Chile: Pueblos originarios se enfrentan al COVID-19 con prácticas ancestrales

Por María José Campano Abásolo y Rubén Figueroa

Santiago de Chile, 31 may (EFE).- La falta en Chile de una estrategia de salud contra el coronavirus pensada especialmente para la población indígena ha motivado a algunos de estos pueblos a llevar a cabo sus propios métodos, como los cordones sanitarios que realizan a caballo los mapuches o la filosofía ancestral «tapu» que practican los rapanuis como forma de confinamiento.

Los pueblos originarios de Chile también echan en falta que las autoridades no hayan divulgado información pertinente en sus respectivos dialectos y que no existan estadísticas del impacto del virus en sus comunidades.

Pese a que en Chile existen más de 2 millones de personas que se declaran pertenecientes a pueblos originarios, representando cerca del 13 % de la población total, no hay conocimiento ni registros oficiales de cómo ni cuánto ha afectado la pandemia del COVID-19 a las comunidades indígenas que habitan en el país.

«Muchos pueblos indígenas han adoptado medidas propias de aislamiento, ya que el Estado no ha implementado medidas especiales específicas, como en general nunca han implementado programas de salud adaptados a las condiciones de los pueblos indígenas», dijo a Efe Alejandro Parellada, consejero senior de la ONG International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

CORDONES SANITARIOS A CABALLO EN COMUNIDADES MAPUCHES

La comunidad mapuche -el pueblo originario más amplio de Chile- comenzó a realizar barreras sanitarias cortando las vías de acceso subido al lomo de sus caballos para impedir que gente de otros lugares entrara a sus segundas o terceras residencias. Estas actuaciones se vienen dando desde hace más de dos meses en algunos puntos del centro y cetro-sur del país donde hay comunidades mapuches, como en el pueblo Lomquinay, en la región de la Araucanía, o en las zonas cercanas a la localidad de Coñaripe y el lago Calafquén, en la región de Los Ríos.

«Como comunidad sabemos quiénes son residentes y quiénes no, nos conocemos, y eso es lo que ha hecho que nosotros controlemos la entrada. Es un lugar muy turístico y las personas de fuera quieren venir a sus segundas residencias», dijo a Efe el dirigente mapuche Orlando Colipán, werkén del lof PilinhueHueninca, en la zona de Coñaripe.

Colipán explicó que lo que tratan de hacer es proteger a sus comunidades del coronavirus y afirmó que el resguardo y el cuidado de las entradas al lugar que hacen ellos como comunidad es más efectivo que el del Gobierno, que -según dijono controla las entradas por carretera.

En otras zonas, los dirigentes mapuches decidieron aplicar tests de COVID-19 a todos los contactos estrechos que mantuvo algún contagiado, además de generar acciones de educación y prevención para la comunidad mediante la celebración de Trawun (reuniones).

«A tres meses de iniciada la pandemia nos encontramos con muchas familias mapuches que no tienen claridad sobre los alcances de la enfermedad», denunció a Efe Andrés Cuyul, docente del departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera y miembro del Centro de Estudios e Investigación Mapuche.

RAPA NUI ENTRÓ EN «TAPU» PARA HACER SU PROPIA CUARENTENA

Otro pueblo originario chileno que tomó sus propias medidas contra el coronavirus fue el rapanui, que habita la turística Isla de Pascua (Rapa Nui en su idioma local), ubicada en mitad del océano Pacífico, y que decidió practicar el «tapu», un método ancestral que se basa en la convivencia y en el respeto a las normas de la naturaleza, como forma de cuarentena.

La iniciativa surgió del alcalde de la isla, Pedro Edmunds Paoa, a raíz de la decisión del Gobierno de levantar la cuarentena voluntaria en el lugar cuando aún había enfermos de coronavirus, cuyo primer caso en Rapa Nui se detectó el 23 de marzo.

Desde comienzos de abril y en virtud del «tapu», los rapanuis restringieran su horario de trabajo de 08.00 a 13.00, «privilegiando los turnos éticos y el teletrabajo», y cerraron los comercios a las 15.00 horas.

El «tapu» continuó hasta este domingo, aunque la isla está libre de coronavirus en este momento, como una manera de evitar
contagios secundarios.

«Ocupé el concepto ‘tapu’ para solicitar a toda mi comunidad proteger la isla. Es un concepto de prohibición, de inhibición, de no permitir que en un periodo de tiempo se ejecute algún tipo de actividad. La sociedad lo comprendió y se autoguardó en sus hogares», explicó Edmunds a Efe.

SIN REGISTROS DE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN INDÍGENAS

La inexistencia de datos sobre el impacto del coronavirus en la población indígena se da a pesar de que desde 2011 el Departamento de Estadísticas e Información de Salud se rige por una norma técnica (número 820) que exige estándares de información en donde una de las variables a identificar en los pacientes corresponde a si éste pertenece a un pueblo originario.

«La notificación obligatoria del COVID-19 tiene que llevar la variable étnica y tiene que tener acceso público a los datos. Hoy en día no podemos saber a ciencia cierta cuáles de los enfermos son población indígena», denunció Cuyul.

Por su parte, Karina Vargas, coordinadora del programa de derechos de los pueblos indígenas de la ONG Observatorio Ciudadano, recordó a Efe que Naciones Unidas que todas las estrategias que se tomen respecto a los pueblos indígenas deben contar con su participación, algo que, según dijo, no ha ocurrido en Chile.

«No se han tomado acciones específicas para los pueblos originarios ni las respuestas frente a la emergencia sanitaria han contado con participación de pueblos indígenas», aseguró Vargas.

Alto Bio Bio: Familias Pewenche realizan denuncia por situación grave Covid 19 a causa de empresa y responsabilidad estatal chilena

Repudiamos el Actuar de la Empresa Frutícola San Clemente LTDA.S.A de Angol, en donde sus dueños priorizaron su dinero a cambio de la vida de más de 100 personas Pewenche, jugando con las necesidades de sus trabajadores. Por lo tanto, exigimos a la empresa hacerse cargo de todos los costos asociados a los contagios de la enfermedad, asumiendo la mantención de las familias que están en cuarentena, ya que ellos no podrán salir a comprar sus alimentos, tanto para su familia, como sus animales. Exigimos a la Seremi de salud Biobío y Seremi Araucanía Norte realizar sumario a la empresa sobre los protocolos y resguardos que ésta pudo tomar frente al avance de la pandemia de COVID 19”.

Comunicado Público de Familias, Amigos y Jóvenes Profesionales del Alto Biobío sobre situación COVID 19 en el Territorio.

Marimari kom pu Che: Comunicamos a nuestra Nación Mapuche y a los vecinos Chilenos nuestra preocupación frente a la situación de COVID 19 en Alto Biobío.

Kiñe: Repudiamos el Actuar de la Empresa Frutícola San Clemente LTDA.S.A de Angol, en donde sus dueños priorizaron su dinero a cambio de la vida de más de 100 personas Pewenche, jugando con las necesidades de sus trabajadores. Por lo tanto, exigimos a la empresa hacerse cargo de todos los costos asociados a los contagios de la enfermedad, asumiendo la mantención de las familias que están en cuarentena, ya que ellos no podrán salir a comprar sus alimentos, tanto para su familia, como sus animales. Exigimos a la Seremi de salud Biobío y Seremi Araucanía Norte realizar sumario a la empresa sobre los protocolos y resguardos que ésta pudo tomar frente al avance de la pandemia de COVID 19.

Epü: Enfatizamos en no responsabilizar a pu peñi ka pu lamngen contagiados que trabajaban en dicha empresa, ya que no sabemos las dificultades económicas que pudieron estar pasando, agravadas con la situación actual de la pandemia, y que responde al contexto nacional de precarización laboral y económica que atraviesa el país, por tanto, no es una situación antojadiza ni caprichosa. Además consideramos que esta situación era evitable, a través de medidas concretas y proactivas como entrega de canastas familiares, víveres y forraje para dichas personas pudieran ingresar a la comuna y realizar la cuarentena preventiva.

Küla: Exigimos al seremi de salud Biobío equilibrar las medidas adoptadas a nivel regional y que sea justo y pertinente con nuestra gente del Alto Bio-Bío, disponiendo los recursos necesarios para el testeo oportuno, habilitación de espacios públicos y privados para la cuarentena efectiva y preventiva y contar con personal idóneo para el seguimiento y el alta de las personas, todo esto a raíz del aumento explosivo y exponencial de casos en Alto Bio-Bío y tomando en consideración que los espacios o residencias habilitados serán insuficientes frente a lo que se enfrentará en los próximos días.

Meli: Solicitamos a Nivaldo Piñaleo alcalde de la Comuna, gestión y acción a favor de su gente. Reconocemos que se han formulado acciones y protocolos, pero estos han sido escasos en varios aspectos. Además solicitamos que informe sobre las gestiones y acciones que se van a llevar a cabo, de forma oportuna, puesto que existe poca claridad en la información emitida, como por ejemplo si se realizarán los pagos, ferias, we tripantu etc.

Kechu: Por último, como Jóvenes oriundo de las Comunidades ancestrales, profesionales,y familias exponemos un listado de propuestas que podrían mejorar la gestión tanto municipal, como también sobre el actuar de la gente en las comunidades:

Propuestas:

• Establecer Protocolos de acción claros para funcionarios y habitantes del territorio.

• Definir protocolo para el ingreso y salida del territorio.

• Aumentar y agilizar los números de test a familiares de los contagiados. En lo posible test masivos para la comuna.

• Destinar recursos del programa especial de salud y Pueblos Indígenas, para garantizar alimentación e insumos para llevar a cabo la cuarentena (mascarillas, cloro, termómetro, saturómetro, entre otros) para aquellas personas que han dado positivo con el COVID 19.

• Aplicar medidas restrictivas de la propiedad, entendido aquello como la destinación de Hostales, hoteles, cabañas para realizar una cuarentena y tratamiento efectivo a los pacientes contagiados. También la habilitación de los establecimientos educacionales de la comuna. Asumiendo que los butakeches no aguantarán un encierro en la ciudad.

• Contratación de personal clínico para el tratamiento y acompañamiento de las personas con COVID 19.

• Destinar recursos municipales para que Machi y lawentuchebe envíen lawen a las personas con Covid, ya que debemos acudir a nuestra propia Medicina, realizando Inarrumen y/o pelotu.

• Disposición de vehículos municipales para que las personas de más difícil acceso logren abastecerse, ya que ha sido el motivo por el cual han expuesto sus vidas ya que se acerca el pukem/ invierno el cual siempre es duro en ABB.

• Habilitar transporte municipal de Ralco hacia las comunidades, en caso de necesidades extremas, tomando todos los resguardos necesarios.

• Fortalecer el mercado interno de productos locales- territoriales, para la no dependencia foranéa.

• Gestión con Alcalde de Recoleta para acceder a medicamento que ayuda a sobrellevar de mejor forma esta enfermedad.

• Apelamos a la solidaridad con nuestra gente, en el abogado Pewenche Felíx Tranamil para que pueda asesorar y acompañar legalmente a los trabajadores pewenche de la empresa San Clemente de Angol IX Región.

Finalmente hacemos un llamado a las distintas instancias involucradas en el tratamiento de la Pandemia COVID 19, tomar en cuenta el contexto territorial Mapuche Pewenche, con aislamiento geográfico, conocimiento mapuche pewenche, existencia de agentes de salud y organizaciones territoriales. Se hace necesaria labor de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN en el resto de la población pewenche, con visitas educativas con agentes del servicio de salud y con agentes de salud propio que manejan la lengua mapuche -pewenche para un mejor entendimiento. Que las labores de tratamientos sea en espacios adecuados, con alimentación y acompañamiento pertinente al territorio pewenche.

Bey kam müten, beyentuleaiñ taiñ pewenche gen mew, llellipuleaiñ, inkawleaiñ may wewabiel tübachi wigka kutran- bantenmu kenüntukunieymew.

Firmantes del comunicado:

Angélica Maripil Maripil

Ingrid Maripil Maripil

Gabriel Kurruman Huenteman Pereira

Gino Valdebenito Vita

Claudio Arriagada Muñoz

Rodrigo Queupil Martinez

Felipe Purran Pichinao

Freddy Queupil Naupa

Nestor Queupil Naupa

Felix Tranamil Larenas

Hebert Purran Neicumán

Ver vídeo con la declaración 

Organizaciones de discapacidad difunden carta abierta a autoridades y sociedad civil con demandas frente a la pandemia

Carta Abierta al Sr. Presidente de la República, Parlamentarios, Ministros y Sociedad Civil

DISCAPACIDAD, COVID 19, NECESIDAD ECONÓMICA

La pobreza eleva la probabilidad de ser una persona con discapacidad y la discapacidad eleva la probabilidad de caer en la pobreza.

En momentos en que el mundo enfrenta una pandemia de carácter sanitario, esta frase se hace carne en miles y miles de personas, y Chile no está al margen de aquello.

El Estado de Chile, a través del gobierno ha implementado una serie de medidas que van destinadas a ayudar económicamente a nuestros compatriotas y hoy esta ayuda además se está haciendo llegar en cajas de mercaderías con alimentos de primera necesidad.

Sin embargo, la gran mayoría de las personas con discapacidad ha estado ajena a la recepción de la ayuda económica brindada por las autoridades, pues tanto el bono COVID como el Ingreso Familiar de Emergencia tienen requisitos de pertenecer a ciertos grupos de vulnerabilidad. No olvidemos que las personas con discapacidad, desde siempre ha sido uno de los grupos de mayor vulnerabilidad y el más transversal de todos.

Hoy tenemos el deber moral de llegar con ayuda económica a las personas con discapacidad, las autoridades no han tenido la capacidad de entender en su contexto la realidad que vive cada persona, sólo se han limitado a observar números que dan “los expertos”, pero no han tenido la empatía necesaria para visualizar el drama que se puede vivir en una familia donde existe una o más personas con algún grado de discapacidad y obviamente que han tratado de focalizar una vez más las ayudas.

No podemos seguir utilizando el mismo instrumento de focalización como es el Registro Social de Hogares, para otorgar ayudas a las personas con discapacidad, pues el COVID 19 nos ha demostrado que este instrumento, no sirve a la hora de tomar el pulso a la realidad existente, muchas familias han salido a las calles a protestar porque “ya no tiene alimentos” y esto va a ir en aumento, en la medida que no seamos capaces de resolver el problema económico.

Como personas con discapacidad y parte de un colectivo cercano a los 3 millones de personas, creemos que hoy se hace necesario que el Estado a través del Gobierno envíe un proyecto de ley, en donde se entregue una ayuda mensual de $ 125.000 a cada persona con discapacidad y por el tiempo que dure la pandemia.

Este Proyecto de ley debe llegar al máximo de las Personas con Discapacidad, para ello es necesario que se comience a cruzar información desde las distintas bases de datos, como, por ejemplo:

Registro Nacional de Discapacidad; Pensión básica Solidaria de Invalidez; Pensión de Invalidez de cualquier Régimen Previsional; Pensiones de Gracia y todo aquel que signifique que la persona pueda tener algún grado de discapacidad. Esto se debe analizar y cruzar, para que la persona reciba por una sola vía la ayuda por Parte de Estado y que además se garantice que lo va a recibir el mayor número de personas.

Que el Registro Social de Hogares no sea considerado al momento de la entrega de la ayuda económica, pues en muchos casos, la persona con discapacidad está ligada a un adulto como jefe de hogar, y por tanto se consideran los ingresos de otras personas para medir la vulnerabilidad y todos sabemos que cuando existe una persona con discapacidad en un hogar, requiere de un mayor gasto.

La ayuda debe ser hoy.

Personas de contacto:

César Rodríguez        Juan Ortega         Margarita González         Rodrigo Sepúlveda

996975417                    992795605            994797602                          998257039

 

Adhieren a la carta abierta:

Abriendo Futuro

ACCEDU – Educación Inclusiva Puerto Varas

ADIVISUAL Arica

ADUM Melipeuco

AFAPS Rancagua

Afrupación de Padres y Apoderados Avancemos Juntos, Nueva Imperial

Agrupación ADIL, Lautaro

Agrupación AMADOWN

Agrupación Citrulinemia Chile

Agrupación Comunitaria Abriendo Caminos, Nueva Imperial

Agrupación Comunitaria Volver A Vivir, Nueva Imperial

Agrupación de Artesanos Manos Mágicas del Sur

Agrupación de Cuidadores CRECIENDO UNIDOS, Nueva Imperial

Agrupación de Cuidadores de Pacientes Postrados de Freire

Agrupación de Discapacidad Juan Carlos Saldías, San Vicente de T.T.

Agrupación de Discapacitados ADIPU, Pucón

Agrupación de Discapacitados de Lonquimay

Agrupación de Discapacitados Físicos BIENESTAR de Angol

Agrupación de Discapacitados Nuestra Esperanza de Renaico

Agrupación de Discapacitados Visuales El Renacer de Quilquilil

Agrupación de Enfermos de Cáncer Luz y esperanza

Agrupación de Familiares y amigos de Jóvebes y Niños Discapacitados LA ESPERANZA, Nueva Imperial

Agrupación de Pacientes con enfermedad de Parkinson Cuesta Arriba Puerto Varas

Agrupación de Pacientes y Amigos en Rehabilitación Física AVANZANDO JUNTOS «APAFARI»

Agrupación de Padres y Amigos de La Escuela San Cristobal de Temuco

Agrupación de personas con Artrósis APECA

Agrupación de Personas con Discapacidad Visual, famikiares y amigos TRASCENDER

Agrupación Discapacitados Arco Iris

Agrupación DOWN Padre Las Casas

Agrupación Flor Naciente de Padre Las Casas

Agrupación Juvenil La Sonrisa En Tus Manos, Nueva Imperial

Agrupación Kom Newen Tuleayin Tañi Puche

Agrupación Menkes Chile

Agrupación No Están Solos, Integración de Niños con Síndrome de Down

Agrupación Salud Mental San Miguel

Agrupación Sembradores de Esperanza

Agrupación Síndrome de Down, Nueva Imperial

Agrupación Socio Cultural Boccias Graneros

Agrupación Stephen W. Hawking, Pitrufquen

Agrupación Temuco Down

Agrupación Union de Niños y Padres por la Inclusión Social UNPIS, Temuco

Amigos de Parkinson San Vicente de Tagua Tagua

Amor Por La Humanidad, Puerto Saavedra

Ángela Romero León, PcD Nancagua

Aníbal Leyton Contreras, Fonoaudiólogo

Araucanía Accesible, Temuco

Asociación Chilena de Colagenopatías Tipo II

Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar

Asociación de Dializados RENACER, Pitrufquén

Asociación de Discapacitados Físicos San Fernando

Asociación de Discapacitados, Familiares y Amigos Luz Esperanza

Asociación de Familiares Unidos por Espina Bifida

Asociación DIMUS Chile

Asociación Nada Frecuente

Asociación YO CUIDO

ASPAUT Puerto Montt

ASPERGER Natales

BAZINGA

Caminamos Por Ellas y Ellos Síndrome Rett Chile

Caravana de Angelitos en La Tierra, Arica

Cecilia Morovic Vivar, Comunicadora Social

CEDIFUCH, Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional de la U. de Chile

Centro de Acción Juvenil, Juventud Activa, Peñalolén

Centro de Rehabilitación AMILIVI, Los Angeles

César Rodríguez Urzúa, Consejero Consejo Consultivo SENADIS

Club de Diabéticos de Arica

Club de Personas Discapacitadas Quitratue de Gorbea

Club Deportivo Tremual Kalul

Club Discapacitados de Villarrica CLUDIVI

Colectivo Ciudadanas Cuidando

Colectivo Por La Inclusión

Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile

Comunidad Sorda Proyecto Sol

Consejo Comunal de Discapaciad de Calama

Consejo Comunal de Discapacidad Arica

Consejo Comunal de Discapacidad Cunco

Consejo Comunal de Discapacidad Frutillar

Consejo Comunal de la Discapacidad de Angol

Consejo Comunal de la Discapacidad de Freire

COPRODI de Los Angeles

CORFAUSAM Nacional

Corporación Baldomero Lillo

Corporación Chiari Chile

Corporación Inclusiva Araucanía

Corporación Newen Araucania

Corporación Por el Buen Vivir

Corporación Queremos Vivir

CorporaciónMenkes Chile

Correcaminos La Florida

Cosoc O´Higgins

Crecer Juntos de Pucón

Daniela Bertoni Silva, Terapeuta Ocupacional

Departamento de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la U. de Chile

DOWN 21 CHILE

Eduardo Herrera Osorio, Terapeuta Ocupacional

Escuela Paula Jaraquemada, San Vicente de Tagua Tagua

FENPOF Chile

Fundación A Mover Las Manos AMOMA

Fundación ADN Chile

Fundación APOST

Fundación Carlos Quintana Crohn Colitis Ulcerosa Chile

Fundación Charcot Chile

Fundación ChileHS

Fundación Crece con Exito, Discapacidad Visual y Física, Quinta Normal

Fundación Esperanza Nuestra

Fundación KOSMO

Fundación Linfangioma Chile

Fundación Me Muevo

Fundación Otras Miradas

Fundación Poder y Fuerza

Fundación RED Síndrome de Down Chile

Fundación Síndrome Vogt Koyanagi Harada Chile

Fundación Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI

Gloria Arenas Besnier, Rengo

Gougain Arquitectos, Las Condes

Habilitación Inclusiva

Irma Iglesias Zuaola, Ex Comisionada Presidencial

Jacqueline Atala Aguad, Interprete Lengua de Señas, Colegio San Cristobal, Temuco

Jaime Ramírez, Cientista Político

Karina Cortéz, Kinesióloga de Arica

Liga de la Epilepsia Puerto Varas

Luisa Jélves, CCD Villarrica

Marcela Figueroa, ex Presidenta del Concejo Sociedad Civil SENADIS

Masoterapia MasCalma, Masaje de Personas en Situación de Discapacidad Visual

MIGRAFEST

Mis Manos También Hablan

Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad Física

Movimiento Por Los Derechos de las Personas con Discapacidad

MUFEDICH

Núcleo de Estudios Críticos de Académicos de Terapia Ocupacional y Ciencia facultad de medicina de U. de Chile

Núcleo Desarrollo Inclusivo, Universidad de Chile

Onda Inclusiva

Organización de Emprendedores con Discapacidad, Arica

Organización de Inclusión Inversa «El Pueblo de Piuretlandia»

Organización de Mujeres con Discapacidad, Arica

Organización Social Down Sin Fronteras de Temuco

Patagonia Inclusiva

Proyecto Social Amigos Sin Límites

Red de Inclusión Urbana

Revolución Inclusiva Araucanía

Scarlet Vera González, Ing. en Biotecnología

Sheila Sánchez Copaja, Trabajadora Social

SOS Salud Chile

Sujey Basualto Arévalo, Terapeuta Ocupacional

TEAbrazo Magallanes

TEAbrazo Puerto Varas

TEApoyo Maullín

TEAyudo Puerto Montt

Unión Comunal de Discapacidad Angol

Unión Comunal en Situación de Discapacidad Nueva Imperial

Unión Comunal por La Discapacidad Peñalolén

Unión de Niños y Padres Por La Inclusión UNPIS, Temuco

Yosselin Moyano Calabrano, Abogada D.D.H.H Rengo

COVID-19 Y DETENCIÓN EN AMÉRICA LATINA

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN PARA UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL LIBRE DE TORTURA Y MALOS TRATOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

En todo el mundo se están promulgando medidas de emergencia sin precedentes. América Latina no es ajena a esta situación. Se han impuesto confinamientos en todos los países de la región para proteger la salud y la seguridad pública, se han cerrado las fronteras y los estados de emergencia se han ido declarando uno tras otro.

Desde el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina1 nos preocupa muy seriamente que este no sea el caso en la región. La situación actual de la pandemia de la COVID-19 sólo se está analizando desde la perspectiva sanitaria y económica quedando de lado la atención de los derechos humanos, la cual debería ser un elemento transversal e insustituible para analizar y afrontar esta grave situación. Además, hemos identificado peligrosas dinámicas de abuso de derecho de los poderes de emergencia invocados durante estas semanas.

Las pandemias son esencialmente asuntos de derechos humanos y este debería ser el punto central de las actuaciones de los Estados. No hacerlo nos llevará a sumar nuevas víctimas y desembocará en nuevas violaciones de derechos humanos y más sufrimiento para las personas, especialmente aquellas más vulnerables, como son las privadas de libertad. Es necesario tenerlas en cuenta para garantizar la dignidad humana y proteger a toda la población.

Desde el Grupo de Litigantes esperamos que este documento sea útil para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas y todos, incluidas las personas privadas de libertad. Es el momento de la solidaridad, y de afrontar la pandemia sin dejar a nadie atrás.

Descarga el documento aquí:

omct_gl_coviddetencion_200520

El coronavirus está resaltando el daño generado por el uso excesivo de la prisión preventiva

Por Jan Jarab y Paulo Abrao para Washingtonpost

Jan Jarab es representante para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Paulo Abrao es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nunca en la historia hubo tantas personas en prisión: según la World Prison Population List publicada en 2015, hay 10.35 millones de personas encarceladas en el mundo, y más de 3.5 millones en el continente americano. En nuestra región, algunas cárceles de Brasil, Perú y Bolivia registran más de 300% de hacinamiento, a menudo en condiciones sanitarias deplorables.

Pero si antes las cárceles sobrepobladas eran un campo minado, el COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, las transformó en bombas de tiempo. Este hacinamiento hace que el riesgo de propagación se multiplique, no solo para las personas privadas de libertad sino también para el personal penitenciario, quienes, al igual que los prisioneros, está bajo la responsabilidad del Estado.

Una parte importante del problema de hacinamiento en nuestra región reside en el uso de la prisión preventiva, es decir, el privar a alguien de su libertad, como medida cautelar, sin una sentencia de por medio. Una medida que debería ser excepcional, de último recurso y para usarse por el lapso más breve posible, se ha convertido en una situación prevalente en el continente, obviando por completo que la presunción de inocencia es pilar del Estado de Derecho.

En América Latina y el Caribe, el promedio de personas en prisión preventiva ronda 40% de los internos. En países como Paraguay, Bolivia, Haití, Uruguay y Venezuela, estos promedios superan 60%. En algunos casos, los detenidos pueden pasar más tiempo en prisión preventiva del que correspondería a la pena máxima aplicable por el delito que se les atribuye, o recibir sentencias absolutorias o sin privación de libertad.

Como entidades de derechos humanos, nuestras organizaciones vienen haciendo hace décadas un llamado a ajustar las condiciones carcelarias a las normas internacionales. No solo porque tanto el hacinamiento como el uso excesivo de la prisión preventiva representan un trato cruel e inhumano, sino también porque ambas situaciones condenan al fracaso el objetivo máximo de todo sistema penitenciario: la reinserción social.

En nuestra permanente cooperación con los Estados, vemos que ministerios de justicia, fiscalías, judicaturas, defensorías públicas, órganos penitenciarios, instituciones de derechos humanos, mecanismos de prevención de la tortura o la sociedad civil identifican obstáculos para reducir la prisión preventiva. En algunos casos, se culpa a una legislación deficiente que no establece marcos temporales. En otros, los sistemas de fianzas hacen que sea imposible pagarlas, mostrando la peor cara de la criminalización de la pobreza. El uso excesivo de la prisión preventiva en delitos menores de drogas es otro obstáculo (el cual, por consecuencia, termina afectando de manera excesiva a las mujeres). Por sobre todo, estas razones parecen caer bajo el paraguas de una necesidad de demostrar la eficiencia de la gestión criminal a nivel político, policial y judicial a través de estadísticas de detención.

Sin embargo, algunos Estados han tomado medidas positivas para descongestionar las cárceles en medio de la pandemia. Chile otorgó indultos conmutativos a varias categorías de internos —como personas mayores y mujeres embarazadas o con niños pequeños— y, según información reciente, el país disminuyó su población penal en 10%. Por su lado, una nueva ley en México busca excarcelar a mujeres acusadas por ciertas formas de aborto punible y a personas investigadas por posesión simple de drogas, entre otros. En Brasil, una recomendación del Consejo Nacional Judicial benefició a varias categorías de internos, incluidos aquellos en prisión preventiva.

Pero frente al COVID-19 se necesitan más medidas, más contundentes y más audaces. Los ministerios públicos deben proponer que la prisión preventiva se use exclusivamente en casos excepcionales. Los máximos tribunales también pueden establecer lineamientos para otorgar medidas no privativas de libertad a personas en riesgo de contagio, siempre que no se trate de perpetradores de delitos graves o violentos. Porque avanzar hacia un uso acotado de la prisión preventiva no es solo un imperativo de derechos humanos, sino también una medida inteligente frente al virus.

El COVID-19 nos ha recordado que hay desafíos que no podemos enfrentar solos, ni como Estados ni como seres humanos. Pero sus peores consecuencias se pueden y se deben evitar. Las vidas de las personas en prisión, del personal penitenciario, de sus familias, además de nuestro éxito o fracaso como sociedad ante la pandemia están en juego.

UN 18 MÁS: MEMORIA Y DIGNIDAD PARA UN CHILE EN CONSTRUCCIÓN

Hoy se cumplen siete meses desde que comenzara el despertar nacional del 18 de octubre. Las personas y agrupaciones que firmamos esta declaración queremos saludar al pueblo de Chile, fuerza vital del histórico proceso que comenzamos a vivir. Inspirados también por el grito de dignidad que nos anima, sentimos la obligación de alzar nuestra voz ante cada retroceso o amenaza a las frágiles conquistas del pueblo movilizado.

1° Denunciamos la mirada bélica que se esconde detrás de los anuncios y metáforas que usan nuestras autoridades. Tal como lo gritara la calle en octubre pasado, cuando el gobierno trató de usar a los militares para aplacar la revuelta social, queremos afirmar con fuerza que no estamos en guerra. Insistir en esas ideas, en lugar de ofrecer cuidado y apoyo a las y los trabajadores y sus familias, no sólo desinforma, sino que, directamente, atenta contra la credibilidad de sus mensajes y la cuestionable efectividad de las medidas que toman. La ciudadanía sabrá profundizar la solidaridad que ha aflorado en estos meses, e interpelamos directamente a las autoridades a tener una actitud responsable frente a los difíciles días que nos toca vivir.

2° Enviamos nuestro saludo y reconocimiento al equipo humano del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a esas funcionarias y funcionarios que le han dado vida y sentido al Instituto. Agradecemos el compromiso, profesionalismo y humanidad de ese equipo, a pesar del lamentable maltrato que han recibido tantas veces desde diferentes autoridades, y les pedimos mantener viva esa actitud vigilante que ha acompañado al pueblo de Chile en estos meses.

3° Volvemos a levantar la voz por quienes más sufren en este tiempo de excepción. Demandamos un cuidado especial para las personas privadas de libertad, y en especial exigimos la revisión de situaciones de las y los 267 adolescentes que se encuentran recluidos actualmente por causas vinculadas a manifestaciones políticas a partir del 18 de octubre pasado. El cuidado de esas niñas y niños debe ocupar un lugar central en la preocupación de las autoridades, y llamamos a las diferentes instituciones competentes a coordinar un esfuerzo urgente por devolverles al cuidado de sus familias.

4° Por último, dirigimos este mensaje a la sociedad civil, a cada persona que, desde su hogar, su territorio y su realidad concreta puede transformarse en un defensor o defensora de los derechos humanos, a quienes ya se han dispuesto a dicha tarea, y a quienes sienten la urgencia de involucrarse a partir de hoy. El compromiso de nuestra sociedad con una auténtica cultura de los Derechos Humanos se pone a prueba en este tiempo de crisis, y está en nuestras manos hacer realidad esos principios y valores con los que aspiramos a identificarnos.

Frente a la indolencia y la injusticia que vivimos en este tiempo oscuro, sólo la memoria, la unidad y el compromiso nos permitirán salir adelante. Sigamos construyendo un nuevo Chile.

FIRMAN

Foro NO+ por verdad, justicia y dignidad

Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

ADIR, Asociación Chilena de Diálogos Interreligiosos para el Desarrollo Humano

Cintras, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos

Ciudadanos por la Memoria

Comisión Ética contra la Tortura

Corporación 4 de agosto por la Defensa de los Derechos de los Pueblos

Corporación comunitaria Joane Florvil, Región de O’Higgins

Departamento de DDHH, Colegio de Periodistas de Chile

Foro por la Asamblea Constituyente

Los ojos de Chile, iniciativa de apoyo ciudadano a víctimas de trauma ocular

Observatorio Ciudadano

Paulina Acevedo, periodista y defensora de derechos humanos

Jorge Baradit, escritor

Roberto Celedón, abogado de derechos humanos

Guillermo Garrido, abogado DDHH asambleas territoriales Santiago Sur

Ximena Goecke, historiadora

Adriana Goñi, antropóloga y arqueóloga

Sergio Grez, historiador

Alejandro Herrera, Presidente de Corporación comunitaria Joane Florvil

Rodrigo Mallea Cardemil, investigador en DDHH y activista disidente sexual

Verónica Matus, abogada de derechos humanos

Gianluca Nicolini, Egresado de Derecho de la Universidad de Valparaíso

Roxana Pey, académica

Rosario Soto, secretaria general y encargada del área legal de Los Ojos de Chile

Matías Vallejos, Director Ejecutivo de Los Ojos de Chile

“COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud” – advierte experto de la ONU

GINEBRA (18 de mayo de 2020) – El nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó hoy su grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.

 “Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.

Los estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una militarización de sus territorios.

Se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos.

En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura.

Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad.

Pero frente a esas amenazas y en medio de ellas, las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional.

 Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstas no los discriminen.

 Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados. El hecho de que las instalaciones de salud pública sean a menudo escasas en las comunidades indígenas constituye un gran desafío.

 Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

 La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar: tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud”.

 

El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. El Sr. Calí Tzay fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala y el Embajador de Guatemala en la República Federal de Alemania. Fue Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA) y Presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El Sr. Cali Tzay fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, órgano creado en virtud de un tratado, del que fue elegido por cuatro períodos consecutivos de cuatro años cada uno.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

 

Wampís reiteran denuncias contra empresa Geopark por poner en riesgo la salud de la población

GTANW, 12/05/20.- Mediante un nuevo pronunciamiento publicado el martes 12 de mayo, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís reiteró sus denuncias contra la empresa Geopark por encontrarse operando en su territorio durante la pandemia. La empresa, socia de Petroperú para la explotación del lote 64 que afecta parte del territorio wampís en la cuenca del río Morona (Loreto), continuaría operando pese a la Emergencia Sanitaria y pese a que aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

En el pronunciamiento, el GTANW reporta que líderes del Morona han denunciado el paso de embarcaciones con personal de relevo de la empresa proveniente de ciudades como Lima e Iquitos, focos de contagio de la Covid-19, y que dicho personal habría contagiado a dos militares de la base de Sargento Puño.

La población teme el contagio de la Covid-19, por lo que el GTANW está exigiendo el retiro inmediato del personal de Geopark y el cese de sus operaciones. En el pronunciamiento señalan que tomarán medidas legales y acciones territoriales con el objetivo de proteger su integridad frente a la amenaza sanitaria que representa la empresa.

Puede leer el pronunciamiento a continuación:

PRONUNCIAMIENTO

Exigimos el retiro del personal de GeoPark y el cese de sus actividades por poner en riesgo la salud de la población

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), representante de 85 comunidades entre tituladas y sus anexos en las cuencas del Kankaim (Morona) y Kanus (Santiago), ante la gravedad de los hechos que viene suscitándose en sus territorios y comunidades, por las acciones irresponsables y deliberadas de la empresa GEOPARK, su socia Petroperu y el propio Estado Peruano, se pronuncia nuevamente en los siguientes términos:

  1. Dirigentes wampís de la cuenca del Kankaim (Morona) han reportado el traslado por río de personal de Geopark en embarcaciones que, para colmo, son resguardadas por el propio Ejército Peruano. El flujo de personal de la empresa proveniente de Lima, Iquitos y otras ciudades que son foco de contagio, constituyen una amenaza letal e impredecible a la salud de la población indígena del Morona.
  2. También reportan que habría dos casos de Covid-19 en la base del Ejército Sargento Puño, quienes habrían sido contagiados debido al contacto que tienen con los trabajadores de Geopark por resguardar sus embarcaciones.
  3. Por similares hechos, el 30 de abril denunciamos que la empresa Geopark mantenía personal de su área comunitaria en nuestro territorio, continuando con su trabajo de divisionismo para obtener una licencia social fraudulenta, y exponiendo a los y las wampís a la enfermedad Covid-19.

POR LO TANTO, y ante estos acontecimientos, declaramos lo siguiente:

  1. Responsabilizamos a la empresa Geopark y a su socia Petroperú de los contagios de Covid-19 que puedan aparecer en el río Morona y de la tragedia que ello generaría para la población indígena; por lo que exigimos que se retiren inmediatamente de nuestro territorio.
  2. Condenamos el hecho de que el Estado Peruano permita que una empresa como Geopark, que no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, opere en territorios indígenas.
  3. Responsabilizamos al Estado Peruano que, desde el inicio de esta pandemia, no ha tenido ninguna iniciativa pertinente y articulada para salvaguardar a los pueblos indígenas en respeto de los derechos humanos.
  4. Denunciamos que al poner a disposición nuestros territorios para empresas irresponsables, movilizando a sus trabajadores portadores de Covid-19, el Estado peruano pone en riesgo sanitario y mortal a nuestra población, lo que configura un comportamiento etnocida.
  5. Advertimos que tras hacer pública esta denuncia y al ver que la empresa continúa con sus malas prácticas avalada y protegida por el Estado Peruano, no nos queda más remedio que tomar medidas legales ante los fueros pertinentes, así como acciones territoriales en el marco de nuestro derecho a la autonomía.

El GTANW no está dispuesto a ofrendar los territorios legados milenariamente ni sus bondades que alberga, por cuanto constituyen la propia vida, la vida de las generaciones venideras, de modo que, mantenemos nuestro rechazo a todo tipo de actividades que impliquen afectación directa a nuestros territorios; sobre todo si estas actividades dejan inevitablemente secuelas irreversibles socio ambientales. Las bondades de la naturaleza que existen en nuestro territorio integral, legados de nuestros ancestros para su cuidado, son también legado para las generaciones venideras de los y las wampís que debemos seguir protegiendo para asegurar la pervivencia y continuidad de nuestra vida y cultura.

¡LOS TERRITORIOS Y LAS BONDADES DE LA NATURALEZA NO ESTÁN EN VENTA Y NO SE NEGOCIAN!

¡LA PERSONA Y LA VIDA HUMANA SON SAGRADAS Y SUPREMAS, SEGÚN EL ARTICULO UNO DE LA CONSTITUCIÓN!

Fuentes:

https://nacionwampis.com/wampis-reiteran-denuncias-contra-empresa-geopark-por-poner-en-riesgo-la-salud-de-la-poblacion/

https://nacionwampis.com/pronunciamiento-exigimos-el-retiro-del-personal-de-geopark-y-el-cese-de-sus-actividades-por-poner-en-riesgo-la-salud-de-la-poblacion/

Los plazos en el SEIA en tiempos de pandemia

El análisis de los plazos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) chileno es una buena forma de entrar y abordar los problemas de asimetría estructural que existen en nuestra institucionalidad ambiental. En efecto, los breves y restringidos plazos con los que cuentan los organismos del estado que participan de los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos, sumado al hecho de que estos plazos no suspenden la tramitación de dichos procedimientos, muestran en toda su extensión las debilidades y restricciones que tiene el estado para realizar observaciones en el SEIA[1].

En contraposición a estas restricciones temporales que tienen el estado para pronunciarse respecto de un proyecto sometido a evaluación ambiental, ni la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente ni su reglamento, imponen a priori plazos para que los titulares respondan las observaciones de los organismos públicos que participan de dicho procedimiento, siendo una facultad discrecional del Servicio de Evaluación Ambiental la determinación de dichos términos, y existiendo siempre la posibilidad del titular (como de hecho ocurre frecuentemente) de solicitar dilatadas ampliaciones para elaborar sus Adendas.

Por su parte, las comunidades afectadas por alguna iniciativa sometida a evaluación ambiental tienen escazas y débiles herramientas para participar de dichos procedimientos que, al igual que los organismos del estado, están constreñidas por los breves plazos que se otorgan para ejercerlas. En efecto, en el SEIA chileno, la regla general es que solo los proyectos evaluados por medio de un EIA tienen un proceso de participación ciudadana y, en caso de existir comunidades indígenas dentro del área de influencia, un proceso de consulta previa con dichas organizaciones.

Por el contrario, en el caso de las DIA (que corresponden a la gran mayoría de proyectos o actividades sometidas al SEIA), inexplicablemente, se excluye la consulta indígena, aun cuando puedan existir comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas, y solo procede un proceso de participación ciudadana si se verifican una serie de requisitos estrictamente normados: que se generen cargas ambientales para las comunidades próximas (entendiendo por éstas, aquellas ubicadas en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del proyecto); que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas; y que dicha solicitud se realice por escrito, dentro del plazo de diez días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto o actividad sometido a DIA de que se trate.

Las restricciones temporales con que cuentan las comunidades para participar de la evaluación ambiental de proyectos que les afecten y hacer valer sus derechos, además, se expresan en los acotados plazos en que se puede verificar la participación ciudadana (20 días para las DIA y 60 días para los EIA), y en aquellos con los que cuentan para ejercer su derecho a reclamar (30 días).

El contexto regulatorio descrito sucintamente, muestra la pro actividad que deben tener los organismos públicos y las comunidades si es que quieren incidir en el proceso decisorio ambiental, al mismo tiempo que evidencia el sesgo pro titular del SEIA chileno. Dichas asimetrías estructurales que tiene nuestra institucionalidad ambiental no han hecho más que reforzarse y profundizarse en el actual escenario de la pandemia que se vive a nivel global producto del Covid-19.

La desconexión que existe entre las autoridades públicas, en particular el SEA, y las realidades locales de los territorios y comunidades, se ha hecho particularmente patente en este nuevo escenario de pandemia. Si bien se han venido realizando una serie de suspensiones de plazos que han sido prorrogadas sucesivamente, dichas suspensiones no han incluido expresamente los EIA que tienen procesos de consulta indígena en curso.

Fue precisamente en este escenario que en marzo éramos alertados por la Comunidad Atacameña de Peine acerca de la intención de la Dirección Regional del SEA de Antofagasta de seguir remotamente con el proceso de consulta indígena en el caso del proyecto minero Zaldívar, que busca renovar autorización para continuar extrayendo aguas subterránea desde su territorio ancestral para sus procesos mineros. En este contexto, no es de extrañar que el Consejo Minero aparezca llamando a “mantener operando el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluidas las participaciones ciudadanas y la consulta indígena”[2].

Esto, no solo evidencia una absoluta falta de sensatez respecto a la brecha digital que existe en nuestro país, sino que también resulta contradictorio con lo que ha venido señalando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a “[a]bstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia” (resolución 1/2020).

Grave también, son los casos donde el SEA ha rechazado directamente las solicitudes de apertura de procesos de participación ciudadana en el caso de las DIA, como sucedió recientemente en el caso del proyecto de Codelco para explorar litio en el salar de Maricunga, territorio de uso y ocupación tradicional del Pueblo Colla, en la región de Atacama.

Por estas razones, resulta urgente la suspensión de plazos para la evaluación de proyectos, con el objetivo de poder realizar una óptima evaluación ambiental y así resguardar su salud y los derechos de los ciudadanos, comunidades y territorios.

 

Felipe Guerra

Abogado, Coordinador Área Jurídica, Observatorio Ciudadano

[1] Cinco días para realizar el examen de admisibilidad de una DIA o EIA; 15 o 30 días para pronunciamientos sectoriales dependiendo de si es una DIA o EIA; 30 o 45 días para decretar el término anticipado del procedimiento por falta de información relevante o esencial dependiendo de si es una DIA o EIA; 15 o 30 días para la elaboración del Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones (ICSARA), dependiendo de si es una DIA o EIA; 15 días para la elaboración del ICSARA complementario; 10 o 15 días para pronunciarse respecto a las Adendas del titular, dependiendo de si es una DIA o EIA; cuatro días para visar el Informe Consolidado de Evaluación.
[2] En el marco de una mesa público privada, el consejo minero le entregó al Ministerio de Economía los requerimientos para tener continuidad operacional en la industria, tomando en cuenta las restricciones por el Covid-19. Fuente: La Tercera, 5 de mayo de 2020.

NUEVA UNIÓN: SMA SE ENCUENTRA EN POSICIÓN DE DEDUCIR FRACCIONAMIENTO Y ELUSIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En junio de año pasado la Superintendencia del Medio Ambienta (SMA) acogió una denuncia realizada por el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco y la Coordinadora por la vida del Valle del Huasco por presentación fraccionada y elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental por más de 193 sondajes realizados sin evaluación por Nueva Unión.  En el marco de esta investigación, el ente fiscalizador dictó recientemente la Resolución N° 590. Lo relevante de esta resolución, radica en una serie de constataciones hechas por la autoridad fiscalizadora que dan cuenta de una intencionalidad de Nueva Unión enfocada hacia una incorrecta y abusiva utilización del ordenamiento jurídico ambiental, con el fin de esquivar su aplicación para disminuir las exigencias de protección ambiental que se imponen. En palabras propias de la SMA:

“Con la información disponible, esta Superintendencia del Medio Ambiente se encuentra en posición de deducir que ha existido una planificación y organización en la forma de presentar las plataformas y sondajes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de forma tal que se ha podido evitar, a lo menos, la calificación de algunas de estas infraestructuras.

Lo anterior porque ha constatado que hay un gran número de sondajes que, atendiendo a la ley vigente, deberían haberse ingresado a evaluación de impacto ambiental, así el mismo ente expone:  “Se visualiza que en el sector de las denuncias, existe un alto número de plataformas y sondajes, que en su conjunto superarían el umbral de 40 plataformas y sus respectivos sondajes (…) Que, no obstante, las plataformas y sondajes han sido ingresadas al SEIA o ha sido consultada su pertinencia de ingreso a dicho sistema, de forma dividida”. Y se hace evidente que “las consultas de pertinencia de ingreso al SEIA no corresponden a un tipo de evaluación” y por tanto una serie de sondajes “no cuentan aún con la pertinente calificación de su impacto ambiental.”

Cabe recordar que la empresa en su defensa ha expresado que habría una gran cantidad de los sondajes realizados que no requerían de evaluación ambiental, ya que serían de una tipología distinta a los mineralógicos ya que en vez de buscar cesar con incertezas del yacimiento buscarían información de los suelos para el estudio previo de ingeniería de obras civiles. Al respecto, la SMA advierte que: “si bien el titular ha explicado que los sondajes geotécnicos, por su naturaleza, no deben ser considerados para efectos del análisis de tipología, no se han descartado los impactos que puede generar dicha actividad, impactos que una concepción dividida del proyecto, no permite evaluar.” Y además observa, a propósito del gran número de cartas de pertinencia respondidas por parte del SEA en las cuales no considera la necesidad de ingresar a evaluación de los distintos sondajes que: “dichos pronunciamientos sólo consideraron un análisis aislado de cada una de las propuestas, no se realizó un análisis conjunto de los proyectos.”

Con todo esto hay mayor confirmación de que esta empresa está vulnerando de manera grave nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la vida, al agua, al trabajo, entre otros. Y, de manera preliminar el principal ente fiscalizador del Estado, estaría corroborando todo lo que las comunidades han denunciado.

Desde el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco y la Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco, expresan “Esto es muy importante, y demuestra a toda la población del Valle del Huasco que estamos ante una empresa mentirosa, irresponsable e ilegal; y que no podemos seguir permitiendo que vengan a nuestro territorio, hagan lo que quieran y lo destruyan”, y agregan “Es insostenible un nuevo megaproyecto en nuestro valle para la vida humana y natural. Hemos visto con esta pandemia lo imprescindible que es el agua, nuestros bienes comunes deben ser resguardados y  utilizados de manera armónica y respetuosa. Nueva Unión es una masacre para nuestro Valle y no lo permitiremos así como cualquier otro megaproyecto”.

El Proyecto NuevaUnión tiene como objetivo la producción de concentrado de cobre, oro, y molibdeno, mediante la explotación a cielo abierto de las reservas minerales provenientes de dos yacimientos: Relincho y La Fortuna, distantes e independientes entre sí por 42,5 km. Para lo que pretende construir una serie de instalaciones de infraestructura común que se ubican a lo largo de la provincia del Huasco. En una zona de escasez hídrica, las transnacionales pretenden establecer un tranque de relaves de 2.000 hectáreas, un mineroducto bajo el curso del río, instalar 4 botaderos de estériles contaminantes, destruir más de 40 hectáreas de Vegas altoandinas, amenazando el sistema glaciar.

Descarga aquí la resolución: Resol-590-sma-2020

MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL VALLE DEL HUASCO

COORDINADORA POR LA VIDA DEL VALLE DEL HUASCO

Contacto comunidad: Constanza San Juan Standen/+569 62413008/

 movimientovalledelhuasco@gmail.com

Abogada comunidad (Defensoría Ambiental): Alejandra Donoso/+56 9 8139 1831/ 

alejandra@defensoriaambiental.org