Las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPOs) ‘Cisnes’, ‘Punta ballena’ y ‘Ballena chica’ en las Guaitecas (a petición de la comunidad indígena Pu Wapi); y la solicitud de ECMPO ‘Islas Huichas’, solicitada por las comunidades Antunen Rain, Pewmayen, Aliwen y Fotem Mapu, enfrentan un escenario altamente complejo por tres razones básicas:
Primero: por una parte, la insularidad aysenina es un escenario de disputas productivas respaldadas por una normativa nacional que promueve el extractivismo como figura primordial de desarrollo económico. En sentido inverso, los ECMPO’s son figuras que buscan asegurar un habitar equilibrado, donde múltiples usos (festivos, de subsistencia, de extracción sustentable, etc.) puedan ocurrir con las mismas posibilidades equitativamente. Lo paradójico de la fórmula imperante es que se espera que desde el mar y litoral se extraigan dividendos, pero éstos no se disfrutan en el lugar sino muy lejos de allí. Quienes son residentes deben hacerse cargo de las consecuencias negativas que quedan en el lugar (desechos plásticos, disminución de especies nativas, eutrofización que favorece el Florecimiento de Algas Nocivas (FAN)). Además, poseen una baja escolaridad, lo que los obliga a participar marginalmente ganando tan poco que, sumando y restando, más bien subvencionan el enriquecimiento de otros a costa de su esfuerzo.
Segundo: El discurso de desarrollo nacional impulsa la migración de las personas desde los espacios insulares hacia centros urbanos donde, se supone, vivirán mejor. Así lo sugiere un estudio realizado por la Fundación Superación Pobreza respecto a los isleños de las regiones de Los lagos y Aysén. En esta lógica no existen muchas posibilidades de que un joven isleño pueda, por ejemplo, adquirir educación media en una isla (salvo excepciones gratificantes, como ocurre en Melinka), o estudiar una carrera técnico-profesional, y poder trabajar una vez obtenido este título. Quienes optan por vivir de oficios tradicionales como la pesca artesanal, recolección de algas, extracción de leña, entre muchos otros, casi siempre son considerados como actores subalternos, mal pagados (a pesar del enorme esfuerzo y sacrificio que despliegan en su trabajo y vida), que no merecen reconocimiento. Sin embargo, gracias a ellos las localidades insulares se han mantenido vivas por tanto tiempo, a pesar de todos los problemas que han sufrido durante su historia y todas las barreras que enfrentan.
Tercero: Tal vez lo más crucial: los discursos que imperan en la capital regional, y representantes del Estado, que cuestionan a las comunidades indígenas y el uso de la Ley Lafkenche insisten en que en la región la población indígena es mínima y/o es de origen foráneo a la región.
Ambas afirmaciones son claramente falsas. Los datos del último Censo 2017 son categóricos: al menos la mitad de los habitantes isleños se reconocen como pertenecientes a un Pueblo Originario (por ejemplo, en la comuna de Las Guaitecas la cifra alcanza el 51%, muy similar a lo que sucede si se analiza desagregadamente la situación de otras islas habitadas). De este modo, las solicitudes de ECMPO en estos archipiélagos sí son coherentes con sus habitantes, su sentir y demandas. Esta invisibilidad discursiva no debería sorprendernos: los descendientes selk’nam en Chile y Argentina lo sufren desde hace mucho tiempo debido a que la literatura histórica, antropológica, educativa, etc, de ambos países siempre los tratan como un pueblo extinto.
La segunda afirmación, que la población indígena del litoral sería foránea a la región, es también fruto del prejuicio y la incomprensión de la historia, la cultura y la territorialidad del pueblo originario que lo habita. Ignorancia, pero también una intencionalidad, el racismo y el clasismo que impera en la región, han contribuido desde hace décadas a invisibilizar la existencia y el habitar permanente de cientos de familias indígenas en el litoral.
Hoy en día son estas familias las que se han organizado en comunidades y están solicitando una mínima reparación a la inmensa expoliación que han sufrido en los últimos siglos. Al solicitar la administración del espacio marino y costero de su territorio ancestral, lo hacen también proponiendo un nuevo modelo de uso, no orientado al extractivismo ilimitado, sino al uso racional y sustentable de los medios de vida que el territorio puede brindar.
Resolver esta invisibilidad intencionada es clave, pues mientras se siga insistiendo en que los Pueblos Originarios de la región de Aysén no existen, el conflicto sólo se incrementará y la identidad regional seguirá careciendo de una de sus raíces más importantes.
El problema se extiende hacia la región de Magallanes
El Cabo de Hornos es bañado por las aguas más prístinas y frías del continente. Declarado en 2005 como Reserva Mundial de la Biósfera y uno de los últimos 24 lugares incólumes del planeta, esta zona de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es constituida por un mosaico de contrastes ecológicos que la convierten en un ecosistema subantártico único en el mundo. A Puerto Williams, la capital de las comunas de Cabo de Hornos, llegarán de visita esta semana el rey Harald V y la reina Sonja, monarcas de Noruega, acompañados de una extensa delegación que incluye a ministros y más de 60 empresarios nórdicos.
Invitados por el Presidente Sebastián Piñera, en el marco de la conmemoración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Noruega, las actividades de las autoridades reales contemplan una ceremonia de bienvenida en La Moneda, una cena con el Mandatario y encuentros en el Congreso Nacional, la Corte Suprema y la Municipalidad de Santiago. La visita a Magallanes, sin embargo, es de un alto valor estratégico para los noruegos, que va más allá de lo protocolar y turístico.
Siendo los industriales de salmónidos de su país, con Marine Harvest a la cabeza, los mayores productores y exportadores de salmón en el mundo, la visita real vendría a ser una de las más abiertas gestiones de lobby a favor de la industria, y que tiene un claro precedente, en marzo de 2018 en Argentina, cuando los reyes noruegos visitaron a Mauricio Macri, tras lo cual el Ministerio de Agroindustria trasandino suscribió con Noruega un convenio de cooperación para estudiar la factibilidad de desarrollar la acuicultura en el sur del país, que no es otra cosa que instaurar las jaulas de salmónidos en el Beagle de la Patagonia argentina.
Ampliar la industria del salmón al extremo sur del país -según el estudio de enero de 2018 sobre el Estado de la Salmonicultura Intensiva de la Región de Magallanes, elaborado por la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente (Iada)- está relacionado con un proyecto de migración de la industria salmonera hacia los corredores biológicos australes que dan vida a las Reservas de la Biósfera de Cabo de Hornos y Torres del Paine, para ir en búsqueda de condiciones de pristinidad sanitaria-ambiental, que aseguren la continuidad del millonario negocio. Estos ya no existen en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde esta actividad económica estaría provocando una de las mayores catástrofes ecológicas del sur de Chile, al dejar sin oxígeno amplias zonas del mar, según el consenso de la comunidad científica internacional.
Puerto Williams y Puerto Natales, con las comunidades indígenas yagán y kawésqar incluidas, llevan años enfrentándose a la industria, presentando recursos contra las concesiones marítimas para el cultivo del salmón, exigiendo Estudios de Impacto Ambiental y no meras declaraciones, y sumando a activistas internacionales como Greenpeace y a científicos subantárticos chilenos y extranjeros.
Ahora dieron un paso más, al agregar como nuevo aliado al Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de Influencia de Argentina. La idea: plantear una estrategia binacional para convertirse en actores de poder en la “Guerra Fría” contra los salmones.
El colapso sanitario
De acuerdo a la consultora IndexSalmón, en Magallanes existen 125 concesiones de acuicultura vinculadas a la Agrupación de Concesiones de Salmónidos (ACS). Son lideradas por Salmones Magallanes (Acuimag) y Nova Austral con 27 -cada una representa el 21,6% de la participación regional-, seguidas por Cermaq con 17 (13,6%), Australis con 15 (12,0%), Blumar con 12 (9,6%), Lago Yelcho con 9 (7,2%) y Multiexport con 7 (5,6%). El resto es repartido entre firmas como Pesquera Cabo Pilar, AquaChile, Salmones Austral, Salmotec, Salmones Tierra del Fuego, Pesca Suribérica y Salmones Frowar.
El aumento de las concesiones marinas para el cultivo de salmónidos partió hace seis años, cuando la industria salmonera anunció sus aspiraciones de expandir su actividad a la Región de Magallanes. El biólogo Héctor Kol -quien el 2016 relacionó a las salmoneras con la intensificación de la marea roja, lo que que le valió que se realizaran publicaciones en su contra para desprestigiarlo en la comunidad científica- en enero de 2018 sostuvo que la migración de la industria hacia el sur implicaba una estrategia de supervivencia de esta, advertencia que plasmó en su informe sobre el “Riesgo de la expansión salmonera en Magallanes”.
“En efecto, el crecimiento de la industria salmonera en Chile depende actualmente de su expansión geográfica hacia Magallanes. Las ictiopatologías virales, bacterianas y parasitarias, que la propia industria llevó a las regiones de Los Lagos y Aysén han generado una situación de colapso sanitario y ambiental con altos costos para la industria, obligándola a buscar nuevos ambientes sanos donde operar”, sostiene el informe.
Las ictiopatologías virales, bacterianas y parasitarias que describe Kol, de acuerdo a datos de la bióloga Marcela Avila expuestos en Revista de Biología Marina y Oceanografía, estarían asociados a un incremento excesivo y descontrolado de nutrientes en el agua producto del alimento que se les suministra a los salmones, a las altas tasas de descomposición de cadáveres de salmónidos, los que contribuirían a la proliferación de marea roja. “La descarga excesiva de desechos nitrogenados al medio marino se relaciona también con la proliferación de algas tóxicas, particularmente de la denominada Alexandrium catenella. Lo anterior significa que podría existir un vínculo entre la intensificación de las mareas rojas y la mayor disponibilidad de nitrógeno en la columna de agua, consecuencia de la actividad salmonera”, describe Avila en su artículo.
Otro factor responsable del colapso sanitario y que está llevando a la industria a desplazarse a La Patagonia, lo constituyen los escapes masivos de salmones, como el ocurrido en julio de 2018 desde las jaulas de la gigante noruega Marine Harvest, cuando se escaparon más de 690 mil salmones, los que -según Greenpeace- equivale a una plaga de 140 millones de ratones.
El mayor de los peligros de esta situación, de acuerdo a datos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de Influencia de Argentina, es que, al liberarse la contención de las redes de las balsas jaula, los salmónidos se alimentan de especies nativas de insectos, crustáceos, moluscos y peces, impactando los ecosistemas como si se tratara de un depredador tope. Al ser depredadores introducidos, afectan las cadenas tróficas y resisten al control biológico natural.
