Por Mabel Cobos Fontana

Mi hijo nació en abril pasado en medio de la pandemia. Además de los temores propios de la maternidad, que se exacerbaron producto de las medidas y el miedo contra el colonial-virus y un post parto complicado, debido a una anemia severa y problemas de lactancia, tuve que hacer frente al pésimo funcionamiento de COMPIN y pelear por mi licencia maternal, lo que ya anticipaba desde antes del parto.

Por mucho tiempo me negué a la posibilidad de ser madre. No porque no quisiera serlo per se, sino por lo difícil que es, en particular, cuando vives en un país donde los derechos sociales no están garantizados, ni existe una protección efectiva para las madres y puérperas.

Mi hijo nació en abril pasado en medio de la pandemia. Además de los temores propios de la maternidad, que se exacerbaron producto de las medidas y el miedo contra el colonial-virus y un post parto complicado, debido a una anemia severa y problemas de lactancia, tuve que hacer frente al pésimo funcionamiento de COMPIN y pelear por mi licencia maternal, lo que ya anticipaba desde antes del parto.

El año pasado, cuando comencé a investigar respecto a este beneficio, me di cuenta de los cientos de casos de madres que no pudieron acceder a este subsidio o que de plano les rechazaron sus licencias. También leí muchos testimonios que señalaban que el COMPIN les había calculado mal el pago de su pre y postnatal o que lo recibieron meses o un año después. Lo peor fue saber que no todas las mujeres que trabajan tienen derecho a este subsidio.

Si eres trabajadora dependiente o independiente y no tienes cotizaciones desde tres meses antes de quedar embarazada o no trabajaste o cotizaste antes de quedar embarazada, no podrás acogerte a este beneficio. ¿Y por qué digo beneficio?Porque si fuese un derecho, sería universal, y no importaría si eres trabajadora dependiente o independiente, si cotizaste o no, si eres chilena o extranjera. Un derecho es un derecho, y el pre y post natal lo entiendo como un derecho que toda mujer tiene por el solo hecho de convertirse en madre. Y es que esos seis meses que una está en casa cuidando a su bebé es un trabajo, que debería ser remunerado, sin condiciones. Porque seamos claros, una mujer trabaja tanto si tiene un empleo afuera del hogar, como si trabaja dentro de éste. Sin embargo, en la realidad, para acceder a este “derecho” en Chile, debes cumplir con varios requisitos.

En mi caso pese a cumplir con las exigencias, me he encontrado con varios problemas. Primero, rechazaron mi licencia pre natal pues me pedían antecedentes para comprobar mi embarazo, además de que debía especificar la fecha de concepción (¿?). Inaudito, considerando que tengo ficha en el consultorio y me saqué varias ecografías por Fonasa. Enojada, tuve que pedirle a mi matrona que emitiera un certificado corroborando el embarazo e indicando expresamente la fecha de concepción, el cual debía mandar a COMPIN. Lamentablemente, esto sucedió cuando comenzaba la pandemia y, por ende, no podía ir a las dependencias de esta institución a dejar los antecedentes , ya que sus oficinas sólo aceptaban licencias y no apelaciones.

La opción que quedaba, por defecto, era utilizar la plataforma en línea de COMPIN, pero ésta jamás cargó los documentos que debía subir. Intenté varios días, en distintos horarios, por diferentes exploradores de internet, pero nada. Al final tuve que hacerlo por otro medio y la licencia postnatal mandarla por correo electrónico. Tres meses después, pude confirmar por el portal www.milicenciamedica.cl que me habían aprobado ambas licencias. Sabía que COMPIN se demoraba en pagarlas, así lo corroboran los miles de testimonios y reclamos en contra de esta institución (reclamos y no felicitaciones como señaló el ministro Mañalich), por lo que me las aprobaran y pagarán tres meses después. Me pareció lo “normal”, incluso, “rápido”.

Para mi sorpresa, se me informó que como afiliada a Fonasa, debía retirar el subsidio de manera presencial en una sucursal de Banco Estado. Claramente con un recién nacido en casa no quería exponerme a contagiarme de Covid-19, así que traté infructuosamente de llamar a Banco Estado y a COMPIN para que de alguna manera me depositaran el beneficio en mi cuenta. Hasta escribí a la Superintendencia de Salud, la que me indicó que el requerimiento excedía sus funciones. Finalmente encontré un documento en línea de una caja de compensación que explicaba, paso a paso, cómo acceder al pago de licencias a través de la cuenta Rut y la página de Banco Estado y eso hice.

Sin embargo, me di cuenta que los montos asignados por las licencias de pre y post natal eran erróneos y volví a enojarme. Me pagaban menos del sueldo mínimo (siendo que mi salario es dos veces más que esto) y no tenía idea cómo habían calculado los montos. Con rabia, levanté reclamos por ambas licencias y solicité que me recalcularan lo asignado. A más de un mes y medio de eso, aún no me contestan. Y lo más seguro es que vuelva a trabajar y aún no obtenga respuesta.

Pero eso no es todo. Lo que vino a generar mi absoluta rabia e impotencia es que al llamar a COMPIN preguntando por la licencia post natal parental, me dicen que esta es una extensión de la anterior licencia, que se expide automáticamente y que el primer pago, de cuatro, será depositado el día 13 de julio. Luego de esa llamada, abrí la página de Banco Estado y veo que mi primer pago es por 5.437 pesos. Y mi indignación se acrecienta al ver el detalle de las liquidaciones de pago, en las que mi AFP se llevaba 259.041 pesos por ambas licencias.

Lo anterior es francamente una burla. ¿Qué hago con 5 mil pesos al mes? ¿Por qué la AFP recibe más dinero que yo? Y no me digan que eso es para mi futuro, porque sabemos que es dinero para inversiones y no para pensiones. Por cuestiones como ésta es que exigimos el 10%. ¿No se dan cuenta de que la gente está pasando miseria, hambre y estas empresas mientras tanto lucran con nuestros ahorros?

Dejando mi caso a un lado, lo más espantoso de todo es que las licencias son para muchas madres una esperanza de sustento en estos minutos. Y que de seguro hay madres que en medio de este contexto tan complejo y difícil como el actual, con altos porcentajes de cesantía, sus licencias quizá sean el único ingreso del hogar. Pero, ¿de qué sirve si las licencias las rechazan, no las pagan, pagan lo que quieren o las pagan meses después? ¿De qué derecho me hablan? Afortunadamente mi pareja no perdió su trabajo y podemos vivir con su sueldo, pero ¿qué pasaría si fuese madre soltera? ¿Cómo podría vivir con menos del mínimo mes a mes? ¿Cómo hacer frente a la maternidad si las condiciones materiales no están cubiertas?

Lo que cuento acá es, incluso, un privilegio, porque muchas mujeres por distintas razones no han podido ni siquiera obtener su pre y post natal y menos tienen el tiempo para escribir una columna como está denunciando estas injusticias. Hay mujeres que tuvieron licencias por enfermedad antes del embarazo que les impidió trabajar, madres estudiantes que aún no han cotizado, trabajadoras informales que no cotizan, trabajadoras a honorarios con cotizaciones intermitentes o trabajadoras cuyos empleadores no les pagaron sus cotizaciones y así, un sinfín de otras situaciones que impiden que las madres puedan optar a este beneficio.

Desgraciadamente esta es la realidad que se enfrentan las madres en Chile hoy, que no sólo tienen que criar (y el esfuerzo monumental que ello involucra sobre todo los primeros meses), sino también deben pensar cómo subsistir y no morir en el intento, en medio de una brutal crisis económica y sanitaria. Sin licencia maternal, sin bonos, sin cajas, sin ayuda y con la prohibición de trabajar.

No puedo evitar pensar entonces que tener una real licencia pre y post natal es un privilegio. Que son miles las madres que no sólo están pariendo y criando en pandemia, sino que además lo están haciendo casi desprotegidas, mientras el Estado falla en resguardar los derechos de mujeres embarazadas, puérperas y madres, y, por consiguiente, en proteger los derechos de bebés, niños y niñas. Y, por otro lado, aquellas madres que pudieron acogerse a la licencia maternal, y se les terminó o está por terminar, esperan con temor e incertidumbre volver a trabajar en este contexto, y ruegan porque se apruebe el post natal de emergencia, que tantas críticas ha suscitado.

Al final, sólo nos queda esperar que este proyecto prospere y luchar porque más temprano que tarde el Estado asuma la deuda que tiene con la maternidad y la niñez en el país.

José  Aylwin y Roberto Morales*

 

El COVID-19 ha golpeado con fuerza al mundo entero. América Latina aparece hoy como la región del mundo más afectada por la pandemia con su secuela de contagios y muertes. Brasil, México, Perú y Chile son  los países con mayor número de casos. La ausencia de un sistema de salud público sólido que permita enfrentar adecuadamente la pandemia y la desigualdad social, parecen ser los factores determinantes de la crítica realidad que afecta a  estos estados.

A nivel global las políticas estatales para enfrentar el COVID-19 han sido diversas, variando desde el negacionismo de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil,  hasta las cuarentenas totales, como Nueva Zelanda y Argentina. Aunque no parece haber una estrategia única “exitosa” para combatir la pandemia, es claro que aquellos estados que han privilegiado la economía por sobre la vida –Estados Unidos y Brasil- han sido los más golpeados. Si bien la preocupación de los gobiernos por el funcionamiento  de la economía es entendible, desde una perspectiva de derechos humanos la vida y la salud de las personas estará siempre por sobre esta.  Los Estados que reconocen como límites a su soberanía los derechos de las personas tienen el deber de adoptar todas las medidas y destinar hasta el máximo de los recursos de que puedan disponer, para asegurar entre otros derechos la vida y la salud.

Nuestro país,  como sabemos, no ha estado ajeno a la tensión entre la economía, la vida y la salud de las personas. Las cuarentenas parciales inicialmente decretadas en distintas comunas del país, claves para detener la propagación de la pandemia, fueron más tarde sustituidas por la política de “nueva normalidad” que el gobierno impulsó a fin de mantener la actividad económica. Dicha política, no solo tuvo que revertirse, sino que claramente incidió en los contagios masivos de COVID que hoy asolan, en especial en las comunas más pobres de la Región Metropolitana.  Por ello preocupan las afirmaciones recientes del Ministro de Salud, en las que insiste en la fracasada política de “nueva normalidad” para ciudades como Osorno y Punta Arenas que fueron focos de contagio inicial.

Los gobiernos de distinto color político de las últimas dos décadas al menos se han preciado  de tener una de las economías más estables de la región, con mayor equilibrio y ahorro fiscal. Cabe preguntarse entonces, si ello es así, ¿acaso no es este el momento de utilizar ese capital, sin arriesgar la vida de la gente con una vuelta apresurada al trabajo a fin de  reactivar la economía?

Siempre en relación a las políticas de gobierno en Chile preocupa las medidas adoptadas en relación al empleo. Así la normativa promovida por las autoridades a objeto de proteger el ingreso generado por el trabajo ha sido compleja, pues su diseño poco pertinente y sin dialogo con actores socio- laborales ha significado una baja efectividad y cobertura limitada.  En el caso de la suspensión de los contratos de trabajo a través de la ley de protección al empleo, se ha utilizado el fondo de cesantía, medida a lo menos riesgosa. Ello puesto a que utiliza en una primera instancia el fondo de ahorro individual que está pensado para situaciones distintas a una crisis de esta envergadura, dejando desprotegido a los trabajadores y trabajadoras en un periodo futuro. En todo caso mantiene el criterio de subsidios decrecientes iniciando en el primer mes con solo un 70% y llegando a un 35%. Se trata de criterio que es utilizado para abordar esta contingencia en tiempos normales, pero que resulta inentendible en tiempos de crisis como las que vivimos. Ello además de que impacta a un número limitados de trabajadores y trabajadoras.

Igualmente preocupante ha sido la actitud del gran empresariado en relación a esta normativa. Así, durante los dos primeros meses de aplicación de esta normativa, que de acuerdo a las autoridades estaba pensada en las pequeñas y medianas empresas – aunque no existían limitantes en la primera versión de la ley que fue aprobada- al menos 20 grandes empresas, incluyendo a  Starbucks, La Polar, Ripley, Tur Bus, Cines Hoyt, HyM, y por cierto Cencosud, en total han suspendido su relación laboral de al menos 555 mil trabajadores y trabajadoras.  En el caso de Cencosud, su junta de accionista aprobó la distribución de un 80% de sus utilidades del año 2019, causando un malestar generalizado, incluso por personeros de gobierno, lo cual determino que dicha empresa se retractara del uso de tal beneficio, situación que puede ser causa de una sanción como consecuencia del mal uso de la normativa.[1]

Además de lo anterior, las grandes empresas parecen empecinadas en mantener sus actividades en este complejo y peligroso escenario. Así, los gremios que los agrupan, incluyendo la CPC, la SOFOFA[2] y la Cámara de Comercio, hicieron pública su adhesión a la política de “nueva normalidad”, señalando que no debía pararse la actividad económica. Ello en evidente desmedro de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.    También,  en abierta contradicción con los principios del laissez faire que promueven y que han sustentado su enriquecimiento, han propuesto que el Estado vaya en apoyo de sus empresas, como es el LATAM, hoy en grave crisis[3]. La premisa inherente a ese planteamiento de que las ganancias de los empresarios les son propias, mientras que las pérdidas se socializan,  no solo es contradictoria, sino es inmoral, en particular en el contexto actual en que la prioridad debe estar en el apoyo a los sectores más pobres que hoy padecen hambre.

Los ejemplos de la actitud de dudosa ética del empresariado chileno en este contexto no han sido pocos. Así, a comienzos de la pandemia las empresas salmoneras mantuvieron sus actividades en los canales australes poniendo en grave riesgo a los trabajadores de esa industria y a las comunidades locales. Ello llevó a los alcaldes de  Aysen a comienzos de abril a denunciar que dichas empresas eran responsables del 70% de los contagios de COVID 19 en la región[4].

Otro rubro empresarial que ha seguido adelante sus actividades ha sido el de la minería. Tal como ha sido denunciado por las organizaciones representativas del pueblo atacameño (Consejo de Pueblos Atacameños)  a  la fecha las empresas tanto de cobre como de litio que operan en el Salar de Atacama y sus alrededores, no obstante haber disminuido su actividad, no han paralizado sus faenas. Ello representa una evidente  amenaza de contagio del COVID-19 no solo para  sus trabajadores, sino para las comunidades locales, en particular los adultos mayores -que componen en gran mayoría dichos poblados. En atención a la falta de la respuesta estatal y la ausencia de autoridades en el sector andino, algunas de las Comunidades atacameñas, como Peine y Machuca, han establecido barreras sanitarias contraladas por ellos y cuarentenas voluntarias[5].

La desconsideración por parte del empresariado del crítico escenario generado por el COVID 19 para favorecer sus actividades económicas se ve reflejada en el incremento sustancial de los proyectos de inversión que han sido sometidos a evaluación de impacto ambiental (EIA) durante los últimos meses de presencia de la pandemia en el país. De acuerdo a un estudio realizado por Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), los proyectos de inversión sometidos a EIA a través de las distintas modalidades entre el 1 de marzo y 15 de mayo del presente año alcanzan a 185 (en contraste con 81 el 2018 y 73 el 2019), en tanto que el monto de las inversiones propuestas alcanzan a US $16.466 millones (en contraste con US $ 2.617 millones el 2018 y US $ 2.130 millones el 2019).  De acuerdo al mismo autor, teniendo presente que durante el estado de excepción la autoridad ambiental solo ha congelado el trámite de evaluación ambiental para los proyectos que tienen incorporada participación ciudadana, esto es los estudios de impacto ambiental que están en esa etapa del proceso, el incremento sustancial de los proyectos sometidos a EIA constituye una clara señal de abuso empresarial que cuenta con la complicidad gubernamental[6].

Vinculado a  lo anterior, un ámbito de especial preocupación es el que dice relación con la continuidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental de proyectos que afectan a pueblos indígenas y que por lo mismo requieren de consulta indígena. No obstante la imposibilidad de desarrollar actividades de consulta presencial, la autoridad ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental) ha pretendido continuar con dichos procesos de consulta indígena  por vía remota, desconociendo la brecha digital y la realidad que muchas comunidades indígenas tienen para continuar con dichos procesos de forma virtual. Es el caso, por ejemplo, del proceso de consulta con la Comunidad de Peine en el contexto de la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Continuidad Operacional Compañía Minera Zaldívar”, que considera una ampliación del permiso para extraer aguas subterráneas desde el acuífero, el que ha seguido adelante no obstante el contexto actual[7].

Otro caso a referir es el de la empresa de capitales noruegos Statkraft, la que a través de la empresa eléctrica Pilmaiquén, de su propiedad y domiciliada en Chile, impulsa dos proyectos de centrales hidroeléctricas en el Río Pilmaiquén (las central hidroeléctricas Osorno y Los Lagos). Invocando su política de responsabilidad social corporativa, ha ofrecido a través de misivas enviadas a fines del mes de abril pasado la donación de insumos y/o productos en beneficio de las personas que habitan en los sectores rurales aledaños a la central (Curralhue Chico, Lumaco, Monteverde, Maihue, Carimallín y El Roble), varios de ellos de población huilliche opositora a dichos proyectos. Se trata de una estrategia que  ha sido interpretada por la dirigencia huilliche del territorio como una orientada a sacar provecho de sus necesidades  en el momento crítico de la pandemia a objeto de lograr su apoyo a proyectos que han cuestionado por sus impactos adversos a sus derechos.

Finalmente, otro ámbito de preocupación es el de la afectación de derechos humanos por parte de empresas domiciliadas en Chile que operan fuera de las fronteras del país en el contexto de la pandemia COVID 19. Es el caso de las empresas chilenas de retail Falabella y Jumbo, que operan en Argentina,  las que  fueron denunciadas por el  gobierno de ese país de “brindar información engañosa”  y de faltar a la entrega de sus ventas en tiempos de emergencia sanitaria y social derivada del COVOD 19, siendo imputadas por  faltas a la Ley Defensa del Consumidor. De acuerdo a información de prensa,  dichas empresas no cumplieron con las fechas pactadas para la entrega de los productos y operaron sin previo aviso o información al consumidor. Más aún, las mismas empresas habrían llegado a sugerir  a algunos clientes que retiraran sus producto solicitados expresamente a domicilio, en tienda, a pesar del confinamiento obligatorio allí decretado[8].

Otro caso crítico es el de las actividades de Geopark, empresa trasnacional dedicada a la exploración y explotación de petróleo y gas, cuyo domicilio principal está ubicado en Chile[9], la que a través de su filial Geopark Perú S.A.C. ha mantenido actividades de exploración en el territorio tradicional del pueblo Achuar y la nación Wampis en la Amazonía peruana, exponiendo a las comunidades al contagio del COVID-19. Las autoridades Wampis han denunciado que personal de relaciones comunitarias de dicha  empresa se ha movilizado sin previo aviso al interior de su territorio, y que embarcaciones con personal de la empresa, provenientes de ciudades con alta tasa de contagio por COVID-19 transitaron por el rio Morona, hechos que determinaron la interposición de una acción judicial de la nación Wampis en contra de la empresa[10]. Cabe señalar que las actividades de Geopark en el territorio Wampis, a juicio de las autoridades Wampis, vulnerarían la normativa establecida por el gobierno peruano para el caso del sector hidrocarburos en el contexto del COVID-19 (D.S. 044-2020-PCM) que permite solo a quienes se dedican a la producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible circular por las vías de uso público, pero excluye a empresas  que  tienen campamentos petroleros, pero que no tienen procesos de producción y distribución. Con mayor razón aún, excluiría a empresas que no tienen certificación ambiental, como la empresa petrolera GeoPark Perú S.A.C en el Lote 64 en territorio Achuar y Wampis.

Se debe recordar que, de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,  los  Estados tienen una responsabilidad extraterritorial en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, debiendo asegurar que las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción respeten los derechos humanos en todas sus actividades, incluyendo aquellas desarrolladas fuera de sus fronteras (Principio 2)[11]. Dicha responsabilidad, en el caso del Estado de Chile fue también establecida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos que aprobara el 2017 vigente hasta este año.

De acuerdo a los mismos Principios Rectores, las empresas como “actores no estales”,  tienen la obligación y responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica el deber de evitar vulnerar los derechos de las personas y reparar las consecuencias negativas de sus actividades Para ello deben actuar con debida diligencia, evaluando el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos,  y hacer frente a las consecuencias negativas de las mismas. (Pilar 2 Principios Rectores).

Se trata de deberes que  adquieren mayor relevancia en momentos críticos como el que está viviendo el país y en otros países de la región, donde las empresas domiciliadas en Chile operan. Tal como ha señalado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas en su reciente comunicado sobre COVID-19, “[l]Las respuestas a la pandemia y el impacto económico no deben dar lugar a normas menos estrictas, ni siquiera deben ser utilizadas como pretexto por los gobiernos y las empresas para eludir los compromisos internacionales en materias de derechos humanos.” En su mismo comunicado el Grupo de Trabajo agrega: “Es más vital que nunca que tanto los gobiernos como las empresas tomen un camino sostenible centrado en las personas mientras luchan contra el Covid 19 y traten de mantener sus economías. Será igualmente crítico hacerlo una vez que pase la pandemia, en lugar de tomar atajos en nombre del crecimiento económico.”[12]

En una línea parecida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos (Resolución 1/2020) subraya la necesidad de que los Estados observen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y particularmente aquellas referidas a los derechos económicos, sociales y culturales, en las decisiones económicas y políticas. La CIDH agrega además que en el contexto  “…de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, incluyendo la aplicación extraterritorial de dicha obligación, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia.” (Resolución I)

También relevante, en relación a la afectación de derechos de pueblos indígenas por actividades productivas y extractivas la CIDH insta a los Estados a “[a]bstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia.” [13]

Las directrices aquí reseñadas emanadas de organismos internacionales de los que Chile es parte deberían orientar la actuación del Estado y de las empresas en momentos tan críticos  como el de la pandemia del COVID-19 que hoy vive el país y la región, que afecta la salud y la vida de tantas personas, en especial la de los integrantes de los grupos más vulnerables.  Ni el Estado ni la empresa pueden poner en peligro derechos tan esenciales en función de la actividad económica.  El deber de proteger los derechos humanos de los primeros y de respetar los derechos humanos de las segundas, incluyendo la debida diligencia, establecido en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia, adquieren hoy más sentido que nunca.

Desde la sociedad civil mantendremos el monitoreo del actuar del Estado y de las empresas a objeto de asegurar que los derechos humanos no sean vulnerados en el contexto de la pandemia, exigiendo a estos el cumplimiento de las directrices aquí referidas, así como la rendición de cuentas.

• José Aylwin es abogado, coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano. Roberto Morales es Contador Auditor, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Fundación Instituto de Estudios Laborales – FIEL (CUT). Este artículo fue publicado por el Mostrador el 2 de junio de 20202 bajo el título “Las directrices de la CIDH que deben seguir las empresas y el Estado en el manejo de la pandemia”. Disponible en https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/02/las-directrices-de-la-cidh-que-deben-seguir-las-empresas-y-el-estado-en-el-manejo-de-la-pandemia/

[1] https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2020/05/07/Los-frentes-que-abrio-Cencosud-tras-dejar-la-Ley-de-Proteccion-al-Empleo.aspx

[2] https://www.elmostrador.cl/mercados/2020/04/22/empresarios-apuestan-por-la-nueva-normalidad-sutil-insiste-en-retomar-actividad-en-forma-gradual-para-evitar-situaciones-de-hambre/

[3] https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/03/26/presidente-de-la-cpc-y-el-futuro-de-latam-debe-recurrir-a-todas-las-opciones-de-deuda-y-en-una-de-esvbn-tjmmbnhnjnhyhk8ljybjjyknlnkhjllas-a-la-repatriacion/

[4] https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2020/04/08/alcaldes-de-aysen-apuntan-a-empresas-salmoneras-como-responsables-del-70-de-contagios-en-la-region.shtml

[5] https://www.24horas.cl/coronavirus/el-pueblo-altiplanico-que-cerro-sus-puertas-al-covid-19-4120107

[6] http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107913.

[7] https://observatorio.cl/los-plazos-en-el-seia-en-tiempos-de-pandemia/

[8] https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/22/el-gobierno-argentino-lleva-a-la-justicia-a-falabella-y-jumbo/

[9] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1464591/000095010319006447/dp106750_6k.htm

[10] Ver https://larepublica.pe/politica/2020/05/25/coronavirus-pueblo-wampis-demandara-a-petrolera-geopark-por-romper-la-cuarentena-y-ponerlos-en-peligro/

[11] https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

[12] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25836&LangID=S

[13] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

 

El análisis de los plazos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) chileno es una buena forma de entrar y abordar los problemas de asimetría estructural que existen en nuestra institucionalidad ambiental. En efecto, los breves y restringidos plazos con los que cuentan los organismos del estado que participan de los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos, sumado al hecho de que estos plazos no suspenden la tramitación de dichos procedimientos, muestran en toda su extensión las debilidades y restricciones que tiene el estado para realizar observaciones en el SEIA[1].

En contraposición a estas restricciones temporales que tienen el estado para pronunciarse respecto de un proyecto sometido a evaluación ambiental, ni la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente ni su reglamento, imponen a priori plazos para que los titulares respondan las observaciones de los organismos públicos que participan de dicho procedimiento, siendo una facultad discrecional del Servicio de Evaluación Ambiental la determinación de dichos términos, y existiendo siempre la posibilidad del titular (como de hecho ocurre frecuentemente) de solicitar dilatadas ampliaciones para elaborar sus Adendas.

Por su parte, las comunidades afectadas por alguna iniciativa sometida a evaluación ambiental tienen escazas y débiles herramientas para participar de dichos procedimientos que, al igual que los organismos del estado, están constreñidas por los breves plazos que se otorgan para ejercerlas. En efecto, en el SEIA chileno, la regla general es que solo los proyectos evaluados por medio de un EIA tienen un proceso de participación ciudadana y, en caso de existir comunidades indígenas dentro del área de influencia, un proceso de consulta previa con dichas organizaciones.

Por el contrario, en el caso de las DIA (que corresponden a la gran mayoría de proyectos o actividades sometidas al SEIA), inexplicablemente, se excluye la consulta indígena, aun cuando puedan existir comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas, y solo procede un proceso de participación ciudadana si se verifican una serie de requisitos estrictamente normados: que se generen cargas ambientales para las comunidades próximas (entendiendo por éstas, aquellas ubicadas en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del proyecto); que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas; y que dicha solicitud se realice por escrito, dentro del plazo de diez días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto o actividad sometido a DIA de que se trate.

Las restricciones temporales con que cuentan las comunidades para participar de la evaluación ambiental de proyectos que les afecten y hacer valer sus derechos, además, se expresan en los acotados plazos en que se puede verificar la participación ciudadana (20 días para las DIA y 60 días para los EIA), y en aquellos con los que cuentan para ejercer su derecho a reclamar (30 días).

El contexto regulatorio descrito sucintamente, muestra la pro actividad que deben tener los organismos públicos y las comunidades si es que quieren incidir en el proceso decisorio ambiental, al mismo tiempo que evidencia el sesgo pro titular del SEIA chileno. Dichas asimetrías estructurales que tiene nuestra institucionalidad ambiental no han hecho más que reforzarse y profundizarse en el actual escenario de la pandemia que se vive a nivel global producto del Covid-19.

La desconexión que existe entre las autoridades públicas, en particular el SEA, y las realidades locales de los territorios y comunidades, se ha hecho particularmente patente en este nuevo escenario de pandemia. Si bien se han venido realizando una serie de suspensiones de plazos que han sido prorrogadas sucesivamente, dichas suspensiones no han incluido expresamente los EIA que tienen procesos de consulta indígena en curso.

Fue precisamente en este escenario que en marzo éramos alertados por la Comunidad Atacameña de Peine acerca de la intención de la Dirección Regional del SEA de Antofagasta de seguir remotamente con el proceso de consulta indígena en el caso del proyecto minero Zaldívar, que busca renovar autorización para continuar extrayendo aguas subterránea desde su territorio ancestral para sus procesos mineros. En este contexto, no es de extrañar que el Consejo Minero aparezca llamando a “mantener operando el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluidas las participaciones ciudadanas y la consulta indígena”[2].

Esto, no solo evidencia una absoluta falta de sensatez respecto a la brecha digital que existe en nuestro país, sino que también resulta contradictorio con lo que ha venido señalando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a “[a]bstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia” (resolución 1/2020).

Grave también, son los casos donde el SEA ha rechazado directamente las solicitudes de apertura de procesos de participación ciudadana en el caso de las DIA, como sucedió recientemente en el caso del proyecto de Codelco para explorar litio en el salar de Maricunga, territorio de uso y ocupación tradicional del Pueblo Colla, en la región de Atacama.

Por estas razones, resulta urgente la suspensión de plazos para la evaluación de proyectos, con el objetivo de poder realizar una óptima evaluación ambiental y así resguardar su salud y los derechos de los ciudadanos, comunidades y territorios.

 

Felipe Guerra

Abogado, Coordinador Área Jurídica, Observatorio Ciudadano

[1] Cinco días para realizar el examen de admisibilidad de una DIA o EIA; 15 o 30 días para pronunciamientos sectoriales dependiendo de si es una DIA o EIA; 30 o 45 días para decretar el término anticipado del procedimiento por falta de información relevante o esencial dependiendo de si es una DIA o EIA; 15 o 30 días para la elaboración del Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones (ICSARA), dependiendo de si es una DIA o EIA; 15 días para la elaboración del ICSARA complementario; 10 o 15 días para pronunciarse respecto a las Adendas del titular, dependiendo de si es una DIA o EIA; cuatro días para visar el Informe Consolidado de Evaluación.

[2] En el marco de una mesa público privada, el consejo minero le entregó al Ministerio de Economía los requerimientos para tener continuidad operacional en la industria, tomando en cuenta las restricciones por el Covid-19. Fuente: La Tercera, 5 de mayo de 2020.

7 de mayo del 2020

Las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre la relación entre deberes y derechos humanos, han abierto una controversia negativa para la labor de esta institución. Relativizar la incondicionalidad de éstos últimos y olvidar que los deberes en dicho ámbito son del Estado, debilita la capacidad del INDH para velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. No se trata, por tanto, de una controversia sobre la validez o integridad doctrinaria de opiniones personales, sino de una afectación al cumplimiento del mandato legal del Instituto de promover y proteger los derechos humanos en el país.

Lamentablemente no se trata de un problema aislado, sino de una reiterada generación de confusiones que han dado pie a fundadas críticas por parte de defensores y defensoras de derechos humanos, académicos, desde el mundo político y de la sociedad civil en general. La prolongación en el tiempo de este tipo de confusiones es grave, toda vez que afecta la credibilidad y fortaleza técnica de las actuaciones de quien encabeza el INDH, así como la legitimidad que le concede la ciudadanía, las que constituyen recursos fundamentales para el cumplimiento de las tareas que le encomienda la ley.

Se trata de una controversia especialmente grave en el contexto de crisis de derechos humanosque atraviesa el país, primero en el contexto del estallido social, y luego en el complejo escenario actual del Covid-19. Se trata de una realidad que ha sido reconocida y denunciada por múltiples organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ella afecta, por un lado, la confianza que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben tener en el INDH para exigir su actuación y, por otro, su reconocimiento por parte de los distintos organismos del Estado para acoger sus recomendaciones.

La situación requiere una rectificación pública y clara por parte del director sobre la incondicionalidad de los derechos humanos. Así como un esfuerzo activo por integrar visiones que permitan al Consejo avanzar planteamientos comunes. Ello ayudaría a despejar las dudas de que su compromiso con estos derechos y por hacer efectivo el mandato legal del INDH está por sobre la mantención de los equilibrios políticos que, dada la forma de integración del consejo del INDH, este tiene. Es más, se requiere que en dicha integración se cumpla cabalmente con lo que la ley exige a los/las Consejeras, esto es, contar con una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos, cuestión que como consta a las organizaciones de derechos humanos no es efectiva en el caso de varios de sus integrantes.

Asimismo, exige un esfuerzo por reconstruir la confianza en la Institución, de modo que no existan dudas en la población cuyos derechos humanos el INDH está llamado a promover y proteger, sobre la plena autonomía que ostenta el organismo respecto del Estado y el actual gobierno.

El mismo esfuerzo que se exige al director, debe ser exigible a su Consejo, el que debe tener presente, más allá de las visiones políticas, filosóficas o religiosas de quienes lo componen, el desafío que representa hacer efectiva la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados que la ley mandata al INDH en circunstancias tan especiales y complejas como las que hoy enfrenta el país. En tal sentido, saludamos las voces de consejeras y consejeros que han aclarado públicamente la incondicionalidad de los derechos humanos, el mandato del INDH y contribuido así a defender la confianza en su actuación.

José Aylwin, presidente de Fundación Observatorio Ciudadano

Milagros Nehgme, directora ejecutiva de Corporación OPCIÓN

Claudio González, director de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas – FASIC

Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram

Sergio Laurenti, director ejecutivo de Good Neighbors Chile

Por José Aylwin y Lorena Arce

A la fecha se sigue observando un excesivo movimiento al interior de Puerto Williams. Preocupa gravemente la decisión de la autoridad de no detener la actividad económica, amenazando así la salud y la vida de quienes habitan en esta localidad y, en especial, de los integrantes de la comunidad yagán, quienes debido a sus condiciones de pobreza material, salud y precariedad de las viviendas, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad frente a la pandemia.

La comunidad yagán de Puerto Williams está enfrentando hoy, por el COVID-19, una nueva amenaza a su supervivencia. Con una población de 94 personas, esta comunidad habita hoy en esa localidad ubicada en la Isla de Navarino, en la Región de Magallanes, la que es parte del que fuera su extenso territorio ancestral en los canales al sur del Estrecho de Magallanes. Desde la década del cincuenta, los sobrevivientes de este pueblo fueron forzosamente trasladados allí por la Armada en la entonces recién creada base naval de Puerto Williams, pasando a establecerse en las márgenes de la base, en la que hoy es conocida como Villa Ukika.

No sería la primera vez que este pueblo canoero y nómade –que habitó por milenios en el extremo sur del continente, concentrándose mayoritariamente en las inmediaciones del canal Beagle– sería reasentado. La primera oleada fue aquella impulsada en la segunda mitad del siglo XIX por las misiones anglicanas (South American Missionary Society) establecidas en Ushuaia en 1869, en la costa norte del canal Beagle.

Fue en el contexto de dicha sedentarización cuando se generó el colapso demográfico de este pueblo, como consecuencia de las pestes –tifus, neumonía y sarampión, entre otras– que contraerían en las misiones producto de la llegada de naves de diversos orígenes. Así, por ejemplo, en 1884 recalaría en dicha localidad una nave argentina trayendo enfermedades que, en un par de años, causarían la muerte de la mitad de la población yagán, para entonces estimada en un millar de personas. Nuevos episodios de contagios seguirían impactando a los yagán, cuya población, como consecuencia de ello, para comienzos de siglo XX disminuyó a menos de un centenar.

Dicha experiencia traumática para este pueblo y muy cercana en su memoria, en especial en la de los ancianos, es la que alarma a la comunidad en momentos en que el COVID-19 golpea a Puerto Williams con particular fuerza y en que las acciones adoptadas desde el Estado, a todas luces, parecen ser insuficientes para prevenir un contagio masivo allí.

En efecto, de acuerdo al Ministerio de Salud, al 20 de abril había en la comuna Cabo de Hornos –en que se ubica Puerto Williams– 17 personas contagiadas por el COVID-19. Se trata, según la misma fuente, de la segunda comuna en Magallanes, luego de Punta Arenas, con mayor cantidad de contagios y de un número muy elevado, si se considera que la población total de dicha comuna asciende a solo 2.063 personas (Censo 2017).

Si bien el 23 de marzo se declaró cuarentena total en la Isla Navarino, permitiendo el acceso solo a los transportes con suministros de alimentos, medicamentos y bienes básicos para la población, el 6 de abril esta fue levantada por razones que se desconocen, siendo reemplazada por un cordón sanitario como parte del Plan de Acción Nacional del Minsal para hacer frente a la pandemia.

A pesar de ello, a la fecha se sigue observando un excesivo movimiento al interior de Puerto Williams. Preocupa gravemente la decisión de la autoridad de no detener la actividad económica, amenazando así la salud y la vida de quienes habitan allí y, en especial, de los integrantes de la comunidad yagán, quienes debido a sus condiciones de pobreza material, salud y precariedad de las viviendas, se encuentran en una situación de particular  vulnerabilidad frente a la pandemia.

Cabe señalar que la comunidad yagán cuenta con 10 adultos mayores, entre los que se encuentra Cristina Calderón, reconocida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como “tesoro humano vivo”, quien a sus 92 años es la última hablante de la lengua yagán, la que enseña a los menores como parte de la herencia cultural de la comunidad. Muchos de los adultos mayores presentan enfermedades pulmonares por su alta exposición al frío, debiendo recurrir al hospital de Puerto Williams, lugar hoy poco seguro, dado que fue allí donde se originaron los primeros contagios con COVID-19.

En un comunicado urgente, la Comunidad Yagán de Puerto Williams llamó en estos días a las autoridades nacionales y regionales a reponer la cuarentena en la Isla Navarino, hasta que se haya controlado la situación, se identifiquen y aíslen las personas contagiadas; a establecer protocolos que aseguren que la actividad económica en Puerto Williams y entorno no acelere los contagios de COVID-19; y a elaborar un protocolo especial, con el consentimiento de la comunidad, para dar asistencia adecuada en caso de contagio de alguno de sus integrantes, en especial los ancianos. También pidió materializar el apoyo económico comprometido a través de Conadi para la comunidad, para satisfacer las necesidades básicas –alimentos, leña para calefacción, entre otros– de sus integrantes, cuestión que hasta ahora no se ha materializado.

Cabe hacer presente que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala, en su artículo 7, que las personas indígenas tienen “derecho a la vida, la integridad física y mental… y la seguridad de la persona” y que los pueblos, como sujetos colectivos, tienen “el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos” y a no ser “sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia”. El Estado chileno, al suscribir esta declaración, se comprometió a adoptar todas las medidas para hacer posible la materialización de estos derechos.

Ante la crítica realidad aquí descrita –de la que los estados de Chile y Argentina hasta hoy no se han hecho cargo de manera adecuada– cabe preguntarse: ¿qué esperan las autoridades para evitar que la trágica historia vivida por el pueblo yagán se repita nuevamente hoy con el COVID-19, acabando quizás para siempre con este pueblo y su cultura?

Por Pamela Poo para El Mostrador

Entonces donde estamos ahora, desde mi visión, es en una cuerda floja, en la cual podemos caernos o cruzarla al otro extremo, tenemos una pequeña chance de hacer un cambio de conciencia y en la forma en que nuestras economías y países se desarrollan. ¿Es necesario contar con todos los bienes y servicios que consumíamos antes de la pandemia? La verdad es que no, nuestras vidas deben recuperar espacios que hemos perdido y volcarnos hacia una transición socioecológica, que permita hacer las cosas de otra manera. No podemos seguir creyéndonos que el dogma económico y antropocéntrico es la única receta que tenemos para generar bienestar.

El mundo se ha detenido y lamentablemente no lo hizo a tiempo. durante décadas, distintas generaciones de mujeres y hombres que se han dedicado a materias medioambientales, hemos denunciado la necesidad de realizar un giro diametral en nuestra relación con la naturaleza. Lo anterior es y ha sido desoído, el mundo siguió en su afán por el exacerbado consumo y la extracción de bienes comunes que nos otorga la naturaleza.

La carrera loca que el mundo llevaba ha sido puesta en jaque por la pandemia, muchos y muchas recluidos en sus casas con la esperanza que esta tormenta pase rápido y poder reconectarnos con la vida normal en la que estábamos. Ahora bien, la pregunta que surge ¿es eso lo que queremos? Si me preguntan a mí, la verdad que la vida que traíamos antes de la pandemia nos encausaba directo al abismo.

Lamentablemente, tuvimos que vernos sometidos a una situación extrema como esta, para tener un botón de muestra de lo que produce y seguirá produciendo la crisis climática y ecológica. De hecho, se debe resaltar que ya muchos expertos plantean que la pandemia surge por la pérdida de los ecosistemas que se produce por la desforestación y el modelo agroalimentario que tiene el mundo, hay que ser conscientes que saborear la carne requiere la pérdida de ecosistemas ante un modelo de alimentación totalmente vulnerable, debido a las grandes y concentradas compañías que lo manejan.

Debemos iniciar, por lo menos, la discusión de otros paradigmas de desarrollo y relación con la naturaleza, porque si bien hoy con la pandemia las emisiones han disminuido y tenemos cielos más limpios, algunos animales han aparecido en espacios en donde los humanos transitaban y las aguas se ven menos turbulentas, tristemente es sólo una pausa y se puede borrar en un chasquido de dedos.Entonces donde estamos ahora, desde mi visión, es en una cuerda floja, en la cual podemos caernos o cruzarla al otro extremo, tenemos una pequeña chance de hacer un cambio de conciencia y en la forma en que nuestras economías y países se desarrollan. ¿Es necesario contar con todos los bienes y servicios que consumíamos antes de la pandemia? La verdad es que no, nuestras vidas deben recuperar espacios que hemos perdido y volcarnos hacia una transición socioecológica, que permita hacer las cosas de otra manera. No podemos seguir creyéndonos que el dogma económico y antropocéntrico es la única receta que tenemos para generar bienestar.

Es necesario que los gobiernos, el parlamento y la ciudadanía reflexionemos sobre cómo podemos configurar una transición que nos permita tener la oportunidad de salir de la crisis climática y ecológica o, por lo menos, contenerla, con el fin de esbozar un futuro no tan lejano que sea una oportunidad de remediar lo que hemos destruido, porque me temo que de no hacerlo, lo que va a ocurrir en la mayoría de los países del mundo, es que para recuperar la economía se van a volcar a un extractivismo extremo, para además sustentar un modelo económico errado que es en gran medida lo que nos trajo aquí.

Si los países toman la mala decisión de volcarse a un extractivismo 2.0, llegaremos a un punto de no retorno, no es posible que las actuales economías sigan sacrificando ecosistemas, compatriotas y territorios, por un modelo que genera inequidades y la subvaloración de los derechos humanos, la falta de agua, la contaminación de los suelos y del aire, los que generan problemas graves a la salud y la perdida de ecosistemas vitales.

Por último, esta pandemia es una oportunidad, frágil, pero es una oportunidad, en el caso chileno tenemos ad portas un posible cambio a la Constitución en donde podremos debatir dicha transición. Aquello no será fácil y requiere de ciudadanos y ciudadanas conscientes de los desafíos que tenemos por delante. El tiempo se acaba, sólo nos quedan 10 años para dar el salto cuántico para crear una mejor sociedad que genere una relación sana con la naturaleza y que resuelva las profundas desigualdades que hoy nos golpean en la cara.

Por Osvaldo Torres para El Mostrador

Una cuestión clave que se vuelve a poner sobre la mesa, es la capacidad del Estado de Chile y sus autoridades para garantizar los derechos humanos de todos los que habitan el territorio nacional. Venimos de una grave crisis de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos, en particular al derecho la integridad física y psíquica, por la ejecución de torturas, violencia sexual y disparos de perdigones premeditados a la población que se manifiesta contra la situación de desigualdad y abusos a la dignidad a la que es sometida parte importante del país. Esta situación, ha provocado una polarización en que un gobierno minoritario e incapaz de resolver por métodos políticos y pacíficos la crisis, insistía en la represión y un discurso de odiosidad hacia los manifestantes.

Pero llegó el Covid 19 que ha roto la normalidad de la vida cotidiana: las rutinas y formas que adoptaban las relaciones familiares, afectivas, laborales, barriales. También está golpeando la subjetividad, las certezas y la sensación de vulnerabilidad se esparce por los habitantes. La fragilidad de la vida se hace evidente, particularmente para los grupos de mayor riesgo como son los adultos mayores, la gente más pobre y con menos acceso a servicios sociales y de salud pública.

En este contexto, la responsabilidad de las autoridades públicas vuelve a poner a prueba su concepción y la valoración que le dan al respeto de los derechos humanos, al momento de tomar decisiones –o de no tomarlas- que afectan a la población. Dicho de otra forma, si en una emergencia como ésta la base ética y política de su actuar será garantizando la vida y la integridad de las personas, antes que el interés particular de algunos grupos de poder.

En esta situación están en juego un conjunto de derechos que deben ser respetados, pero por la forma que han evolucionado los acontecimientos y las decisiones, el Covid 19 se sigue expandiendo, a pesar de conocerse en enero. Las medidas preventivas radicales podían haber sido efectivas, pero se prefirió esperar.

Ahora se ha declarado el Estado de Catástrofe, dando el mando unificado a las autoridades militares en las regiones que se definan y éstas serán responsables de limitar tanto las libertades de reunión y movimiento como el derecho a la propiedad y podrán requisar bienes por interés público. Naciones Unidas ha hecho la prevención que estas facultades deben durar solo lo necesario, no ser discriminatorias y no deben prestarse para sofocar la disidencia ni el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos.

Desde la perspectiva del derecho a la salud, se ha expresado, en forma reiterada, por el Colegio Médico, las Asociaciones de Municipios y otras organizaciones de la sociedad civil la preocupación   por lo tardía y poco radicales de las medidas adoptadas para frenar y dar seguimiento a los casos que ingresaban al país. En el aeropuerto, y no en todas las fronteras, se pedía una mera declaración, luego una declaración “jurada”; después se estableció el cierre de fronteras para algunos países de origen, y recién desde este 18 estamos con las fronteras clausuradas. También se ha informado que, desde hace pocos días, a falta de una red pública de salud, se buscan arriendos de hoteles y centro de eventos, para adaptarlos a la emergencia. A su vez, el transporte público saturado y sin medidas sanitizadoras, hasta el lunes 16  funcionaba normalmente. Respecto del gran comercio en plena fase 4 siguió operando a pesar de las protestas de los trabajadores, hasta que las alcaldías comenzaron a clausurarlos.

El crecimiento del contagio se mueve exponencialmente, según el contacto: una persona contagiada a tres contactos por día provocaría en 15 días –si nada se hace- 14.348.907 contagiadas. Por ello, la cuarentena era y es imprescindible, los exámenes –que le pusieron precio los primeros días- deben ser gratuitos, así como el tratamiento. Los precios de los medicamentos recetados deben estar controlados y ser requisados los insumos. La vida está primero que el lucro.

Pues bien, el derecho a la salud física y psíquica requería de reacciones rápidas y decididas, que las tomaron los municipios. Estas medidas, que terminarán por imponerse deben implicar la protección de todos los derechos laborales y un apoyo estatal para su cumplimiento. En este caso se trata de garantizar la salud y la sobrevida asegurando el puesto de trabajo y su ingreso mensual –que de otra manera puede ser la ausencia justificada al trabajo por catástrofe natural-. Por otra parte, para los trabajadores independientes y precarizados, se necesitan medidas específicas que les permita sobrevivir, como subsidios de emergencia, centros de acopio y distribución de alimentos, entre otros. También se requieren normas obligatorias para suspender el pago de deudas y créditos diversos.

Los niños y niñas que se encuentran en los centros o bajo tuición del Sename, deberían ser monitoreados en el cumplimiento de la protección de sus derechos, con informes diarios y públicos, pues son un grupo de especial protección, que tiene un historial de violaciones por parte del Estado que aún no son subsanadas. Así también debiera haber un seguimiento de la situación de todo centro de atención –formal e informal- de adultos mayores que queda en riesgo, debido al tipo de población, calidad de la atención y medidas de resguardo. Cuestión similar debe adoptarse con las personas discapacitadas, enfermos crónicos y la población migrante; la que no puede ser discriminada. Otro lineamiento fundamental a considerar, según el Comité de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, es que la violencia por razón de género contra la mujer se amplía en situaciones de crisis políticas, emergencias humanitarias y desastres humanitarios.

Desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, corresponderá vigilar y monitorear el desempeño de los servicios de salud, educación, el cumplimiento de las normas laborales para casos de emergencia, entre otras. Debido a la experiencia reciente, se requiere estar alerta en el desempeño de las FFAA y de Carabineros, los que tomarán el control de la situación y puede prestarse para arremetidas represivas arbitrarias y los abusos. Ante esta situación, el desafío para los organismos de derechos humanos es amplio y requerirá adecuar la capacidad de movilización a las nuevas tareas.

En este contexto el director del INDH, S. Micco, señaló recientemente que “son momentos en que los chilenos y chilenas tenemos que estar unidos en contra del coronavirus”. Es bueno que la opinión pública sepa que él despidió en medio de esta situación crítica, a los jefes de las unidades de Administración y Finanzas (herido por carabineros en octubre 2019), y de Estudios (encargado del Informe sobre derechos humanos 2019), por “necesidades de la empresa”, asestando un nuevo golpe a la autonomía, unidad y fortalecimiento institucional.

Por: Bárbara Astudillo Delgado y Nataly Campusano Díaz para El Desconcierto

¿Cómo cumplir con la alerta sanitaria en un territorio que tiene una crisis hídrica que le impide cumplir las medidas preventivas?  ¿Cómo lavarse las manos en un lugar donde no hay agua?

El agua es un elemento vital en circunstancias normales. En la vida cotidiana se utiliza para beber, lavar, la higiene personal, cocinar, limpiar, botar los desechos humanos, etcétera. En cada una de las actividades de la vida diaria, el agua está presente.

Donde no lo está es en la Provincia de Petorca; como tampoco en Cabildo, algunas zonas de Viña del Mar o el Cerro Rocuant. No han podido y no pueden acceder a ella desde hace años e incluso décadas. Las personas se abastecen con camiones aljibes que llevan litraje que no alcanza para subsistir una semana entera en condiciones adecuadas.

El problema, obviamente, se agudiza cuando las condiciones no son las óptimas, tal como en este momento de pandemia mundial producto del coronavirus, que tiene más de 150 mil contagiados alrededor del globo y 7.500 muertos, cifras que probablemente hayan aumentado una vez publicada esta columna.

En Chile la situación no es ajena. Al contrario, estamos viendo cómo nuestro país se está convirtiendo en el segundo con mayor crecimiento exponencial del planeta. Actualmente hay 201 casos confirmados y entramos a Fase 4, con una alerta sanitaria a nivel nacional.

Pero, ¿cómo cumplir con la alerta sanitaria en un territorio que tiene una crisis hídrica que le impide cumplir las medidas preventivas?  ¿Cómo lavarse las manos en un lugar donde no hay agua?

La situación es grave para la Comuna de Petorca y la no liberación del agua puede gatillar una situación incontrolable. El elemento vital se utiliza para prevenir la expansión del virus, no solamente con el lavado de manos, sino también para limpiar las diferentes superficies del hogar y así desinfectarlas.

Además, el agua siempre ha sido el mejor aliado para combatir cualquier infección viral que afecte las vías respiratorias. Al presentar síntomas o derechamente contraer COVID-19, el agua es completamente necesaria para salvar una vida, profundizando la higiene necesaria en la persona afectada como de su cuidador, al igual en la medida que se beba líquido puro, evitando otros males y aportando como otro tipo de medicina que ayude a mantener nuestra temperatura en niveles saludables.

Hoy es necesario extremar medidas para la prevención del virus, la realización de cuarentena es vital y más aún la liberación del agua, en abastecimiento continuo. En una emergencia sanitaria como esta, todos y todas deben acceder al agua y a su uso sin restricciones. La privatización del agua nos pone en desventaja; hoy no es un derecho ni siquiera para esta emergencia. Eso debe terminar ahora.

Paz Neira Barría. Red de Defensa de los Territorios – Araucanía. Es parte además de las agrupaciones Melipeuco Ríos Libres y Movimiento Agua y Territorio.

1. Contexto General

 Como es sabido, en plena dictadura, el año 1981 comenzó a regir el Código de Aguas, instrumento jurídico que categorizó al agua como un bien de consumo transable, es decir, sujeto a las lógicas y características propias del mercado. Algunos de sus objetivos fue posibilitar la inscripción de derechos de agua por parte de privados, estimular el mercado del agua y separar la propiedad del recurso de la propiedad de la tierra.

Este modelo de gestión de agua ignoró completamente el medio ambiente y las necesidades sociales. Como consecuencia, estamos evidenciando la sobre explotación del agua por parte de privados. A nivel nacional, la principal consumidora es la agricultura (73%),la industria (12%), mineros (9%) y fines domésticos (6%)[1].

 

Desde el año 2010 el territorio entre Coquimbo y la Araucanía, ha presentado un déficit de precipitaciones de un 30%, con una mega sequía sin precedentes en el registro histórico[2]. Además de la sequía derivada del cambio climático, los recursos hídricos están en proceso de agotamiento hace décadas en la zona centro y norte de Chile. La insaciable demanda de agua por parte de la minería, la agricultura y la generación de energía, además de la contaminación de los cursos de agua superficiales y subterráneos está generando un déficit crónico de agua en las zonas antes mencionadas[3]. Esto ha llevado al agotamiento de los derechos de agua en muchas cuencas. En el caso de la Araucanía en la cabecera de las cuencas no existe disponibilidad de derechos en ninguna época del año. Así mismo en el río Allipén, donde no hay derechos permanentes disponibles, sólo quedan derechos eventuales y de abril a diciembre[4].

 

La crisis del agua tiene diversas causas. Sin duda una de las más importantes es el status legal y jurídico del agua  y la concentración de derechos. Pero además la sobreexplotación de los acuíferos superficiales y subterráneos, el alto uso para actividades agroforestales, para generación eléctrica, el hecho de que la isoterma se haya elevado se traduce en una disminución de los depósitos de nieve. La contaminación de las aguas, la falta de gestión de la cubierta vegetal que protege a las cuencas, además de la disminución de las lluvias y el aumento del calor, generando más evaporación. [5]

 

En un contexto de Cambio Climático, donde las precipitaciones han disminuido –y seguirán disminuyendo- de forma grave, la apropiación del agua es especialmente grave, ya que de ella depende la vida: personas, culturas, ecosistemas, etc. Ya estamos presenciando en la zona central los efectos de una sequía que ha durado demasiado tiempo, y que todo indica que sólo se agravará. Si bien se ha estudiado bastante la sequía y sus proyecciones en la zona central de Chile, poco se ha dicho sobre la zona sur. En este texto hablaremos de la situación hídrica en la región de la Araucanía.

2. Crisis hídrica en la Araucanía

 Dentro del imaginario colectivo, la Región de la Araucanía es un territorio de abundante agua: verde, lluviosa, y con enormes ríos. Antes de la ocupación chilena del territorio, éste estaba cubierto de bosques, y se desarrollaba una agro ganadería a pequeña escala y en espacios cerrados.

La llegada del estado, y sus nuevas técnicas de producción mucho más intensivas, cambió a fuego, hacha y corvina este paisaje. Enormes superficies  de bosque ardieron por meses para crear nuevas pampas para el uso agrícola y ganadero. Además, se implementaron cultivos, principalmente cereales y papas. Enormes superficies de bosques fueron talados para abastecer la insaciable demanda de madera y leña de las crecientes ciudades, e incluso mediante el tren se llevaba al resto del país[6].

Así, con el paso de los años, el territorio y su ocupación han ido cambiando, así como el uso del agua en la Araucanía.

Se estima que la región de la Araucanía tiene una disponibilidad natural de agua alta (entre 6.000 m3/persona/año, y 49.000m3/persona/año)[7]. Y sin embargo, como veremos, también está en una situación crítica y es y será fuente de grandes conflictos en el territorio, directamente relacionados con el acaparamiento de ésta por ciertos sectores productivos, en desmedro de las poblaciones, especialmente rurales.

 

La región tiene  tres cuencas principales: la del río Imperial, la del río Tolten y la cuenca alta del Bío Bío (Icalma, Galletué). El río Imperial y Tolten son ríos de transición, que se alimentan de un régimen mixto nivoso y pluvioso[8]. Las precipitaciones en la región han ido bajando de forma rápida y preocupante. Así lo indican los registros históricos de la Dirección General de Aguas (DGA).

 

 

En cuanto a los caudales de los ríos, al bajar las precipitaciones y subir la isoterma 0 (que hace que se junte menos nieve en la cordillera), también han ido bajando de forma sostenida y alarmante, especialmente en las cuencas de los ríos Bío Bío e Imperial.

 

Tabla: Comparación de caudal medio anual registrado en el año 2016 con el caudal medio histórico y porcentaje de déficit para 9 estaciones fluviométricas seleccionadas de la  Región de la Araucanía.

 

 

Respecto a las aguas subterráneas es poco lo que se sabe, ya que se están monitoreando sólo desde el 2013. La Política regional de Recursos Hídricos señala que entre los años 2013 y 2016, la DGA elaboró un estudio hidrogeológico, financiado por un FNDR. Dentro de sus resultados, centrados en las aguas subterráneas, se señala algunos puntos que queremos destacar[9]:

• La constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas ha registrado un importante aumento. Actualmente el uso de estas aguas corresponde a agua para consumo humano y animal (55%), agua para riego (33%), aguas para uso industrial (10%), y otros usos (2%).
• Identificación de dos niveles acuíferos a nivel regional, uno superficial (a menos de 20 m) y otro profundo (más de 20 m). Los pozos situados en el primer nivel tienden a secarse en una simulación a corto plazo.
• Los estudios señalan que en la región el funcionamiento del agua subterránea está estrechamente relacionada con el funcionamiento de los ríos, especialmente la capa superior. Por esto, es necesario entender mejor esta relación y sus cambios en el tiempo, así como la relación entre aguas superficiales y subterráneas.

 

Un hecho escandaloso son las cifras que dan cuenta del acaparamiento de los derechos de agua en la región. Entre todas las Sanitarias, Comités de Agua Potable y Comunidades indígenas tienen derechos por 7.152 litros por segundo de un total de 192.729, correspondientes a un 3,7 % del total regional[10].

La mayor parte de los otros derechos de agua, tienen como destino prioritario el riego, pero en esta región se riega una superficie mucho menor, por lo que se desprende que estos derechos no  se están utilizando. Aún[11]. La concentración de los derechos de agua es impresentable.  Veamos los datos.

Es decir, 2.361 titulares (un 49% del total), tiene apenas el 1% de los derechos de agua otorgados, con un caudal promedio de 0,5 l/s. Por otro lado, 16 titulares tienen casi el 23% delos derechos entregados, con un caudal promedio de 2.730 l/s. Simplemente escandaloso.

Al preguntarse sobre a qué sector va esa agua, podemos decir que una gran mayoría (81,6%) está destinada al sector agropecuario. La misma fuente señala que aunque casi la totalidad de los derechos de agua (96,3%) se han otorgado con el destino prioritario de riego, pero en la región sólo se riegan 40.000 hás, con un uso real de 50 l/s, por lo que se presume que estos derechos de agua no se aprovechan[12].

Así, el sector agropecuario acapara la mayoría delos derechos de agua pero no los usan, y además pagan millonarias patentes por ello[13]. Me parece esta situación se puede explicar como un millonario negocio a largo plazo. Cuando la escasez hídrica sea más grave, esos derechos valdrán mucho dinero.

 

Otro elemento importante es la calidad de las aguas. Las diferentes actividades económicas y productivas han ocasionado una importante pérdida de calidad de los acuíferos. Revisemos algunos casos. Respecto a la cuenca del río Imperial, la Política Regional de Recursos Hídricos señala que estudios científicos han determinado el deterioro de la calidad del agua. Se mostró que en 12 puntos analizados en dicho río, en  6 de ellos la calidad del agua era “mala”, en 4 la calidad “regular” y en sólo 2 tuvieron la categoría “buena”[14].

El lago Villarrica es uno de los lagos más contaminados de la región, y su acelerado proceso de eutrofización se debe al uso de contaminantes y nutrientes por el uso de suelo (agricultura), las que significan entre el 70% y el 80% de los contaminantes. El resto, se debe a otras fuentes como las  Pisciculturas, descarga de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de Pucón, y la falta de tratamiento en Curarrehue[15].

• Miles de personas sin agua y el negocio de los camiones aljibe.

 La encuesta Casen 2015 estima que en Chile un 3,6% de la población carece de Servicios Básicos, dentro de los que se consideran agua potable y alcantarillado. En el caso de la Región de la Araucanía, esta cifra sube a un desolador 13,9% en el año 2015 aumentando a un 18,1% el año 2017[16]. Si consideramos que además somos la región más pobre de Chile (17,2% de incidencia de pobreza, cuando el promedio nacional es de 8,6%)[17], la situación es preocupante.

La situación es especialmente crítica en los sectores rurales, donde se concentra la población regional sin acceso a una red pública de agua (un 22% de la población regional). Estos sectores, que se abastecen de agua de pozos o vertientes son los más expuestos a la crisis del agua, ya que las fuentes de agua tradicionales se han udo secando o deteriorando[18].

El número de familias que depende de camiones aljibe para abastecerse de agua va creciendo año a año, en una crisis que se prevé se intensifique en el futuro. De acuerdo a cifras de la ONEMI del 2016, en la actualidad las 32 comunas de la región sufren de déficit hídrico, y deben abastecerse con camiones aljibe 92.461 personas, correspondientes al 10,6% el total regional[19].

Fuente: Comisión  

Un interesante reportaje de Ciper reveló que la región de la Araucanía es la segunda región donde más recursos se han gastado en la repartición del agua en camiones: $17.996 millones entre 2010 y agosto de 2016[20]. Un hecho alarmante es que en esta región es notoria la cantidad de adjudicaciones por trato directo a proveedores, lo que debería ser una herramienta excepcional para una crisis puntual, destinado a emergencias o imprevistos. Considerando que la crisis se ha ido agravando con los años, es necesario clarificar cómo, a quiénes, y a qué precio se están contratando estos servicios. En varios municipios se acusa que estos gastos son usados para favorecer a amigos políticos de las autoridades municipales, aunque poco se ha investigado judicialmente al respecto.

 De acuerdo a este reportaje, los principales proveedores de servicios de camiones aljibes y los montos de sus prestaciones en la Araucanía son: Gustavo Ketterer Figueroa ($ 446.010.323), Luis Farias Cisternas ($ 425.459.678), Mario Peña Riquelme ($295.235.699) y Transportes Hettich  Ltda. ($268.726.855). [21]

Al indagar acerca de quiénes son estas personas, llama la atención que Luis Farías Cisternas es de Collipulli, miembro de la directiva comunal de la UDI, y presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Collipulli. Mario Peña Riquelme, es presidente del Club de Rodeo Criollo Los Corraleros de Carahue.

• Usos y abusos extractivistas del Agua en la Araucanía

Al estar el agua privatizada ésta ha sido utilizada de forma desmedida por diversos sectores productivos. Veamos a continuación algunos de ellos.

Sin duda uno de los más importantes en la Región es el impacto de las plantaciones forestales. En los años ´70, de la mano de Ponce Lerou y su Decreto Ley 701 del año 1974, llegaron con fuerza a la región, penetrando en espacios que antes eran dedicados a la agricultura, o reemplazando el diverso bosque nativo por cientos de miles de hectáreas de pinos y eucaliptus. Según el Censo del 2007  en la Araucanía, el 64,3% del suelo estaba dedicada al uso forestal, siguiendo los cereales con un 18,5% y plantas forrajeras con un 9,8%[22].

Las plantaciones forestales usan una mayor cantidad de agua en la evapotranspiración, por intersección de dosel, además ls pérdida de suelo por la tala y manejo genera la contaminación de las aguas por el transporte de sólidos suspendidos, los que degradan el hábitat acuático y rompen las conexiones suelo- agua, además de acarrear partículas contaminantes, haciendo más difícil y riesgoso su consumo.[23]

La mayor parte de la superficie de las plantaciones forestales se encuentra en la provincia de Malleco, en las comunas de Lumaco, Los Sauces, Collipulli, Ercilla, Galvarino, Cholchol, Tolten y Carahue. Estas comunas han evidenciado las consecuencias de los monocultivos: pérdida de tierras, pérdida de suelo, agotamiento de las napas subterráneas y superficiales de agua, sustitución del bosque nativo, erosión del suelo por tala rasa, migración rural urbana, pobreza y despojo de tierras ancestralmente mapuche[24].

 

Sin duda el desarrollo de proyectos hidroeléctricos ha sido  uno de los ejes de desarrollo que más conflictos han tenido en la Araucanía.  Una de las estrategias empresariales ha sido hacer proyectos de menos de 3 MW, los cuales evaden toda clase de evaluación Ambiental.

Si bien estos proyectos parecen deseables desde el discurso oficial en torno a la descarbonizacón y el cambio climático, se ocultan los impactos en las comunidades locales, especialmente mapuches, como: impactos socio culturales y religiosos, impactos económicos, en las relaciones comunitarias, en los ecosistemas, entre otros. Estos impactos son irreversibles, incompensables, y perdurables en el tiempo, y responden a los intereses económicos de los empresarios más que a las necesidades sociales.

Las centrales de pasada han generado años de luchas y resistencias  en los territorios de Curacautín, Cunco, Melipeuco, Villarrica, Pucón, Curarrehue, Freire y Pitrufquén. En todos estos lugares las comunidades mapuche y organizaciones socio ambientales, han llevado su disputa en el plano administrativo, judicial y la protesta social.

Otro rubro de la agroindustria que genera graves impactos en las aguas son las pisciculturas de agua dulce. La Araucanía no tiene cultivo de salmones en el mar, pero sí una gran cantidad de centros de cultivo de agua dulce, los que se ubican en sectores cordilleranos. Allí, emulando las condiciones naturales de reproducción de los salmones, crían los huevos hasta el tamaño smolt, para luego ser llevados  a crecer al mar. Las pisciculturas toman las aguas de los ríos más puros, la pasan por las piscinas y luego las devuelven a los cursos de agua. La calidad del agua que devuelven en generan es de muy mala calidad, con mal olor, y llena de sedimentos de fecas, comida, antibióticos y sal. Esto genera la contaminación de los cursos de agua y enormes impactos en los territorios.

• Nuevas amenazas sobre el agua en el territorio

Si bien hasta ahora el desarrollo de la agricultura intensiva había estado limitada a los cereales y papas, se está viendo que la región de la Araucanía está experimentando un rápido cambio de su uso de suelo caracterizado por la expansión de la frontera frutícola hacia el sur. Avanzando a la par que el cambio climático y la crisis hídrica –que sin duda ellos mismos han generado- la fruticultura está avanzando hacia el sur en busca de agua. De hecho, uno de los ejes de desarrollo del Plan Impulso Araucanía es la conversión de suelos de cultivo de cereales y forraje a la fruticultura  y otro es la liberación de las tierras indígenas al mercado. Sin duda el aumento de la presión sobre la tierra, agua, poblaciones y territorios en el sur de Chile generará cambios y conflictos en el futuro.

Otra faceta de este punto es la reconocida contaminación que la agricultura intensiva genera en los cursos de agua. Ríos, lagos y mares aceleran su deterioro por la infiltración de pesticidas y nutrientes a los curos de agua superficial y subterránea, acelerando el proceso de eutrofización.

 

Otras de las estrategias de sobrevivencia de un sector de la agroindustria es el proyecto de “Carretera Hídrica”, que busca tomar las aguas del río Queuco, en el Alto Bío Bío, y llevarlas al valle central. Por supuesto, éste está generando amplio rechazo de parte de las comunidades mapuche y territoriales, quienes no están dispuestos a ver morir sus ríos para que los empresarios puedan seguir generando ganancias a través de sus millonarios holdings verticales de exportación.

La Corporación Reguemos Chile, dirigida por Juan Sutil, y cuyos patrocinadores[25] son las principales empresas de la fruticultura de exportación, la construcción y la minería  lleva años posicionando el proyecto de Carretera Hídrica, que pretende tomar el agua desde los ríos del Bío Bío y llevarla hasta Atacama. En su página se sostiene que esta agua será utilizada para diversos fines, entre ellos la agricultura. Basta con revisar la lista de patrocinadores para comprender cuál es la finalidad del proyecto: llevar agua a la fruticultura de explotación en la región central, y seguramente también a la minería.

Preocupa bastante descubrir que sectores regionales están pensando algo parecido. Juan Carlos Ortega, director del Centro de Gestión y Tecnología del Agua de la UFRO sostiene la necesidad de construir infraestructura y carreteras hídrigas regionales. Para esto, están colaborando con el Gobierno Regional enla creación de una Corporación Regional del Agua .

Las comunidades de los territorios del alto Bío Bío y diversas organizaciones socio ambientales se oponen a este proyecto por distintos motivos. El primero, porque obedece a las lógicas de mercado y los intereses empresariales. Los patrocinadores de esta iniciativa son los principales culpables de la apropiación, especulación y abuso del agua en la zona central. Y no contento con ello, buscan ahora secar nuevos territorios. Pero también nos oponemos porque como se ha dicho en la región ya estamos en un déficit hídrico que sin duda se agravará. Y las aguas de los ríos además cumplen funciones culturales, sociales, ecosistémicas imprescindibles para la vida en los territorios desde donde se busca sacar el agua.

Además de las comunidades territoriales, se oponen a este proyecto destacados académicos. Cristián Frêne, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB)  sostiene que el asumir que en el Bío Bío hay agua que sobra es falso, ya que alimenta los ecosistemas terrestres, acuáticos y del borde costero, los que se verían gravemente afectados por la disminución de caudal. Otros investigadores han apoyado esta perspectiva, sosteniendo que este proyecto acusa un total desconocimiento o desprecio por las funciones ecosistémicas y para la vida del agua.

 

Otro tema que se está posicionando como un conflicto es la expansión inmobiliaria. El permanente crecimiento de las ciudades está presionando sobre tierras agrícolas y mapuche, así como sobre espacios territoriales  de importancia ecosistémica como los humedales. Por otro lado, la expansión urbana y el loteo de superficies antes agrícolas está introduciendo una nueva presión sobre la disponibilidad de agua. Las faenas de las inmobiliarias, por su lado, producen muchas veces el deterioro de espacios ecosistémicos importantes y la contaminación acústica, atmosférica y del agua.

Organizaciones de Villarrica y Pucón han logrado que el lago se declare como Zona Saturada, lo que debería traer un plan de descontaminación, que demora más de lo deseado. Además, han estado impulsando el debate sobre la expansión inmobiliaria y la falta de planificación socio territorial.

 

 

3. Palabras al cierre: la lucha por la defensa del agua y los territorios

 

Para terminar, me gustaría destacar la lucha que se está dando desde diversos actores por la defensa de las aguas y los territorios. Por toda la Araucanía, diversas organizaciones y comunidades están alertas y activas en torno a la defensa del agua. Esto se traduce en la oposición por diversos frentes (administrativos, jurídicos y de la acción directa) a proyectos extractivistas que buscan instalarse en la región, y que generan un deterioro en las fuentes de vida (aire, suelo, agua), como los proyectos forestales de monocultivo, centrales hidroeléctricas, pisciculturas,  inmobiliarias y plantas de tratamiento de aguas y basura.

Organizaciones sociales, comunidades mapuche, rurales y urbanas han asumido un papel fundamental en las disputas por el agua y los ecosistemas, comprendiendo el carácter estructural de los problemas que aquejan a los territorios y elaborando redes de solidaridad, apoyo y aprendizaje.

 

Una deuda pendiente es la falta de derechos de agua para el pueblo mapuche[26], lo que atenta contra su posibilidad de vida en el campo, basada en la pequeña agricultura y por lo tanto también en la seguridad alimentaria. La carencia de agua para el pueblo Mapuche atenta también contra lo establecido en el Convenio N° 169 de la OIT, el que establece el derecho al territorio, considerando todos sus elementos. Incluida el agua.

 

Los impactos de este tipo de proyectos son diversos e interrelacionados: sobre la cultura, la religiosidad, la economía, los ecosistemas y las formas de vida de los territorios. El pueblo Mapuche, así como otros pueblos originarios, tienen una relación especial con el territorio en general y con el agua en particular, siendo parte fundamental de su religión, cultura y reproducción como pueblo. Esto explica que en muchos territorios sean los lof los espacios desde donde se levanta la resistencia.

La defensa de las aguas y de los territorios, la lucha contra las forestales, centrales, etc. Se posiciona como una lucha por la vida. Por la posibilidad de mantenerse vivos como pueblo, para lo que es imprescindible el territorio, la tierra, el agua, la cultura.

Esta lucha ha traído al pueblo mapuche asesinatos y cárcel. Además de todas las causas por atentados contra las plantaciones forestales, los conflictos hidroeléctricos están generando escenarios de persecución y muerte de luchadores sociales. Tal es el caso del lonko Alberto Curamil, defensor de su territorio en Curacautín de las centrales hidoreléctricas, y de Macarena Valdés, asesinada en medio de un conflicto con la empresa RP Global en Tranguil, Panguipulli.

 

La resistencia del pueblo Mapuche se articula con diferentes organizaciones socioambientales. Urbanas y rurales. Mapuche y no mapuche. Militante y académica. Estas redes de trabajo están hoy organizadas a nivel regional y nacional, comprendiendo la necesidad de articularse frente los factores estructurales comunes a las diferentes luchas.

 

La invitación es a sumarse. Porque las aguas no pueden ser consideradas sólo como un recurso para la producción. Es necesario considerar sus funciones culturales, sociales, ecosistémicas. Porque la recuperación de las aguas es una necesidad urgente. Vital.

 

 

Bibliografía

 

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http://www.mapuexpress.org/wp-content/uploads/2016/03/D%C3%A9ficit-h%C3%ADdrico-y-plantaciones-forestales-en-la-Regi%C3%B3n-de-La-Araucan%C3%ADa.pdf

 

• Araya, José. 2003. La invasión de las plantaciones forestales en Chile. Efectos de la actividad forestal en la población indígena mapuche. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

·         Arellano, Alberto. El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones. 21.03.2017. Ciper.

https://ciperchile.cl/2017/03/21/el-negocio-de-la-sequia-el-punado-de-empresas-de-camiones-aljibe-que-se-reparte-92-mil-millones/

 

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• Camus, Pablo. 2005. Ambiente, Bosques y Gestión Ambiental en Chile. 1541- 2005. Centro de Investigaciones Diegos Arana. LOM Ediciones. Santiago de Chile.

 

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• Huber, Anton; Iroumé, Andrés;  Mohr, Christian;  Frêne, Cristian.   Efecto de plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus globulus sobre el recurso agua en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío, Chile BOSQUE 31(3): 219-230, 2010

 

• 2018. 2ª entrega de Resultados Definitivos Censo 2017.

https://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2018/05/presentacion_de_la_segunda_entrega_de_resultados_censo2017.pdf

 

• Ladera Sur, 2019. Carretera hídrica ¿La solución al déficit de agua en Chile? En The Clinic 21 de Septiembre, 2019.

https://www.theclinic.cl/2019/09/21/carretera-hidrica-la-solucion-al-deficit-de-agua-en-chile/

 

• Ministerio de Desarrollo Social. Síntesis de Resultados. Vivienda y Entorno. Octubre del 2018.

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• Ministerio de Desarrollo Social, 2017. Distribución de Ingresos. Presentación de Resultados. 21 de Agosto de 2018.

 

• Ministerio de Desarrollo Social. Resultados Censo 2017. http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R09

 

Santibáñez, Fernando.  2016. La transición hacia la gestión del agua en los nuevos escenarios climáticos de Chile. Ministerio de Agricultura. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. El cambio

[1] Santibañez, 2016; 5.

[2] (CR)2. 2015; 2

[3] Santibañez, 2016; 30.

[4] Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 28.

[5] Santibañez, 2016; 5.

[6] Ver: Bengoa, 2000 o Camus, 2005.

[7] Santibañez, 2016; 8.

[8] Andrade, 2016; 2.

[9] Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 19.

[10] Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 26.

[11] Como no se usan, y de acuerdo a la normativa vigente, los titulares deben pagar patentes por ellos. La Política Regional de Recursos Hídricos estima que durante el 2017 en La Araucanía se trata de un total de 961 derechos de agua (más de 3,6 millones de litros por segundo), tanto consuntivos como no consuntivos, que en forma conjunta significan un total de 144.300 UTM (más de 6 mil 670 millones de pesos) recaudados para el fisco, y que sancionan el no uso de derechos de agua. Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 26.

 

[12] Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 26.

[13] “Durante el 2017 en La Araucanía se trata de un total de 961 derechos de agua (más de 3,6 millones de litros por segundo), tanto consuntivos como no consuntivos, que en forma conjunta significan un total de 144.300 UTM (más de 6 mil 670 millones de pesos) recaudados para el fisco, y que sancionan el no uso de derechos de agua”. Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 26.

[14]  “Figueroa et al, 2012 elaboraron un mapa de calidad de aguas de la cuenca, basado en un índice denominado Water Quality Index (WQI), el cual pondera diversos parámetros de calidad de aguas medidos por la DGA, tales como conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, nutrientes como P, N y metales y metaloides como Fe, Mn, K y Na”. Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 41.

[15] Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 42.

[16] Porcentaje de hogares carentes de servicios básicos, Casen 2015. Observatorio Ministerio de Desarrollo Social. Y Encuesta Casen 2017.

[17] Ministerio de Desarrollo Social, 2017.

[18] Ministerio de Desarrollo Social, 2017.

[19] En las comunas de Tolten, Melipeuco y Perquenco, los municipios atienden con recursos propios la

situación de déficit. La comuna de Saavedra por lo demás, tiene una lancha que abastece de agua a las

cuatro islas del Lago Budi. Andrade, 2016; 3.

[20] Arellano, 2017.

[21]  Arellano, 2017.

[22] Gobierno de Chile. ODEPA. Información Regional 2018.

[23] Huber et al, 2010; 220

[24] Las regiones del Bío Bío y Araucanía tienen mayores índices de pobreza, las cuales además son las dos regiones con alta productividad forestal. Andrade, 2016; 2.

[25] Empresas patrocinadoras: Agrícola Central, Agrosuper, ALHSUD, Anasac, Anpros semillas Chile, Asociación de empresas consultoras de Ingeniería de Chile AG, ASOEX Asociación de exportadores de frutas de Chile AG, APECO, Vinos de Chile, Fruseptima Asociación de fruticultores de la séptima región, Cámara Chilena de la Construcción, Consejo Minero, Chile Alimentos, Chile Nut, Chilena Walnut commission, Chile prunes association, CCCH, Consejo Político Infraestructura, Fedefruta Federación de productores de fruta Chile, Greennova, Multigremial de la Araucanía, Redagrícola, Sociedad Agrícola del Norte A.G., Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad Nacional de Minería, Duez, Sutil empresas. Fuente: http://reguemoschile.cl/directorio.php

[26] Incluso la Política regional de Recursos Hídricos 2017- 2027 señala que la legislación chilena carece de mecanismos para garantizarlos derechos de agua consuetudinarios de los pueblos indígenas, y que no se puede pensar en un desarrollo sustentable para el pueblo mapuche sin derechos de agua. Comisión Regional de Recursos Hídricos. 2017; 45.