No a la violencia y criminalización contra los niños y niñas en la Araucanía

Declaración Observatorio Ciudadano

Frente al conflicto entre el Estado Chileno y el Pueblo Mapuche que se ha agudizado en las últimas semanas en la Araucanía a través de hechos de violencia como los ataques racistas a miembros del Pueblo Mapuche en diferentes comunas, la quema de camiones que se ha venido dando en la región, y la huelga de hambre a la que se han visto obligados 25 presos mapuches en las cárceles de Angol y Lebu para hacer escuchar sus demandas, queremos señalar lo siguiente:

  • Como organización que defiende los derechos humanos, condenamos todo forma de violencia. La violencia afecta no solo a las víctimas y sus familiares, sino a todxs lxs ciudadanxs que habitamos Chile, pues rompe el mínimo pacto de convivencia que es la base para la construcción de una sociedad plural y diversa, pero sobre todo afecta la vida y derechos fundamentales de quienes más estamos llamados a proteger: los niños y niñas que habitan este territorio.
  • Condenamos los ataques de la madrugada del sábado 22 de agosto a un camionero y su familia en la ruta CH-182 que une Collipulli y Angol, donde una menor de 9 años resultó herida de gravedad. Ante ello, pedimos el esclarecimiento urgente de los hechos y una investigación imparcial con apego al debido proceso, que establezca las responsabilidades penales a quien corresponda, evitando prejuzgamientos y estigmatizaciones hacia el pueblo mapuche.
  • Asimismo consideramos que toda violencia ejercida en contra de la niñez en la Araucanía es condenable. Por ello también condenamos la represión y violencia sistemática que se ejerce contra las niñas y niños mapuches, que pone en riesgo no solo su vida y salud, sino su desarrollo y estabilidad física y emocional. Hechos de violencia que han sido ampliamente documentados por organismos como el INDH[1] y Naciones Unidas[2]. Ante ello, exigimos se garantice el pleno respeto a sus derechos y a un ambiente libre de represión donde puedan desarrollarse con plenitud.
  • Instamos también al establecimiento urgente de una mesa de diálogo con los 25 prisioneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Angol y Lebu, considerando especialmente la situación de los prisioneros Antu Llanca y Daniel Nahuelpi, quienes han sido víctima de violencia estatal y criminalización desde que son niñxs.

Reiteramos que el diálogo es la única vía de solución para lograr un acercamiento y entendimiento entre las partes de un conflicto, a partir de un respeto y reconocimiento mutuo. Solo a través de un diálogo sincero y en igualdad de condiciones se puede avanzar hacia la solución de las demandas históricas y estructurales que plantea el Pueblo Mapuche, y solo a través del diálogo se contribuye al fortalecimiento y legitimación de las instituciones democráticas.

 

Observatorio Ciudadano, 25 de agosto de 2020

 

[1] https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2012/08/informe-violencia-institucional-ninez-mapuche-2012.pdf
[2] http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102128

FIDH Y OC: Preocupación por la detención de personas defensoras del pueblo Mapuche en Tirúa

París-Ginebra, 24 de agosto de 2020 – El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Observatorio Ciudadano (OC) expresan su grave preocupación por la detención el 6 de agosto de la machi Mapuche Mirian Mariñao y del padre Carlo Bresciani, dos personas defensoras del pueblo Mapuche en Chile.
El 6 de agosto de 2020, miembros del cuerpo de carabineros de Chile arrestaron a la machi Mapuche Mirian Mariñao y al padre Carlo Bresciani, miembro de la Red Ecuménica Latinoamericana “Iglesias y Minería”, quien actúa en la zona de Tirúa al lado del pueblo Mapuche, reconociendo la vulneración constante de sus derechos y reivindicando pacíficamente, con ellos, el reconocimiento de su cultura, tradiciones y territorio.La Sra. Mariñao y el padre Bresciani fueron detenidos por un grupo de Carabineros de Fuerzas Especiales durante una manifestación pacífica en la municipalidad de Tirúa, región del Bío Bío, organizada para denunciar la discriminación al pueblo Mapuche y apoyar a varios comuneros Mapuche que se encuentran desde hace más de 100 días en huelga de hambre[1]. Según fuentes fidedignas, la policía desalojó la manifestación violentamente, deteniendo y golpeando a sus ocupantes afectando así su dignidad e integridad, todo ello, pese a la oposición del alcalde a esta medida de fuerza.

La Sra. Mariñao fue tomada por ambos brazos, un carabinero a cada lado, siendo arrastrada hacia un carro de policía. La machi Mapuche estuvo cinco horas detenida en la comisaría de Tirúa. De igual forma, el Sr. Bresciani, sacerdote jesuita, quien lleva años de trabajo pastoral en la zona, denunció también un excesivo uso de la fuerza policial, siendo tirado al suelo y posteriormente detenido de manera abrupta por los carabineros. Ambos fueron liberados el mismo día sin cargos.

El Observatorio (FIDH-OMCT) y el OC condenan rotundamente la detención de la Sra. Mariñao y del padre Bresciani, y temen que ésta haya sido motivada por sus actividades como personas defensoras de los derechos del pueblo Mapuche.

El Observatorio (FIDH-OMCT) y el OC subrayan que la pertenencia al pueblo Mapuche cuenta con especial protección por los estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, invocan al Estado chileno a cesar todas las acciones y métodos represivos dirigidos a las comunidades Mapuche y sus defensores, sobre todo, a las que se encuentran en proceso de recuperación de tierras.

El Observatorio (FIDH-OMCT) y el OC recuerdan que en el contexto de la criminalización de la protesta social Mapuche en los últimos 30 años, un gran número de dirigentes, integrantes y defensores del pueblo Mapuche se encuentran criminalizados y/o privados de libertad, siendo sometidos a periodos de prisión preventiva y penas desproporcionadas, lo que, sumado a las precarias condiciones sanitarias de los recintos penitenciarios, implica una seria amenaza a su vida y su salud en el contexto de la pandemia del COVID-19.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
[1] Véanse las cartas abiertas de la FIDH: https://www.fidh.org/es/region/americas/chile/estado-de-chile-debe-garantizar-el-derecho-a-la-vida-y-a-la-salud-de ; y de la OMCT: https://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/statements/2020/08/d26013/

Conflicto interétnico y odio racial en La Araucanía

Por José Aylwin, Obsrvatorio Ciudadano

El violento desalojo de cinco municipios de La Araucanía por fuerzas policiales, con la participación de grupos civiles organizados bajo consignas manifiestas de odio racial antimapuche la noche del 1 y la madrugada del 2 de agosto, marca un hito crítico en el ya largo conflicto interétnico e intercultural que se vive en esa parte del país. Por lo mismo, no puede pasar inadvertido sin un análisis de lo acontecido y de sus graves implicancias.

Si bien las situaciones de tensión y hechos de fuerza en La Araucanía –en el marco del conflicto entre el Estado y la sociedad chilena y el pueblo mapuche– no son nuevos, sino tienen ya décadas de desarrollo, adquieren particular gravedad en este caso, dado el involucramiento de civiles, el odio racial exteriorizado en su actuación y la tolerancia y complicidad de las autoridades de Gobierno.

En artículos anteriores hemos hablado de las causas de este prolongado conflicto. Baste señalar a este respecto aquí que Chile sigue siendo el único país en América Latina con importante demografía indígena (12.8% de población total) en que los pueblos indígenas no cuentan con reconocimiento de su existencia y derechos en la Constitución Política. También que los mapuche han sido desposeídos de gran parte de sus tierras de ocupación tradicional, las que fueron confiscadas sin su consentimiento, que su población forma parte de los sectores más pobres del país (6 de las 10 comunas más pobres de Chile están en La Araucanía), que ella está marcadamente subrepresentada en los órganos públicos en que se toman decisiones sobre materias que les conciernen, como el Congreso Nacional y que han sido objeto de procesos tanto de represión como de criminalización de su protesta social, cuestión reiteradamente observada por instancias internacionales de Derechos Humanos.

Es posible que los lectores desconozcan el contexto en que se dieron los hechos de odio racial que aquí se abordan. Aunque tampoco es el foco de este artículo, se debe señalar que la ocupación pacífica de cinco municipios de la región por personas y organizaciones mapuche en días previos a su desalojo, pretendía visibilizar su demanda por la aplicación de un tratado internacional ratificado por Chile –el Convenio 169 de la OIT– que dispone que cuando se imponen sanciones penales a los miembros de pueblos indígenas, se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales (artículo 10).

Ello, en el contexto de una huelga de hambre de condenados y procesados mapuche que se prolonga en algunos casos por más de 90 días, quienes, en el marco de la pandemia que ha significado contagios masivos en centros penitenciarios, han demandado la adopción de un reglamento carcelario para la población indígena acorde con dicho convenio, así como el cumplimiento de sus condenas en sus comunidades.

Muchos pueden no compartir la ocupación de espacios públicos como lo son los municipios como método de protesta social. Al respecto, cabe señalar que existe jurisprudencia nacional e internacional que entiende este tipo de ocupaciones como formas de manifestación del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando no existen otros mecanismos institucionales para que dichas demandas sean escuchadas y procesadas, como ha sido el caso. Ello, teniendo presente que la demanda por la adopción de reglamentos carcelarios adecuados a la realidad de la población penal indígena lleva años desatendida por la autoridad.

Aunque no se comparta la estrategia de ocupación de espacios públicos como forma de protesta válida, lo que tampoco puede compartirse, desde una perspectiva democrática y de Derechos Humanos, es el discurso de odio dominante en los grupos civiles organizados, que en pleno toque de queda participaron del proceso de desalojo de dichos municipios. La actuación de civiles durante los desalojos, en abierta violación con las disposiciones legales e infringiendo el Estado de Emergencia en que nos encontramos, además de verificarse con absoluta tolerancia de Carabineros, se caracterizó por la violencia física y verbal en contra de los ocupantes mapuche, demostrando con su actitud y a través de gritos y cánticos, un desprecio explícito en contra de los integrantes de este pueblo por su condición racial. Paradójicamente, los detenidos por Carabineros luego de estos hechos fueron solo los mapuche agredidos y no sus agresores civiles.

La responsabilidad de las autoridades en estos hechos resulta evidente. Ocurrieron un día después que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, visitara la Región de La Araucanía negándose a hablar con los presos mapuche en huelga de hambre e instando a los autoridades edilicias a desalojar los municipios ocupados, desalojo que en última instancia fue solicitado por la respectiva Gobernación, que depende de dicho ministerio. El mismo ministerio es responsable por mandato constitucional de la supervisión de las fuerzas policiales y, por lo mismo, de investigar hechos ilegales en su actuación, como lo es la tolerancia que estas tuvieron con la participación de civiles durante los desalojos aquí referidos. Lejos de hacerlo, el ministro ha justificado la actuación policial. Por lo mismo, resulta imprescindible la realización de una investigación que permita determinar con exactitud las responsabilidades involucradas en estos hechos.

El Gobierno no solo ha incumplido las disposiciones constitucionales y legales vigentes, sino, lo que es más grave, no cumplió con sus obligaciones al amparo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas, ratificada por Chile y que en su artículo 4° dispone: “Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación…”.

Junto con ello, establece en su artículo 5° la obligación de dichos Estados «a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente… b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución.”

Más allá del evidente incumplimiento de dicha convención en este caso, al omitir su responsabilidad en impedir, investigar y sancionar manifestaciones de odio basadas en la condición étnica o racial mapuche, la autoridad gubernamental está haciéndose cómplice de una tendencia que la experiencia mundial ha demostrado que, lejos de contribuir a dar solución a los conflictos interétnicos como el de La Araucanía, los agrava.

Tal como señala el destacado antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen –quien fuera Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos indígenas– en su estudio sobre Conflictos Étnicos y Estados Nacionales (2000):“La dinámica del conflicto contribuye a forjar identidades étnicas y a crear imágenes, estereotipos y prejuicios, a través de los cuales se ven los miembros de los grupos en conflicto, que a menudo llegan a temer, rechazar e incluso odiar a los miembros del grupo adversario”.

Esa es la dinámica que estamos presenciando en la región, con el odio incubado en contra del mundo mapuche, a la que la tolerancia y omisión de las autoridades de Gobierno lamentablemente están contribuyendo. Dicha actitud contrasta con la de líderes mapuche, como es el caso del werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, quien junto con condenar la actitud del ministro del Interior y consciente de los peligros de los discursos de odio, señaló al analizar estos hechos que “esperamos que no se produzca un estallido social en La Araucanía con objetivos raciales de parte de los mapuche en contra de los chilenos». El mismo dirigente agregó: “Los enfrentamientos raciales que sucedieron en Checolosvaquia, en Yugoslavia y en Ruanda, resultaron terribles y desastrosos para esos pueblos”.

Coincidente con lo expresado por Huilcamán, cabe reiterar lo señalado en artículos anteriores en el sentido que la salida a los conflictos interétnicos e interculturales, como el que se vive en esta parte del país, no se resuelve con la lógica de la guerra, sino con la del diálogo y el entendimiento. Lamentablemente, en las últimas dos décadas el Estado de Chile no ha sido coherente en sus relaciones con el pueblo mapuche. Ello, toda vez que junto con llamar a sus organizaciones a dialogar, gobiernos de distinto sello político han impulsado estrategias de represión y criminalización de la protesta social de sus comunidades.

Se debe reconocer, por cierto, en honor a la objetividad, que hay grupos mapuche que, cansados de promesas incumplidas, perdieron la fe en el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, incursionando también – con poco éxito, dada la evidente desproporción de fuerzas– en la lógica del enfrentamiento, haciendo uso de la violencia, principalmente, pero no exclusivamente, en contra de la propiedad. Ello, evidentemente, tampoco contribuye al diálogo y a la construcción del entendimiento.

En el contexto de un Gobierno intransigente como el actual, que no es capaz de dar gestos mínimos de entendimiento, como lo sería acoger las demandas humanitarias de los privados de libertad mapuche en tiempos de COVID, que no cumple con las convenciones internacionales que ha ratificado, y que no condena ni insta a la investigación de actitudes de odio racial en La Araucanía, un proceso de diálogo entre el Estado y el mundo mapuche no tiene viabilidad.

Es en este contexto que el proceso constituyente en desarrollo se establece como una posibilidad única de generar dicho diálogo, para abordar los temas profundos –negación, discriminación, desposeimiento– que han generado la conflictividad no solo con el pueblo mapuche, sino también con la mayor parte de los pueblos indígenas del país. Dicho proceso, que debe concluir con una Carta Fundamental que establezca las bases de una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas a futuro, que ponga fin a dicha negación y reconozca los derechos colectivos que les corresponden como tales, solo será conducente para esta finalidad si en él se considera una participación proporcional a su población en el órgano constituyente, que con mucha posibilidad emergerá del plebiscito de octubre próximo. Esto, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT antes referido y la experiencia comparada , y como lo han demandado sus organizaciones representativas. Esperemos así sea.

Opinión Publicada en El Mostrador: https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/08/05/conflicto-interetnico-y-odio-racial-en-la-araucania/

 

Frente a últimos hechos de violencia racista en la Región de la Araucanía

Desde el Observatorio Ciudadano manifestamos nuestra más profunda preocupación por los inaceptables hechos de violencia racial que se han vivido en las últimas horas en nuestra Región.

Condenamos de la manera más categórica dicha violencia, ejercida en contra de personas mapuche que realizaban actos de protesta social ocupando diversos municipios de la Región, en respaldo de las personas mapuche privadas de libertad que se encuentran en huelga de hambre hace más de 90 días, quienes demandan la implementación del Convenio 169 de la OIT en materias referidas al Sistema Penitenciario de acuerdo a lo establecido en sus artículos 9 y 10, considerando formas de cumplimiento penitenciario que reconozcan sus prácticas culturales y se permita su cumplimiento mediante medidas distintas a la prisión, estándares internacionales que hasta ahora no han sido implementados por el Estado de Chile ni considerados por el Poder Judicial al momento de juzgarlos.

Creemos fielmente que la violencia no es el medio para resolver las graves situaciones de derechos humanos que se viven en el Wallmapu, sino que deben ser abordadas mediante un diálogo sincero que considere las diversas realidades de tod@s quienes vivimos en la región. Desde esa perspectiva es deber del Estado, y de todos sus poderes, colaborar en el diálogo y acercamiento de posiciones para hacer frente a esta histórica situación de conflicto.

Conminamos al Gobierno a generar puentes de diálogo con los huelguistas y sus vocerías para dar respuesta efectiva a sus reivindicaciones, las que se encuentran amparadas en el derecho internacional y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile.

Instamos además al Ministerio Público y al Poder Judicial a investigar y establecer las sanciones correspondientes a quienes han convocado y ejercido dichos condenables actos de violencia racista.

 

Temuco, 02 de agosto de 2020

Carta Abierta: FIDH invita al Estado de Chile a garantizar el derecho a la vida y a la salud de los comuneros mapuche en huelga de hambre

París, Santiago de Chile, 30 de Julio de 2020

 

Sr. Sebastián Piñera Echenique

Presidente de Chile

Sr. Hernán Larraín Fernández

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

 

Sres. Directores de los Centros Penitenciarios de Temuco y Angol

 

Asunto: Preocupación por la situación de los comuneros mapuche en huelga de hambre en un contexto de pandemia

 

La FIDH – Federación Internacional por los Derechos Humanos-, les escribe para mostrar su preocupación por la grave situación de nueve comuneros mapuche en huelga de hambre y privados de la libertad en los Centros Penitenciarios de Angol y Temuco (5 en condición de imputados y 4 condenados) por causas relacionadas a las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche.

Actualmente los nueve comuneros se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad por la actual pandemia, así como en una situación muy delicada de salud a causa de la huelga de hambre, lo que ha generado síntomas como cefalea, náuseas, vómitos recurrentes, intolerancia a los líquidos, calambres e insomnio, circunstancias que según el Observatorio Ciudadano, se encuentran acreditados debidamente[1].

Los nueve comuneros mapuche Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquile Pilquimán, Juan Queipul Millanao, Juan Calbucoy Montanares, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao, Reinaldo Penchulef Sepúlveda, Hantu Llanca Quidel y el Machi Celestino Córdova Tránsito[2] llevan más de 80 días en huelga de hambre líquida planteando una serie de demandas que contemplen lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellas, que se establezcan medidas alternativas a la privación de la libertad, de manera que puedan cumplir sus condenas o medidas cautelares en sus comunidades. A su vez, las nueve personas mapuche solicitan que se modifique el Reglamento 518 del Ministerio de Justicia del año 1998 sobre Establecimiento Penitenciarios, ya que éste no reconoce las particularidades de las personas privadas de las libertad pertenecientes a los pueblos indígenas, distando enormemente de los estándares de derechos humanos.

A la fecha hay alrededor de 30 personas pertenecientes al pueblo mapuche que se encuentran en recintos penales y que en el actual contexto de pandemia por Covid-19, no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad sanitaria al interior de los penales y corren un alto riego de contagio.

En el marco de la pandemia, la FIDH ya se ha pronunciado[3] en el caso de los comuneros mapuche  de la comunidad de Temulemu, Carlos Pichún Collonao, Eduardo Márquez Inan, Cristofer Pino Cunin, Victor Marileo Ancapi, solicitando su liberación inmediata y recordando que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (Reglas Nelson Mandela) y la declaración conjunta de la ONU, la OMS, el ONUSIDA y la ACNUDH sobre el covid-19 en los centros de prisiones u otros centros de detención del 13 de mayo 2020[4] contemplan que se debe preservar y proteger a las personas privadas de la libertad, ya que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por todo lo anterior, la FIDH se dirige respetuosamente a ustedes con el fin de invitarlos a:

 

-Tomar medidas alternativas que contemplen la detención domiciliaria, dirigidas a los actuales presos mapuche que se encuentran en prisión preventiva y en huelga de hambre, teniendo en cuenta su situación de extrema vulnerabilidad en el marco de la pandemia de COVID- 19

-Brindar asistencia médica a las personas privadas de la libertad del pueblo mapuche acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, y con sus particularidades y prácticas culturales, como lo estipula los artículos 8, 9 y 10 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas

-Realizar una investigación imparcial que tome en cuenta los principios de presunción de inocencia, debido proceso, y que se encuentre en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la pena.

-Poner en marcha una mesa de diálogo directo entre las autoridades de Gobierno, los huelguistas mapuche y sus vocerías, con el fin de respetar los Instrumentos Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile

 

Sin otro particular, les saluda atentamente.

 

Gloria Cano Legua, DNI 21404682

Secretaria General de la FIDH

[1]    Observatorio Ciudadano, (17 de Julio 2020), Comunicación, llamamiento urgente a Relator Especial de pueblos indígenas sobre la situación de presos mapuche en huelga de hambre  https://observatorio.cl/hacen-llamamiento-urgente-a-relator-de-pueblos-indigenas-de-naciones-unidas-por-situacion-de-presos-mapuche-en-huelga-de-hambre/

[2]    A la que se han sumado 18 personas mapuche privadas de libertad en apoyo a las demandas.

[3]    FIDH, Carta Abierta Comuneros mapuche detenidos en chile deben ser liberados. (Julio 2020). https://www.fidh.org/es/region/americas/chile/fidh-comuneros-mapuche-detenidos-en-chile-deben-ser-liberados

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) jcthissen@fidh.org

Eva Canan (español, francés, inglés) – Tel: + 33 6 48 05 91 57 ( París) ecanan@fidh.org

 

 

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 192 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

 

FIDH es el acrónimo francés de «Federación Internacional de Derechos Humanos». Por favor, asegúrese de usar “FIDH” cuando se refiera a la organización (oral y escrito), independientemente  del idioma del artículo. Si tiene que precisar el nombre completo de la FIDH, por favor, utilícelo una sola vez al principio: «FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)» y luego sólo como «FIDH» o “la FIDH”.

Lanzan informe sobre impactos de la minería canadiense en territorio ancestral del pueblo colla

 

  • El estudio se centra en proyectos impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation, a través de su filial chilena Minera Mantos de Oro. Identificando derechos afectados, formula recomendaciones a la empresa y los estados de Chile y Canadá.

 

Por Comunicaciones del Observatorio Ciudadano

Este martes el Observatorio Ciudadano dio a conocer el informe «Evaluación de impacto en derechos humanos de proyectos mineros canadienses en territorio colla en Chile: El Caso de Kinross y la comunidad Pai-Ote», realizado por los abogados José Aylwin y Felipe Guerra, coordinadores del Programa Globalización y Derechos Humanos y del Área Jurídica de la organización, respectivamente.

Dicho estudio identifica y hace evaluación de los diversos impactos que tienen los proyectos mineros desarrollados por empresas canadienses en el territorio de ocupación tradicional del Pueblo Colla, esto en la Región de Atacama en el norte de Chile, en particular sobre los derechos humanos de este pueblo y sus miembros.

Para la investigación, sus autores utilizaron la metodología Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos (EIDH, Oxfam y Federación Internacional de Derechos – FIDH, 2011), basada en el aporte y trabajo con la comunidad afectada, y tomando como referencia para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos, tomando como marco de referencia los derechos humanos y los Principios Rectores (PR) de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 2011).

Esta metodología, además, permite la elaboración de recomendaciones que pueden servir como base e insumo para promover diálogos horizontales entre las comunidades y los agentes públicos y privados implicados en los proyectos de inversión, los cuales, generalmente, se desarrollan en contextos de asimetría de información.

Kinrros y la comunidad de Pai-ote

Al menos seis proyectos mineros se encuentran actualmente en desarrollo en el territorio Colla, tres en fase de explotación y tres en fase de exploración, optando los investigadores por el análisis en profundidad de los proyectos La Coipa y La Coipa Fase 7 y su impacto en los derechos humanos de la comunidad Colla de Pai-Ote, puesto que estos conforman una unidad productiva. Proyectos que son impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation de Canadá, a través de su filial chilena Compañía Minera Mantos de Oro.

 

“La decisión de abocarnos al estudio en profundidad de este proyecto minero en particular, surgió a requerimiento de la propia comunidad, que durante décadas ha debido convivir con esta iniciativa y soportar las graves consecuencias socioambientales que ha tenido para sus territorios de uso y ocupación tradicional”, aclara Felipe Guerra.

Derechos vulnerados

Entre algunas de las conclusiones a las que arriban los autores del informe tras analizar la información del caso, es que al Estado de Chile le cabe una responsabilidad central en la vulneración de los derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote, así como de las demás comunidades collas que hacen uso del territorio hoy impactado por los proyectos mineros La Coipa y La Coipa Fase 7 de Kinross.

Lo anterior, porque no ha cumplido con su obligación de proteger a esta comunidad frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, siendo el Deber del Estado de Proteger uno de los pilares de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (Pilar 1.1 PR).

En efecto, el Estado otorgó a terceros ajenos a las comunidades collas las concesiones mineras que dieron origen a los proyectos que hemos analizado en este informe. Lo mismo ha sucedido con los derechos de agua para sus faenas, otorgándoles preferencia sobre las comunidades, en este caso la Comunidad Colla de Pai-Ote, desconociendo así el derecho de propiedad sobre las tierras y recursos que tradicionalmente han ocupado o que son fundamentales para la conservación de otros recursos que tradicionalmente ocupan, como son las vegas y bofedales, conforme al derecho nacional e internacional aplicable.

Por otro lado, este otorgamiento por parte del Estado fue realizado sin respetar el derecho de consulta, ni de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, así también su derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, al evaluar bajo la modalidad de simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a ambos proyectos, lo que no garantizó que la Comunidad fuese debidamente consultada previo a la aprobación ambiental. Tampoco cumplió con su obligación de asegurar que esta comunidad pudiese participar de los beneficios que reportan las actividades mineras de la empresa, así como ser compensadas por los daños que les han sido provocados como consecuencia de ellas.

Otro incumplimiento grave, probablemente el que más señalan los autores, es que los órganos del Estado si bien documentaron en los noventa las tierras de ocupación tradicional de las comunidades collas, incluyendo la Comunidad Colla de Pai-Ote sobre las cuales se asientan los proyectos mineros La Coipa y la Coipa Fase 7, no desarrollaron la acción necesaria para su reconocimiento y titulación. Ello a diferencia de otras comunidades collas cuyas tierras de ocupación tradicional, sí han sido reconocidas por el Estado.

Asimismo, resulta grave que no se evaluaran los impactos sinérgicos que tienen las extracciones de aguas realizadas por diversas empresas sobre los acuíferos que alimentan los sistemas de vegas y bofedales que hacen parte del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, los que son utilizados desde tiempos inmemoriales por diversas comunidades collas.

Por todo lo anterior, «este informe viene a corroborar que la gran minería en Chile se sigue desarrollando con grave vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, en particular aquellos como la tierra, el agua, la consulta y el consentimiento que han sido reconocidos por instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas,  como el Convenio 169 de la OIT que Chile ha ratificado”, agrega José Aylwin.

 

“También viene  a demostrar que, además de la responsabilidad que tiene el Estado de Chile al no proteger los derechos de estos pueblos en el contexto de proyectos mineros como la Coipa y La Copia y La Coipa Fase 7 en territorio de la Comunidad Colla Pai Ote,  tanto las empresas, como Kinross en este caso, y el Estado de Canadá, incumplen estándares de derechos humanos al desarrollar y/o apoyar esos proyectos con evidente afectación de los derechos de estos pueblos», concluyó.

 

Energías renovables y derechos humanos en Chile

Por José Aylwin, Felipe Guerra y Rubén Sánchez, investigadores del Observatorio Ciudadano

El reciente Informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos sobre  energías renovables y  derechos humanos es de gran importancia para países como Chile. Ello por cuanto de acuerdo a la estrategia energética impulsada por el Estado chileno se pretende que para el 2050  el 70% de la matriz eléctrica  provenga de fuentes renovables, con énfasis en energía solar y eólica, complementadas con  desarrollos hidroeléctricos. De hecho para el 2023  se pretende lograr un incremento sustancial en  inversiones en proyectos de generación en energías renovables, los que aportarían al Sistema Eléctrico Nacional unos 5.960 MW. Entre los proyectos que agregarían mayor capacidad instalada están los parques eólicos (39%), centrales hidroeléctricas de pasada (16%), plantas fotovoltaicas (16%) y centrales termoeléctricas de ciclo combinado (11%).

No obstante la mega sequía que ya por una década ha afectado al centro-sur del país, y que ha tenido como consecuencia una grave crisis hídrica, gobiernos de distinto sello han seguido promoviendo el desarrollo de proyectos hidroeléctricos  considerados como “renovables”, muchos de los cuales se emplazan en cursos de agua en el territorio ancestral del pueblo mapuche.   Así, de  acuerdo a información pública en las regiones de La Araucanía y Los Ríos existen 30 proyectos hidroeléctricos  en procesos de evaluación ambiental,  los que se ubican principalmente en las cabeceras de cuencas en zonas cordilleranas en territorios de ocupación tradicional  mapuche. Entre las afectaciones a derechos  de pueblos indígenas que  estos generan están la alteración de los ecosistemas, la amenaza de  lugares sagrados de alta religiosidad y espiritualidad, la contaminación de los cursos de aguas y la vulneración del derecho a definir propias prioridades en materia de desarrollo, derechos consagrados en el  Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile.

Por otra parte, el Código de Aguas, aprobado en 1981 durante la dictadura de Pinochet,  si bien declara las aguas como bienes nacionales, permite la concesión a particulares de derechos de aprovechamiento sobre esas aguas. Una vez otorgada la concesión pasa a ser protegido como propiedad privada según lo dispone la Constitución Política de 1980.  Al amparo de este Código, las hidroeléctricas detentan más del 85% de los derechos no consuntivos de aprovechamiento de aguas superficiales, la gran mayoría de ellos en poder de grandes conglomerados trasnacionales.

Ello ha incidido en la apropiación de muchas aguas de uso ancestral por las comunidades mapuche en el sur del país. El caso más conocido es el de las central hidroeléctrica Ralco en Alto Bío Bío en territorio del pueblo mapuche pehuenche en la segunda mitad de los noventa.  Dicha central construida por ENDESA SA (España), hoy  Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, ENEL (Italia) significó la relocalización de 100 familias de sus tierras inundadas,  impactando gravemente, entre otros, el derecho a la tierra y al agua, el derecho a la consulta, y a definir su propio desarrollo.

Dos casos más actuales sirven para ejemplificar  la vulneración de los derechos del pueblo mapuche por proyectos de energía hidroeléctrica.   Uno es el  caso del río Pilmaiquen, donde se planea construir la Central Osorno con un embalse de aproximadamente 18 km de largo por el eje del río, que inundará 235,48 hectáreas aproximadamente, donde se encuentra la morada del Ngen Mapu Kintuante, fuerza tutelar que hace parte de un importante de un importante complejo natural ceremonial para la cosmovisión religiosa del Pueblo Mapuche-Williche.  A pesar de que la Central Osorno no se ha construido hasta la fecha, cuenta con un permiso ambiental que data de 2009, el cual se obtuvo luego de un irregular proceso de evaluación ambiental y tras presiones para evitar la implementación de un proceso de consulta indígena. Dichas presiones generaron que este proyecto fuera autorizado una vez que Chile había ratificado el Convenio 169 de la OIT, pero faltando dos meses de que este tratado internacional entrara plenamente en vigor en país.

Se trata de un proyecto hoy a cargo de la empresa estatal noruega Statkraft, cuyas prácticas  empresariales en este proyecto no son consistentes con los derechos de pueblos indígenas vigentes en Noruega.  La misma empresa impulsa el proyecto Central Los Lagos, también autorizado ambientalmente sin un proceso de consulta y sin el consentimiento de las comunidades mapuche-williche afectadas. Este proyecto supone la inundación de importantes sitios de significación cultural para las comunidades mapuche-williche ribereñas al Pilmaiquén, que en este caso corresponden a sitios arqueológicos que dan cuenta de su presencia y ocupación ancestral de dicho territorio. Sin perjuicio de lo anterior, a más de 10 años de aprobado dicho proyecto (al igual que la Central Osorno), aún no se ha construido.

El otro es el de la central Llancalil, proyecto consistente en una central de pasada con una potencia instalada de 6,9 MW de energía, emplazado en la cuenca de los ríos Llancalil y Liucura alto, en la comuna de Pucón, en la Araucanía. La empresa titular del proyecto es Inversiones Huife Limitada, cuyo capital es de origen alemán.  El proyecto se emplaza próximo a comunidades mapuche.    Desde el punto de vista de estas comunidades, estos elementos implican una grave afectación a los derechos territoriales y de vida. El proyecto no ha sido sometido a un Estudio de Impacto Ambiental, y tampoco a un proceso de consulta indígena, de acuerdo a Convenio 169.  Por lo anterior es que las comunidades mapuches y la ciudadanía de Pucón se han articulados recurriendo a diversas instancias (jurídicas, administrativas) para impedir la construcción de esta central, encontrándose su resolución pendiente.

Por todo lo anterior es que el Informe del CIEDH nos permite dar cuenta que las energías renovables, sino se implementan con la debida protección de derechos humanos por los estados, en este caso el chileno, y la debida diligencia de las empresas, pueden resultar en serias y graves vulneraciones a los mismos derechos.

Priorizar la vida sobre la deuda: Frente al covid-19 se necesita un nuevo pacto social en América Latina

Organizaciones de América Latina de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre ellas el Observatorio Ciudadano, dieron a conocer un pronunciamiento donde llaman a los estados a priorizar políticas fiscales redistributivas y luchar contra la corrupción en el contexto de la pandemia.

París, 23 de junio de 2020.- En un contexto de crecimiento alarmante del covid-19 en América Latina, la FIDH y 22 de sus organizaciones miembros dieron a conocer un pronunciamiento que alerta frente al riesgo que se agudice la desigualdad y se retroceda a niveles de hace una década en materia de pobreza en la región. La FIDH y sus organizaciones miembros firmantes llaman a los Estados a poner en marcha un nuevo pacto social que priorice políticas fiscales más redistributivas, que suspenda la deuda externa y sus intereses, y que luche contra la corrupción, con el fin de captar y liberar recursos para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del covid-19.

Siendo América Latina el nuevo epicentro del coronavirus, además de los muertos, el hambre ha incrementado de forma dramática. En América latina, cerca del 50% de la población trabaja en condiciones de informalidad , lo que corresponde a 140 millones de personas.Para estas familias, cuyas economías se rigen en la informalidad, el hecho de tener que acoger el llamado del “Quédate En Casa” implica una supresión inmediata de sus ingresos, lo cual ha tenido repercusión directa sobre la posibilidad de alimentarse, pagar arriendo o créditos de vivienda y otros servicios básicos. Las políticas publicas deben priorizar las acciones que busquen evitar que esta crisis sanitaria se transforme en crisis alimentaria. El acceso al agua directamente vinculado a la difusión del virus es también fuente de preocupación en toda la región: 65 millones de personas no tienen acceso al agua y jabón . Las zonas rurales son las más afectadas.El alto número de muertes por causa del covid-19 ha dado visibilidad al desmantelamiento del sistema de salud público, a la precariedad laboral de los trabajadores de la salud, a la falta de insumos médicos como ventiladores y número de camas en hospitales públicos características también presentes, a veces en grados menores en otros continentes.

A esto se suma, en América Latina que los centros médicos se encuentran concentrados en su mayoría en las áreas urbanas, dejando así desprotegidos a un gran número de habitantes de las zonas rurales y en numerosos países de la región se han registrado escándalos de corrupción por el mal manejo y malversación de fondos destinados a comprar los insumos médicos para combatir la pandemia.

A largo plazo, la FIDH y sus organizaciones miembros quieren alertar ahora en el momento álgido de la epidemia cuando todavía se puede de cambiar de rumbo, sobre el grave riesgo que el impacto de pandemia en la pobreza extrema y desigualdad se vuelva permanente, siendo necesario un cambio importante en las políticas que se están implementando/van a implementar.

Pese a que numerosos gobiernos han decretado que proporcionarán ayudas tanto económicas como de alimentación a los ciudadanos de menos recursos, las medidas adoptadas son insuficientes y presentan desde ya problemas en la rapidez de la entrega y en la transparencia de las asignaciones, entre otros.

Además, las políticas de mediano plazo están beneficiando al sector empresarial y a las personas más ricas en detrimento de las personas más desfavorecidas agudizando así las desigualdades socioeconómicas.

En este complejo escenario, la FIDH y sus organizaciones miembros firmantes presentan una serie de recomendaciones a corto y mediano plazo en aras de evitar la agudización de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas generadas por el impacto del covid-19 en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, haciendo posible construir una sociedad más justa e equitativa en donde los derechos humanos estén en el centro de acción.

Entre las recomendaciones expuestas en la nota se cuentan: reformas fiscales redistributivas para combatir la agudización de la desigualdad y el aumento de la pobreza extrema, como por ejemplo, la implementación de una renta básica universal financiada con impuestos a los altos patrimonios permitiendo el pleno y efectivo goce y disfrute de los derechos humanos; la suspensión de la deuda externa y sus intereses, evaluando aquellas que deberían ser anuladas por ser consideradas ilegítimas, odiosas, e ilegales; y finalmente, un mayor monitoreo de los gastos públicos destinados a combatir la pandemia para evitar que los recursos destinados a atender a las poblaciones vulnerables se esfumen por culpa de la corrupción.

Sin una renovación/refundación del pacto social en los Estados, Latinoamérica saldrá de la pandemia más pobre, más desigual y retrocediendo en los avances sociales de los últimos 15 años.

Descarga el pronunciamiento aquí

Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos entrega resultados y recomendaciones preliminares

La misión de Observadores Internacionales de Derechos Humanos ha visitado Chile del día 6 al 11 de noviembre de 2019, en el marco de las protestas ocurridas a partir del 18 de octubre recién pasado. En primer lugar, queremos agradecer a las distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Chile que han convocado y organizado esta visita para conocer el contexto político de la protesta social y documentar las graves denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos. A su vez, agradecemos también a las distintas autoridades del Estado Chileno que nos han recibido y entregado información sobre las distintas afectaciones.

Hemos visitado las ciudades de Santiago, Valparaíso y Temuco, para reunirnos con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, grupos y colectivos que se han organizado en respuesta a las manifestaciones, víctimas e instituciones estatales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema.

El objetivo de este informe preliminar es dar a conocer los principales hallazgos y recomendaciones urgentes identificados por la misión, en base a los testimonios de víctimas y testigos e información aportada por organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas. Por testimonios y por observación de primera mano, vemos que las fuerzas de seguridad utilizan los elementos de disuasión de forma descontrolada, no gradual e indiscriminada.

El protocolo aprobado en marzo de 2019 reguló algunas condiciones que establecen cuándo se pueden utilizar los distintos elementos de fuerza con los que cuenta Carabineros de Chile. Sin embargo, en la práctica, los principios de ultima ratio, proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza están completamente ausentes en el accionar de la fuerza policial y de seguridad.

La Misión está especialmente preocupada por la forma en que se está haciendo uso de armas menos letales por parte de Carabineros, con la intención de herir y castigar a los manifestantes y sin dar cumplimiento a normas mínimas de gradualidad y proporcionalidad.

Como es de público conocimiento, más de 200 personas han sido víctimas de trauma ocular severo quedando en condiciones de discapacidad visual de por vida.

Por los testimonios que hemos recibido, por nuestra observación directa en las manifestaciones, así como por el registro audiovisual que han realizado los medios de comunicación, no hay dudas de que Carabineros utiliza las escopetas antidisturbios sin apego al protocolo hoy vigente, que solo lo permite como último recurso para proteger la integridad física de terceros o las fuerzas de orden público.

Además de que no se cumple con este protocolo, que dice cuándo se puede disparar, más preocupante todavía es la forma y el cómo están disparando. Carabineros no está apuntando en ángulo hacía las piernas. Carabineros está apuntando de forma horizontal, a la cabeza y torso de los manifestantes, lo que no cumple con ninguna norma del uso racional de la fuerza.

Lo anunciado el día de ayer 10 de noviembre 2019 por Carabineros no solo es insuficiente para terminar con la práctica verificada en estas últimas semanas, en tanto no establece reglas claras que prohíban disparar de forma horizontal y al torso, sino que además, agrava la situación y le concede más facultades a las fuerzas del orden público para agredir y herir a los manifestantes.

El protocolo aprobado en marzo de 2019 solo lo permite como último recurso para resguardar la integridad física de Carabineros y terceros. Solo la integridad física. En su comunicado, Carabineros anunció que estas armas se utilizarán cuando exista riesgo de vida de carabineros o civiles, pero agregó también que están serán utilizadas ante una “amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados”.

Permitir la utilización de armas menos letales que tienen gravísimas consecuencias en la vida e integridad física de las personas, para proteger la propiedad pública y privada, es un retroceso respecto de las reglas vigentes y no se ajusta a las normas internacionales de uso racional de la fuerza.

En general, durante las manifestaciones la fuerza pública utiliza los gases lacrimógenos, carros lanza-aguas y escopetas antidisturbios no para repeler un ataque o dispersar una manifestación violenta, sino directamente para aleccionar y castigar a los manifestantes. En el contexto de las manifestaciones masivas, las detenciones realizadas por Carabineros han sido completamente indiscriminadas, deteniendo a personas que se encuentran expresándose pacíficamente y no necesariamente a quienes realizan actos de violencia. En muchas ocasiones, las detenciones ocurren luego de finalizadas las protestas y mediante persecuciones por las calles a la gente que está volviendo a sus casas.

Hemos verificado que las detenciones posteriores a las manifestaciones no cuentan con las salvaguardas necesarias para asegurar la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad. De igual forma, no se aseguran las condiciones mínimas para que las personas heridas puedan constatar lesiones de manera confidencial con el personal médico, ni que se apliquen los protocolos internacionales para detectar casos de tortura y malos tratos.

Además, las personas detenidas no tienen acceso a una asesoría legal en las primeras horas de la detención. En muchos de los casos, la Defensoría Penal Pública no toma contacto con los detenidos sino hasta la audiencia de control al día siguiente de su detención.

Al mismo tiempo, los fiscales, no se apersonan en las comisarías y no realizan control alguno de las condiciones de legalidad de la detención, ni si los funcionarios de Carabineros han atentado contra los derechos y la integralidad de las personas.

A todo esto, se suman aquellas personas que son retenidas o conducidas por las fuerzas de seguridad, privadas de su libertad temporalmente, sin que luego se formalice su detención.

Estas salvaguardas mínimas están destinadas a evitar que en las primeras horas de la detención las personas privadas de su libertad sean sometidas a malos tratos o torturas, como ha ocurrido extendidamente estas últimas semanas.

De las reuniones con las organizaciones y autoridades públicas, así como de los testimonios directos que hemos escuchado, al momento de la detención, durante el traslado en el furgón policial y en la comisaría, se han verificado malos tratos y gravísimos casos de tortura.

Se recibieron numerosos testimonios y coincidentes de diferentes tipos de torturas ocurridas en la detención, durante los traslados, y en la misma comisaría. Las torturas descritas han ido desde golpes con mano abierta y/o luma, rodillazos o puntapiés, en algunos casos por varios agentes, distintas formas de neutralización física e incluso ahorcamientos que en algunos casos han derivado en pérdida de conciencia. Muchas de éstas realizadas con posterioridad a la constatación de lesiones. En otros casos uso prolongado de esposas en diversas posiciones, torsiones de extremidades superiores, y uso de gas irritante, privación de agua y comida, y exposición a temperaturas frías con muchos de los detenidos llegando mojados sin posibilidad de cambiarse de ropa. Merecen especial atención aquellas relacionadas con violencia sexual, como los desnudamientos prolongados acompañados de la realización de sentadillas, o violación sexual realizada con objetos como armas o lumas, infringidas a hombres, mujeres e incluso menores. Por otro lado, se han descrito diversas formas de tortura psicológica, principalmente derivadas de amenazas de muerte, amenazas de violación sexual grupal, o de agresión física a familiares. Estas amenazas se han realizado también con el objetivo de disuadir a los detenidos de que realicen denuncias posteriormente. Incluso se han recibido declaraciones de hostigamiento posterior de las fuerzas policiales hacia las víctimas.

Vale decir que la mayoría de las cifras que se presentan desde las autoridades se basan en casos de denuncias formalizadas de alguna forma para el inicio de un proceso penal, por lo que existe un subregistro en las cifras que se han conocido, que no dan cuenta de la totalidad de los casos de afectación.

Recibimos una gran cantidad de testimonios de personas víctimas de violencia que no realizaron denuncias. En muchos casos por temor a represalias, por hostigamientos posteriores a la detención, principalmente en Temuco y Valparaíso, y en otros muchos casos por descreimiento de que la denuncias tenga algún efecto concreto.

Las acciones desplegadas por el gobierno no han apuntado a desescalar el conflicto y terminar con las prácticas recurrentes de torturas y malos tratos que se han verificado a lo largo del país en el marco de la protesta social de las últimas semanas.

Entre los diferentes testimonios recibidos merece especial atención la afectación a grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas migrantes y miembros de la comunidad LGTBIQ+I. A pesar de que las acciones se han realizado de forma indiscriminada, hemos podido constatar amenazas de deportación a los migrantes, de violación, de muerte, así como insultos homofóbicos, racistas y misóginos. Merece asimismo una particular atención la afectación masiva a menores de edad que no han sido protegidos por ninguna de las salvaguardas específicas que deben a proteger a estos grupos.

Al entrevistarnos con comunidades Mapuche y habiendo recibido informes de la sociedad civil, identificamos patrones de represión y criminalización de sus actividades que ahora son aplicadas a la sociedad chilena en su conjunto en el marco de las manifestaciones actuales. Contamos con información sólida y consistente sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de miembros del pueblo mapuche al momento de su detención de parte (no exclusivamente) de Grupos de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros. Se revictimiza a las familias mapuche que han sufrido torturas, amedrentamientos, incluso aquellas que fueron heridas de forma irreparable o tienen familiares fallecidos en contextos poco claros, al estar ahora constantemente oyendo tiros, helicópteros y vivenciando situaciones que retraumatizan.

RECOMENDACIONES

  1. Inmediata desmilitarización de la gestión de las protestas y manifestaciones, priorizando canales de mediación y uso de medidas no violentas, aplicando los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hasta que una evaluación independiente no revise los protocolos de actuación a la luz de las generalizadas afectaciones de derechos producidas, debe suspenderse la utilización de armas de fuego (escopetas) y dejar de utilizarse equipamiento «menos que letal» (gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes – carro lanza aguas) de manera generalizada y con el objetivo ilegal de producir daños en las personas.

 

  1. Durante y después de las manifestaciones, se recomienda que se realicen inspecciones no anunciadas a los lugares de detención administrados por Carabineros, Policía de Investigaciones y a los Centros de Justicia por parte de la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial y el Instituto de Derechos Humanos – INDH. Estas inspecciones deben incluir entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad con el fin de detectar situaciones de torturas y malos tratos, asistir a las víctimas, brindarles adecuada protección contra represalias, investigar los hechos detectados y sancionarlos administrativa y penalmente.

 

  1. Se recomienda que todas las personas privadas de libertad accedan sistemáticamente a un control médico de constatación de lesiones en instituciones de salud pública, que este ocurra con la privacidad que corresponde, y que el acta de salud sea completada por personal de salud. También recomienda que se protocolice el accionar médico, con especial énfasis en la detección proactiva de lesiones, conforme al Protocolo de Estambul, que se deje expresa constancia de la conformidad del detenido-paciente, y que el reporte, atendiendo a la confidencialidad, se entregue en sobre cerrado dirigido al juez de garantía. Asimismo, se insta al sistema de salud a llevar un registro de detección de lesiones compatibles con torturas y malos tratos y de alegaciones recibidas por parte de las personas privadas de libertad examinadas.

 

  1. Se recomienda que el Estado chileno brinde todas las facilidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para realizar su visita in loco en el país.

 

  1. Se recomienda que durante y luego de las manifestaciones se garantice que los periodistas, observadores de derechos humanos y el personal y voluntarios de atención a la salud puedan realizar sus tareas de manera adecuada y cesen las agresiones y detenciones contra los mismos.

 

  1. Se recomienda llevar a cabo una investigación por parte de un organismo independiente sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo y la adopción de medidas inmediatas disciplinarias/penales en casos en los que hay funcionarios públicos identificados en conductas irregulares que vulneran derechos humanos, y en particular el derecho a la vida e integridad personal.

 

  1. Se recomienda fortalecer el trabajo del INDH a nivel nacional garantizando que no existan obstáculos para el desarrollo pleno de sus funciones, en lo particular en el control de la situación de privación de libertad durante las primeras horas de detención y en la protección contra la tortura y los malos tratos.

 

  1. Se recomienda al Estado de Chile y al INDH que concrete la efectiva puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Asimismo, que se asegure las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir efectivamente y libremente su rol de protección de los derechos humanos, dando entrega de la documentación, registros y contacto con las personas privadas de libertad.

 

  1. Constatando que la protesta social experimentada en Chile en las últimas semanas tiene como fundamento central la demanda en derechos humanos, incluyendo el derecho de libre-determinación, instamos a los poderes del Estado chileno a buscar caminos para el reconocimiento jurídico-político de éstos como forma de garantizar su ejercicio pleno por parte de todas las personas que habitan este territorio y por parte de la ciudadanía.

Grupo transversal solicita visita In Loco de la CIDH ante situación en Chile

Un grupo compuesto por 145 organizaciones, autoridades y personalidades remitieron una Carta pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una visita “In Loco” a nuestro país. El Senador, se refirió a la misiva como “un esfuerzo amplio y colectivo entre diferentes actores del mundo social que ayude en el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Es muy importante levantarnos fuertemente en contra este tipo de casos. Nunca más es nunca más.”

La “visita In loco” permitiría tomar conocimiento directo de la situación de vulneración de derechos humanos en el país, especialmente mediante el recorrido de los espacios de detención transitoria, la entrevista de defensores de derechos humanos y autoridades públicas, el monitoreo de las acciones desplegadas por las fuerzas armadas y de seguridad. También permitiría que la Comisión pueda tomar conocimiento directo de denuncias individuales sobre detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

Esto, luego de más de 10 días de manifestaciones públicas a lo largo de Chile, en que la respuesta estatal se ha caracterizado por la criminalización de los manifestantes, militarización de las calles y violencia desmedida por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entidades encargadas de establecer el Orden Público.

La carta relata que diversas regiones del país se vieron sometidas a estar bajo “Estado de Excepción de Emergencia”, con toque de queda en varias ciudades y que las instituciones a cargo de resguardar ese estado, estuvieron todo el tiempo premunidos de armas de fuego. Detalla además que, a casi 10 días de comenzadas las manifestaciones, se ha confirmado la muerte de 19 personas. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al menos 5 de estas fueron causadas por Carabineros y militares.

Además, la misiva entrega las cifras del INDH. Hasta el momento de enviada la solicitud a la CIDH- ha habido 3193 detenciones (343 correspondientes a niñas, niños y adolescentes) y se han contabilizado más de mil heridos. De éstos, alrededor de 570 recibieron disparos de diferentes tipos de armamento. Estas cifras, lamentablemente han ido aumentando a medida que pasan los días.

Entre los firmantes hay parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista, Nueva Mayoría, alcaldes de distintas regiones del país, personalidades del mundo social, académicos, intelectuales y artístico de Chile, como José Aylwin (Observatorio Ciudadano), Lorena Fries (Pdta Corporación Humanas), Rodrigo Mundaca (Premio Internacional de DD.HH de Nuremberg 2018), Anita Tijoux, Claudio Nash Rojas (Cátedra de DD.HH, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile), María Emilia Tijoux (Coordinadora Académica Cátedra Racismo y Migraciones Universidad de Chile), Francisco Estevez (Dir. Museo de la Memoria y DD.HH), Bárbara Figueroa (CUT), Juana Aguilera Jaramillo (Pdta Comisión Ética contra la Tortura), Renata Ávila (Dir. Ciudadanía Inteligente), abogado Jaime Bassa y Sonia Montecino (Premio Nacional de Humanidades y Ciencias 2013).

Haga click aqui para descargar la carta enviada a la CDIH.