son 2410 personas detenidas, 535 heridas y 18 personas muertas, además de cientos de casos de abuso por parte de la Fuerza Pública (carabineros y militares), los cuales incluirían tortura y agresiones sexuales.

Por lo tanto, demandamos al gobierno chileno el cese de la criminalización de la protesta y de la militarización de las ciudades, el no uso de armas letales contra la población, el cese de los toques de queda, de los estados de excepción y de los ataques y detenciones contra las y los manifestantes, sobre todo contra las y los niños. Exigimos también que se detengan las agresiones hacia los medios de prensa que cubren los hechos; así como el inicio de investigaciones y sanciones respectivas a quienes hayan violado los derechos humanos de la población. Señalamos que es indispensable que se inicie un proceso de diálogo amplio para abordar los cambios estructurales que la población demanda.

Finalmente, demandamos al gobierno peruano a que exprese públicamente su preocupación por las legítimas demandas del pueblo chileno, y le recordamos que estas exigencias son las mismas que viene reclamando por años la ciudadanía en nuestro país. Por lo que, es imprescindible la atención a demandas urgentes tales como el derecho a la salud y educación pública de calidad, a los derechos laborales, a un buen sistema de transporte público, a un sistema de pensiones digno, el acceso a agua potable, así como el rechazo y la sanción efectiva de todas las formas de corrupción estatal.