En votación dividida de 67 votos a favor, 61 en contra y cuatro abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 62, por medio de la cual se le solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que disponga las medidas necesarias para que se le otorgue permiso al machi Celestino Córdova, para la renovación de su Rewe.
Más en concreto, la resolución apela a las normas del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y al Convenio OIT 169, para que se autorice al citado machi a una salida del centro donde cumple condena por 48 horas, con el fin de realizar la renovación de su rewe o ngeikurewen.
Según se sostiene en el texto, existe buena evidencia para sostener la indudable relevancia de la espiritualidad y religiosidad en la persistencia de la identidad propia de los pueblos originarios, al tiempo que se remarca la importancia de la figura del machi en la cultura y pueblo mapuche en la realización de estas prácticas.
Conforme a lo detallado, el ngeikurewen es una ceremonia de renovación de los poderes de la machi. «La relevancia espiritual y religiosa de ngeikurewen en la cultura mapuche está, por lo tanto, apoyada por la evidencia disponible aportada por numerosa evidencia disponible», se puntualiza.
Señor
Juan Pablo Larraín Medina
Director
Diario La Tercera
Mediante la presente me dirijo a Usted en relación a la noticia publicada el día de hoy en la edición de internet del diario que Usted dirige, en que se hace alusión a mi persona y al Observatorio Ciudadano, entidad no gubernamental de la que soy director.
El artículo en cuestión se refiere a la información difundida por la Radio Universidad de Chile sobre la situación de la Jueza Ximena Saldivia, quien integrara el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco que conoció del juicio seguido en contra de once personas mapuche imputadas por delitos terroristas en el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, Jueza que antes de concluir el juicio salió de su conocimiento por razones de salud. En el mismo artículo se hace referencia a una comunicación que yo presentara al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Señor Diego García Sayán, para dar a conocer esta situación.
Al respecto cabe precisar que el dos de mayo pasado el Observatorio Ciudadano envió antecedentes adicionales a una comunicación ya existente sobre este caso a dicho Relator Especial, basada en la constancia que la Jueza Saldivia dejara ante la Asociación Chilena de Seguridad de Temuco, de haber sido objeto de presión indebida y acoso laboral por parte del Presidente del Tribunal Germán Varas. Dada la gravedad de este hecho, nos pareció importante informar a este mecanismo internacional de Naciones Unidas, de modo que en uso de sus facultades, requiriera al Estado de Chile información al respecto.
En el artículo, además, se señala en relación a dicha comunicación que “[…] en el escrito de seis páginas, Aylwin sindica al abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, como el responsable de presionarla “para dejar el juicio y así no participar del fallo”, agregando que el jurista fue ‘incendiario en sus intervenciones durante todo el juicio’”.
Al respecto me parece pertinente aclarar que en los antecedentes enviados por mi personas al Relator Especial García Sayán no se hace referencia alguna a este abogado, razón por lo que la alusión que hace a la presentación de acciones legales en mi contra resultan absolutamente infundadas.
El envío de los antecedentes del caso a este mecanismo de Naciones Unidas tiene por objeto solicitar que éste requiera del Estado la información correspondiente de modo de asegurar en este juicio la vigencia de un derecho fundamental contemplado en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cual es el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial en base a las reglas del debido proceso.
Por lo anterior es que instamos al abogado del Ministerio del Interior a informarse adecuadamente previo a sus dichos, toda vez que además de carecer de fundamentos, constituyen una amenaza a la labor de las organizaciones de derechos humanos de hacer uso de las instancias nacionales e internacionales existentes para prevenir y visibilizar la
vulneración de derechos humanos.
La sede regional de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, una acción de amparo constitucional en favor de nueve alcaldes mapuche, debido a las interceptaciones telefónicas de voz y de mensajería de texto de las que eventualmente habrían sido víctimas en el marco de la denominada “Operación Huracán”.
Los amparados se desempeñan como jefes comunales de los municipios de Renaico, Saavedra, Curarrehue, Lumaco, Cholchol, Alto Bío Bío, Tirúa, Paillaco, y Coyhaique, e integran la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), organización que tiene por objeto coordinar y articular el trabajo de municipios con alcaldes/sas mapuche, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus comunas, desde una perspectiva de identidad y desarrollo local, con políticas públicas pertinentes a la realidad de cada uno de los territorios.
De acuerdo a lo sostenido por el jefe regional del INDH, Federico Aguirre Madrid, el objetivo de la acción legal es “dar protección a las personas amparadas y defender la privacidad de ellas frente a las interferencias indebidas del Estado”.
El jefe regional agregó que “representa una obligación para el Estado el garantizar el orden público, en la medida en que aquello es una condición para efectivamente gozar y ejercer los derechos fundamentales de que somos titulares. Sin embargo, la satisfacción de ese imperativo, se debe hacer con pleno apego a aquellas normas establecidas para tutelar la dignidad de todas las personas”.
La semana pasada el INDH y la AMCAM presentaron un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Temuco, por la intervención telefónica de que habría sido objeto Mauricio Vergara Montecinos, secretario ejecutivo de dicha entidad.
Contacto: Federico Aguirre -jefe INDH de La Araucanía- Cel: 9 5239 1877
En el Juzgado de Garantía de Collipulli se realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra del sub oficial mayor de Carabineros de Chile en ejercicio, Valentín Constanzo Cáceres, por disparar a quemarropa al comunero mapuche José Coñalinco LLancaqueo, en la comuna de Ercilla.
Los hechos se remontan al día 28 de Septiembre de 2015, cuando el imputado descendió del carro policial en que se desplazaba, portando una escopeta antidisturbios cargada con balines de goma, con la que apuntó en contra del comunero indígena que se encontraba a tan solo 7 metros de distancia. El primer disparo fue de frente, no obstante el segundo fue percutado cuando Coñalinco estaba de espalda, provocándole heridas en el rostro, en la espalda y en las manos.
Debido a sus heridas el afectado fue auxiliado por personas de su comunidad y trasladado al Hospital de Victoria, lugar hasta donde llegó Constanzo para detenerlo, procedimiento que al día siguiente sería considerado como ilegal.
El delito imputado al carabinero es el de autor de violencia innecesaria con resultado de lesiones menos graves del art. 330 N° 3 Código de Justicia Militar.
El Tribunal de Garantía de Collipulli decretó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima, además de un plazo de investigación de tres meses.
Tres de los once acusados por la muerte del matrimonio fueron sentenciados como autores del delito de incendio con resultado de muerte con carácter Antiterrorista. Para la abogada defensora, Manuela Royo, el fallo tuvo motivaciones políticas.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco entregó este sábado su veredicto final sobre el caso Luchsinger-Mackay, absolviendo a ocho comuneros de todos sus cargos y sentenciando a tres como autores del delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista.
Con esto, José Peralino Huinca, José Trancal Coche y Luis Trancal Quidel, quienes fueron declarados culpables, arriesgan una condena de presidio perpetuo calificado.
Una de los ocho imputados absueltos fue la Machi Francisca Linconao, quien a la salida del tribunal dijo que los comuneros mapuche declarados culpables fueron sentenciados porque los latifundistas de la zona pagaron para que así fuera. Además, confirmó que próximamente demandará al Estado de Chile por daños y perjuicios.
La abogada defensora en el caso Luchsinger-Mackay, Manuela Royo, cuestionó el hecho de que algunos hayan sido absueltos y otros no, afirmando que el fallo está basado más en presiones políticas que en coherencia jurídica.
“La verdad es que es una situación bastante inexplicable, toda vez que la fuente probatoria es una, y lo cierto es que no puede ser que una declaración sea mitad verdad y mitad mentira, eso vulnera todos los preceptos de la lógica y no tiene ninguna coherencia jurídica. Por lo tanto, consideramos que si bien aún no conocemos la totalidad de la sentencia, lo cierto es que obedece más que nada a presiones políticas”.
También se mostró en desacuerdo con que se haya aplicado la Ley Antiterrorista contra los tres comuneros declarados culpables. La abogada argumentó que Chile ha sido condenado internacionalmente por la ejecución de dicha ley. “Esperamos que la Corte Suprema enmiende esta situación”, declaró a nuestro medio.
Por su parte, el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, cuestionó el hecho de que el caso se calificara como terrorista, siendo que en el primer juicio no tuvo este agravante.
“Esta vez los jueces han tenido una opinión completamente distinta al primer juicio, que no se calificó de terrorismo, y siendo que no hay ningún elemento nuevo”.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional criticó el proceso judicial, indicó que “este juicio, está marcado por diversas denuncias de irregularidades, que demuestran la manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos indígenas, lo cual no sólo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares”.
Así mismo, pidieron a las autoridades del país “desistir inmediatamente de criminalizar al pueblo mapuche y sus líderes a través de la Ley Antiterrorista”.
Por las redes sociales, el Presidente Sebastián Piñera solidarizó con la familia Luchsinger-Mackay. Indicó que la justicia dio un valioso paso contra la impunidad.
Similar opinión expresó el ministro del interior, Andrés Chadwick, quien dijo sentirse emocionado por la sentencia.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, declaró este domingo en Canal 13 que evalúa positivamente el resultado del juicio, aunque lamentó que ocho de los once acusados hayan sido absueltos.
El venidero 11 de junio se efectuará la audiencia de comunicación del fallo, diez días después, la defensa de los condenados podrá pedir la nulidad de la decisión.
El pintor y electricista Salomón Henry vive desde hace tres años en Santiago de Chile con su familia. Tiene residencia por cinco años, gracias a un contrato de trabajo en un exclusivo condominio, donde reinstaló la red eléctrica entre otras tareas. En 2014 los migrantes haitianos no llegaban a los 1.800 y en abril de este año bordeaban los 120.000 según cifras oficiales. Crédito: Orlando Milesi/IPS
SANTIAGO, 27 abr 2018 (IPS) – Una oleada de migrantes haitianos desembarcó en Chile los últimos años, modificando el rostro de barrios y municipios populares en un oasis que ha comenzado a secarse, con medidas adoptadas por decreto por el nuevo gobierno contra la primera inmigración masiva afrodescendiente en este país sudamericano.
Unos 120.000 haitianos vivían en Chile a comienzos de abril, según cifras oficiales, la mayoría realizando tareas básicas en lugares como consultorios, escuelas, plazas y calles, además de en la construcción.
Estos inmigrantes, de 30 años promedio, ingresaron con visa de turista, casi todos desde 2014, y se quedaron para trabajar y construir una nueva vida en este país alargado y estrecho, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico, y cuyo dinamismo económico le convirtió en el mayor polo de inmigración latinoamericano los últimos cinco años.
Pero el 8 de abril la situación cambió radicalmente cuando el gobierno del derechista Sebastián Piñera, en el poder desde el 11 de marzo, eliminó para ellos las visas temporarias que les permitía pasar de turistas a migrantes regulares una vez conseguido un trabajo, y poder traer después a sus familias.
Piñera busca frenar la inmigración en general, que siempre según las cifras oficiales bordea el millón de personas en un país de 17,7 millones de habitantes, y en particular la de los haitianos, con medidas donde los especialistas ven una actuación discriminatoria contra la quinta colonia extranjera, por detrás de la peruana, colombiana, boliviana y venezolana.
Desde ahora, los haitianos tendrán que obtener una visa de turismo en el consulado de Puerto Príncipe, para poder abordar un avión con destino a Chile. Será de 30 días prorrogables solo hasta 90, y no podrá canjearse por otra que permita la permanencia.
Los venezolanos, la otra migración de explosivo crecimiento, podrán obtener en Caracas una denominada visa democrática de un año.
En contrapeso a las nuevas restricciones, desde el 16 de abril comenzaron a poder regularizar su estatus todos los haitianos llegados antes del 8 de abril, en un proceso que culminará en julio de 2019. Además, desde el 2 de julio y por un año se expedirán 10.000 visas adicionales de reunificación familiar. En total, el gobierno fija en 300.000 los extranjeros en situación ilegal en Chile, de la que una minoría son haitianos.
La Oficina de Migración de la calle Fanor Velasco, cerca del palacio de La Moneda, en Santiago, atestada de haitianos y otros extranjeros que buscan regularizar su situación migrante, el 17 de abril, un día después de que se abriese ese proceso especial dentro de medidas decretadas por el gobierno para frenar la inmigración, en que los haitianos fueron especialmente perjudicados. Crédito: Orlando Milesi/IPS
Para Erik Lundi, de 37 años y quien llegó hace seis años a Chile desde Haití, el plan “es una opción muy buena. Es súperrazonable legalizar a los que están acá”.
“Pero hay mucho de discriminación racial en la nueva visa al turismo. Solamente los haitianos tienen un plazo de 30 días, porque los venezolanos tienen la visa democrática. Eso es un muy discriminatorio. ¿Por qué los haitianos tienen solamente 30 días y los otros no? Tiene que ser igual para todos”, planteó a IPS.
La xenofobia se mezcla con el racismo en un coctel que despierta un rechazo específico de los chilenos hacia los inmigrantes haitianos, destacan especialistas en derechos humanos y de migrantes consultados por IPS, en ocasiones disfrazado con críticas como que no saben hablar español, ya que su lengua es el creole o francés.
El pintor y electricista Salomón Henry, quien arribó hace tres años tras pasar por República Dominicana, con quien Haití comparte la caribeña isla de Hispaniola, aseguró a IPS que “no veo nada malo, son positivas” las medidas ejecutivas adoptadas mientras se aprueba en el Congreso legislativo una reforma de la Ley de Migración, vigente desde 1975, una de las grandes promesas electorales de Piñera.
Henry coincide en que “Chile está saturado de inmigrantes y si siguen llegando más es más miseria para los que estamos ya. No es porque ya estoy aquí, pero hay que tomar medidas para el bien de todos”, dijo Henry.
Antecedentes de ineficacia
José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), duda de la efectividad de instituir la visa consular de turismo para los haitianos y eliminar la temporaria, con base en la experiencia de disposiciones parecidas adoptadas para los dominicanos en 2012, durante el anterior gobierno de Piñera (2010-2014).
En la calle Pingüinos, en el popular municipio de Estación Central, uno de los dos que congrega un mayor número de migrantes de Haití en Santiago de Chile, un peluquero procedente del país caribeño ha establecido una barbería donde se habla en creole y se atiende a los connacionales. Crédito: Orlando Milesi/IPS
“Cuando se les comenzó a pedir visa consular, aumentó su ingreso”, dijo a IPS el director de la más importante organización humanitaria a favor de los inmigrantes en Chile.
El pronóstico del SJM es que “crecerá el ingreso (de haitianos) por pasos no habilitados. Y con eso también aumentarán las redes de tráfico”, afirmó el jesuita, quien recordó que “esto pasa en muchos países cuando uno restringe mucho los accesos”.
Luis Eduardo Thayer, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central y hasta el 2017 presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones (un ente autónomo de la sociedad civil eliminado por el gobierno de Piñera), coincide con esa visión.
“Los dominicanos siguieron viniendo porque tenían la familia acá, tenían redes, oportunidades de trabajo y las condiciones en su país de origen no eran las que querían”, aseveró a IPS.
De aquellos, había solo 6.000 cuando se restringió su arribo, frente a los 120.000 haitianos, recordó Thayer, por lo que “la magnitud del ‘efecto llamado’ por el mercado de trabajo y de vínculos es mucho mayor en el caso haitiano”.
La frontera chilena de 3.000 kilómetros, es calificada de “porosa” por los propios funcionarios migratorios, lo que dificulta controlar el ingreso irregular.
Thayer aventuró que como hicieron sus vecinos, los haitianos pasarán a usar una ruta conocida localmente como “el hueco o el hoyo”.
“Toman un avión hasta Colombia y allí ingresan a una ruta clandestina hasta llegar a Chile, ayudados por personas que conocen la ruta, cobran dinero y que se puede llamar red de tráfico de personas”, explicó.
Para el especialista, es “discriminatorio” que a los haitianos se les exija visa consular para venir como turistas “por el solo hecho de ser haitianos”. “El argumento del gobierno es que vienen acá con dolo. Hay que decir que vienen menos haitianos que venezolanos, bolivianos, peruanos y colombianos”, aseveró tajante.
El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, responsable de las políticas de extranjería y migración, rechazó en un encuentro con corresponsales extranjeros que las medidas para los haitianos sean discriminatorias y destacó que tienen el beneficio especial de las visas de reunificación familiar.
“La colonia de ciudadanos haitianos bordea los 120.000 y creemos que tenemos que ayudar para efectos prácticos de que estos familiares, hijos, cónyuges, puedan venir de manera rápida y expedita al país”, afirmó.
Historias de los que ya están
La migración haitiana tiene sus causas inmediatas en el terremoto del 2010 y el huracán Matthew del 2016 que sumaron efectos devastadores a la crónica crisis política, económica, social y ambiental de Haití. Pero también por el boca a boca de los primeros arribados a Santiago y otras localidades chilenas, que atrae a los habitantes del país con mayor pobreza de América.
José Miguel Torrico, coordinador para América Latina y el Caribe de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, pone el énfasis del origen de esta migración en otro elemento de más larga data. La degradación de los suelos de Haití “es un gran factor de incidencia ya que básicamente la migración que tenemos acá es una migración de gente sin preparación, gente que viene de los sectores pobres rurales”, subrayó.
“La migración que está teniendo Chile proviene de sectores rurales en primera o segunda instancia porque no han logrado mantener su nivel de vida en las tierras que cultivan”, dijo a IPS en una entrevista en su oficina regional en Santiago.
“Vine porque vi en Internet que en Chile hay oportunidades para trabajar y otros haitianos que vinieron me hablaron de esas oportunidades”, contó Henry.
En un receso de su trabajo en una comuna en la precordillera capitalina, Henry detalló que tiene contrato laboral, residencia por cinco años y pudo traer a su esposa y a tres de sus cuatro hijos. Pero su caso es excepcional.
La última hija nació en Santiago: “mi mujer fue atendida como una reina en el hospital y no pagué ni un peso”, destacó en el relato de su experiencia, tras contar que el costo del parto fue asumido por un fondo de salud donde cotiza mensualmente. Pero los migrantes irregulares no tienen derecho a salud en Chile.
Accionel Sain Melus, de 44 años, llegó hace ocho años desde República Dominicana (donde vivió 10) y trabaja con contrato en la Feria Lo Valledor, el principal centro de abastecimiento de verduras y frutas de la capital chilena.
“Yo tengo residencia por cinco años. El problema es que a mi señora y mi hija les dieron visa temporal por un año. Hice un trámite y me rechazaron el papel. Yo tengo todos los papeles del matrimonio y legalización. Pagué visa por cinco años y me mandaron visa por uno”, contó.
Cada domingo, en la calle Pingüinos, se instala una feria callejera donde los migrantes haitianos adquieren ropa, zapatos y una variedad de productos, incluidos algunos propios de su país, mientras comen algunos platillos típicos de su país, que ofrecen distintos puestos. Crédito: Orlando Milesi/IPS
En su conversación con IPS, al finalizar una misa en creole en la católica parroquia Santa Cruz, en la comuna (municipio) de Estación Central, confió su preocupación: “Ahora el tiempo es difícil para nosotros…”.
Pedro Labrín, sacerdote de esa parroquia en una de las dos comunas con mayor población del país caribeño y donde algunas calles funcionan como una “pequeña Haití”, explicó que a Chile llegan migrantes de Haití “con muy buena educación, dominio de idiomas y competencias técnicas”.
Pero la mayoría, añadió a IPS, “provienen del campo, con muy poca educación, y muchísimas dificultades de inserción porque poseen menores habilidades sociales y dificultades idiomáticas”.
Lundi contó que “la mayoría sale con el sueño de seguir sus estudios. Pero llega acá adonde un migrante casi no tiene posibilidad de estudiar, si no tiene un recurso directo que venga de otro país, de su familia directa”, dijo apuntando al alto costo de las universidades chilenas.
Convivir con el racismo y la xenofobia
Para el párroco Labrín “el principal problema con que se encuentran los haitianos es el racismo: A nosotros las personas de color negro nos parecen simpáticas mientras no están al lado nuestro. Yo lo observo aquí…hay mucha resistencia racial”, narró.
A su juicio, “a los haitianos se les estigmatiza como transmisores de enfermedades, generadores de basura, ruidosos, maltratadores de niños, de violencia intrafamiliar, que hablan muy fuerte y que están siempre discutiendo. Hay también mucha odiosidad en el acceso a los servicios básicos de parte de los usuarios chilenos que compiten con ellos en consultorios, salas cuna, jardín infantil y la escuela”.
Lundi tiene una experiencia variada: “por un lado, Chile ha sido un país acogedor de los migrantes. De otro lado, los chilenos son un poco más violentos, más discriminadores”.
Acusó a algunos sectores de “xenofobia, no sé si por la cultura no están acostumbrados a vivir con muchos extranjeros, sobre todo de raza negra. Discriminan por el color. Eso se manifiesta directamente con insultos y a veces sicológicamente”.
Dos niñas con elaborados vestidos son presentadas al Señor durante una ceremonia especial en una iglesia evangélica, atestada como cada domingo, y donde el culto y otras actividades son siempre en creole. La iglesia está muy cerca de la calle de Pingüinos, en Estación Central, en Santiago de Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS
Labrín contó que en Estación Central “ha surgido un negociado antiético de subdividir las mismas pobres casas para ir arrendando a precios exorbitantes”.
“Arriendan hasta por 200.000 pesos (unos 333 dólares) piezas miserables sin condiciones de seguridad ni higiene. Durante la visita del papa Francisco (enero 2018) se quemó aquí una de estas casas donde viven cien personas con tres duchas de las cuales una estaba mala y una taza de baño”, denunció.
Dudas sobre el proceso
Para Lundi “la visa de reunificación familiar es súperimportante porque las personas no pueden estar bien si no están con sus familias. Tendrán una oportunidad de vivir juntos”.
Pero para el académico Thayer este ofrecimiento “es demagógico: están diciendo vamos a cerrar la frontera, pero les vamos a permitir que estén con la familia…lo cual es un derecho humano mínimo”.
Mientras, el jesuita Vicuña remarcó que es fundamental “cuáles serán los criterios de otorgamiento, porque el mero criterio de la reunificación familiar va a quedar pequeño frente a la cantidad de demanda”.
“Una migración ordenada, segura y regulada requiere de un proceso informativo claro y acá ha habido muchas medidas sobre la marcha”, aseveró.
Thayer desmontó otro prejuicio social creciente contra los haitianos. “La tasa de desempleo de los migrantes es bajísima, al igual que la de los chilenos, de cinco a seis por ciento”, sostuvo.
“No se puede decir que está saturado el mercado de trabajo con la llegada de haitianos. Lo que hay es un problema de integración por falta de políticas públicas en vivienda, educación y trabajo”, remarcó.
El párroco Labrín llamó a poner el énfasis en los aportes haitianos: “cultura, trabajo, bienes económicos e hijos”. “La tasa de natalidad chilena, que tanto preocupa dentro de la pirámide del desarrollo, va a ser ampliamente apoyada por el nacimiento de los niños chilenos de padres migrantes”, citó a modo de ejemplo.
Primer impacto: oficinas de migración atestadas
En la Oficina de Migración de la calle Fanor Velasco, a tres cuadras de La Moneda, sede de la presidencia del gobierno, el aire era irrespirable el 17 de abril, al día siguiente de abrirse el nuevo proceso de regulación.
Una marea incesante de migrantes en busca de adelantar este trámite atestaba la instalación y sus inmediaciones desde la madrugada, al duplicar el ya gran flujo cotidiano, antes de entrar en vigor las nuevas medidas migratorias, adoptadas por decreto.
Leonel Dorelus, haitiano de 32 años, llegó a Chile en noviembre del 2017, tras tres años en República Dominicana. Vive con un cuñado que llegó antes en una comuna del sur santiaguino y trabaja en un templo evangélico allí mismo.
“Solo la novia quisiera traer”, dijo a IPS mientras esperaba su turno.
Mark Edouard, de 30 años, procede de la localidad haitiana de Artibonite. Trabaja de portero durante la noche, con contrato, y de día en una feria pública, todo en la populosa comuna de Puente Alto, 20 kilómetros al sureste de Santiago.
“Comencé como ayudante en la misma feria. Al principio viví con otras personas, pero me faltaba el aire y me cambié y ahora vivo solo”, relató.
Zilus Jeandenel, de 28 años, vino a Chile desde la localidad rural de Comine. Vive en la comuna de San Bernardo, en el sur del Gran Santiago, con dos hermanas. Llegó hace ocho meses y no tiene trabajo, igual que una de sus hermanas. “Está difícil lograr trabajo”, dijo, aunque “mi calidad de vida es mucho mejor aquí, aun así”.
Un pequeño Haití en Santiago
Es domingo cuando decenas de haitianos asisten a misa en la parroquia jesuita de Santa Cruz, en el barrio de Nogales, en la comuna santiaguina de Estación Central, y donde Erik Lundi trabaja. En una esquina opuesta a la iglesia, en la misma calle de Pingüinos, un barbero haitiano atiende a sus connacionales. Todos hablan creole y mientras esperan su turno siguen por televisión una carrera de Fórmula Uno.
Frente a la barbería está la parada de microbuses que por el equivalente a un dólar transporta a los residentes al centro de Santiago o a la periferia sur de la ciudad capital.
También en Pingüinos, más al este, se celebra una feria al aire libre, como cada domingo, con puestos de venta de ropa y de zapatos usados que los consumidores se prueban allí mismo. Otros puestos, algunos improvisados en la acera, venden verduras, frutas, carnes, productos típicos haitianos y lo más requerido por los viandantes: sacos de frijoles. También se ofrecen platos haitianos para degustar en el lugar.
Hay vendedores chilenos, pero más haitianos. Todos explican, en creole o español, los precios, en una feria que, cuentan los parroquianos, es también un lugar de encuentro social. Mujeres con niños pequeños, embarazadas, jóvenes que se saludan golpeando sus manos y una pareja de un hombre haitiano y una mujer chilena que camina risueña tomada de la mano, forman parte del paisaje dominical en Pingüinos.
A apenas a dos cuadras, hay un templo evangélico que como el católico funciona además como un centro social, donde el culto es en creole y acompañado de música en vivo, gracias a guitarras, bajos eléctricos y tumbadoras.
Los fieles visten como para un acontecimiento importante. Las mujeres portan trajes y zapatos coloridos y los hombres lustrosos zapatos, algunos blancos, y casi todos corbata, mientras las niñas destacan especialmente con sus tules y elaborados peinados de trenzas. Es vida y cultura haitiana, trasplantada a Santiago, en la cordillera andina.
París-Ginebra, 20 de abril de 2018 – A pocos días de un nuevo veredicto en el Caso Luchsinger-Mackay por el Tribunal de Juicio Oral de Temuco, en la nota de Misión internacional de observación judicial publicada hoy, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, llama a las autoridades de Chile a absolver nuevamente a la defensora de derechos humanos Machi Francisca Linconao y a los Mapuches procesados bajo la Ley Antiterrorista, y a poner fin a la criminalización en su contra.
El evento de alto nivel, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de México, y que reúne a delegados de 26 países y más de 500 participantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y del sistema internacional, se prolongará hasta el viernes 20 de abril con el objetivo de revisar los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 en la región.
En la ceremonia inaugural del encuentro la Secretaria Ejecutiva de de la CEPAL, Alicia Bárcena, destacó que este Foro es un punto de encuentro ineludible donde los países hacen un balance de lo que es la Agenda 2030 y los desafíos que nos presenta. “Nuestra región vive tiempos muy complejos y por eso es tan relevante comprobar que el multilateralismo y la integración siguen vigentes y nos permiten avanzar en pos del desarrollo sostenible”, declaró.
Bárcena recordó que la desigualdad duele y es intolerable y por eso para la CEPAL la igualdad ha sido siempre el centro de su acción. “Si la región no se juega por igualar para crecer y crecer para igualar tampoco vamos a avanzar demasiado, porque la desigualdad aumenta y es creciente. La cultura del privilegio naturaliza a la desigualdad y este Foro es un espacio para ponerle fin a eso”, recalcó.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas insistió que la región debe tener una voz fuerte y pedir una solodaridad económica global para enfrentar juntos desafíos como las modificaciones en el mercado laboral, producto de la cuarta revolución tecnológica, o el mismo cambio climático. Y agregó: “tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo y producción. Este es un cambio muy profundo que requiere la voluntad política no solo de los gobiernos, sino también de toda la sociedad en su conjunto. Además, es necesario que descarbonicemos nuestra economía y demos un salto con un gran impulso ambiental. No podemos seguir con el business as usual”, dijo.
Por su parte, Norma Munguía, Directora General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), declaró que la implementación efectiva de la Agenda 2030 es una tarea de todos los sectores y de todos los niveles de gobierno, ya que es el marco idóneo para encontrar soluciones eficaces a los principales retos que enfrentamos en materia de desarrollo.
“La adecuada implementación de la Agenda 2030 requiere de la participación de todos los actores involucrados y de la suma de todos los esfuerzos y recursos de todo tipo para avanzar efectivamente en el cumplimiento de sus 169 metas”, señaló la diplomática mexicana, quien además agradeció especialmente a la CEPAL por su “invaluable apoyo, sobre todo en la generación de documentos y de espacios intergubernamentales que durante 70 años han contribuido a mejorar el desarrollo de la región”.
En tanto, Patricio Victoriano, Director de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, expresó los saludos del gobierno chileno a todas las delegaciones presentes y formuló votos para que las discusiones de esta semana en el Foro permitan intercambiar buenas prácticas en torno a la ambiciosa Agenda 2030, “que constituye una hoja de ruta para avanzar hacia la superación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones”, indicó.
“Este espacio enriquece la manera en que vemos y cómo queremos lograr los Objetivos de Desarollo Sostenible (ODS) y eso nos beneficiará a todos. Un componente esencial de la Agenda 2030 es la participación: consideramos fundamental la coordinación de los distintos actores para la implementación de estos ODS”, dijo Victoriano.
En un saludo en video enviado especialmente para esta reunión, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, señaló que este Foro multi-actor entrega una contribución vital para la implementación, seguimiento y revisión de la Agenda 2030 en la región y otros lugares del mundo.
“Plataformas como este foro resaltan la labor de las comisiones regionales de la ONU para mejorar la coordinación y colaboración entre los gobiernos, otras partes interesadas y el sistema de las Naciones Unidas en general”, indicó la segunda mayor autoridad del organismo mundial. “También quiero felicitar a América Latina y el Caribe por su liderazgo en presentar los Informes Nacionales Voluntarios (INV) en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU (que se realizará en julio en Nueva York), y animo a todos los países a mantener este impulso”, declaró.
La segunda reunión del Foro continuará desde hoy y hasta el viernes 20 de abril con diferentes mesas de trabajo sobre el aprendizaje entre pares de los desafíos y enfoques de participación en la implementación de la Agenda 2030, así como las plataformas para el seguimiento de los ODS.
Además, los países dialogarán sobre la dimensión regional de la Agenda 2030 y las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas y de múltiples actores para su implementación.
Vea el programa completo de la reunión en este enlace.
El Perú es el primer país en la región en establecer una ley marco para el cambio climático luego de la firma del Acuerdo de París.
El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley Marco de Cambio Climático que posiciona al Perú como el país líder en América Latina por su firme compromiso con la lucha contra el cambio climático, siendo el primero en la región en establecer una ley sobre esta problemática luego de la firma del Acuerdo de París.
El Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Con esta nueva ley, la respuesta peruana es integradora y toma este desafío como una oportunidad para desarrollar una economía verde, con una mayor resiliencia de las poblaciones y ecosistemas más vulnerables al cambio climático.
“Esta ley nos permite mirar con optimismo nuestro futuro y hacerle frente al cambio climático de manera unida y firmemente convencidos de que un país climáticamente responsable es un país que crece, que tiene visión de futuro” dijo el Presidente Martín Vizcarra al cierre del GORE Ejecutivo en Palacio de Gobierno.“Constituye, de hoy en adelante, un mandato claro para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”.
La ley promulgada fortalecerá la gobernanza climática en todos los niveles del gobierno. Será transversal a todas las medidas que se emprendan desde los distintos ministerios, gobiernos regionales y locales. De esta manera, se tendrá en cuenta el financiamiento climático, principalmente, para incorporar el riesgo climático en cualquier proyecto de inversión que se ejecute en el Perú.
Para ello, el Ministerio del Ambiente tendrá un rol articulador en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel donde se definirá el rumbo de la acción climática del país.
“A partir de ahora, cada vez que pensemos en inversión debemos pensar en hacerla de forma sostenible, tenemos que trabajar en la planificación de lo que queremos, necesitamos una inversión bien pensada para aprovechar, por ejemplo, el agua de lluvia en las zonas más alejadas, y ser capaces de ser un país resiliente” dijo Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente.
En este paso importante para la lucha climática del país, se destacan el llamado a la acción de toda la sociedad peruana y la inclusión de los enfoques de derechos humanos, interculturalidad e igualdad, donde se reconoce especialmente a los pueblos indígenas u originarios.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), felicitamos el trabajo del Estado Peruano por el impulso de este importante hito para el país. Implementar la Ley Marco de Cambio Climático, requerirá de un enorme esfuerzo y alianzas sólidas e innovadoras entre distintos actores. Para ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando junto al Estado en sus distintos niveles para garantizar un planeta sostenible e inclusivo
